OEP 2020
Fecha del examen 2021-10-24
Sus asuntos serán atendidos por los responsables de cada Departamento Ministerial, por razón de la materia, mientras dure la situación de ausencia.
Por el Subdelegado del Gobierno de la provincia donde tenga la sede el Delegado del Gobierno.
Por el Secretario General de la Delegación del Gobierno.
Por cualquier otro Delegado del Gobierno que el Presidente del Gobierno designe mientras dure la situación de ausencia.
El precepto principal se aplicará solo en defecto del subsidiario.
El precepto general se aplicará, en todo caso, al especial.
El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
El precepto especial se aplicará, Únicamente, cuando expresamente se declare con preferencia al general.
El Consejo de Dirección del centro.
El Equipo Técnico en función de los programas individualizados de tratamiento.
La Junta Económico-Administrativa, a propuesta del Consejo de Dirección.
La Junta de Tratamiento del centro.
La que conlleva asistencia de otra persona para el desempeño de su profesión u oficio.
La que necesita de la asistencia de otra persona para realizar los actos más elementales de la vida.
La que inhabilita al funcionario para la realización de todas o de las fundamentales funciones de su Cuerpo, Escala o plaza.
La que inhabilita por completo al funcionario para toda profesión u oficio.
Junta de Tratamiento.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Comisión Disciplinaria.
Consejo de Dirección.
Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social.
Los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social.
El crédito oficial, en los supuestos en que la Administración pública subvenciona al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito.
Las aportaciones dinerarias entre diferentes Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan destinadas.
De legalidad, lealtad institucional, eficiencia, economía y transparencia.
De legalidad, transparencia, eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
De legalidad, eficiencia, economía, transparencia, así como a la sostenibilidad ambiental y la igualdad de género.
De legalidad, eficacia, economía y transparencia.
Del Director del Centro Penitenciario.
De la Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico del centro.
De la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, previa propuesta del Consejo de Dirección del Centro.
Del Ministerio Fiscal.
Un millón de euros.
Cuatro millones de euros.
Seis millones de euros.
Cinco millones de euros.
Una vez celebrado y publicado oficialmente, el Fratado formará parte del ordenamiento interno en los términos que establezca el Tribunal Constitucional.
Deberá ser interpretado por el Tribunal Constitucional y aplicado en el Ordenamiento Jurídico español según los términos de la Sentencia.
Exigirá la previa revisión constitucional.
Será nulo de pleno derecho y por tanto inaplicable en el Ordenamiento Jurídico español.
Cuando no pueda determinarse el número exacto de los suministros efectivamente entregados por el adjudicatario en un periodo de tiempo, para proceder al pago, la Administración estimará a la baja el número máximo de los que hubieran podido entregarse en ese periodo.
Si el precio se determina mediante precios unitarios, siempre se podrá incrementar el número de unidades a suministrar hasta el porcentaje del 20 por ciento del precio del contrato, con las condiciones del artículo 205.2.c).3º de la Ley 9/2017, cuando se haya acreditado la correspondiente financiación en el expediente originario del contrato.
Cuando el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes por la Administración, esa entrega se acordará por el órgano de contratación, implicando dicho acuerdo por sí solo la baja en el inventario y, en su caso, la desafectación de los bienes de que se trate.
El adjudicatario del contrato de suministro siempre tendrá derecho al abono del precio de los suministros que efectivamente hubiera entregado, salvo que no exista acta de recepción de los mismos y no pueda determinarse su número exacto.
Limitación del gasto, equilibrio presupuestario, neutralidad impositiva y autoliquidación de la deuda.
Competencia, universalidad, unidad, especialidad, anualidad y publicidad.
Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
Presupuesto bruto, unidad de caja, especificación, ejercicio cerrado.
Multa.
Inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Suspensión de empleo o cargo público.
Inhabilitación absoluta.
Su designación se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
Estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que les hayan sido fijados.
La determinación de sus condiciones de empleo tendrá la consideración de materia objeto de negociación colectiva.
Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.
Al Centro Directivo y al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Al Centro Directivo y a la autoridad judicial que recabó el traslado del recluso.
Al Centro Directivo, únicamente.
Al Centro Directivo y a la autoridad judicial de la que dependa el interno.
Las medidas cautelares adoptadas en el procedimiento contencioso-administrativo podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del mismo si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado.
Los interesados solo podrán solicitar en el escrito de interposición de recurso la adopción de medidas cautelares que aseguren la efectividad de la sentencia.
No podrán adoptarse medidas cautelares de las cuales pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza para las partes en el procedimiento o para terceros interesados en el mismo.
El Tribunal podrá adoptar una medida cautelar en todos los supuestos en que se lo soliciten los interesados en el procedimiento.
Por el perdón de la persona ofendida, en delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos eminentemente personales.
Por el indulto.
Por el cumplimiento de la condena.
Por la prescripción del delito.
Elaborar anualmente una memoria en la que se incluirá información sobre el cumplimiento de las obligaciones previstas y que será presentada ante las Cortes Generales.
Aprobar el anteproyecto de presupuesto del Consejo.
Instar el inicio del procedimiento sancionador previsto en el título ll de esta Ley, relativo a Buen Gobierno.
Responder las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos encargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información.
Dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición.
La falta de respeto a los superiores en el orden jerárquico, en su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad.
El abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado de autoridades, funcionarios o profesionales.
El abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por más de tres días naturales y menos de siete de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.
El personal de vigilancia penitenciaria del centro.
La Policía Nacional y personal de vigilancia del centro sanitario.
La Guardia Civil y personal de vigilancia penitenciaria.
Se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
Admitan pruebas propuestas por los interesados.
Acuerden la continuación por la Administración de procedimientos iniciados de oficio.
Recojan propuestas de resolución, en el caso de procedimientos que reconozcan derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares.
Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en ta legistación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, aunque no exista acuerdo del interesado.
Serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia O de la técnica, existentes en el momento de producción de aquéllos, si hubiera existido funcionamiento anormal de los servicios públicos.
Cuatro meses en el extranjero y dos en territorio nacional.
Un mes en territorio nacional y tres en el extranjero.
Tres meses en el extranjero y dos en el territorio nacional.
Un mes en el extranjero y tres en territorio nacional.
Determinará el importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros realizados aplicando a las unidades ejecutadas las tarifas correspondientes que deberán ser aprobadas por la Junta de Contratación Centralizada.
Únicamente podrá participar en los procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por los poderes adjudicadores de los que es medio propio.
En los supuestos de ejecución de obras, fabricación de bienes muebles o prestación de servicios llevados a cabo con la colaboración de empresarios particulares, el importe de la parte de prestación a cargo de estos no podrá ser inferior al 50% del importe total del proyecto, suministro o servicio.
Mantendrá relaciones de naturaleza instrumental y no contractual con los poderes adjudicadores de los que es medio propio instrumental.
Dirección General de la Policía.
Dirección General de la Guardia Civil.
Dirección General de Política interior.
Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
En el plazo de treinta días de la fecha de registro electrónico de la factura emitida en tiempo y forma.
Dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.
Dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro.
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados.
Edad.
Nacionalidad.
Pertenencia a determinado grupo social.
Raza.
El omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión coetánea.
Exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
Exista una genérica o específica obligación de actuar.
Exista una genérica obligación legal o contractual de actuar.
A acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que pudieran corresponderles.
Al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, en todos los casos.
Al tratamiento Penitenciario y a las medidas que se les programen con el fin de asegurar el éxito del mismo.
A un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la Administración penitenciaria.
Jueces, Magistrados y Fiscales, únicamente.
Magistrados, Fiscales y miembros de la Administración de Justicia.
Funcionarios pertenecientes a la carrera Judicial exclusivamente.
Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados.
Se utilice a menores de dieciocho años para la comisión del delito.
En la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.
Se sustraigan joyas.
Se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano superior.
Los actos administrativos que se produzcan de forma verbal no podrán tener efectos frente a terceros.
Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.
Los actos administrativos a través de medios electrónicos se deberán producir siempre por escrito.
Imponen la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.
Asignan los recursos necesarios para la ejecución de los objetivos del Ministerio, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.
Desempeñan la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
Remiten la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado.
Orgánica.
Por objetivos.
Por programas.
Económica.
Los trabajos desarrollados en talleres ocupacionales se encuadrarán en la relación laboral de carácter especial.
Los internos que desarrollen trabajos ocupacionales podrán recibir beneficios penitenciarios.
Los beneficios económicos por la venta de productos elaborados en los talleres ocupacionales se destinarán al pago de las nóminas de los internos.
En los establecimientos penitenciarios deberán existir talleres ocupacionales donde trabajen los internos.
Cerrado.
Abierto.
Ordinario.
De flexibilidad.
Cuando sean designados para formar parte de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.
Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
Cuando sean designados miembros de las Instituciones de fa Unión Europea.
Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a tres meses en organismos internacionales.
El reconocimiento de obligaciones sin la propuesta de pago.
Las operaciones de reconocimiento de obligaciones.
Las operaciones que combinen la autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones.
La propuesta de pago.
Adulterar con aditivos u otros agentes no autorizados susceptibles de causar daños a la salud de las personas los alimentos, sustancias o bebidas destinadas al comercio alimentario.
Administrar a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano sustancias permitidas que generen grave daño a las personas.
Liberar energía nuclear o elementos radiactivos que pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión.
La fabricación, manipulación, transporte, tenencia o comercialización de explosivos, sustancias inflamables o corrosivas, tóxicas y asfixiantes, O cualesquiera otras materias, aparatos O artificios que puedan causar estragos, contraviniendo las normas de seguridad establecidas, poniendo en concreto peligro la vida, la integridad física o la salud de las personas, O el medio ambiente.
Los derechos económicos devengados en el ejercicio anterior e imputables a ejercicios posteriores.
Obligaciones contraídas en ejercicios anteriores, de conformidad con el ordenamiento jurídico, para las que se tendrá en consideración el crédito en el ejercicio de procedencia.
Los derechos económicos liquidados durante el ejercicio, cualquiera que sea su periodo de devengo.
Las obligaciones económicas comprometidas hasta el fin del mes de diciembre, siempre que correspondan a adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o, en general, gastos realizados dentro del ejercicio y con cargo a los respectivos créditos.
Relación nominativa del voluntariado que vaya a participar en la ejecución del programa.
Objetivos a alcanzar.
Medios estructurales con los que cuenta la institución o asociación.
El colectivo de reclusos objeto de la intervención.
Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de doce meses, dentro de un periodo de veinticuatro meses.
Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a cinco años, sin posibilidad de ampliación.
La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a cuatro años, ampliable hasta doce meses más.
Excluirá su responsabilidad criminal.
Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
Será castigada, en su caso, como imprudente.
Impedirá su apreciación.
Que el tratamiento sea necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, salvo que el contrato lo sea con el Ministerio de Defensa.
Que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.
Que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés privado.
Que el tratamiento sea necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero, en todos los casos.
No será menor de seis ni mayor de noventa y seis.
No estará sujeto a mínimos.
Estará comprendido entre cinco y cincuenta diputados.
No podrá superar noventa escaños.
De la autoridad judicial dirigida al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Del centro directivo dirigida al Director del establecimiento.
De la autoridad judicial dirigida al Director del establecimiento.
Del Juez de Vigilancia dirigida al Director del establecimiento.
En todo caso, como menos grave.
En todo caso, como leve.
En tal caso, como grave.
Excepcionalmente, como grave.
El acta de comprobación del replanteo será firmada por las partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma ai responsable del contrato.
Una vez cumplido el plazo de garantía, el contratista será responsable de todos los defectos que en la construcción puedan advertirse durante un plazo de dos años.
Para que sean vinculantes para las partes, las instrucciones de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, nunca inferior a tres días.
El servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado, con la que se inicia la ejecución del contrato de obras.
En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la Administración no está obligada a dictar resolución expresa.
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo de resolución, este será de seis meses.
En todo caso, la Administración informará a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.
La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, sin ninguna excepción.
Que la víctima fuere menor de dieciséis años.
Que se haya realizado para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
Que la víctima fuere persona con discapacidad necesitada de especial protección.
Que en la agresión hubiere mediado precio, recompensa o promesa.
Informar sobre cuestiones de carácter técnico que se formulen por el Defensor del Pueblo.
Realizar una labor de investigación criminológica.
Participar en las tareas docentes y de formación de funcionarios.
Completar la labor de los Equipos Técnicos de los Establecimientos en sus tareas específicas.
Los proyectos o proposiciones de ley, con las excepciones previstas en la Constitución.
Los proyectos o proposiciones de ley en materia de reforma constitucional.
Los proyectos o proposiciones de ley sobre cuestiones internacionales.
Los proyectos de ley sobre leyes orgánicas.
Podrá restringirse solo por razones terapéuticas y de orden del Establecimiento.
Únicamente podrá restringirse por razones terapéuticas.
Solo podrá restringirse de forma transitoria por razones de orden y de seguridad del Establecimiento.
No podrá restringirse en ningún caso.
No podrá ser superior a un 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.
En los acuerdos marco y en los sistemas dinámicos de adquisición podrá ser superior a un 3 por 100 del valor estimado del contrato, cuando así lo considere necesario la Administración, por motivos de interés público.
No podrá prestarse en las formas previstas para la prestación de la garantía definitiva que se exige al licitador que hubiera presentado la mejor oferta.
No será exigible en el procedimiento de contratación salvo cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.
Razones de tratamiento apreciadas por la Junta de Tratamiento.
El mutuo acuerdo de las partes.
Razones de disciplina y seguridad penitenciaria.
La contratación con empresas del exterior en el caso de internos clasificados en tercer grado.
Diecisiete años.
Veintiún años.
Dieciocho años.
Dieciséis años.
Con el acuerdo de necesidad de ocupación.
Con el acuerdo de apertura de información pública.
Con la declaración por el Consejo de Ministros de la utilidad pública o el interés social del bien o derecho que se pretende expropiar.
Con la aceptación de la declaración de interés social por el Congreso de los Diputados.
Sentencia.
Auto.
Providencia.
Decreto.
Solo se podrá ejercer dentro de los cuatro años siguientes a la producción del acto administrativo, si el procedimiento se inició a solicitud de los interesados.
No podrá ser ejercida cuando por diferentes circunstancias ese ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.
No se verá afectada por la prescripción de acciones cuando su ejercicio resulte favorable al interés público.
Podrá ser ejercida en cualquier momento, si el procedimiento se hubiera iniciado de oficio.
Designar los internos que hayan de desempeñar las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del centro penitenciario.
Fijar los días en que puedan comunicar los internos y establecer los horarios de comunicaciones especiales y de recepción y recogida de paquetes y encargos, así como de los recuentos ordinarios.
Elaborar las normas de régimen interior del centro penitenciario para su aprobación posterior por el Centro Directivo.
Determinar los puestos auxiliares a la vista de las necesidades del establecimiento conforme a lo que estabiezca el Reglamento Penitenciario.
Lo pondrán en conocimiento inmediato del Jefe de Servicios.
Recabarán el auxilio de las Fuerzas de Seguridad de guardia en el Establecimiento, poniéndolo en inmediato conocimiento del Director del Establecimiento.
Harán uso inmediatamente de los medios coercitivos, poniéndolo en conocimiento del Director del Establecimiento.
Utilizarán inmediatamente los medios coercitivos pertinentes, dando preferencia a los de carácter electrónico.
No se aplicarán a casos distintos de los expresamente comprendidos en ellas.
Se podrán aplicar, motivadamente por el Tribunal, a casos distintos de los expresamente comprendidos en ellas.
Se aplicarán, de establecerse en las leyes ordinarias, a casos distintos de los comprendidos en ellas.
Se aplicarán, excepcionalmente, a casos distintos de los expresamente comprendidos en ellas.
Deberá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que le sean atribuidas.
Será la misma unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos.
Será siempre una persona física, vinculada a la entidad contratante.
Sus facultades no podrán ser ejercidas por el Director Facultativo, en los contratos de obras.
Únicamente las acciones y omisiones dolosas penadas por la ley.
Solo las acciones dolosas penadas por la ley.
Las dolosas, sean por acción o por omisión, y solo las acciones imprudentes penadas por la ley.
Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
Única y exclusivamente por el sueldo y el complemento de destino.
Por el sueldo, el complemento específico y el complemento de destino, excluyendo las gratificaciones.
Por el sueldo, los trienios y complementos específicos y de destino, excluyendo la productividad.
Única y exclusivamente por los trienios y el sueldo.
Trimestral, cuando se trate de programas de parentalidad positiva.
Semestral, cuando se trate de programas de igualdad de trato.
Mensual, cuando se trate de incumplimientos de la obligación impuesta.
Trimestral, cuando se trate de programas de deshabituación al consumo de drogas tóxicas.
A la Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.
A la Subdirección General de Recursos Humanos.
A la Subdirección General de Análisis e Inspección.
A la Subdirección General de Planificación y Gestión Económica.
Al Juez de Vigilancia correspondiente.
Al médico del Establecimiento penitenciario.
A la autoridad judicial de la que dependa el interno.
Al Director del Establecimiento penitenciario.
Que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar.
La necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
La falta de provocación por parte del defensor.
La agresión ilegítima.
Dos días.
Veinticuatro horas.
Tres días.
Siete días.
Puedan suponer el adelantamiento de la libertad condicional a 2/3 partes, por la Junta de Tratamiento o concesión de indulto particular por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Permitan la reducción de la duración de la condena impuesta en sentencia firme o del tiempo efectivo de internamiento.
Puedan suponer la concesión de un indulto particular por el Juez de Vigilancia Penitenciaria a propuesta de la Junta de Tratamiento.
Supongan la obtención de cualquiera de las recompensas que se relacionan en el artículo 263 del citado texto legal.
Se notifique al penado.
Se haya dictado.
Haya quedado firme.
Se comunique al Centro Penitenciario.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.
Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años y un día.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año a ocho años y un día.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de seis meses a seis años.
Se reunirá en sesión ordinaria una vez al trimestre y en sesión extraordinaria cuantas veces lo considere necesario su Presidente.
Es el órgano colegiado encargado de la supervisión de la gestión de personal.
Informará la previsión de necesidades presupuestarias para el siguiente ejercicio.
Aprobará las posibles medidas a adoptar para el traslado de material en los casos excepcionales de internos sin medios económicos.
Aprobar las sanciones de aislamiento en celda por un tiempo superior a 12 días.
Aprobar las propuestas de los modelos de ejecución que se elaboren en los que se combinen aspectos propios de más de un grado siempre que dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otro modo no puede ser ejecutado.
Resolver en base a los estudios de los Equipos de Observación y Tratamiento y, si es el caso de la Central de Observación, los recursos referentes a clasificación inicial, progresión o regresión de grado.
Autorizar los acuerdos que supongan la revocación o reducción de sanciones cuando haya intervenido en su imposición.
La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.
La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.
El abandono de servicio.
No es una pena, pues su naturaleza es de carácter civil.
Menos grave.
Leve.
Grave.
Que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
Iniciados a instancia del interesado o interesados.
De responsabilidad patrimonial de la Administración.
Relativos al derecho de petición del artículo 29 de la Constitución Española.
En la peligrosidad social del sujeto al que se impongan, haya o no cometido un hecho atípico y justificado.
En la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.
En la represión de determinadas situaciones.
En la culpabilidad del sujeto que cometió el delito.
Únicamente es obligatoria para todos los mutualistas, incluyendo a los jubilados.
No es obligatoria para los que se encuentren en la situación de excedencia voluntaria para atender al cuidado de familiares.
Es obligatoria para todos los mutualistas sin excepciones.
Es obligatoria para todos los mutualistas incluidos los que se encuentren en excedencia voluntaria para atender al cuidado de hijos.
El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto.
El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral.
El que conmine a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya un delito.
El que detuviere a otro contra su voluntad, sin estar legalmente autorizado a ello.
La hora y el día de vencimiento del plazo máximo de detención.
El delito imputado.
El lugar donde ha sido detenido.
Los datos identificativos del detenido.
Abuso sexual.
Agresión sexual.
Provocación sexual.
Acoso sexual.
Acudir al fondo de contingencia interterritorial.
La tramitación de una ampliación de crédito.
La tramitación de un crédito extraordinario o suplementario del inicialmente previsto.
La tramitación de una transferencia de crédito.
No podrá ser clasificado, ni por tanto revisada su clasificación.
El interno será trasladado a otro centro más adecuado a sus características.
La clasificación o revisión de grado se realizará mediante observación directa y con la documentación existente en su expediente.
Su clasificación se realizará atendiendo al tipo de delito por el que ha sido condenado y las circunstancias concurrentes en el mismo.
El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.
El que, con ánimo de lucro, utilizare engaño bastante para producir errar en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
El que, con ánimo de lucro, se apoderare de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran.
El que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena.
Adoptada válidamente la decisión de no adjudicar el contrato, se compensará a los candidatos aptos para participar en la licitación o licitadores a través de los trámites del procedimiento de Responsabilidad Patrimonial de la Administración.
Solo podrán adoptarse por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente.
En el caso de contratos basados en un acuerdo marco, la decisión de no adjudicarlos se realizará por el órgano de contratación, siempre a propuesta del organismo destinatario de la prestación.
Podrán acordarse por el órgano responsable del contrato en el mismo momento de la formalización.
La seguridad, el orden y la disciplina del centro.
Las prestaciones personales y la formación.
Las prestaciones personales y el trabajo.
El trabajo y la formación.
El resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
La reparación del daño causado.
La reinserción del condenado.
Evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de prueba.
La pertenencia al órgano de selección no puede ostentarse en representación.
La composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
Formará parte de los órganos de selección el personal eventual.
Su composición tenderá a la paridad entre mujer y hombre.
Con un acto sin el cual no se habría efectuado.
Solo con actos anteriores.
Con actos simultáneos o posteriores.
Con actos anteriores o simultáneos.
El Consejo.
El Parlamento Europeo.
La Comisión Europea.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El enjuiciamiento de los delitos leves.
El enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años.
El enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años.
El enjuiciamiento de los delitos castigados con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza a la de prisión, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años.
Reforma, apelación y queja.
Revisión, súplica y casación.
Casación y suplicación.
Reposición y revisión.
De artículo.
De capítulo.
Que corresponda conforme a su concreta clasificación económica.
De concepto.
El derecho al trabajo.
El derecho a contraer matrimonio.
El derecho de asociación.
El derecho a la propiedad privada.
Por el jefe de la oficina de gestión, antes de que el Subdirector de Régimen extienda la orden de libertad.
Por el Subdirector de Régimen, antes de que el Director extienda la orden de libertad.
Por el funcionario encargado de la oficina de gestión, antes de que el Subdirector de Régimen extienda la orden de libertad.
Por el funcionario encargado de la oficina de gestión, antes de que el Director extienda la orden de libertad.
Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
Los planes de Previsión Social Complementaria.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
Informarán del cumplimiento del plan de ejecución para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad al Juez de Vigilancia Penitenciaria y al órgano jurisdiccional competente.
Comunicarán las incidencias relevantes de la ejecución, ocurridas durante el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, al Juzgado o Tribunal Sentenciador.
Remitirán los testimonios oportunos al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, en los supuestos de incomparecencia no justificada.
Realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.
El Subdirector de ese Centro de Inserción Social.
El Subdirector de Tratamiento o Subdirector Jefe de Equipo de Tratamiento.
El Jefe de Servicios que haya intervenido en las propuestas.
El Director del centro penitenciario.
Cuando el servicio de cafetería sea gestionado por la propia Administración penitenciaria, las prestaciones que deban realizar los internos en servicios auxiliares de dicho servicio, no tendrán, en ningún caso, la naturaleza de relación laboral especial penitenciaria.
Cuando el servicio de cocina sea gestionado por Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, los servicios auxiliares de dicho servicio desempeñados por los internos tendrán la naturaleza de relación laboral especial penitenciaria.
En ningún caso podrán venderse en el economato ningún tipo de productos farmacéuticos.
Cuando el servicio de economato sea gestionado por una empresa externa adjudicataria del servicio, en ningún caso los internos podrán desempeñar servicios auxiliares o mecánicos en el mismo.
En ningún caso.
Si favorecen al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.
Si favorecen al reo y si al entrar en vigor la sentencia no ha alcanzado la firmeza.
Si favorecen al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y si el sujeto no hubiese iniciado el cumplimiento de la condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable será oído el reo.
El balance.
El estado de cambios en la cuenta administrativa.
La cuenta del resultado económico-patrimonial.
El estado de flujos de efectivo.
Dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
El que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.
Directamente se incita a la perpetración de un delito, y resuelven ejecutarlo.
Ante una concurrencia de personas se induce a la comisión de un delito.
El conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad de duración no superior a nueve años.
El conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena de multa cualquiera que sea su cuantía.
La instrucción de las causas.
El conocimiento y fallo de las causas por delitos atribuidos al Tribunal del Jurado.
Los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado en los que exclusivamente se alojen altos cargos de las Administraciones Públicas después del desempeño de sus funciones.
Los derechos de cualquier naturaleza que se deriven de la titularidad de los bienes y derechos patrimoniales de las Administraciones Públicas.
La zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
Los derechos de arrendamiento, los valores y títulos representativos de acciones y participaciones en el capital de sociedades mercantiles de titularidad de las Administraciones Públicas.
El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones.
Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona de cualquier nacionalidad.
Las personas que se encuentren al servicio del Defensor del Pueblo se considerarán como personas al servicio de las Cortes.
El Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere necesarios para el desarrollo de su función, salvo aquellos clasificados con el carácter de secretos.
El Centro Directivo.
El Director del Establecimiento Penitenciario.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
La Junta de Tratamiento.
Clase A.
Clase B.
Clase D.
Clase C.
La Gerencia de la citada Entidad.
La Subsecretaría del Ministerio.
La Subdirección General de Tecnologías de la Información.
La Presidencia de la citada Entidad.
Reclamación previa.
Recurso de alzada.
Recurso extraordinario de revisión.
Recurso potestativo de reposición.
Ejecutar el hecho con violencia o intimidación.
Mantenerse en la vivienda contra la voluntad de su morador.
Entrar en un local abierto al público fuera de las horas de apertura.
Mantenerse en el domicilio de una persona jurídica pública o privada contra la voluntad de su titular.
Quienes ejerciten el derecho de huelga devengarán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación.
La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter sancionador.
La parte de jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que tendrá carácter sancionador.
Quienes ejerciten el derecho de huelga no percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, teniendo la deducción de haberes carácter de sanción.
Reforma.
Queja.
Súplica.
Revisión.
La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo.
La identificación y valoración de los puestos de trabajo.
La adecuada y eficaz adscripción profesional del personal laboral.
Las condiciones del trabajo del personal laboral.
Tráfico de influencias.
Usurpación de funciones públicas.
Prevaricación.
Cohecho.
Los principios de legalidad, estabilidad presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
Los principios de legalidad, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad, transparencia y cobertura presupuestaria.
Los principios de legalidad, estabilidad presupuestaria o corrección del déficit público, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
Los principios de legalidad, voluntariedad, estabilidad presupuestaria o corrección del déficit público, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
Los trabajos en beneficio de la comunidad.
La localización permanente.
La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.
Se debe anteponer la protección individual a la colectiva.
Se debe anteponer la protección colectiva a la individual.
La protección individual y la colectiva deben tener la misma prioridad.
Será el delegado de prevención o en su caso el Comité de Seguridad y Salud Laboral, oído el empresario, quien determine la prioridad.
Utilizar adecuadamente los medios materiales que se pongan a su disposición y las instalaciones del establecimiento.
Participar en las actividades formativas, educativas y laborales definidas en función de sus carencias para la preparación de la vida en libertad.
Acatar las normas de Régimen interior y las órdenes que reciba del personal penitenciario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
Realizar las prestaciones laborales obligatorias impuestas por la Administración penitenciaria para el buen orden y limpieza de los establecimientos.
Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Mayoría absoluta de las Cortes Generales, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Mayoría cualificada de tres quintas partes del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
El Centro Penitenciario.
El Ministerio de Justicia.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
El órgano sentenciador.
El Consejo de Ministros fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos.
La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma subsidiaria.
Obras.
Suministro.
Concesión de servicios o concesión de obras.
Servicios.
Asistir al responsable, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento, a través de medidas técnicas y organizativas apropiadas, siempre que sea posible, para que este pueda cumplir con su obligación de responder a las solicitudes que tengan por objeto el ejercicio de los derechos de los interesados.
Aplicar aquellas medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento.
Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se hayan comprometido a respetar la confidencialidad o estén sujetas a na obligación de confidencialidad de naturaleza estatutaria.
El órgano competente para iniciar e instruir un procedimiento de naturaleza sancionadora podrá ser el mismo, en caso de tramitación simplificada o cuando así lo aconseje el órgano competente para resolver.
El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora se comunicará a los interesados, entendiendo por tales en todo caso a los testigos presenciales del hecho.
El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora se comunicará al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto.
La resolución de los procedimientos de naturaleza sancionadora se comunicará a los interesados, a excepción del denunciante.
Está subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas.
No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.
Quienes se encuentren en esta situación no devengarán retribuciones.
Será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de trienios.
A propuesta de la Junta de Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo.
A propuesta del Director y con la aprobación del Centro Directivo.
A propuesta de la Junta de Tratamiento y con la aprobación de la Autoridad Judicial de la que dependa el interno.
A propuesta del Director y con la aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
En caso de resistencia al desalojo, serán de cuenta del usurpador los gastos derivados de la tramitación del procedimiento de recuperación.
Respecto de los bienes demaniales, la recuperación de la posesión en vía administrativa requiere que el órgano administrativo competente notifique el inicio del procedimiento antes de que haya transcurrido un año de la usurpación.
Si los bienes cuya posesión se trata de recuperar tienen la condición de patrimoniales, la potestad de recuperación podrá ejercitarse en cualquier tiempo.
Una vez comprobado por el órgano administrativo competente el hecho de la usurpación posesoria y la techa en que ésta se inició, se podrá proceder al lanzamiento, sin necesidad de audiencia previa.
La de haber procedido el culpable, con independencia que el procedimiento judicial se dirija contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al dictado y publicación de la sentencia.
La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
La dilación ordinaria en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.
La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
La actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la propia Ley 29/1998 así como en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
Las disposiciones generales de rango inferior o igual a la Ley y los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
Los actos y disposiciones de las Corporaciones de derecho privado, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
Se realizarán en el interior del centro penitenciario, salvo para los internos que estén clasificados en tercer grado de tratamiento.
Se podrán realizar de forma preferente en el exterior de los centros penitenciarios.
Se realizarán tanto dentro como fuera de los establecimientos penitenciarios.
Se realizarán en el exterior de los establecimientos, contando en todo caso con los recursos existentes en la comunidad.
Las personas jurídicas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio, en los contratos sujetos a regulación armonizada, siempre que presenten el informe de reciprocidad de participación de empresas españolas en la contratación con los correspondientes entes del sector público de ese país, en forma sustancialmente análoga.
Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, con arreglo a la legislación del Estado español, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate.
Las personas jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que abran una sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para sus operaciones.
Las personas jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, justificando mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con los correspondientes entes del sector público de ese país, en forma sustancialmente análoga.
Aprobación del gasto, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material.
Aprobación del gasto, reconocimiento de la obligación, compromiso y ordenación del pago.
Aprobación del gasto, reconocimiento del gasto y ordenación del pago.
Aprobación del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago formal.
No podrá exceder de siete años cuando sea firme por sanción disciplinaria.
Determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.
Conllevará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de tres meses.
No podrá exceder de ocho años cuando sea firme por sanción disciplinaria.
Dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.
Será nombrado entre los funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma, pertenecientes a los Subgrupos A1 y A2.
Tendrá nivel de Subdirector General.
Impulsará, supervisará e inspeccionará los servicios no integrados de la Administración General del Estado en su provincia.
La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la intervención Delegada de la Secretaría de Estado de Seguridad.
La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada de la Entidad.
La propia Entidad, dando cuenta a la intervención General de la Administración del Estado.
La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Delegada del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Generaciones de crédito.
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
Ampliaciones de crédito.
Incorporaciones de crédito.
Seis meses.
Un mes.
Tres meses.
Dos meses.
El Centro Directivo, siempre que no se trate de un caso de urgencia.
El Director del Establecimiento Penitenciario en todo caso.
El médico del Establecimiento penitenciario en todo caso.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
La comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería.
La comprobación de que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.
El seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto y verificación del balance de resultados e informe de gestión.
El análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer las recomendaciones en orden a la corrección de aquellas.
El Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de orden.
El Juez Central de Menores cuando la orden se refiera a un menor.
En todo caso el Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
El Juez Central de lo Penal.
El departamento de ingresos y en la biblioteca.
La entrada del establecimiento.
La oficina de gestión penitenciaria.
La escuela.
El Juez de Vigilancia a propuesta del Director del centro penitenciario.
El Jefe de Servicios, por propia iniciativa o a propuesta del funcionario encargado del servicio.
El funcionario encargado del servicio.
El Director del centro penitenciario, a propuesta del Jefe de Servicios.
No aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio por parte de personas físicas o entidades privadas.
Abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal.
Tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos.
Guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente.
El perdón del ofendido extingue la acción penal.
El perdón del ofendido extingue la acción penal si fuere mayor de edad.
El perdón del ofendido no extingue la acción penal ni la responsabilidad penal.
Para proceder por estos delitos no será precisa denuncia de la persona agraviada.
Este procedimiento es especialmente adecuado cuando se trata de servicios intelectuales sin especial complejidad.
Cualquier empresa interesada podrá presentar una proposición de licitación dirigida al órgano de contratación.
En este tipo de procedimiento estará permitida la negociación de los términos del contrato con los solicitantes, en los términos previstos en la propia Ley 9/2017.
En contratos de servicios, en los casos en los que su presentación implique la realización de determinados desarrollos, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán contemplar primas o compensaciones por los gastos en que incurran los licitadores al presentar su oferta.
En 40 kilómetros por hora en vía urbana o en 60 kilómetros por hora en vía interurbana
En 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana
En 50 kilómetros por hora en vía urbana o en 70 kilómetros por hora en vía interurbana
En 30 kilómetros por hora en vía urbana o en 50 kilómetros por hora en vía interurbana
La Junta Económico-Administrativa.
El Equipo multidisciplinar creado al efecto.
La Junta de Tratamiento.
El Consejo de Dirección.
Establecer los principios básicos de la contabilidad analítica de las entidades del sector público estatal que deban aplicar los principios contables públicos.
Aprobar la normativa de desarrollo del Plan General de Contabilidad Pública y los planes parciales o especiales que se elaboren conforme al mismo.
Establecer los principios y criterios generales a los que debe responder el seguimiento de objetivos establecidos en los Presupuestos Generales del Estado en las entidades del sector público estatal.
Determinar el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de consolidación de la Cuenta General del Estado.
Informará del remanente de tesorería de la entidad obtenido a partir de las obligaciones reconocidas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos existentes a 31 de diciembre, debiendo tener en cuenta en su cálculo los posibles recursos afectados a la financiación de gastos concretos y los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación.
Completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales.
Incluirá el balance de resultados y el informe de gestión a los que se refiere el artículo 71 de la Ley General Presupuestaria, en los que se informará del grado de realización de los objetivos, los costes en los que se ha incurrido y las desviaciones físicas y financieras que, en su caso, se hubieran producido.
No tendrá en cuenta en su cálculo los posibles recursos afectados a la financiación de gastos concretos y los derechos pendientes de cobro que se consideren de previsible recaudación.
El artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Capítulo IV del Título III del Reglamento Penitenciario.
El artículo 11 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Capítulo III del Título IV del Reglamento Penitenciario.
El artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y en el Capítulo III del Título 1V del Reglamento Penitenciario.
El artículo 11 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y el en Capítulo IV del Título 11! del Reglamento Penitenciario.
101.
100.
99.
102.
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