Conforme a la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de Administraciones Públicas:

Respuestas: ASon bienes y derechos patrimoniales los que, siendo de titularidad pública, se encuentren afectados al uso general o al servicio público.
BTendrán la consideración de bienes demaniales de la Administración General del Estado y sus organismos públicos los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles o de obligaciones emitidas por éstas.
CSon bienes de dominio público estatal, en todo caso, los mencionados en el artículo 133.2 de la Constitución.
DLos inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados a ella o dependientes de la misma en que se alojen servicios, oficinas o dependencias de sus órganos o de los órganos constitucionales del Estado se considerarán, en todo caso, bienes de dominio público.
Oposición: Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
Bloque: Derecho administrativo
Tema: Tema 12. El régimen patrimonial de las Administraciones Públicas. El dominio público, características y prerrogativas. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y elementos. Procedimiento general de expropiación. Garantías jurisdiccionales. Idea general de los procedimientos especiales
Ley: Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas
Preguntada en la convocatoria de:: (2022-11-20 - OEP 2021/2022) Examen Oficial Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias

Preguntas similares

1. Conforme al Capítulo II de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta:: ALos bienes y derechos de dominio público son inembargables.
BLos bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado no son enajenables.
CNo podrán someterse a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.
DLos bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros.

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