No constituye ninguna falta disciplinaria, pero se deberá optar por alguna de las actividades que resulten incompatibles, en el plazo de 10 días.

Grave.

Leve.

Muy grave.

Con carácter ordinario al menos una vez al trimestre, y con carácter extraordinario, cuando lo soliciten al menos siete de las personas que componen la parte social o de la Administración.

Con carácter ordinario al menos una vez al mes, y con carácter extraordinario, cuando lo soliciten al menos siete de las personas que componen la parte social o de la Administración.

Con carácter ordinario al menos una vez al trimestre, y con carácter extraordinario, cuando lo soliciten al menos quince de las personas que componen la parte social o de la Administración.

Con carácter ordinario al menos una vez al semestre, y con carácter extraordinario, cuando lo soliciten al menos cinco de las personas que componen la parte social o de la Administración.

Sólo cabrá, en su caso, recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que lo dictó.

No cabe recurso administrativo y el acto deberá ser impugnado directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Podrá interponerse por los/las interesados/as el recurso de alzada ante el superior jerárquico del que lo dictó.

Podrá interponerse por los/las interesados/as el recurso de reposición ante el superior jerárquico del que lo dictó.

Un supuesto de nulidad de pleno derecho del contrato.

Una irregularidad que puede ser subsanada por el/la contratista.

Una causa de anulabilidad del contrato.

Una de las causas para la resolución del contrato.

La Sala de lo Contencioso Administrativo de las Audiencias Provinciales.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia.

Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

La Autoridad judicial de la que dependa el interno/a en el caso de preventivos/as y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en el caso de los/las penados/as.

El Juzgado de Guardia.

El Centro Directivo.

El/la Ministro/a de Justicia.

La Administración Penitenciaria.

El/la Ministro/a del Interior.

El Consejo General del Poder Judicial.

Recurso de apelación, que deberá resolverse en un plazo máximo de 30 días.

Recurso de apelación, que deberá resolverse en un plazo máximo de 15 días.

Recurso de queja, que deberá resolverse en un plazo máximo de 30 días.

Recurso de queja, que deberá resolverse en un plazo máximo de 15 días.

Controlar los desplazamientos de los/las internos/as de unas dependencias a otras cuidando que se mantenga la clasificación interior.

Gestionar a los/las internos/as del Establecimiento la ayuda que precisen de los asuntos propios y de su familia.

Atender al grupo o subgrupo de internos/as que se les asigne, a quienes deberán de conocer lo mejor posible intentando mantener con ellos/ellas una buena relación personal.

Organizar debidamente todos los actos colectivos y presidirlos cuando no asista funcionario/a de superior cometido.

Será computado cómo tiempo de cumplimiento de la condena, salvo en el supuesto de condenas superiores a tres años de libertad, en que no se computará.

Será computado cómo tiempo de cumplimiento de la condena, salvo en el supuesto de condenados/as por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, en que no se computará.

Será computado cómo tiempo de cumplimiento de la condena.

No será computado cómo tiempo de cumplimiento de la condena.

La competencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es preferente y excluyente.

Resulta competente la Sección correspondiente de la Audiencia Provincial de Madrid.

Resulta competente el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria cuando la duración de las penas impuestas por la Audiencia Nacional supere a la del resto de penas impuestas por otros Juzgados o Tribunales.

La competencia del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria es preferente y excluyente.

Tendrán la misma naturaleza que la relación laboral de los/las internos/as en régimen abierto.

Tendrán la naturaleza de relación laboral establecida en el IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral.

Tendrán la naturaleza de relación laboral establecida en el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio.

Tendrán la naturaleza de relación laboral especial penitenciaria.

El medio ambiente.

El mercado interior.

La cohesión económica, social y territorial.

La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro.

Serán nombrados/as y separados/as por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del/de la titular del Departamento o del/de la Presidente/a del Gobierno.

Su nombramiento habrá de efectuarse entre funcionarios/as de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, salvo que el Real Decreto de estructura permita que no reúna dicha condición de funcionario/a.

Son los/las titulares de los órganos superiores encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio.

Habrán de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Participar en la organización y planificación del trabajo en la forma y con las condiciones establecidas en la normativa penitenciaria.

Cumplir las órdenes e instrucciones que establece el Ministerio de Trabajo y Economía Social en cuanto a la organización y gestión de los talleres.

Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.

La formación para el desempeño del puesto, así como en la promoción en el trabajo.

Receptación.

Apropiación indebida.

Extorsión.

Estafa.

Las incorporaciones.

Las generaciones.

Las ampliaciones.

Las transformaciones.

Abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

La grave desconsideración con los/las superiores, compañeros/as o subordinados/as.

La prevalencia de la condición de empleado/a público/a para obtener un beneficio indebido para sí o para otro/a.

Falta de obediencia debida a las autoridades o superiores.

Quedará sin efecto la clasificación, dando cuenta al Centro Directivo.

Se tendrá en cuenta en la siguiente revisión de grado.

Se podrá proponer su regresión de grado al apreciar una evolución negativa.

Se dará cuenta al Ministerio Fiscal.

Con la formalización del contrato.

Cuando se disponga del estudio básico de seguridad y salud.

Con el acta de comprobación de replanteo.

Una vez se incorpore al expediente el informe de la oficina de supervisión de proyectos.

La Administración de la Seguridad Social.

Los Organismos Autónomos.

Carrera de la Administración Civil del Estado.

La Administración Local.

En caso de ofensas a bienes eminentemente personales no puede aplicarse en ningún caso la continuidad delictiva.

Se considera delito continuado el realizado en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, cuando se realicen una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan, en todo caso, a un único sujeto e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza.

El/la autor/a de un delito continuado, no referido a infracciones contra el patrimonio, será castigado/a con la pena señalada para la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior, pudiendo imponerse la pena superior en grado en la extensión que se estime conveniente.

Si se tratare de infracciones contra el patrimonio, atendiendo al perjuicio total causado, se impondrá, motivadamente, la pena superior en uno o dos grados, en la extensión que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad y hubiere perjudicado a una generalidad de personas.

Grupo profesional M2: Título clasificado en el Nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.

Grupo profesional M3: Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria o Título Profesional Básico o equivalentes.

Grupo profesional E2: Título de Bachiller o Técnico/a o equivalentes.

Grupo profesional M1: Título clasificado en el Nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes.

Los impuestos directos.

Las transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.

Las transferencias de capital.

Los impuestos indirectos.

No podrá ser aceptada cuando se haya iniciado una información previa sobre hechos en los que hubiese tenido intervención el/la funcionario/a, que pudiesen dar lugar a la incoación de un expediente disciplinario.

No podrá ser aceptada cuando el/la funcionario/a esté sujeto/a a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

Será aceptada, aunque el/la funcionario/a esté sujeto/a a expediente disciplinario, pero no haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública.

La mesa de selección de las Comisiones estará compuesta por el/la interno/a de más edad y el/la más joven y presidida por un/una funcionario/a de la Unidad.

El Consejo de Dirección del Establecimiento anunciará la renovación de las Comisiones en períodos de un año o cuando una Comisión resulte con menos de tres internos/as miembros.

No podrán ser elegidos miembros de la Comisión aquellos/aquellas internos/as que tengan cualquier sanción disciplinaria sin cancelar, con independencia de su gravedad.

A las reuniones de las Comisiones asistirá el/la Educador/a o empleado/a público/a encargado/a de las actividades sobre las que vayan a tratar.

Un mes, contado desde la adjudicación del contrato.

Un mes, contado desde la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación.

Dos meses, contados desde la adjudicación del contrato.

Un mes, contado desde la formalización del contrato.

Quedará privado/a, durante el tiempo de permanencia en la misma, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.

Quedará privado/a, durante el tiempo de permanencia en la misma, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición, salvo de sus derechos económicos. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.

Quedará privado/a, durante el tiempo de permanencia, de todos los derechos inherentes a la condición de empleado/a publico/a, excepto el ejercicio de sus funciones. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.

Quedará privado/a, durante el tiempo de permanencia en la misma, del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición, salvo la participación en concursos de traslados. La suspensión no determinará la pérdida del puesto de trabajo aun cuando exceda de seis meses.

Forman parte de la misma el número de Diputados/as, no inferior a tres, que establezca el/la Presidente/a del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Forma parte de la misma un/una representante del Defensor del Menor.

Es un órgano que forma parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

El/la Presidente/a es elegido por el resto de miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

Se consideran artículos u objetos no autorizados, las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en todo caso.

Transcurrido un plazo de tres meses desde su recepción se procederá a su destrucción.

Los artículos u objetos cuya entrada no se autorice deberán ser recogidos de inmediato por el/la remitente, salvo que se descubran cuando éste/ésta ya no se encuentre en las inmediaciones del Establecimiento.

Las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas ocupadas se remitirán a la Autoridad judicial correspondiente.

Al sueldo y retribuciones complementarias correspondientes al Grupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala en el que aspiren a ingresar.

En todo caso, a las retribuciones básicas y complementarias, correspondientes al Grupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezcan.

Al sueldo y pagas extraordinarias correspondientes al Grupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala en el que aspiren a ingresar.

A las retribuciones básicas y complementarias correspondientes al Grupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala en el que aspiren a ingresar.

Tendrán efecto retroactivo las leyes penales que favorezcan al/a la reo/a, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.

Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al/a la reo/a, salvo que al entrar en vigor el sujeto estuviese cumpliendo condena.

Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al/a la reo/a, salvo que al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme.

Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal tendrán en todo caso carácter retroactivo, si favorecen al/a la reo/a.

Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir de la entrada en vigor del mismo.

Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados del mismo Grupo o Subgrupo de titulación al del nombramiento como funcionario/a interino/a, únicamente a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto.

No tendrán derecho a los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto.

Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados posteriores a la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir del nombramiento como funcionario/a de carrera.

Un año, en todos los casos.

Al menos durante cinco años.

Dos años, en todos los casos.

Tres años, con las excepciones previstas en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo.

Dividiendo por doce la cantidad resultante de aplicar a la base de cotización anual, reducida en su caso, el tipo porcentual establecido y se abonará igual todos los meses.

Dividiendo por catorce la cantidad resultante de aplicar a la base de cotización anual, reducida en su Caso, el tipo porcentual establecido y se abonará doblemente en los meses de junio y diciembre.

Dividiendo por catorce la cantidad resultante de aplicar a la base de cotización anual, reducida en su caso, el tipo porcentual establecido y se abonará igual todos los meses.

Dividiendo por doce la cantidad resultante de aplicar a la base de cotización anual, reducida en su caso, el tipo porcentual establecido y se abonará doblemente en los meses de junio y diciembre.

Únicamente en relación con penados/as condenados/as por delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones criminales.

Solamente respecto de aquellos/aquellas penados/as a los que sea aplicable el periodo de seguridad.

Únicamente en condenas superiores a dos años.

Sí, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.

Los/las cónyuges aún separados/as de hecho.

Los/las afines en primer grado si viviesen juntos/as.

Los/las cónyuges aún en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Los/las extraños/as que participen en el delito.

No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, procederá recurso extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del que hubiera dictado la resolución.

Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el superior jerárquico del que los hubiera dictado.

Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado.

Cada lote constituirá, en todo caso, un contrato.

Cada lote constituirá un contrato, salvo en el caso que se presenten ofertas integradoras, en las que todas las ofertas constituirán un contrato.

Todos los lotes se agruparán en un único contrato.

No cabe la división en lotes del objeto de un contrato.

La prescripción nunca se aplicará de oficio, debiendo ser solicitada por el/la interesado/a.

Las infracciones prescribirán en el plazo de dos años a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución por la que se impuso la sanción.

Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido.

18 meses, contados desde la fecha de solicitud de alguna de las partes.

18 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación.

12 meses, contados desde la fecha del acuerdo de iniciación.

12 meses, contados desde la fecha de solicitud de alguna de las partes.

De las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.

De las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, con excepción de lo dispuesto en el artículo 10.1.k) de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

De los recursos contra los actos del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del FROB adoptados conforme a lo previsto en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

De los recursos interpuestos por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en defensa de la unidad de mercado.

Mujeres gestantes.

Enfermos/as convalecientes de enfermedad grave.

Mujeres hasta nueve meses después de la terminación del embarazo.

Madres lactantes.

Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, pagos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos.

Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, pero solo para aquellos que sean del mismo período del año natural.

Los derechos económicos comprometidos durante el ejercicio.

Las obligaciones económicas reconocidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos.

De forma imprudente, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo.

A sabiendas o de forma imprudente, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo.

A sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo.

De forma imprudente, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia no le esté encomendada por razón de su cargo.

Mayoría simple de los miembros de las Cortes Generales.

Mayoría de 3/5 de los miembros del Congreso y del Senado, en votación que se llevará a cabo con 48 horas de diferencia.

Mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Mayoría absoluta de los miembros del Congreso y del Senado, en votación que se llevará a cabo con 48 horas de diferencia.

El informe de impacto de género.

El informe de impacto en la infancia, en la adolescencia y en la familia.

El informe de impacto ecológico y medioambiental.

Las cuentas y balances de la Seguridad Social del año anterior.

Artículo 173.1.

Artículo 173.2.

Artículo 153.1.

Artículo 153.2.

El informe de la Oficina Presupuestaria.

El informe de la Subsecretaría del Ministerio correspondiente.

La memoria.

El certificado de existencia de crédito obtenido del Sistema de Información Contable, cuando sea necesario.

Del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Del Centro Directivo.

De la Autoridad judicial correspondiente.

No requiere de aprobación previa.

Subdirección General.

Subsecretaría.

Secretaría General.

Dirección General.

Cualificación profesional obtenida durante su reclusión.

Certificación del tiempo que estuvo privado/a de libertad.

Los valores y efectos depositados a su nombre.

Todas son correctas.

Reforma ante el propio órgano y apelación ante la Audiencia Nacional.

Reforma ante el propio órgano y apelación ante el Tribunal Supremo.

Casación y revisión ante el Tribunal Supremo.

Reposición ante el propio órgano y alzada ante el Ministro de Hacienda y Función Pública.

Al artículo 23 gastos de publicaciones.

Al artículo 25 gastos de suministros, material y otros.

Al artículo 20 indemnizaciones por razón de servicios.

Al artículo 21 se imputarán gastos de reparación, mantenimiento y conservación.

El ejercicio de este derecho necesita autorización administrativa previa.

En todo caso, comporta la obligación de comunicarlo a la autoridad gubernativa.

La autoridad gubernativa sólo podrá prohibir reuniones en lugares de transito público y manifestaciones, cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Es un derecho objetivo que se ejerce colectivamente, siempre que se trate de una reunión pacífica y sin armas.

La Intervención General de la Administración del Estado podrá recabar de las distintas entidades la información que considere necesaria para efectuar los procesos de consolidación contable.

No se podrán consolidar las cuentas de una entidad, cuando en el preceptivo informe de auditoría de cuentas se hubiera denegado opinión, emitido informe desfavorable o con salvedades, si bien estas circunstancias se harán constar en la memoria explicativa de dicha Cuenta General.

La Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Congreso de los Diputados para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.

La falta de remisión de cuentas impedirá que la Intervención General de la Administración del Estado pueda formar la Cuenta General del Estado con las cuentas recibidas.

Todas tienen la consideración de penas graves.

Únicamente se consideran graves la disolución de la persona jurídica, la suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años y la clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

La pena de multa por cuotas o proporcional tendrá consideración de pena menos grave.

Únicamente se considera pena grave la disolución de la persona jurídica.

El estado de cambios en el patrimonio bruto consolidado.

El estado de flujos de efectivo consolidado.

El estado de liquidación del presupuesto consolidado.

El balance consolidado.

Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario/a de carrera.

Cumplimiento de horarios, ordinarios o especiales.

Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional.

Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas.

Ministro/a.

Secretario/a de Estado.

Consejo de Ministros.

Subsecretario/a.

La resolución judicial deberá adoptarse en los quince días siguientes a la celebración de la audiencia, si la persona reclamada consiente la entrega.

Los plazos establecidos para adoptar la decisión de entrega no podrán prorrogarse.

La orden europea de detención y entrega se tramitará y ejecutará con carácter de urgencia.

Sino media consentimiento, el plazo máximo para adoptar una resolución firme será de treinta días desde que se produjera la detención.

Determina la aplicación de la pena inferior en uno o dos grados.

Determina que la infracción sea castigada, en su caso, como imprudente.

Excluye la responsabilidad criminal.

Determina la aplicación de la pena en su mitad inferior.

Impedir el paso de los/las internos/as, salvo cuando exista orden escrita superior, exigiendo la firma de funcionario/a que se haga cargo de los/las mismos/as.

Identificar individualmente o constatar numéricamente el contingente de internos/as, con anotación de la hora en que se produce el movimiento de los mismos/as.

Evitar que en las proximidades de la puerta se formen grupos que dificulten el normal acceso al interior.

Cuidar que no entren en el Establecimiento ni salgan del mismo más que los/las funcionarios/as de la plantilla y las personas debidamente autorizadas o que por razón de su cargo deban tener acceso al mismo.

La indicación de la duración de la condena pendiente de cumplimiento y las condiciones en las que deberá efectuarse.

En todo caso, informe médico o social acerca del/de la condenado/a.

La indicación de la duración de la condena ya cumplida, incluida la información referente a cualquier detención preventiva, remisión de pena u otra circunstancia relativa al cumplimiento de la condena.

Copia certificada de liquidación de condena que resulte de la conversión de la pena.

Se consideran un trabajo y por lo tanto tienen carácter voluntario.

Es un deber de los/las internos/as regulado en el artículo 4 de la LOGP.

No es un deber de los/las internos/as.

Es un deber de los/las interno/as regulado en el artículo 5 del Reglamento Penitenciario.

El régimen abierto podrá aplicarse a los/las preventivos/as en quienes concurran determinadas condiciones.

El régimen cerrado se aplicará a penados/as clasificados/as en primer y segundo grado.

El régimen cerrado se aplicará a los/las penados/as clasificados/as en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anteriores, y a los/las preventivos/as en quienes concurran idénticas circunstancias.

El régimen ordinario se aplicará exclusivamente a los/las penados/as clasificados/as en segundo grado.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

Tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su Cuerpo, Escala o Categoría profesional, de análogas caracteristicas, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura.

La Administración Pública competente, estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso durante los dos primeros años y voluntario transcurrido este plazo.

Establecer las habilidades y competencias básicas para desarrollar con éxito estudios de formación profesional.

Tener en cuenta la situación personal de cada interno/a y adaptar las competencias para el empleo.

Conseguir mejorar las competencias para el empleo de los/las internos/as y su inserción laboral a corto y medio plazo.

Crear una metodología para la integración laboral basada en un enfoque holístico y que contempla de forma transversal la evaluación de las competencias.

Quedarán registradas y las resoluciones que se adopten al respecto se notificarán por escrito o verbalmente a los/las interesados/as.

Podrán ser formuladas exclusivamente ante el/la Director/a del Centro o quien legalmente le sustituya.

Podrán ser formuladas ante el/la funcionario/a encargado/a de la dependencia que al/a la interno/a corresponda, ante el/la Jefe/a de Servicios o ante el/la Directora/a del Centro o quien legalmente le sustituya.

Se presentarán solo por escrito y en sobre cerrado, que se entregará bajo recibo.

Tener una antigúedad, de al menos, dos años de servicio en cualquier situación administrativa, en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y superar las correspondientes pruebas selectivas.

Tener una antigúedad, de al menos, dos años desde el nombramiento como funcionario/a en prácticas, en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y superar las correspondientes pruebas selectivas.

Tener una antigiiedad, de al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.

Tener una antigúiedad, de al menos, tres años de servicio, en cualquier Administración, en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y superar las correspondientes pruebas selectivas.

La resolución se notificará al/a la interno/a interesado/a, indicándole en la notificación que, de no estar conforme con la misma, puede acudir en vía de recurso ante el Tribunal Sentenciador.

Cuando se trate de penados/as con condenas de hasta un año, la propuesta de clasificación inicial formulada por la Junta de Tratamiento, adoptada por acuerdo unánime de sus miembros, tendrá la consideración de resolución de clasificación inicial a todos los efectos, salvo cuando se haya propuesto la clasificación en primer grado de tratamiento, en cuyo caso la resolución corresponderá al Centro Directivo.

La resolución se dictará, de forma escrita y motivada, por el Centro Directivo en el plazo máximo de dos meses desde la fecha de la propuesta.

El plazo para dictar resolución de clasificación inicial podrá ampliarse hasta un máximo de un mes más, para la mejor observación de la conducta y la consolidación de los factores positivos del/de la interno/a.

La Intervención General de la Administración del Estado para los Entes Públicos cuyo presupuesto de gasto tiene carácter limitativo.

El Ministerio del Interior por conducto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La Intervención General de la Administración del Estado para los Entes Públicos cuyo presupuesto de gasto tiene carácter estimativo.

La Intervención de la Administración Autonómica en el ejercicio de sus competencias.

La compensación.

El efectivo.

La transferencia bancaria.

El cheque.

Están destinadas tanto a internos/as preventivos/as como penados/as.

Son unidades arquitectónicamente ubicadas fuera del recinto de los Centros penitenciarios, preferentemente en viviendas ordinarias del entorno comunitario, sin ningún signo de distinción externa relativo a su dedicación.

Son unidades arquitectónicamente ubicadas dentro del recinto de los Centros penitenciarios y a las que se destinarán los/las internos/as propuestos/as por el Centro Directivo.

Tendrán personal exclusivamente penitenciario.

Al año de la producción del daño físico o psíquico causado a las personas.

Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.

A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización, siempre que se manifieste el efecto lesivo.

A los seis meses de producido el hecho que motive la indemnización.

Será programado.

Estará basado en la igualdad de trato y no discriminación.

Será individualizado.

Guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal y con un juicio de pronóstico inicial.

El Centro Directivo.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

La Dirección del Establecimiento.

El Juzgado de Guardia.

La Junta de Tratamiento, con informe preceptivo del/de la Educador/a.

La Junta de Tratamiento, previa emisión de informe favorable de reinserción laboral.

La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico.

La Junta de Tratamiento, previa solicitud del/ de la penado/a y con informe del Educador/a.

De dos a cinco años, sin que pueda ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento.

De seis meses a seis años.

De uno a cinco años, sin que pueda ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento.

De uno a cuatro años.

El/la Directora/a aprobará y dará a conocer entre la población reclusa el horario que debe regir en el Centro, señalando las actividades obligatorias para todos/as y aquéllas otras de carácter optativo y de libre elección por parte de los/las internos/as.

Aquellas actividades no regulares que se organicen en el Establecimiento se darán a conocer a los/las internos/as antes del día quince del mes anterior al de celebración de las mismas.

El calendario de actividades previsto para el mes siguiente será puesto en conocimiento de los/las internos/as y estará expuesto permanentemente en lugar visible para los/las mismos/as.

El horario aprobado se remitirá al Consejo de Dirección antes del día quince del mes anterior a aquel a que se refiera para su conocimiento.

El Órgano judicial sentenciador de la causa susceptible de serle aplicado el abono, y si fueren varios el que hubiere impuesto la pena de mayor duración y en el caso de existir penas de igual duración, el que hubiere dictado la última sentencia.

El Juzgado de Instrucción de la causa en la que se acordó la medida cautelar de privación de libertad susceptible de abono.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que depende el centro penitenciario en que se encuentre el/la penado/a.

El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó carece de previsión legal.

Decidirá la separación interior de los/las internos/as teniendo en cuenta sus antecedentes, dando cuenta al/la Director/a.

Organizará y asignará la realización de los distintos servicios.

Velará por la difusión de las circulares, instrucciones y órdenes de servicio dictadas por el Centro Directivo.

Adoptará provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y el buen funcionamiento de los servicios, dando cuenta de ellas al/la Director/a.

El 15 por 100 del importe del contrato.

El 20 por 100 del importe del contrato.

El 30 por 100 del importe del contrato.

El 10 por 100 del importe del contrato.

Subdirector/a Médico/a.

Administrador/a.

Subdirector/a de Seguridad.

Jefe/a de Servicios.

Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

Personal retribuido por arancel.

Personal con funciones educativas, ya sea dentro del ámbito estatal o de las Comunidades Autónomas.

Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

Las dependencias que incluyen, la puerta principal y cualquier otra entrada de personas o vehículos al interior del establecimiento.

Las dependencias o almacenes donde se efectúe el registro de envíos y salidas de objetos y donde se guarden los mismos hasta su entrega a los/las interesados/as.

Los locales donde estén ubicadas las ventanillas al público.

Las dependencias o locales en los que permanecen los/las internos/as a su ingreso o salida del Establecimiento con el fin de proceder al registro de los/las mismos/as y de sus ropas y enseres, a la recogida del dinero, valores, joyas, documentación y objetos no autorizados en el interior de que sean portadores/as, o a la devolución de los mismos en el caso de salida.

Solo procederá cuando lo determine la Comisión Disciplinaria.

Solo en los casos que recaiga sanción de aislamiento en celda.

En el expediente personal de los/las internos/as.

En el protocolo del interno/a.

El/la Juez/a de Vigilancia Penitenciaria en el caso de que el/la interno/a estuviese cumpliendo condena.

El/la Juez/a o Magistrado/a Instructor/a.

El/la Juez/a de lo Penal o Tribunal que conozca de la causa.

El/la Juez/a que forme las primeras diligencias.

Los acuerdos de traslados, con independencia de la situación procesal del/de la interno/a, se comunicarán al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Es el/la Director/a, siempre por propia iniciativa, el/la competente para acordar medidas que impliquen limitaciones regimentales.

La Junta de Tratamiento propondrá al Centro Directivo el traslado de detenidos/as, presos/as y penados/as a otro establecimiento de similares características para posibilitar el levantamiento de las limitaciones regimentales.

En su caso, a solicitud del/de la interno/a o por propia iniciativa, el/la Directora/a podrá acordar mediante resolución motivada, cuando fuere preciso para salvaguardar la vida o integridad física del/de la recluso/a, la adopción de medidas que impliquen limitaciones regimentales, dando cuenta al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Del Tribunal Superior de Justicia.

La Audiencia Nacional.

Del Tribunal Supremo.

La Audiencia Provincial.

En el plazo de 24 horas, desde la solicitud de «Habeas Corpus».

En el plazo de 48 horas, desde la solicitud de «Habeas Corpus».

En el plazo de 24 horas, desde que sea dictado auto de incoación.

En el plazo de 48 horas, desde que sea dictado auto de incoación.

Recurso de reforma.

Recurso de reposición.

Recurso de queja.

Recurso de apelación.

Anulación.

Reforma.

Queja.

Apelación.

El tiempo fijado por el Consejo de Dirección en las normas de régimen interior.

En todo caso, el tiempo mínimo de permanecía será de ocho horas diarias, salvo los fines de semana.

En todo caso, el tiempo mínimo de permanencia será de ocho horas diarias.

El tiempo fijado en su programa de tratamiento para la realización de actividades de tratamiento, entrevistas y controles presenciales.

Contra la salud pública.

Contra la seguridad colectiva.

Contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

Contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

La denuncia de la víctima cuando ésta sea menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección.

La denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

La querella del Letrado/a de la Administración de Justicia cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

La denuncia del Ministerio Fiscal.

Dos miembros a propuesta del Congreso de los Diputados, y dos a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros.

Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cuatro años.

Doce miembros entre Jueces/Juezas y Magistrados/as de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica.

Cuatro miembros a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de dos tercios de sus miembros, entre abogados/as y otros/as juristas, todos ellos/ellas de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

El/la acusado/a de delito de injuria en todo caso.

El/la acusado/a de delito de injuria probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios/as públicos/as sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas, civiles o laborales.

El/la acusado/a por delito de calumnia en todo caso.

El/la acusado/a por delitos de injurias graves hechas con publicidad cuando éstas no se dirijan contra funcionario/a público/a en el ejercicio de su cargo.

La falsificación de moneda y efectos timbrados.

La falsificación de documentos privados.

La falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques.

La falsificación de certificados.

Funcionarios/as públicos/as, juristas de reconocida competencia con más de veinticinco años de ejercicio profesional.

Fiscales, juristas de reconocida competencia con más de veinte años de ejercicio profesional.

Profesores/as de Universidad, juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.

Abogados/as, juristas de reconocida competencia con más de veinticinco años de ejercicio profesional.

Proponer al/a la candidato/a a Presidente/a del Congreso.

Previa autorización del Gobierno, declarar la guerra y hacer la paz.

Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente/a.

El mando supremo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las disposiciones de régimen disciplinario contenidas en el Reglamento Penitenciario solo serán de aplicación con carácter excepcional a los/las pacientes internados/as en estas instituciones, con informe favorable del/de la facultativo/a.

La separación en los distintos departamentos de que consten los Establecimientos o Unidades se hará en atención a las necesidades previstas en el artículo 99.4 del Reglamento Penitenciario.

Las restricciones a la libertad personal del/de la paciente deben limitarse a las que sean necesarias en función del estado de salud de aquél/aquella o del éxito del tratamiento.

El empleo de medios coercitivos es una medida excepcional, que sólo podrá ser admitida por indicación del/de la Director/a.

La existencia de las causas de cese será apreciada por el Consejo General del Poder Judicial.

El mandato del/de la Fiscal General del Estado no podrá ser renovado.

El mandato del/de la Fiscal General del Estado tendrá una duración de seis años.

En caso de ausencia, imposibilidad o vacante, el/la Fiscal General del Estado será sustituido/a por el/la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.

Será nombrado/a por el/la Presidente/a.

Siempre lleva adjunta la titularidad de un Ministerio.

Ejercerá las funciones que le encomiende el/la Presidente/a.

Será nombrado/a a propuesta del Consejo de Ministros.

El/la Directora/a del Secretariado del Gobierno ejercerá la secretaría adjunta de la Comisión Delegada del Gobierno.

Propondrá al Consejo de Ministros la aprobación de las instrucciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno.

Se integra en la estructura orgánica de la Secretaría General Técnica.

Es un órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

Requiere que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto.

Es requisito para su aplicación que el necesitado/a tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

El mal causado puede ser mayor que el tratado de evitar.

No es aplicable en caso de que se infrinja un deber.

Los/las Delegados/as del Gobierno son órganos superiores con rango de Subsecretario/a.

Su nombramiento atenderá a criterios de competencia profesional y experiencia entre funcionarios/as del Grupo A1.

Representan al Estado en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.

En caso de ausencia, vacante o enfermedad del/de la titular de la Delegación del Gobierno, en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, en las que no exista Subdelegado/a, la suplencia corresponderá al/a Secretario/a General.

Personalidad jurídica pública diferenciada.

Capacidad jurídica, de obrar y las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines.

Patrimonio y tesorería propios.

Potestad expropiatoria.

Los derechos civiles.

Los derechos laborales.

La paz.

La democracia.

El Parlamento, por unanimidad y a propuesta del/de la Presidente/a de la Comisión, podrá decidir que no ha lugar a tal sustitución, en particular cuando quede poco tiempo para que termine el mandato de dicho miembro.

Por un nuevo miembro de la misma nacionalidad, nombrado por el Consejo, de común acuerdo con el/la Presidente/a de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo.

Por un nuevo miembro de la misma nacionalidad nombrado por el Consejo, de común acuerdo con el/la Presidente/a del Parlamento, previa consulta a la Comisión.

Por un nuevo miembro de la misma nacionalidad nombrado por el Parlamento, de común acuerdo con el/de la Presidente/a de la Comisión, previa consulta al Consejo.

No, será necesaria la previa propuesta razonada de la Junta de Tratamiento.

Sí, mediando motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión, el traslado del/de la penado/a a un Establecimiento de régimen cerrado podrá acordarse por el Centro Directivo, aunque no se haya producido resolución clasificatoria en primer grado, que, en todo caso, deberá efectuarse dentro de los veinte días siguientes.

Sí, mediando motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión, el traslado del/de la penado/a a un Establecimiento de régimen cerrado podrá acordarse por el Centro Directivo, aunque no se haya producido resolución clasificatoria en primer grado, que, en todo caso, deberá efectuarse dentro de los catorce días siguientes.

Sí, mediando motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión, el traslado del/de la penado/a a un Establecimiento de régimen cerrado podrá acordarse por el Centro Directivo, aunque no se haya producido resolución clasificatoria en primer grado, que, en todo caso, deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes.

Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días.

La suspensión de empleo o cargo público de 3 años.

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año.

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de ocho años.

Se hará entrega de escrito justificativo al/a a Jefe/a de la fuerza por parte del establecimiento.

Se dará cuenta seguidamente al Centro Directivo.

Se dará cuenta seguidamente al Tribunal que recabó el traslado del/de la recluso/a.

Se dará cuenta seguidamente al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve.

Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como menos grave, el delito se considerará como leve en el caso de que el/la culpable careciera de antecedentes penales.

Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como menos grave.

Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las penas graves y menos graves, el delito se considerará, en todo caso, como menos grave.

Los cacheos con desnudo integral de los/las visitantes únicamente podrán llevarse a cabo por las razones y en la forma establecidas en el artículo 68 debidamente motivadas.

Los/las Directores/as establecerán los horarios de celebración de estas visitas.

Se concederán, previa solicitud del/de la interesado/a, visitas de convivencia a los/las internos/as con su cónyuge o persona ligada por semejante relación de afectividad e hijos/as que no superen los doce años de edad.

Previa solicitud del/de la interno/a, se concederá una comunicación intima al mes como máximo, cuya duración no será superior a tres horas ni inferior a una, salvo que razones de orden o de seguridad del establecimiento lo impidan.

Es una circunstancia que exime o atenúa la responsabilidad penal, siempre que el sujeto no lo haya provocado con el propósito de cometer el delito.

Es una circunstancia que en todo caso exime o atenúa la responsabilidad penal, siempre que quede acreditada.

Es una circunstancia mixta que puede agravar o atenuar la responsabilidad, según las circunstancias de cada caso, conforme establece el artículo 23 del Código Penal.

Es una circunstancia que exime de responsabilidad penal o la atenúa, aunque el trastorno mental transitorio haya sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito.

La conspiración existe cuando el/la que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.

La proposición existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.

La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.

La proposición existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.

Cuando, al delinquir, el/la culpable haya sido condenado/a ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, con independencia de su naturaleza.

Cuando, al delinquir, el/la culpable haya sido condenado/a ejecutoriamente por un delito, salvo que este sea leve, comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.

Cuando, al delinquir, el/la culpable haya sido condenado/a ejecutoriamente por un delito sancionado con pena grave prevista en el mismo Libro del Código Penal.

Cuando al delinquir el/la culpable, exista auto de apertura de juicio oral por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza.

El tipo de cotización establecido para la contratación indefinida vigente en cada momento.

La base mínima, que no podrá ser inferior al tope mínimo correspondiente.

El tipo de cotización establecido para la contratación temporal vigente en cada momento.

La base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a aquella o superior a esta.

A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios de justicia, responsabilidad y honestidad mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación.

A la movilidad en la condición de funcionario/a de carrera.

A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios, sin necesidad de ser informado/a por sus superiores de las tareas a desarrollar.

De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años.

En todo caso, por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, cuando alguno de los delitos hubiera sido enjuiciados por la Audiencia Nacional.

Por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Por el Juzgado o Tribunal sentenciador que haya dictado la condena más grave.

Por el Juzgado o Tribunal sentenciador que haya dictado la última condena.

Será reclasificado/a en la primera Junta de Tratamiento que se celebre, aunque el/la interno/a no haya regresado a un establecimiento penitenciario.

Si regresa en un plazo no superior a 72 horas la conducta únicamente tendrá efectos disciplinarios.

Se procedería a la suspensión de su clasificación con aplicación de régimen ordinario debiendo proceder la Junta de Tratamiento inmediatamente a la reclasificación, en su caso.

Se le clasificará provisionalmente en segundo grado, en espera de efectuar la reclasificación correspondiente cuando vuelva a ingresar en un centro penitenciario.

El Parlamento Europeo.

La Comisión.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Consejo Europeo.

Por razones de disciplina y seguridad penitenciaria.

Por fuerza mayor temporal.

Por el cumplimiento de sanciones disciplinarias penitenciarias de aislamiento.

Por incapacidad temporal de los/las trabajadores/as penitenciarios/as.

A los 15 años, las de inhabilitación de más de 10 años.

A los 30 años, las penas de prisión de 20 años.

A los 20 años, las de prisión de 10 años.

A los 25 años, las de prisión de 15 años.

El/la recluso/a internado/a, en todo caso, podrá recibir paquetes del exterior y adquirir productos del economato.

El/la recluso/a internado/a podrá recibir paquetes del exterior y adquirir productos del economato, siempre que lo autorice el/la Subdirector/a de Seguridad.

El/la recluso/a internado/a no podrá recibir paquetes del exterior, pero podrá adquirir productos del economato, siempre que lo autorice el/la Subdirector/a de Seguridad.

El/la recluso/a internado/a no podrá recibir paquetes del exterior ni adquirir productos del economato, salvo los autorizados expresamente por el/la Director/a.

Legalidad, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y la seguridad jurídica.

Necesidad, eficacia, legalidad, responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

Legalidad, jerarquía normativa y la publicidad de las normas.

Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Un contrato de obras de valor estimado igual a 80.000,00 euros.

Un contrato de servicios de valor estimado igual a 60.000,00 euros.

Un contrato de obras de valor estimado igual o inferior a 60.000,00 euros.

Un contrato de suministros de valor estimado de 40.000,00 euros, cuya oferta se evaluará con arreglo a criterios de adjudicación en parte cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas, en parte cuantificables con criterios sometidos a juicios de valor.

Quince días hábiles a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

Veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

La autoridad o funcionario/a que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual.

La autoridad o funcionario/a que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables.

El/la que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, patrimonio y orden socioeconómico, libertad o libertad sexual.

El/la que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual.

Los/las penados/as y de los/las liberados/as provisionales y definitivos y sus familiares a las rentas de inserción establecidas por las diferentes Comunidades Autónomas, así como a los restantes servicios sociales y prestaciones de las Administraciones Públicas.

Los/las internos/as y sus familiares a las rentas de inserción establecidas por las diferentes Comunidades Autónomas, así como a los restantes servicios sociales y prestaciones de las Administraciones Públicas.

Todos/as los/las penados/as y de los/las liberados/as condicionales y definitivos/as y de sus familiares a las rentas de inserción establecidas por las diferentes Comunidades Autónomas, así como a los restantes servicios sociales y prestaciones de las Administraciones Públicas.

Los/las penados/as clasificados en tercer grado y de los/las liberados/as condicionales y definitivosías y de sus familiares a las rentas de inserción establecidas por las diferentes Comunidades Autónomas, así como a los restantes servicios sociales y prestaciones de las Administraciones Públicas.

Los domingos, días festivos y de forma excepcional los sábados festivos en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del/de la penado/a.

Conforme al horario que establezca el/la penado/a, siempre que esté justificado por el cumplimiento del horario laboral, en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del/ de la penado/a.

Los sábados, domingos y días festivos en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del/ de la penado/a.

De lunes a viernes en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del/ de la penado/a.

Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo.

La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sean o no de trabajo.

Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de ese trabajo.

Las prestaciones familiares, comprendidos los/las menores a cargo y por jubilación.

Fomentar la búsqueda activa de empleo, identificando las ofertas clasificadas por los portales colaboradores como ofertas en prácticas, así el/la interno/a puede acceder a todas las ofertas de empleo disponibles en estos portales, y a los puestos de trabajo vacantes.

Informar a los/las alumnos/as sobre los riesgos existentes en el medio laboral y concienciarles sobre la necesidad de aplicar medidas de prevención y protección para prevenir y evitar accidentes.

Informar sobre el tipo de relaciones que se establecen en el entorno del trabajo, tales como el trabajo en equipo, las reuniones de trabajo, la gestión del conflicto, la negociación, la toma de decisiones y la motivación laboral.

Ayudar alía la alumno/a a que elabore su proyecto de inserción laboral, proporcionándole información sobre las fuentes de empleo, así como sobre los métodos y técnicas para la búsqueda de un puesto de trabajo.

Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.

Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.

La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Instrucción 5/2004 de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo sobre control financiero y auditoría.

La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Transversal.

General.

Universal.

Subsidiario.

Será una recomendación a los/las interesados/as.

Será una obligación de los/las interesados/as.

Será una recomendación para las Administraciones Públicas.

Deberá garantizarse por las Administraciones Públicas.

La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá en todo caso una duración de diez días a un año.

La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a 20 años; las de inhabilitación especial, de seis meses a 20 años, y la de suspensión de empleo o cargo público, de tres meses a seis años.

La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, y la de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, tendrán una duración de seis meses a 10 años.

La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos tendrá una duración de hasta 10 años. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas, o de comunicarse con ellas, tendrá una duración de un mes a 10 años.

La Junta de Tratamiento, previo informe preceptivo del Equipo Técnico.

El Consejo de Dirección, previo informe de la Unidad Educativa.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, previo informe de la Junta de Tratamiento.

El Centro Directivo, previo informe de la Junta de Tratamiento.

La aprobación del pago.

El compromiso del gasto.

El reconocimiento de la obligación.

La ordenación del pago.

Principios de coordinación y principios de colaboración interministerial.

Principios generales y principios de actuación.

Principios de eficiencia y principios de transparencia.

Principios de actuación y principios económicos.

No devengarán retribuciones y el tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, pero no de carrera profesional ni en derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

No devengarán retribuciones, pero el tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, ascensos y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

No devengarán retribuciones, pero el tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios y de carrera profesional, pero no en derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Derecho a que la Administración Penitenciaria vele por sus vidas, su integridad y su salud, sin que puedan ser sometidos a torturas o malos tratos.

Derecho a un trabajo remunerado dentro de las disponibilidades de la Administración Penitenciaria.

Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales aun siendo incompatibles con el objeto de su detención.

Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación.

Los/las que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo, los/las directores/as de la empresa grabadora, reproductora o impresora, los/las directores/as de la publicación o programa en que se difunda, los/las directores/as de la empresa editora, emisora o difusora.

Los/las que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo, los/las directores/as de la publicación o programa en que se difunda, los/las directores/as de la empresa editora, emisora o difusora, los/las directores/as de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

Los/las directores/as de la publicación o programa en que se difunda, los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo, los/las directores/as de la empresa grabadora, reproductora o impresora, los/las directores/as de la empresa editora, emisora o difusora.

Los/las que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo, los/las directores/as de la empresa editora, emisora o difusora, los/las directores/as de la publicación o programa en que se difunda, los/las directores/as de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

Procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica.

No procederá dicha iniciativa en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Se exigirán menos de 500.000 firmas acreditadas.

Procederá dicha iniciativa en materias de carácter internacional.

Sí, en los supuestos tasados que enumera el Reglamento Penitenciario.

Sí, salvo que la resolución hubiese correspondido al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

No.

Sí, previo informe, en su caso, de la Comisión Disciplinaria.

El acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

El acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

El acto mediante el cual se autoriza la realización de un pago determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

El acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública estatal o contra la Seguridad Social, derivado de un pago aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

No podrán captarse imágenes de la vía pública en ningún caso.

Podrán captarse imágenes de la vía pública en todo caso, con la sola limitación de que no se capten imágenes de un domicilio privado.

La captación de imágenes de un domicilio privado está justificada si fuese necesaria para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos.

Solo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada.

Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfecciona, como norma general, con la adjudicación.

Los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan con su adjudicación.

Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan con su formalización.

Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, incluidos los contratos menores, se perfeccionan con su formalización.

Cualquier aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo para evitar uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo, para evitar uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, excluyendo cualquier complemento.

Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el/la trabajador/a para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, excluyendo cualquier complemento.

Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el/la trabajador/a para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Son bienes y derechos patrimoniales los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público.

Tendrán la consideración de bienes demaniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas.

Son bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 133.2 de la Constitución.

Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público.