OEP 2017
Fecha del examen 2018-06-10
Se puede reformar por el procedimiento previsto en el artículo 167.
Se puede reformar por el procedimiento previsto en el artículo 168.
Contiene una mera declaración de principios sin eficacia jurídica.
Es irreformable pues garantiza la igualdad jurídica de todos los españoles.
Aplicarán la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito o la pena superior en grado, atendidas el numero y la entidad de las circunstancias agravantes.
Aplicarán indefectiblemente la pena en la mitad superior de la que fije la ley para el delito.
Podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior.
Aplicarán siempre la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad inferior.
Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.
La determinación de las condiciones de empleo del personal laboral directivo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.
Los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer el régimen jurídico especifico del personal directivo en desarrollo del Estatuto.
La designación se lleva a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
El padre o la madre del Rey, exclusivamente y por este orden.
El designado por el Consejo de Estado.
El designado por las Cortes Generales, en sesión conjunta, en todo caso.
El padre o madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona.
Elam Lynds.
Alexander Maconochie.
Evelyn Ruggles-Brise.
John Howard.
A los cinco días hábiles desde la puesta a disposición en los procedimientos iniciados de oficio sin que se acceda a su contenido.
Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
A los diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Dentro de los tres días naturales de que se produzca el acceso al contenido en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
Expedir los Decretos acordados en el Consejo de Ministros.
Sancionar y promulgar las leyes.
Expedir los Decretos aprobados por los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
Es exactamente igual a la del resto de los internos, pero lo que no puede haber es una clasificación.
Debido al principio de presunción de inocencia que mantienen, no existe ni es posible efectuarla en modo alguno.
Se limita a recoger la mayor información posible sobre cada uno de ellos a través de datos documentales y de entrevistas, y mediante la observación directa del comportamiento.
Consiste en un estudio individualizado, basado en la variable utilización de métodos médico-biológicos, psiquiátricos , psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación a la personalidad del interno.
Por un periodo de dos os por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad que será evaluado semestralmente.
Anualmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Periódicamente por el Gobierno en materias de que sean competencia del Estado.
Anualmente por el Consejo de Ministros a propuesta de la Subsecretaria de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Los Presidentes de las respectivas Cámaras en nombre propio.
Los Presidentes de las respectivas Cámaras en nombre de las mismas.
La Mesa de la respectiva Cámara.
El Presidente del Congreso de los Diputados, para ambas cámaras.
Los internos menores de veintiún años, y excepcionalmente, los que no hayan alcanzado los veinticinco años de edad.
Aquellos internos menores de veintitrés años que soliciten el ingreso y la Junta de Tratamiento así lo acuerde.
Los internos menores de veintitrés años y, excepcionalmente, los que no hayan alcanzado los veinticinco años de edad.
En todo caso, los que provengan de un Centro de Menores y además aquellos internos menores, que soliciten el ingreso y la Junta de Tratamiento así lo acuerdo siempre que no hayan alcanzando la edad de veintiún años.
Se estipula anualmente en la Ley de Presupuestos a propuesta de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Se aprueba mediante Orden Ministerial de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Se acuerda por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, para su aprobación posterior por el Gobierno mediante Real Decreto.
Se aprueba por los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas previo acuerdo del Comité Sectorial de promoción de la autonomía personal y atención de la Dependencia.
La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, los decretos leyes y los decretos legislativos.
La reforma constitucional, las materias tributarias o de carácter internacional y las leyes orgánicas y de bases.
La reforma constitucional, las materias tributarias, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
Datos identificativos del detenido, delito imputado, que es halla a disposición judicial y hora y día del vencimiento del plazo máximo de detención.
Filiación del detenido, número de identificación de las diligencias de investigación y hora de la detención.
Datos de identificación del detenido, identificación de las diligencias de investigación y momento del vencimiento del plazo máximo de detención.
Filiación del detenido, delito imputado e identificación de las diligencias de investigación.
Está adscrito a la Dirección General de Política Económica con nivel orgánico de Subdirección General.
Le corresponde la evaluación de las políticas públicas que se desarrollan a nivel autonómico y local.
Es una Agencia Estatal encargada de ofrecer el apoyo instrumental en los procesos de modernización que se impulsen desde el Gobierno.
Es una Dirección General encargada del análisis de las políticas públicas especialmente en el ámbito financiero, económico y social.
Cuarenta y cinco días.
Un mes.
Dos meses.
Tres meses.
Admitido el ingreso de los niños en prisión, deberán ser reconocidos por el Médico del Establecimiento y, si éste no dispusiere otra cosa, pasarán a ocupar con sus madres la habitación que se le asigne dentro de la unidad de madres.
En los posibles conflictos que surjan entre los derechos del niño y los de la madre originados por el internamiento en un Establecimiento Penitenciario, deben primer los derechos de ésta y, en todo caso, deberán quedan debidamente señalados en el modelo individualizado de intervención penitenciaria que se diseñe.
La Dirección del establecimiento admitirá a los hijos menores de tres años que acompañen a sus madres en el momento del ingreso. Cuando éstas soliciten mantenerlos en su compañía dentro de la prisión, deberá acreditarse debidamente la filiación y que dicha situación no entraña riesgo para los menores. A tal fin, se recabará la opinión del Ministerio Fiscal, a quien se le notificará la decisión adoptada.
Las internas que tuviesen en el exterior hijos menores de tres años bajo su patria potestad podrán solicitar del Consejo de Dirección autorización para que éstos permanezcan en su compañía en el interior del centro penitenciario, que se concederá siempre que se acredite debidamente la filiación y que tal situación no entraña riesgo para los menores, poniendo en conocimiento del Ministerio Fiscal la decisión adoptada a los efectos oportunos.
Será prioritario frente a otros gastos en función del grado de cumplimento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública del ejercicio inmediato anterior.
Podrá gozar de prioridad frente a determinados gastos.
En general, no será prioritario respecto a otros gastos.
Gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto.
Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Ante los Tribunales de Justicia según el lugar donde presuntamente se hubiera realizado el delito.
Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El Presidente y los miembros del gobierno gozan de inviolabilidad y de inmunidad.
La duración de las penas.
La personalidad del interno.
El lugar de residencia familiar.
El medio social al que retorne el recluso.
Las medidas preventivas, correctivas y coercitivas.
La gestión presupuestaria y fondo de contingencia.
La autorizaciones de endeudamiento.
El límite de gasto no financiero.
El Senado por mayoría absoluta y del Congreso de los Diputados por mayoría simple.
El Senado por mayoría absoluta.
El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.
El Senado por mayoría simple y del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta.
No será superior a 30 kilogramos en un único bulto.
No excederá de 20 kilogramos, siendo con cargo al interno el traslado de todo aquel material que exceda del peso indicado.
No excederá de 15 kilogramos, siendo con cargo al interno el traslado del resto de su pertenencias.
Nunca podrá ser superior a 25 kilogramos.
Solidaridad interterritorial.
Transparencia.
Estabilidad presupuestaria.
Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos.
Agencias Estatales
Organismos públicos, clasificados en Organismos autónomos y Entidades Públicas Empresariales.
Autoridades administrativas independientes.
Consorcios, sociedades mercantiles y fundaciones del sector público estatal.
Sin dilación y en todo caso en el plazo máximo de tres días.
El primer día hábil después de su presentación ante la Administración Penitenciaria.
A la mayor brevedad posible en todo caso en el plazo máximo de dos días.
En el plazo máximo de veinticuatro horas.
Legalidad, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental.
Legalidad, eficiencia, economía, transparencia así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.
Legalidad, eficiencia, economía, transparencia, estabilidad financiera, así como a la sostenibilidad ambiental y a la igualdad de género.
Legalidad, eficacia, economía, estabilidad, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.
El Presidente del Tribunal Supremo y diez miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.
El Presidente del Tribunal Supremo y diez miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años, de los cuales uno de ellos, designado por el Pleno actuará como Presidente.
El Presidente del Tribunal Supremo y veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años.
Las funciones regimentales de seguridad, orden y disciplina son medios para alcanzar los fines indicados, debiendo ser siempre proporcionadas al fin que persiguen, y no podrán significar un obstáculo para la ejecución de los programas de tratamiento e intervención de los reclusos.
El fin primordial del régimen de los establecimientos de cumplimiento es lograr en los mismo el ambiente adecuado para el éxito de tratamiento; en consecuencia, las funciones regimentales deben ser consideradas como finalidades en sí mismas.
El régimen disciplinario de los establecimientos se dirigirá a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada.
Por régimen penitenciario se entiende el conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos.
Abierto o procedimiento restringido.
Negociado y el procedimiento restringido.
Abierto o procedimiento negociado.
De asociación para la innovación.
Enjuiciar la legalidad ordinaria de los Decretos Legislativos cuando se exceden de los términos de la ley de delegación.
Enjuiciar los vicios constitucionales de competencias en los Decretos tanto estatales como autonómicos, mediante el conocimiento de los conflictos constitucionales.
Enjuiciar la vulneración de derechos fundamentales o de libertades públicas, causadas por el Poder Legislativo, Ejecutivo o por el Judicial, mediante el conocimiento de los recursos de amparo.
Enjuiciar la constitucionalidad de las leyes y de otras normas con rango de ley mediante el recurso de inconstitucionalidad o en su caso, mediante la cuestión de inconstitucionalidad.
La Junta de Tratamiento aprobará mensualmente el calendario de actividades previsto para el mes siguiente con indicación expresa de los días y horas de su realización, y de los internos a quienes afecte, en el caso de que no afectara a la totalidad de interno del Centro. Este calendario será puesto en conocimiento de los internos y estará expuesto permanentemente en lugar visible para los mismos.
Todos los reclusos están obligados a respetar el horario del Centro, así como a cumplir y a colaborar con las medidas de higiene y sanitarias que se adopten, procurando que las instalaciones se encuentren siempre limpias.
En los Establecimientos de régimen ordinario los principios de seguridad, orden y disciplinaria tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada.
El Consejo de Dirección aprobará y dará a conocer entre la población reclusa el horario que debe regir en el Centro, señalando las actividades obligatorias para todos y aquellas de carácter optativo y de libre elección por parte de los internos.
5 años, incluyendo las posibles prórrogas.
6 años, incluyendo las posibles prórrogas.
4 años, sin incluir las posibles prórrogas.
5 años, sin incluir las posibles prórrogas.
Podrá supervisar la actividad de la Administración.
Será designado por mayoría de 3/5 por el Consejo General del Poder Judicial.
Está regulado por una ley ordinaria.
Es el Alto Comisionado del Gobierno.
Cuarenta y ocho horas siguientes a su adopción. Igualmente, dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores a su notificación, se dará conocimiento al Juez de Vigilancia.
Cuarenta y ocho horas siguientes a su adopción. Igualmente, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su adopción, se dará conocimiento a la Autoridad Judicial de la que dependa el interno si el acuerdo implica el traslado a otro Establecimiento Penitenciario.
Veinticuatro horas siguientes a su adopción. Igualmente, dentro de las setenta y dos horas siguientes a su adopción, se dará conocimiento al Juez de Vigilancia.
Veinticuatro horas siguientes a su adopción. Igualmente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su adopción, se dará conocimiento al Juez de Vigilancia.
Los que limites derechos subjetivos o intereses legítimos.
Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
Los que acepten las pruebas propuestas por los interesados.
Reclamaciones, que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes.
Los anteproyectos de reforma constitucional cuando la propuesta no haya sido formulada por el propio Consejo de Estado.
La revisión de oficio de las disposiciones administrativas de carácter general y de los actos administrativos incursos en vicios de nulidad de pleno Derecho.
Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la legislación de contratos del Estado.
El Equipo Técnico programará las distintas actividades culturales, deportivas, recreativas, laborales u ocupacionales que se someterán a la aprobación del Centro Directivo.
La Junta de Tratamiento programará las actividades culturales, deportivas, recreativas, laborales u ocupacionales que se someterán a la aprobación del Consejo de Dirección.
Las actividades culturales, deportivas, recreativas, laborales u ocupacionales serán aprobadas por la Junta de Tratamiento, previo informe técnico.
Las actividades culturales, deportivas, recreativas, laborales u ocupacionales serán programas por el Consejo de Dirección previo informe preceptivo de la Junta de Tratamiento.
La Administración de oficio, o a instancia de los interesados podrá convalidar los actos nulos y anulables.
La Administración podrá convalidar tanto los actos nulos como anulables, subsanando los vicios que adolezcan.
La Administración podrá convalidar los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia y/o del territorio.
La Administración podrá convalidar actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
Los contratos celebrados por la Administración del Estado y las demás Entidades del sector público en los casos en que así esté establecido o que considere conveniente el Tribunal.
La situación y las variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector público.
Aprobar los suplementos de crédito extraordinario.
Los créditos extraordinarios y suplementarios, así como las incorporaciones, ampliaciones, transferencias y demás modificaciones de los créditos presupuestarios iniciales.
Secciones Abiertas.
Comunidades Terapéuticas Extrapenitenciarias.
Centros de Inserción Social.
Unidades Dependientes.
No cabe ningún otro recurso ni administrativo ni jurisdiccional.
Cabe interponer recurso potestativo de reposición.
No cabe interponer ningún recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1.
Cabe interponer reclamación previa al ejercicio de acciones judiciales.
La control financiero permanente y auditoría pública previstos en la Ley General Presupuestaria.
Al control mediante intervención previa y control financiero permanente previsto en la Ley General Presupuestaria.
Al control mediante intervención previa y auditoría pública previsto en la Ley General Presupuestaria.
Al ser una Entidad Estatal de Derecho Público, queda exenta de control económico-financiero.
Los días de duración de la salida programada, que no será en ningún caso superior a dos días, se computarán dentro de los límites establecidos para los permisos ordinarios.
Las salidas programadas serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará la aprobación del Centro Directivo.
Se podrán conceder, previo informe del Equipo Técnico, a los condenados clasificados en segundo o tercer grado.
Los internos serán acompañados por el personas del Centro Penitenciario o por voluntarios que habitualmente realicen actividades relacionadas con el tratamiento.
Caducidad del procedimiento.
Silencio administrativo negativo.
Silencio administrativo positivo.
Prescripción.
Mayoría simple de los Estados miembros, previa consulta al Parlamento Europeo.
2/3 de los Estados miembros.
3/4 de los Estados miembros.
Todos los Estados miembros.
Los internos clasificados en segundo grado de tratamiento que presenten una baja peligrosidad social, podrán acudir regularmente a una institución exterior para la realización de programas de tratamiento y deshabituación.
Los programas de tratamiento y deshabituación de sustancias psicoactivas, se podrán organizar en los Centros siempre que el Centro Directivo lo autorice, asumiendo las Juntas de Tratamiento las funciones que tiene atribuidas el Consejo de Dirección.
Los programas de tratamiento y deshabituación irán dirigidos exclusivamente a internos clasificado en segundo y tercer grado de tratamiento.
Los programas de tratamiento y deshabituación de sustancias psicoactivas estarán al alcance de todos los internos con independencia de su situación procesal, y de sus vicisitudes penales y penitenciaras.
De las transferencias del Estado, subvenciones y donaciones que reciba de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por los encargos que realiza.
De un presupuesto de explotación de carácter limitativo.
De presupuestos de explotación y capital, de carácter estimativo.
Del presupuesto administrativo que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Los Reglamentos.
Las Decisiones.
Los Dictámenes.
Las Directivas.
Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del Establecimiento.
El trabajo que realicen en el exterior los internos en régimen abierto.
Las actividades artesanales, intelectuales y artísticas.
Las actividades laborales de producción en régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas.
Deberá concederse en un plazo máximo de un mes, como norma general.
Deberá formalizarse en un plazo de 10 días como máximo.
La ley fija un plazo máximo de un mes.
Debe facilitarse en un plazo de 20 días naturales.
Un Estado miembro contra otro, después de haber sometido el asunto al Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo tras un procedimiento previo.
Cualquier persona física o jurídica.
Un Estado miembro contra otro, después de haber sido sometido el asunto a la Comisión.
Es un premio dirigido a los empleos públicos destinados en el ámbito de la Administración Penitenciaria, previo expediente instruido al efecto para acreditar los méritos contraídos, que se anotará en sus expedientes personales y se acreditará mediante diploma.
Es un premio nacional, convocado anualmente, por resolución, en la cual se determinarán las bases del mismo y se designará el jurado encargado de su concesión.
Es una mención honorífica, por la realización de actuaciones relevantes en las tareas asignadas, previo expediente instruido al efecto.
Es una condecoración dirigida a instituciones, corporaciones, fundaciones, asociaciones, y empresas públicas o privadas, y en su caso, los particulares que se hayan distinguido en su colaboración con la administración penitenciaria, previo expediente instruido al efecto para acreditar los méritos contraídos, que se anotara en sus expedientes personales y se acreditara mediante diploma.
La Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital.
El Ministerio de las Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
El Ministerio de Justicia.
La Fiscalía General del Estado.
El Ministerio de Interior.
El Ministerio de Asuntos Exteriores.
Presidir la Junta Económico-Administrativa del Centro.
Autorizar las salidas programadas de los internos cuando su realización conlleve gastos para el Centro.
Cuidar de los niveles de calidad y coste de los bienes y servicios destinados al Centro Penitenciario.
Supervisar los libros de contabilidad y autorizar los pagos de caja.
Anualmente por el Consejo de Ministros.
Anualmente por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Cada dos años por las Cortes Generales.
Anualmente por el Tribunal de Cuentas.
Son los de oposición y concurso-oposición, y con carácter excepcional, sólo en virtud de ley, el concurso.
Es la oposición y, con carácter excepcional, sólo en virtud de ley, el concurso-oposición y el concurso.
El único sistema selectivo es la oposición y, excepcionalmente, el concurso.
Son la oposición y, excepcionalmente el concurso-oposición.
15 años.
12 años.
8 años.
10 años.
Por escrito a través de medios electrónicos, salvo que por su naturaleza exija otra forma más adecuada.
De manera verbal, dejando constancia con la firma del titular del órgano superior.
Por escrito a través de medios electrónicos, no pudiéndose ejercerlos de forma verbal.
Deberán ser individualizados y en ningún caso podrán refundirse.
Las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su Cuerpo y Escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional y en función del puesto de trabajo ocupado.
Las que retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.
Las que retribuyen exclusivamente las características del puesto de trabajo ocupado por el funcionario.
Las que retribuyen al funcionario según la adscripción de su Cuerpo o Escala a un determinado Subgrupo y por su antigüedad en el mismo.
Que la asistencia se preste en una Institución Penitenciaria.
El penado puede estar clasificado en cualquier grado penitenciario.
Autorización del Centro Directivo.
Autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Tendrá carácter potestativo para el recurrente y se presentará en el plazo de 10 días hábiles.
Tendrá carácter potestativo y gratuito para el recurrente y se presentará en el plazo de 10 días hábiles.
Será gratuito para el recurrente y se presentará en el plazo de 15 días hábiles.
Tendrá carácter potestativo y gratuito para el recurrente y se presentará en el plazo de 30 días hábiles.
30 por 100.
35 por 100.
40 por 100.
25 por 100.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
La Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario.
La Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas.
El Juez o Tribunal sentenciador.
Las Sociedades mercantiles estatales.
Las Fundaciones públicas.
Las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.
Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
No podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
En ningún caso, podrá exceder de 6 meses.
No podrá exceder de 12 mese, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
Podrá exceder de 12 meses, siempre que la paralización del procedimiento sea imputable al interesado.
El Centro Directivo, por sí o a propuesta del Instructor del expediente disciplinario, podrá acordarlas en cualquier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado.
El Director, por sí o a propuesta del Instructor del expediente disciplinario, podrá acordarlas en cualquier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado.
El Director, por sí o a propuesta del Instructor del expediente disciplinario, podrá acordarlas únicamente durante los cinco días siguientes a la notificación del pliego de cargos al interno, mediante acuerdo motivado.
El Director, por sí o a propuesta del Instructor del expediente disciplinario, podrá acordarlas antes del inicio del procedimiento, mediante acuerdo motivado.
Sin necesidad de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas.
Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
Al tratarse de un derecho su concesión no quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas.
El tiempo que permanezcan en tal situación será computable a efectos de trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social.
Las infracciones leves prescribirán al año y las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al año.
Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años y las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 2 años.
Las infracciones graves prescribirán a los 2 años y las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 2 años.
Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años y las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años.
Los acuerdos sancionadores, en ningún caso serán ejecutivas en tanto no haya sido resuelto el recurso interpuesto por el interno ante el Director del Centro Penitenciario.
Contra el acuerdo de ejecución inmediata de la sanción, el interno podrá acudir en queja ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Los acuerdos sancionadores, cuando se trate de actos de indisciplina grave, siempre serán ejecutivos.
Los acuerdos sancionadores solo serán ejecutivos una vez transcurridos el plazo de recurso ante la Comisión Disciplinaria.
Quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, no pudiendo mantener en ningún caso la condición de mutualistas, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, manteniendo la condición de mutualistas, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
No quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que podrán mantener la condición de mutualistas, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Quedarán incluidos obligatoriamente en el Régimen General de la Seguridad Social, sin perjuicio de que podrán mantener la condición de mutualistas, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
La Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo.
La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.
La Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
Un análisis antropológico e individualizado de los paralelismos entre los excelsos de las conductas animales y el comportamiento humano.
Propugna el análisis eco-biológico de la delincuencia basándose en la célebre obra de Lombroso “L’Uomo Delinquente”.
El darwinismo social, dónde las clases superiores aniquilan paulatinamente a los individuos que nos se sabe adaptarse a los cambios sociales.
Un análisis y diagnóstico fiable de la criminalidad, basado en un análisis estadístico de la delincuencia focalizado sobre los diferentes círculos dónde se desarrollan las ciudades.
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea refundir varios textos legales o por una ley ordinaria cuando se trate de la formación de textos articulados.
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea a formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
Las leyes de delegación no podrán fórmulas adicionales de control por ser competencia de los Tribunales.
Las leyes de bases podrán autorizar, en casos excepcionales, modificaciones en la propia ley de bases por parte del Gobierno.
Sí, siempre que sean contratados para actuar en espectáculos públicos visados por la Autoridad Laboral y hayan cumplido al menos los 12 años.
Sí, excepto para la realización de un contrato de obra o servicio determinado o un contrato a distancia.
No, pues el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores establece como requisito indispensable para contratar el tener más de 18 años.
Sí, siempre que sean mayores de 16 años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que los tenga a su cargo.
Los que no hallándose comprendidos en los supuestos del artículo 28 del Código Penal, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.
Los familiares del autor del delito con el que están de acuerdo en las decisiones a tomar para cometer el delito.
Los que cooperan a la ejecución de delito con actos sin el cual no se habría producido.
Los que realizan hechos por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.
Delincuente pícnico.
Delincuente nato.
Delincuente epiléptico.
Delincuente loco moral.
1º Las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros y 2º las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
Ninguna respuesta es correcta.
1º Las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Consejo de Ministros, 2º las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno y 3º las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
1º Las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno, 2º las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Consejo de Ministros y 3º las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
Sí, pues es uno de los ámbitos a los que se extiende el conocimiento de los órganos jurisdiccionales del orden social.
No, porque tal posibilidad está excluida del ámbito del orden jurisdiccional social por el artículo 3.A. De la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Sí, siempre que el funcionario informe previamente de la presentación del recurso con el fin de no vulnerar el derecho de la Administración a la tutela judicial efectiva.
No, pues el recurso frente a los actos administrativos de cualquier tipo ha de interponerse ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.
El Coronel Montesinos.
John Stuart Mill.
Cesare Lombroso.
Concepción Arenal.
El Director General del Patrimonio del Estado cuando el plazo por el que se concede la concesión es inferior a un año.
El Director del Patrimonio del Estado cualquiera sea el plazo por el que se concede la concesión.
El Director General del Patrimonio del Estado cuando el plazo por el que se concede la concesión es superior a un año.
El Consejo de Ministros cuando el plazo por el que se concede la concesión es superior a un año.
Cuando se produzca una agresión sin provocación previa.
Siempre que sea necesaria por la existencia de una agresión previa, para evitar daño a sus familiares.
Cuando exista una agresión legítima, falta de provocación suficiente por parte del defensor y necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
Siempre que exista agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y ta de provocación suficiente por parte del defensor.
Cuando así lo dispongan los reglamentos reguladores de los procedimientos administrativos.
Sólo será obligatoria cuando sea un expediente disciplinario.
Cuando así lo requiera el instructor del procedimiento.
Sólo será obligatoria cuando así lo disponga una norma con rango de ley.
Inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley.
En la mitad inferior de la fije la ley para el delito.
Inferior en un grado a la señala por la ley.
Inferior en dos grados a la señala por la ley.
Sí, cuando tal convocatoria sea decidida por un 25% de la plantilla y se hubieran desarrollado negociaciones, durante un plazo de al menos tres meses, entre la empresa y los representantes de los trabajares para lograr un acuerdo.
Sí, cuando el precavido del comienzo de la huelga a la empresa y a la autoridad laboral, sea de al menos diez días naturales, dando a su convocatoria la publicidad necesaria para que sea conocida por los usuarios del servicio.
Sí, cuando el precavido del comienzo de la huelga a la empresa y a la autoridad laboral, sea de al menos veinte días naturales.
No, porque tales prestaciones tienen la naturaleza de esenciales para la vida de la comunidad, como establece el artículo 4 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo.
Internamiento en un Centro educativo especial.
Libertad vigilada.
Internamiento en un Centro psiquiátrico.
Internamiento en un Centro de deshabituación.
La suscripción de un convenio de colaboración interadministrativo.
Las resoluciones sancionadoras.
La adopción de disposiciones administrativas de carácter general.
La firma de un contrato de obras.
De forma subsidiaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.
No conlleva responsabilidad civil, ésta solo afectará al que actúe como administrador de hecho o de derecho de la persona jurídica.
Que será destinada a la reparación y restitución del daño, pero no la indemnización por perjuicios materiales y morales.
De forma solidaria con las personas físicas que fueren condenadas por los mismos hechos.
El recurso contencioso-disciplinario militar.
Los Decretos leyes y los recursos directos e indirectos contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, incluso cuando los daños sean provocados por actuaciones de éstas derivadas de las relaciones jurídicas sometidas al Derecho civil.
Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración Pública.
No se emitirán certificaciones de antecedentes penales en ningún caso.
Se librarán certificaciones que soliciten los jueces o tribunales, solo en el caso que se refieran a inscripciones canceladas.
Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes son públicas.
Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas.
Puede ser anulable a instancias de la trabajadora ante la Jurisdicción Social.
Es nula porque la trabajadora no puede renunciar a los derechos que le confiere la normativa reguladora del Régimen General de la Seguridad Social.
Deber ser objeto de convalidación por la Comisión de Vigilancia e Interpretación del Convenio Colectivo.
La plena vigencia y legalidad del mismo hasta que se produzca una prórroga o novación contractual.
Tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objetivo que se había propuesto.
Tres primeros días de su detención, habiendo logrado el objetivo que se había propuesto.
Quince primeros días de su detención, habiendo logrado el objeto que se había propuesto.
Quince primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto.
Salvo que supusiera infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
Previo dictamen favorable de la Abogacía del Estado.
Siempre.
Previo dictamen favorable del Ministerio Fiscal.
Abuso sexual.
Agresión sexual.
Provocación sexual.
Acoso sexual
6.000 euros.
30.000 euros.
13.000 euros.
35.000 euros.
La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal.
Exista contraprestación económica.
Se impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.
La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad económica.
Sí, pues es uno de los supuestos previstos en el artículo 55 del III Convenio Único para solicitar la excedencia forzosa.
No.
Sí, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 c) del III Convenio Único.
No, salvo que el afectado por acoso tenga una sentencia condenatoria de los tribunales contra otro empleado público por tales hechos.
Serán necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal cuando este tipo de delitos sea cometido por funcionarios públicos.
El perdón del ofendido o del representante legal, en ningún caso, extingue la acción penal.
No será preciosa la denuncia del ofendido cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.
En todo caso, para proceder por estos delitos, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
El representante o el interesado que expresamente hayan señalado.
Cualquier representante o interesado, indistintamente.
El interesado que figure en primer término.
El representante o el interesado que figure en primer termino, en todo caso.
Con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo determinado por la discapacidad de sus integrantes.
Con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo religioso.
Como parte de un ataque generalizo o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella.
Con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo étnico.
Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, sin que queda la oposición expresa por parte del interesado.
Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como muy grave, pudiendo los interesados manifestar su oposición expresa.
Únicamente cuando lo solicite de forma expresa el interesado.
Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, pudiendo los interesados manifestar su oposición expresa en cuyo caso la Administración deberá seguir con la tramitación ordinaria.
Las que, aun teniendo por objeto un fin ilícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución.
Las organizaciones de carácter paramilitar.
Las organizadas de un modo antidemocrático.
Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas promuevan su comisión.
En ningún caso se podrán imponer una sanción administrativa sin que se haya tramitado el oportuno procedimiento sancionador.
Se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, incluso si ha recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo.
Para las faltas leves no es necesaria la incoación de oficio ni la instrucción del procedimiento.
El mismo órgano instructor por delegación del competente para sancionar puede resolver el procedimiento y dictar la resolución sancionadora.
Albert K. Cohen.
Emile Durkheim.
Jock Young.
Philip Zimbardo.
El órgano de contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.
El órgano de contratación tomará el importe neto de la cifra de negocio total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.
El órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.
El órgano de contratación tomará el importe bruto de la cifra de negocio total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.
No aceptare empleo de los rebeldes.
Abjure del mando ya aceptado y tomado de los rebeldes.
Lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias.
No tome las armas contra las fuerzas legítimas.
Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no puedo exceder de diez días el plazo de su emisión.
No será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no puedo exceder de diez días el plazo de su emisión.
No será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable
Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no puedo exceder de quince días el plazo de su emisión.
El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre circunstancias familiares o personales.
El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos referidos a la comisión de infracciones administrativas.
Siempre se requiere querella del ofendido cuando la ofensa que suponga un delito de injuria se dirija contra funcionario publico, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.
El acusado de injuria no puede quedar exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos, ésta posibilidad solo cabe cuando es acusado por un delito de calumnia.
Negociar los criterios generales sobre la oferta de empleo público.
Ser informados de todas las sanciones.
Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.
Negociar la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los empleados públicos.
Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por dos delitos comprendidos en el Título XIII, Libro II del Código Penal.
Se utilice a menores de 18 años para cometer el delito.
Se haya realizado abusando de las circunstancias personales de la víctima.
Se trate de casos de primera necesidad aunque no se cause situación de desabastecimiento.
Un concepto asociado con la delincuencia política.
La cometida por la alta aristocracia o las altas esferas de un modo inocuo que no es percibida como tal por la colectividad.
La relacionada con delitos de pederastia.
La cometida por la clase social trabajadora.
Que el culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho.
Que la entidad del perjuicio causado y las circunstancias personales del culpable revelen una especial gravedad.
Que el culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.
Que los hechos fueran realizados en establecimientos abiertos al publico por los responsables o empleados de los mismos.
Robo en casa habitada.
Usurpación.
Allanamiento de morada.
Ocupación.
Por el órgano superior jerárquico del que incurrió en la acción u omisión a la que se imputa la producción del daño.
Por el Consejo de Ministros exclusivamente.
Por el Subsecretario del correspondiente Ministerio, como competencia propia.
Por el Ministros respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos de la responsabilidad del Estado.
50.000 euros.
No existe cuantía pues nunca son castigados penalmente, existe tan sólo responsabilidad extracontractual o aquiliana del artículo 1902 del Código Civil.
120.000 euros.
80.000 euros.
Contra el orden público del artículo 560.
De falsedad del artículo 400.
De defraudación del artículo 255.
De los relativos al mercado y a los consumidores del artículo 286.
15 años.
20 años.
5 años.
10 años.
Se puede cometer como forma de resolución manifestada de voluntad.
Se puede cometer por ignorancia inexcusable.
Se puede cometer por imprudencia grave.
Se puede cometer en proceso por delito leve.
El procedimiento penal se dirija contra él.
El reo empiece a cumplir la pena.
Se abra el acto del juicio oral.
Se dicte sentencia en el proceso que se trate
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