Preguntas similares

1. Según el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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• ALas disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan los reglamentos.
• BNinguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango inferior.
• CLos reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
• DTodas las repuestas son correctas.

2. El objeto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es:

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• AEstablecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora.
• BEstablecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
• CRegular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
• DRegular la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

3. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas cuenta con:

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• ASiete títulos.
• BOcho títulos.
• CSeis títulos.
• DNinguna es correcta, la ley tiene nueve títulos

4. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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• ATranscurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la prescripción del mismo.
• BTranscurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la prescripción del mismo.
• CTranscurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
• DTranscurrido el plazo de tres meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

5. NO es correcto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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• ALas Administraciones Públicas, antes del inicio del procedimiento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
• BLas Administraciones Públicas, antes del trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
• CLas Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
• DNinguna respuesta es correcta.

6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se entiende por documentos públicos administrativos:

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• ALos válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas.
• BLos válidamente emitidos por las Administraciones Públicas y sus organismos autónomos.
• CLos válidamente emitidos por las Administraciones Públicas y sus organismos dependientes.
• DLos válidamente emitidos por las Administraciones Públicas Territoriales e Institucionales.

7. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de estos actos no ponen fin a la vía administrativa?

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• ALos actos administrativos de los miembros y órganos del gobierno.
• BLas resoluciones de los recursos de alzada.
• CLas resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico.
• DLos acuerdos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

8. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los registros electrónicos:

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• AEspecificarán en sus disposiciones de creación el órgano o unidad responsable de su gestión así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.
• BEmitirán automáticamente un recibo del asiento que se practique que no tendrá la consideración de copia autenticada del documento que se registra.
• CSe dividirán en Registro Electrónico General para cada Administración y Registros Auxiliares, independientes y no conectados con el Registro General.
• DPermitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones solo los días hábiles.

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la Administración podrá convalidar:

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• ALos actos anulables, emendando los vicios de que adolezcan.
• BLos actos nulos de pleno derecho con la autorización de un juzgado.
• CLos actos nulos de pleno derecho, emendando los vicios de que adolezcan.
• DLos actos nulos de pleno derecho.

10. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión:

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• ASe interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada cuando ésta se hubiese dictado como consecuencia de un delito de prevaricación reconocido en sentencia firme.
• BSe entenderá desestimado si hubieran transcurrido dos meses desde la interposición sin que el órgano competente para resolver hubiese dictado y notificado resolución.
• CPodrá ser inadmitido a trámite motivadamente por el órgano competente para su resolución, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado si se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
• DPodrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante órgano administrativo que los dictó, que sólo deberá pronunciarse sobre la procedencia del recurso.

11. Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho, conforme a o dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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• ACuando incurran en desviación de poder.
• BCuando tengan un contenido imposible.
• CCuando sean constitutivos de delito o falta administrativa.
• DCuando lesionen el ordenamiento jurídico.

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son actos nulos de pleno derecho:

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• ALos que lesiones derechos y libertades no susceptibles de amparo constitucional.
• BLos dictados prescindiendo parcialmente del procedimiento legalmente establecido.
• CLos dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia.
• DLos que tengan un contenido posible.

13. Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se consideran, entre otros, interesados en el procedimiento administrativo:

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• AQuienes ostentan la titularidad y el derecho legitimo.
• BQuienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
• CLas empresas, particulares y asociaciones que tengan legitimada su solvencia administrativa.
• DQuieres considera la ley garantes de los procedimientos.

14. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala, que la forma en que se producirán los actos administrativos, será:

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• APor escrito a través de medios electrónicos, salvo que por su naturaleza exija otra forma más adecuada.
• BDe manera verbal, dejando constancia con la firma del titular del órgano superior.
• CPor escrito a través de medios electrónicos, no pudiéndose ejercerlos de forma verbal.
• DDeberán ser individualizados y en ningún caso podrán refundirse.

15. Según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comparencia de las personas ante las oficinas públicas de las Administraciones podrá requerirse:

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• ACuando así lo dispongan los reglamentos reguladores de los procedimientos administrativos.
• BSólo será obligatoria cuando sea un expediente disciplinario.
• CCuando así lo requiera el instructor del procedimiento.
• DSólo será obligatoria cuando así lo disponga una norma con rango de ley.

16. Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es una forma de finalización del procedimiento administrativo:

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• ALa resolución.
• BEl desistimiento al derecho en que se funde la solicitud.
• CLa declaración de caducidad.
• DLa imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas.

17. Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables a tenor de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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• ANunca.
• BCuando éstos pudieran causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
• CSiempre que no sea contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
• DSiempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.