Examen oficial de Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

OEP 2024

Fecha del examen 2025-02-16

1. Según el artículo 234 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se impondrá la pena de multa al reo de hurto cuando:

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Concurra alguna de las circunstancias del artículo 235 CP

La cuantía de lo sustraído no supere los 400 euros

La cuantía de lo sustraído supere los 400 euros

El culpable hubiese sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en el Título XIII, aunque sean de carácter leve, siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros.

2. Los contratos del sector público, basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan, según lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

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Con su adjudicación

Con su formalización

De conformidad con la legislación por la que se rijan

Con la notificación de su formalización a las partes contratantes

3. El artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Administraciones Públicas, fijados por el Gobierno, estarán expresados:

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En términos nominales del Producto Interior Bruto nacional real

En términos porcentuales del Producto Interior Bruto nacional nominal

En términos porcentuales del Producto Interior Bruto nacional real

En términos nominales del Producto Interior Bruto nacional nominal

4. Conforme al artículo 94 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, en los módulos o centros cerrados el número de internos que, de forma conjunta, podrán realizar actividades en grupo, será establecido por:

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La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, con un mínimo de cinco internos.

La Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, con un máximo de cinco internos.

El Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un mínimo de cinco internos.

El Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un máximo de cinco internos.

5. Según el artículo 80.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, los jueces o tribunales mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas:

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Las privativas de libertad cuando la pena o la suma de las penas impuestas no sea superior a dos años, concurriendo las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 80

Las de cualquier naturaleza

Las privativas de libertad cuando la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, imperativamente

Las privativas de libertad cuando la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin que sea necesaria ninguna otra condición

6. La oferta de empleo público definida por el artículo 108 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, deberá incluir:

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Un porcentaje inferior al treinta por ciento de plazas de acceso libre para promoción interna

Un porcentaje inferior al veinte por ciento de plazas de acceso libre para promoción interna

Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso

Las necesidades de recursos humanos, sin asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso.

7. De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Española de 1978, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

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Decretos-Ley

Reglamentos

Decretos legislativos

Leyes de bases

8. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, según la fase temporal de la política pública en la que se realice, la evaluación será:

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Intermedia, durante la implementación de la política pública objeto de evaluación

Ex post, con posterioridad a la finalización de la ejecución

Ex ante, cuando la política pública se encuentre en la fase de planificación, formulación o diseño

Predictiva, cuando la política pública se encuentre en la fase de consulta

9. La prevención especial como fin de la pena significa:

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Que la pena debe fijarse en proporción a la gravedad del delito cometido

Que la pena ha de tender a la resocialización del penado y a evitar la reincidencia

Que la pena debe disuadir a la colectividad de la comisión de hechos delictivos

Que la pena debe ejecutarse atendiendo a las circunstancias que concurran en el penado según el sistema de individualización científica

10. NO es competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria:

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Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena

Acordar la revocación de libertad condicional de los penados que proceda

Aprobar la liquidación de condena

Aprobar las sanciones de aislamiento en celda de duración superior a catorce días

11. La ciudadanía europea se establece oficialmente en el Tratado de:

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Niza

Maastricht

Roma

Lisboa

12. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán adquirir bienes y derechos por los siguientes medios:

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A título oneroso, exclusivamente mediante el ejercicio de la potestad de expropiación.

Por herencia, legado o donación.

Por prescripción.

Por ocupación

13. El artículo 16 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, que aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, señala que los funcionarios sancionados con traslado con cambio de residencia, no podrán obtener nuevo destino por ningún procedimiento en la localidad desde la que fueron trasladados:

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Durante dos años, independientemente de la gravedad de la falta.

Durante dos años, cuando hubiere sido impuesta por falta muy grave, y uno cuando hubiere correspondido a la comisión de una falta grave.

Durante tres años, cuando hubiere sido impuesta por falta muy grave, y uno cuando hubiere correspondido a la comisión de una falta grave.

Durante tres años, cuando hubiere sido impuesta por falta muy grave, y dos cuando hubiere correspondido a la comisión de una falta grave.

14. Conforme al artículo 41 del Rea Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, los internos tienen derecho a comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con los representantes acreditados de organismos e instituciones de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de:

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Instrucción del Centro Directivo

Orden emitida por el Director del Centro

Incomunicación judicial

Recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal

15. El Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en su versión actual, se esctructura:

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En un Título Preliminar y cuatro libros

En un Título Preliminar y tres libros, el último de los cuales se titula "Faltas y sus penas"

En un Título Preliminar y dos libros, al haber suprimido la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, el Libro III "Faltas y sus penas"

En un Título Preliminar y dos libros, el último de los cuales fue introducido en la reforma operada por la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, y se titula "medidas de seguridad"

16. NO es un delito competencia del Tribunal del Jurado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo:

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El cohecho (arts. 419-426 del Código Penal)

La omisión del deber de socorro (arts. 195 y 196 del Código Penal)

El allanamiento de morada (arts. 202 y 204 del Código Penal)

La omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución (art. 450)

17. Según el artículo 16 del Tratado de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está integrado por:

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El Tribunal de Justicia, El Tribunal General y los tribunales locales

El Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal General

El Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los tribunales especializados

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia y los tribunales administrativos

18. De conformidad con el artículo 99 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el Juez o Tribunal ordenará:

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El cumplimiento de la medida, que no se abonará para el de la pena

El cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena

El cumplimiento de la pena antes que el de la medida

La inmediata extinción de la pena y la imposición de una libertad vigilada, en todo caso, por un plazo no superior a la duración de la pena impuesta

19. Según el artículo 97 de la Constitución Española de 1978, la potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las Leyes, será ejercida por:

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Las Cortes Generales

El Gobierno

La Administración

Las Comunidades Autónomas

20. El artículo 14 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas:

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Podrá gozar de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto solo cuando así lo determine el Consejo de Ministros.

Gozará de prioridad absoluta solo frente a gastos fijos no financieros

Podrá gozar de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto solo cuando así lo determine el Ministerio de Hacienda

Gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto

21. El artículo 283 del Real Decreto 190/1996, de 6 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, establece que el Jefe de Servicios, para mantener el orden y el buen funcionamiento de los servicios, adoptará:

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Provisionalmente las medidas indispensables, dando cuenta de ellas al Director.

Las medidas definitivas indispensables, una vez puesto en conocimiento del Juez de Vigilancia penitenciaria

Las medidas definitivas que considere oportunas, dando cuenta de ellas en la siguiente sesión a la Junta de Tratamiento

De inmediato, las medidas indispensables que considere oportunas, sin necesidad de dar cuenta a los mandos del centro.

22. De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución Española de 1978, corresponde al Rey:

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Dirigir la acción del gobierno

Ejercer la potestad legislativa del Estado

Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución

Garantizar el cumplimiento de los Tratados Internacionales

23. Según el artículo 32.1 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, el Jurado Provincial de expropiación se constituirá:

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En cada Comunidad Autónoma y será presidido por el Juez del lugar donde se encuentre el bien o derecho a expropiar

En cada capital de provincia y será presidido por el Juez del lugar donde se encuentre el bien o derecho a expropiar

En cada capital de provincia y será presidido por el Magistrado que designe el Presidente de la Audiencia correspondiente

En cada Comunidad Autónoma y será presidido por el Magistrado que designe la Audiencia correspondiente

24. El artículo 63 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o en su caso, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas, en materia de seguridad exterior de los centros, recibirán indicaciones del:

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Delegado del Gobierno

Director del Centro

Consejo de Dirección

Subdelegado del Gobierno

25. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 28, establece que los escenarios presupuestarios plurianuales determinarán los límites que debe respetar la acción del gobierno, en los casos en que sus decisiones tengan incidencia presupuestaria. Dichos límites estarán referidos a:

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Los tres ejercicios siguientes

Los cinco ejercicios siguientes

Los cuatro ejercicios siguientes

El número de ejercicios siguientes que determine el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda

26. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA, relativa al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:

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En ningún caso podrá utilizarse para financiar modificaciones de crédito destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de la Administración, que carezcan de cobertura presupuestaria.

El Gobierno remitirá a las Cortes Generales, a través de su Oficina Presupuestaria, un informe trimestral sobre la utilización del Fondo.

Su importe será del tres por ciento del total de gastos para operaciones financieras, excluidos los destinados a financiar a las comunidades autónomas y entidades locales en aplicación de sus respectivos sistemas de financiación.

Su aplicación se aprobará mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

27. Conforme al artículo 153 de la Constitución Española de 1978, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas en relación con la administración autónoma y sus normas reglamentarias, corresponderá:

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Al Tribunal de Cuentas

A la jurisdicción contencioso-administrativa

Al Tribunal Constitucional

Al Senado con la aprobación por mayoría absoluta, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma

28. De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, que desarrolla el régimen de control interno ejercicio por la Intervención General de la Administración del Estado, las discrepancias de los órganos gestores de la Administración, cuando no aceptan un repaso formulado por la Intervención, deben plantearse en un plazo de:

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Veinte días, no siendo necesario que sean motivadas.

Veinte días, siendo necesario que sean motivadas, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.

Quince días, no siendo necesario que sean motivadas.

Quince días, siendo necesario que sean motivadas, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.

29. La soberanía nacional reside, de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución Española de 1978

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En el Rey, como Jefe del Estado y símbolo de la indisoluble unidad de la Nacional española

En la monarquía parlamentaria, como forma política del Estado español

En el pueblo español

En el pluralismo político

30. Según el artículo 4 del Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se definen "datos personales" como:

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Toda información sobre una persona jurídica, con independencia de que pueda ser identificada o identificable.

Toda información sobre una persona física cuya identidad no pueda determinarse directa o indirectamente

Toda información sobre una persona física identificada o identificable

Toda información sobre una persona jurídica identificada o identificable

31. De acuerdo con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2917, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la formalización de los contratos públicos se realizará:

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En documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de la licitación

En escritura pública, a solicitud de la Administración contratante, corriendo a cargo del contratista los correspondientes gastos

Obligatoriamente y mediante escritura pública, en los contratos basados en un acuerdo marco

En documento administrativo, que deberá elevarse a escritura pública para acceder a cualquier registro.

32. De acuerdo con el artículo 277 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, otorgar las recompensas previstas en el Reglamento Penitenciario, determinando, en su caso, su cuantía y ordenar la anotación de su concesión en el expediente personal del interno recompensado, en una función de:

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La Comisión Disciplinaria

El Equipo Técnico

La Junta de Tratamiento

La Junta Económico-Administrativa

33. El artículo 107 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las entidades público empresariales de ámbito estatal se financiarán mayoritariamente con ingresos de mercado, a excepción de aquellas que tengan la condición o reúnan los requisitos para ser declaradas medio propio personificado, de conformidad con:

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La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas

La Ley de Contratos del Sector Público

El Acuerdo del Consejo de Ministros que así lo declare

La Ley General Presupuestaria

34. Según el Real Decreto 474/2021, de 29 de junio, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco, sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, continuarán en el ámbito de la Administración General del Estado las siguientes funciones:

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La gestión de las prestaciones en el ámbito penitenciario de la educación, la acción social, el trabajo penitenciario, la formación ocupaciones y la inserción sociolaboral.

La inspección de los servicios, organismos y centros de la Administración Penitenciaria.

La legislación y el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia penitenciaria, el establecimiento de los criterios de coordinación necesarios para el mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria.

La ejecución, gestión, coordinación y seguimiento del cumplimiento de las penas y medidas de seguridad en régimen abierto, libertad condicional y programas específicos de tratamiento.

35. De conformidad con el artículo 200 del Real Decreto 190/1996, de 6 de febrero, del Reglamento Penitenciario, los liberados condicionales, para su adecuado seguimiento y control, se adscribirán:

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Al Centro Penitenciario o al Centro de Inserción Social que elevó el expediente de libertad condicional

Al Centro Penitenciario o al Centro de Inserción Social más próximo al domicilio en que vayan a residir

A los servicios sociales del Centro penitenciario que la Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas designe, en atención a su domicilio familiar

Al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que haya aprobado su libertad condicional

36. Las Decisiones de la Unión, de acuerdo con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:

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Son obligatorias en todos sus elementos para sus destinatarios, que pueden ser tanto los Estados miembros como personas físicas o jurídicas

No son obligatorias en todos sus elementos para sus destinatarios, si no que dependerá de la materia que traten

No son obligatorias en todos sus elementos para sus destinatarios, que pueden ser tanto los Estados miembros como personas físicas o jurídicas

Cuando están destinadas a un Estado miembro, los particulares siempre podrán hacer valer los derechos conferidos por las mismas ante ese Estado, aunque no haya sido transpuesta.

37. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, estará compuesto por los siguientes órganos:

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La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión

La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y un representante del Tribunal de Cuentas

El Presidente, un Diputado y un Senador

Un Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representantes de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

38. Según el artículo 47 bis del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la prestación del servicio mediante teletrabajo:

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Es un derecho que puede ejercitarse en cualquier momento

Habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial

Tiene carácter obligatorio y tiene su base en políticas de conciliación, ahorro energético, entre otras

Se realizará en los términos de las normas que dicte cada titular de la Subsecretaría del departamento, no siendo objeto de negociación colectiva

39. En relación con la criminalidad violenta, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha implantado actuaciones específicas con el diseño de programas concretos de intervención para el abordaje terapéutico de quienes han sido condenados por delitos violentos como:

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PAIEM

PEAFA

PIDECO

PICOVI

40. El artículo 29 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado, autoriza la creación de:

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El Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas

La Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas

El Organismo autónomo de Evaluación de Políticas Públicas

La Agencia Estatal de coordinación de políticas públicas

41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 641 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procederá el sobreseimiento provisional:

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Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y haya motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como cómplices o encubridores, pero no como autores.

Cuando no existan indicios racionales de haberse perpetrado el hecho que hubiere dado lugar a la formación de la causa.

Cuando aparezcan exentos de responsabilidad criminal los procesados como autores, cómplices o encubridores.

Cuando no resulte debidamente justificada la perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa.

42. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público regula, en su artículo 54, la movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas y señala que podrá aprobar los criterios generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer posible la movilidad:

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El Consejo de Ministros

La Conferencia Sectorial de Administración Pública

La persona titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática

La persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

43. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Española de 1978, el Congreso se compone:

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De un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados

De un mínimo de 200 y un máximo de 300 diputados

De un mínimo de 350 y un máximo de 450 diputados

De un mínimo de 300 y un máximo de 450 diputados

44. Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, puede ser declarados en situación de servicios especiales:

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El personal laboral de la Administración, cuando sea designado miembro del Gobierno

Los funcionarios de carrera, cuando sean designados miembros del Gobierno

El personal eventual de la Administración que acceda a la condición de Diputado o Senados de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función

El personal eventual de la Administración que acceda a la condición de Diputado o Senados de las Cortes Generales o miembros de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no perciban retribuciones periódicas por la realización de la función

45. Las aportaciones históricas, desde el campo penitencario, en el origen y desarrollo de la criminología se pueden connectar con estudios como los de:

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John Howard y Jeremy Bentham

Raffaele Garofalo

John Stuart Mill

Ernst Kretschmer

46. Cuál de los siguientes tipos de centros NO son establecimientos penitenciarios especiales, de acuerdo con lo recogido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria:

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Centros hospitalarios

Centros psiquiátricos

Centros de rehabilitación social

Unidades dependientes

47. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Española de 1978, corresponde al Tribunal de Cuentas ejercer el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, relativo a:

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La constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley

Las funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la propia Constitución

El desarrollo de la administración autónoma y sus normas reglamentarias

Lo económico y presupuestario

48. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA. En relación con la evaluación del desempeño, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

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Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación

La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación de desempeño de acuerdo con los sistemas que cada Administración Pública determine.

Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la carrera profesional horizontal.

Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño se determinarán por los titulares de las Subsecretarios de los departamentos ministeriales, no siendo las mismas objeto de negociación.

49. Según el artículo 432.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la malversación realizada por autoridad o funcionario público, será castigada:

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Con pena de multa

Con pena de prisión e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo

Con pena de trabajos en beneficio de la comunidad

Con pena de inhabilitación absoluta

50. El mandato de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea tendrá, según el artículo 286 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una duración de:

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Dos años y medio, no renovables

Tres años, renovables

Dos años y medio, renovables

Seis años, renovables

51. El artículo 19 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, recoge las actividades que quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades establecido en dicha Ley, entre las que se encuentra

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La pertenencia a Consejos de Administración u órgano rectores de empresas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente realcionada con las que gestione el departamento en el que preste sus servicios del afectado

La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones distintas de las que habitualmente les corresponde en la forma reglamentariamente establecida

El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de las Juntas rectoras de mutualidades o Patronatos de funcionarios, siempre que sea retribuido

La participación superior al 10 por 100 en el capital de empresas concesionarias o contratistas de obras

52. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad del acto administrativo no podrá adoptarse desde que se dictó, una vez transcurridos:

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Dos años

Tres años

Cuatro años

No se exige plazo para la adopción de la declaración de lesividad

53. El nombramiento del personal directivo público, según lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto-Ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, tendrá una duración máxima de:

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Cinco años, que podrá ser renovable por períodos idénticos, siempre que la persona designada mantenga los requisitos para el nombramiento y no obtenga evaluaciones negativas en el desempeño de su función.

Cinco años, que podrá ser renovable por períodos idénticos, siempre que la persona designada mantenga los requisitos para el nombramiento o no obtenga evaluaciones negativas en el desempeño de su función.

Tres años, que podrá ser renovable por períodos idénticos, siempre que la persona designada mantenga los requisitos para el nombramiento o no obtenga evaluaciones negativas en el desempeño de su función.

Tres años, que podrá ser renovable por períodos idénticos, siempre que la persona designada mantenga los requisitos para el nombramiento y no obtenga evaluaciones negativas en el desempeño de su función.

54. Aplicando las reglas previstas en el artículo 70 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la pena superior en grado a la pena de prisión de 2 a 5 años tendrá la siguiente duración:

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De 5 años a 10 años de prisión

De 5 años y 1 día a 10 años de prisión

De 5 años y 1 día a 7 años, 5 meses y 29 días de prisión

De 5 años y 1 día a 7 años y 6 meses de prisión

55. Excepcionalmente, según el artículo 39 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos cuando:

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Afecten a derechos subjetivos de los destinatarios

Puedan causar perjuicios de difícil o imposible reparación

Se trate de actos dictados por el Consejo de Ministros

Se dicten en sustitución de actos anulados

56. Según el artículo 53 de la Constitución Española de 1978, cualquier ciudadano podrá recabar ante el Tribunal Constitucional la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo de la Constitución Española, mediante:

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Recurso de inconstitucionalidad

Recurso de amparo

Recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales

Recurso extraordinario de revisión, recurso de inconstitucionalidad y recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales

57. Los actos del Rey serán refrendados, de acuerdo con el artículo 64 de la Constitución Española de 1978:

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Por la mayoría del Congreso y del Senado

Por la mayoría del Congreso

Por el Presidente del Congreso y por el Presidente del Senado

Por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes

58. Según el artículo 49 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, los trabajos en beneficio de la comunidad:

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Podrán ser retribuidos

Podrán supeditarse al logro de intereses económicos

Exigen el consentimiento del penado

En caso de ausencia justificada, esta se computará en la liquidación de la condena

59. El artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán:

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Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente

Por la formulación de denuncia a instancia de parte

Por la formulación de denuncia por parte de quien haya participado en los hechos denunciados

De oficio o a instancia de parte indistintamente

60. Según lo dispuesto en el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexto en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, aprobado por el Real Decreto 247/2024, de 8 de marzo, se establece, para la garantía de la confidencialidad y el respeto a la intimidad, que:

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La persona o personas responsables de la iniciación y tramitación del protocolo asignarán unos códigos numéricos identificativos tanto a la persona presuntamente acosada, como a la persona o personas sobre la que existen evidencias de haber cometido acoso

A las personas que intervengan en las actuaciones previstas en el protocolo se les exigirá la firma de un acuerdo de confidencialidad con una duración mínima de dos años desde la finalización de las actuaciones

La persona o personas responsables de su iniciación y tramitación asignarán unos códigos numéricos identificativos para preservar la identidad exclusivamente a la persona presuntamente acosada

La persona o personas responsables de su iniciación y tramitación asignarán unos códigos numéricos identificativos para preservar la identidad exclusivamente de la o las personas sobre las que existen evidencias de haber cometido acoso.

61. El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, tipifica en su artículo 95 la siguiente infracción grave:

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El incumplimiento por parte de las personas obligadas de las normas legales sobre accesibilidad que impida o dificulte gravemente el ejercicio de derechos fundamentales por parte de las personas con discapacidad.

La imposición abusiva de cualquier forma de renuncia total o parcial a los derechos de las personas por motivo de o por razón de su discapacidad, basada en una posición de ventaja.

Conculcar deliberadamente la dignidad de las personas con discapacidad imponiendo condiciones o cargas humillantes para el acceso a los bienes, productos y servicios a disposición del público.

Generar deliberadamente situaciones de riesgo o grave daño para la integridad física o psíquica o la salud de las personas con discapacidad

62. El incumplimiento reiterado de las obligaciones de publicidad activa reguladas en el Capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, tendrá la consideración de:

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Infracción muy grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente norma reguladora.

Infracción leve.

Advertencia y recomendación por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para el mejor cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta Ley.

Infracción grave a los efectos de aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.

63. Dentro de los principios inspiradores del tratamiento, el artículo 62 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, NO incluye el siguiente:

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Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales, en relación a al personalidad del interno.

En general, será complejo, exigiendo la integración de varios de los métodos médico-biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales en una dirección de conjunto y en el marco del régimen adecuado.

Será programado, fijándose el plan general que deberá seguirse en su ejecución, la intensidad mayor o menor en la aplicación de cada método de tratamiento y la distribución de los quehaceres concretos integrantes del mismo entre los diversos especialistas y educadores.

Será de carácter discontinuo y estático, independientemente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la condena.

64. De acuerdo con el artículo 93 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, la Administración:

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Podrá desistir, en cualquier momento sin motivación.

Podrá desistir, motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes.

No podrá desistir una vez iniciado el procedimiento.

No podrá desistir, por el principio de seguridad jurídica.

65. Según dispone el artículo 16 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, e n los casos de ingresos voluntarios, el Director del centro recabará del Juez o Tribunal, el correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el testimonio de sentencia y liquidación de condena, dentro del límite máximo de:

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Las treinta y seis horas siguientes al ingreso

Las veinticuatro horas siguientes al ingreso

Las cuarenta y ocho horas siguientes al ingreso

Las setenta y dos horas siguientes al ingreso

66. El Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, define en su artículo 4 el consentimiento del interesado como:

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Toda manifestación de voluntad tácita por la que el interesado acepta el tratamiento de los datos personales en un procedimiento administrativo.

Toda manifestación de voluntad, libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta el tratamiento de datos personales que le conciernen.

Toda manifestación de voluntad en documento firmado por el solicitante, que se acompaña al formulario web, para el inicio de un procedimiento administrativo en el que declara que, bajo su responsabilidad, cumple con todos los requisitos exigidos en el procedimiento.

Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado de una solicitud, en el marco del procedimiento administrativo, declara que sus datos no están sujetos a confidencialidad.

67. Según el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las cuantías de las retribuciones básica de los funcionarios de carrera, estarán integradas, al menos, por:

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Cuantías asociadas a la progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera administrativa

Cuantías asociadas a la especial dificultad técnica exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo

Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada subgrupo o grupo de clasificación profesional

La cuantía determinada por la evaluación del grado de interés, iniciativa o esfuerzo con el que el funcionario desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos

68. Según lo establecido en el artículo 168 de la Constitución Española de 1978, la revisión parcial de texto constitucional que afecte a la Sección primera del Título I requerirá para su aprobación, antes de la disolución inmediata de las Cortes, de mayoría:

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De dos tercios de cada Cámara

De tres quintos de cada Cámara

Absoluta de cada Cámara

De tres quintos del Congreso y mayoría absoluta del Senado

69. Señala el artículo 24 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, que con una antelación mínima de dos meses al cumplimiento de la condena, el Director del establecimiento formulará al Tribunal sentenciador una propuesta de libertad definitiva para el día en que el penado deje previsiblemente extinguida su condena, con arreglo a la liquidación practicada en la sentencia y, de no recibir respuesta, ¿en qué plazo la reiterará?

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Diez días antes de la fecha propuesta

Una semana antes de la fecha propuesta

Quince días antes de la fecha propuesta

Veinticuatro horas antes de la fecha propuesta

70. De conformidad con el artículo 35 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, la competencia para ejecutar en España una orden europea de detención y entrega corresponde a:

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El Juez Central de lo Penal

El Juez Central de Vigilancia Penitenciaria

El Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes

El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional

71. En nuestro país la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave (2019-2023) señala que es obligatoria la coordinación entre todas las administraciones con responsabilidad en materia de seguridad, así como el auxilio a jueces y fiscales, para mejorar las formas de colaboración y de intercambio de información e inteligencia relacionada con la delincuencia grave y el crimen organizado, correspondiendo el acuerdo de aprobación de dicha Estrategia a:

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El Consejo General del Poder Judicial

El Consejo de Seguridad Nacional

La Fiscalía General del Estado

El Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad

72. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, éste podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de:

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Todos los actos que quebranten los derechos fundamentales de los ciudadanos, aunque estén pendientes de resolución judicial.

La actividad de las Administraciones Públicas, de los servicios públicos y de las empresas privadas, cuando vulneren un interés legítimo de los ciudadanos.

Los actos procedentes de cualquier poder público o de cualquier ciudadano que afecten a los derechos y libertades públicas

Los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos.

73. De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Española de 1978, se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución:

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Mediante ley orgánica

Mediante ley ordinaria

Mediante ley ordinaria con la aprobación del Consejo de Estado

Mediante decreto-ley

74. El artículo 19 bis del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que establece la cotización adicional de solidaridad, introducido por Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones, ha entrado en vigor:

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1 de abril de 2024

1 de enero de 2025

1 de octubre de 2023

1 de enero de 2024

75. La Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, modificó la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Peniteniciaria, para:

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Crear un local habilitado para guardería infantil y educación preescolar con el fin de que las internas puedan tener en su compañía a los hijos que no hayan alcanzado la edad de escolaridad obligatoria

Introducir otro requisito para optar al tercer grado: la satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito, restituyendo lo sustraído, reparando el daño e indemnizando los perjuicios causados, además de garantizar, en su caso, su futura satisfacción.

Crear el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, para el control de las penas impuestas por delitos conocidos por la Audiencia Nacional.

Reconocer el carácter de Agentes de la Autoridad a los funcionarios de los cuerpos penitenciarios cuando actúen en ejercicio de sus funciones.

76. Cuál de los siguientes deberes de los internos NO está contemplado en el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria:

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Permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad que hubiere decretado su internamiento

Acatar las normas de régimen interior, reguladoras de la vida del establecimiento, cumpliendo las sanciones disciplinarias que le sean impuestas en caso de infracción de aquéllas

Mantener una normal actitud de respeto y consideración con los funcionarios de Instituciones Penitenciarias y autoridades judiciales o de otro orden, tanto dentro de los establecimientos penitenciarios como fuera de ellos con ocasión de traslado, conducciones o prácticas de diligencias.

Deber de trabajar, como parte del tratamiento penitenciario y medio idóneo para alcanzar el proceso de resocialización.

77. En caso de indemnización por responsabilidad patrimonial, la cuantía de la misma se calculará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con referencia:

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Al día en que al lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, con arreglo al Índice de Precios al Consumo, más lo intereses de demora.

Al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, con arreglo al Indice de Garantía de Competitividad, más los intereses de demora.

Al día en que al lesión efectivamente se produjo, añadiendo únicamente los intereses de demora, los cuales se exigirán con arreglo a la Ley 47/12003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Únicamente a lo solicitado por el interesado en su escrito de solicitud de responsabilidad patrimonial, salvo que el interesado inste la actualización con arreglo al Índice de Precios al Consumo.

78. Conforme al artículo 153 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, en los establecimientos penitenciarios podrán existir talleres ocupacionales donde trabajen los reclusos, de acuerdo con los programas que se establezcan por:

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La Administración Penitenciaria competente o por la Junta de Tratamiento del centro

Los Centros de Educación de Personas Adultas

El Consejo de Dirección

Los Equipos técnicos

79. De acuerdo con el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra un acto administrativo firme en el que se hubiera incurrido al dictarlo en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, ¿se podrá interponer recurso extraordinario de revisión?

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Sí, en el plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.

Sí, en el plazo máximo de tres meses siguientes a la fecha de conocimiento de los documentos.

Sí, en el plazo máximo de tres meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada.

No, en ese caso no se podrá interponer este tipo de recurso.

80. Conforme al artículo 80 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, las instalaciones residenciales situadas fuera de los recintos penitenciarios e incorporadas funcionalmente a la Administración Penitenciaria, mediante la colaboración de las entidades públicas o privadas, para facilitar el logro de objetivos específicos de tratamiento penitenciario de internos clasificados en tercer grado, reciben la denominación de:

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Centros de Inserción Social

Unidades Polivalentes

Unidades Dependientes

Secciones Abiertas

81. Según dispone el artículo 83 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el control del cumplimiento de los deberes a que se refieren las reglas 6º, 7º y 8º del apartado 1 del mismo artículo, corresponderá a:

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Los servicios sociales autonómicos

Los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria

El Juez o Tribunal de ejecución

El Juez de Vigilancia Penitenciaria

82. Por la comisión de una falta grave se podrá imponer, como dispone el artículo 233 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, la sanción de:

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Privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta tres días de duracion

Aislamiento en celda de seis a diez días de duración

Privación de paseos y actos recreativos comunes desde tres días hasta un mes como máximo

Privación de paseos y actos recreativos comunes desde dos días hasta dos meses como máximo

83. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 243 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, cuando la sanción que recayese, en su caso, coincida en naturaleza con la medida cautelar impuesta:

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Será abonable para el cumplimiento de la sanción

No será abonable para el cumplimiento de la sanción

No será abonable, salvo que así se acuerde por decisión motivada de la Comisión Disciplinaria, de oficio o a propuesta de la Junta de Tratamiento

No será abonable, salvo que sea autorizado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, si no intervino en la imposición de la sanción

84. Las sanciones impuestas y sus plazos de cancelación, como señala el art. 256 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, podrán reducirse:

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Por decisión motivada de la Junta de Tratamiento, de oficio o a propuesta de la Comisión Disciplinaria

En atención a los fines de retención y custodia

Por decisión motivada de la Comisión Disciplinaria

Por resolución del Juez de Vigilancia Penitenciaria, haya o no intervenido en su imposición

85. En relación a la libertad condicional de septuagenarios, regulada en el artículo 196 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, NO será necesario que el expediente de libertad condicional contenga el documento siguiente:

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Informe pronóstico de integración social

Manifestación del interesado sobre si acepta la tutela y control de un miembro de los servicios sociales del Centro.

Manifestación del interesado sobre el medio de vida de que dispondrá al salir en libertad.

Programa individual de libertad condicional y plan de seguimiento

86. De conformidad con los dispuesto en el artículo 801 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la ley de Enjuiciamiento Criminal, el acusado podrá prestar su conformidad ante el juzgado de guardia y dictarse sentencia de conformidad, si los hechos objeto de acusación han sido calificados como delito castigado con pena que no exceda de:

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Cuatro años de prisión

Cinco años de prisión

Tres años de prisión

Seis años de prisión

87. Según el artículo 147.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, las lesiones que objetivamente requieran para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, serán penadas con:

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Multa de uno a tres meses

Multa de cuatro a veinticuatro meses o de prisión de tres meses a cuatro años

Multa de cuatro a veinticuatro meses y de prisión de tres meses a cuatro años

Multa de seis a doce meses o de prisión de tres meses a tres años

88. Designar los internos que hayan de desempeñar las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del Establecimiento, de acuerdo con el artículo 273 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, es una función de:

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El Equipo Técnico

El Consejo de Dirección

La Junta de Tratamiento

El Jefe de Servicio encargado de la coordinación de los servicios del área de vigilancia que tenga atribuido

89. El artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que contra las disposiciones administrativas de carácter general:

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Cabrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes desde que se dictó la disposición.

Cabrá interponer recurso de alzada o, en su caso, recurso extraordinario de revisión.

Cabrá interponer recurso de reposición, o en su caso, recurso extraordinario de revisión.

No cabrá recurso en vía administrativa

90. En el ordenamiento jurídico español, la aplicación analógica de las leyes penales:

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Está permitida porque así lo dispone el artículo 4 del Código Civil con carácter general para todas las normas, incluidas las penales.

Está permitida de conformidad con el artículo 4 del Código Penal, pero sólo para el caso de preceptos que favorezcan al reo.

No está permitida porque contraviene el principio de legalidad, indicando el artículo 4 del Código Penal que las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.

No existe ningún precepto en el Código Penal o Civil que prohíba la aplicación analógica de las leyes penales.

91. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 793 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la sentencia dictada en ausencia puede ser recurrida en anulación por el condenado, con los mismos requisitos y efectos que:

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El recurso de apelación

El recurso de casación

El recurso de revisión

El recurso de queja

92. Según el artículo 20 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para que la legítima defensa exima de responsabilidad criminal, se requiere:

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Una agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del defensor

Una agresión ilegítima y falta de provocación suficiente por parte del defensor, aunque no sea racionalmente necesario el medio empleado para impedirla o repelarla

Una agresión, sea o no, ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del defensor

Una agresión, aunque haya existido provocación suficiente por parte del defensor, y necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla

93. De conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal:

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No excluye la responsabilidad criminal, pero permite atenuarla a criterio judicial

No excluye la responsabilidad criminal, pero la infracción será castigada, en su caso, como imprudente

No excluye la responsabilidad criminal, pero la infracción será castigada, con la pena inferior en uno o dos grados

Excluye la responsabilidad criminal

94. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, es una circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal:

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La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral

La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, inmediatamente después de la celebración del juicio oral

La de haber procedido el culpable, después de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades

Obrar con abuso de confianza

95. En el proceso penal, el Ministerio Fiscal ejercita la acción civil junto a la penal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

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Haya o no acusador particular en el prcoeso, siempre que el ofendido no renuncie expresamente a su derecho de restitución, reparación o indemnización

Sólo cuando no haya acusador particular en el proceso

Sólo cuando haya una multitud de perjudicados

El Ministerio Fiscal nunca ejercita la acción civil junto a la penal, correspondiente el ejercicio de la acción civil exclusivamente al acusador particular

96. Según el artículo 126.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, los pagos que se efectúen por el penado o el responsable civil subsidiario se imputarán en primer lugar:

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A la multa

A la reparación del daño causado e indemnización de los perjuicios

A las costas del acusador particular o privado cuando se impusiere en la sentencia su pago

A la indemnización al Estado por los gastos que se hubieran hecho por su cuenta en la causa

97. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los errores materiales manifiestos y los errores aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribunales:

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Podrán ser rectificados en cualquier momento

Podrán ser rectificados en el plazo de tres días

No podrán ser rectificados, sin perjuicio del recurso que quepa contra la resolución correspondiente

Sólo podrán ser rectificados si lo solicita el Ministerio Fiscal en el plazo de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.

98. SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA. El Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado, en su artículo 8 señala que, como norma general, causan baja como mutualistas obligatorios:

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Los funcionarios que pasen a la situación de excedencia voluntaria, en cualquiera de sus modalidades

Los funcionarios que pierdan tal condición, exclusivamente cuando venga determinada por una condena penal

Los funcionarios que sean afiliados obligatoriamente al Régimen especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas

Los funcionarios que pierdan tan condición cualquiera que sea la causa

99. De acuerdo con el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los miembros de las Juntas de Personal, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de una de las siguientes garantías y derechos:

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A no ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo durante la vigencia del mismo, sin excepciones.

A disponer de un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo, retribuidas como de trabajo efectivo, de acuerdo con la escala señala en ese artículo 41

Al acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, fuera de los horarios habituales de trabajo.

A tener audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante los dos años inmediatamente posteriores.

100. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para acordar el traslado de una persona condenada a una pena privativa de libertad que se encuentre en España a otro Estado miembro de la Unión Europea:

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Es necesario, en todo caso, que la autoridad judicial competente recabe el consentimiento del condenado

No es necesario en ningún caso el consentimiento del condenado

No es necesario el consentimiento del condenado cuando el traslado se realice al Estado de nacionalidad del condenado, donde éste tenga su residencia habitual y lazos familiares, laborales o profesionales, pero tendrá que ser oído para recabar su opinión

No es necesario el consentimiento del condenado, ni se solicitará su opinión, cuando el traslado se realice al Estado de nacionalidad del condenado, donde éste tenga su residencia habitual y lazos familiares, laborales o profesionales.

101. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, establece entre las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

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La renuncia a la condición de funcionario que, manifestada por escrito, deberá ser aceptada por la Administración en cualquier caso

La pérdida de la nacionalidad española que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado miembro de la UE o de los Estados a los que les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores

La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, aún cuando no hubiera adquirido firmeza la sentencia que la imponga

La pena principal o accesoria de inhabilitación especial, aún cuando no hubiera adquirido firmeza la sentencia que la imponga

102. La fase de instrucción del procedimiento penal para determinar la responsabilidad penal por hechos delictivos cometidos por mayores de 14 años y menores de 18, regulado en el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, corresponde:

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Al Juzgado de Instrucción

Al Equipo Técnico

Al Juzgado de Menores

Al Ministerio Fiscal

103. La Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, de acuerdo con el contenido del artículo 13 del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba su Estatuto de creación, elaborará anualmente:

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Su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Ministerio de Hacienda para su posterior tramitación

Su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá la Ministerio del Interior para su posterior tramitación

Un informe con el contenido que reglamentariamente se establezca, sobre el que el Ministerio de Hacienda elaborará su anteproyecto de presupuesto

Un informe con el contenido que reglamentariamente se establezca, sobre el que el Ministerio del Interior elaborará su anteproyecto de presupuesto

104. La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, prevé en su artículo 15 el acceso a los servicios de justicia restaurativa para las víctimas a fin de obtener una adecuada reparación material y moral de los perjuicio derivados del hecho delictivo, siempre que se cumplan una serie de requisitos, como:

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Exista el consentimiento de la víctima, aunque el infractor no haya reconocido aún los hechos esenciales de su responsabilidad

No esté prohibida por la ley para el delito cometido, por lo que conforme a la lo 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, quedaría vedada la conciliación y mediación exclusivamente para los supuestos de violencia sexual

El procedimiento de mediación no entrañe un riesgo para la seguridad de la víctima, ni exista el peligro de que su desarrollo pueda causar nuevos perjuicios materiales o morales para la víctima

El infractor sólo podrá revocar su consentimiento para participar en el procedimiento de mediación cuando esa revocación sea admitida por el tribunal sentenciador.

105. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 89.11, el Consejo General del Poder Judicial encomendará la evaluación de los datos provenientes de las secciones de Violencia sobre la Mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados no específicos, a:

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La Fiscalía General del Estado

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

El Consejo General de Policía Científica

106. Según el artículo 248 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, comete delito de estafa el que, con ánimo de lucro:

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Utiliza engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno

Utiliza cualquier tipo de engaño para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno

Utiliza engaño bastante, produce error en otro, acto de disposición, pero no produce perjuicio ni propio ni ajeno

Utiliza engaño bastante, produce error en otro, pero éste no va seguido de un acto de disposición.

107. El artículo 485 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, castiga con pena de prisión permanente revisable al que matare:

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Al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias

Al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias o a los ascendientes o descendientes de cualquiera de ellos

El Rey o la Reina, a la Reina consorte o al consorte de la Reina

El Rey o a la Reina, a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, al Príncipe o a la Princesa de Asturias, a la Reina Consorte o al Consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia

108. El trabajador que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas, de acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público, se denomina:

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Personal laboral

Personal interino

Personal eventual

Personal asesor de alta dirección

109. El artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, establece que los órganos jurisdiccionales del orden social NO conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

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En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

En materia de intermediación laboral, en los conflictos que surjan entre los trabajadores y los servicios públicos de empleo.

Por impugnación de actuaciones de las Administraciones públicas, ante incumplimientos de obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, respecto de todos los empleados.

Para la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos.

110. El estudio del delincuente en base a determinadas características psicofísicas, combinando distintas categorías, por una parte tipos constitucionales (leptosomático, atlético, pícnico y displásico) y por otra, tipos caracterológicos (esquizotímico, ciclotímico y viscoso), ¿a qué autor corresponde?

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Raffaele Garofalo

Enrico Ferri

Ernst Kretschmer

John Stuart Mill

111. Según el artículo 207 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el acuerdo por delito de calumnia quedará exento de toda pena:

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Probando el hecho criminal que hubiere imputado

Reconociendo ante la autoridad judicial la falsedad de la imputación

Cuando el juez o tribunal ordene que se entregue al ofendido testimonio de la retractación

Publicando su retractación por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante

112. Está excluido del ámbito de aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, según su artículo 2, el personal laboral que preste servicios en:

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La Agencia Española de Protección de Datos

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo

Las entidades del sector público no citadas expresamente en el artículo 1 del citado convenio

La Administración de Justicia no transferida

113. De acuerdo con el artículo 12.2 del Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado de 16 de diciembre de 2020, aprobado y publicado por Resolución de 22 de enero de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, sobre utilización de los créditos horarios:

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Los beneficiarios y beneficiarias de crédito horario tendrán que utilizarlo, en todo caso, por semanas o días completos.

No se computarán como uso de crédito horario las horas utilizadas en reuniones convocadas por la propia Organización Sindical.

En casos excepcionales, se podrá justificar la utilización de créditos horarios inferiores a dos horas.

No se computarán como uso de crédito horario las horas utilizadas en reuniones convocadas por la Administración.

114. De acuerdo con el artículo 24.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la estimación por silencio administrativo:

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Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo, pero no finaliza el procedimiento

Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento

No tiene la consideración de acto administrativo, salvo posterior resolución administrativa expresa

No tiene la consideración de acto administrativo sin petición por el interesado del certificado acreditativo de silencio

115. En el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el artículo 89 regula los supuesto de excedencia voluntaria por interés particular, señala, como regla general, que podrá obtenerse cuando el funcionario de carrera haya prestado servicios efectivos, en cualquiera de las administraciones públicas un periodo mínimo de:

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Tres años inmediatamente anteriores

Tres años acumulables a lo largo de la carrera profesional

Cinco años inmediatamente anteriores

Cinco años acumulables a lo largo de la carrera profesional

116. Según el artículo 66 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, las reglas de aplicación de la pena recogidas en el mismo, son aplicables:

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A todo tipo de delitos (graves, menos graves, leves)

Sólo a los delitos imprudentes

Sólo a los delitos dolosos

Sólo a los delitos leves

117. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:

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El día siguiente al de la fecha en que se dicten

La fecha en que se dicten, en todo caso

La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa

La fecha en que sea publicado el acto

118. Según lo recogido en el artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Puede la Administración Penitenciaria iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial de oficio?

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En ningún caso

No, salvo que la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior así lo establezca

Sí, únicamente en los casos en los que la responsabilidad patrimonial esté fijada en cantidad inferior a 50.000 euros y, además, no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado

Sí, siempre que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado

119. La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, establece en su artículo octavo que los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del Tribunal de Cuentas serán resueltos por:

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Tribunal Constitucional

Tribunales Centrales Contencioso-administrativos de la Audiencia Nacional

Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo

Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma donde radique el domicilio de la persona física o jurídica que plante el conflicto.

120. El artículo 10.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, establece que la competencia para resolver los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por órganos de la Administración Central del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, será de:

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Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo

La Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional

Las Salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia

121. La administración penitenciaria pondrá a disposición de los municipios cabeza de partido en los cuales no exista establecimiento penitenciario, en régimen de competencia delegada, los medios económicos suficientes para la ejecución del servicio de depósito de detenidos a disposición judicial conforme a lo establecido en:

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La Disposición Final Quinta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público

La Disposición Final Quinta del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario

La Disposición Final Segunda de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, por la que se mantienen en vigor determinadas disposiciones del Reglamento de Servicio de Prisiones aprobado por Decreto de 1956.

La Disposición Final Quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de la Bases del Régimen Local.

122. Conforme al artículo 5 de la ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿puede el Secretario General de Instituciones Penitenciarias asistir a las reuniones de Consejo de Ministros?

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No, al mismo únicamente pueden asistir el Presidente del Gobierno y los Ministros.

No, al mismo solo pueden asistir el Presidente del Gobierno, Ministros, así como Secretarios de Estao cuando excepcionalmente sean convocados para ello.

Sí, en su condición de alto cargo, cuando excepcionalmente sea convocado para ello.

Sí, de forma ordinaria y siempre que se vayan a tratar contenidos relativos a la gestión de la actividad penitenciaria o su legislación específica.

123. Según dispone el artículo 117 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, del Reglamento Penitenciario, los internos clasificados en segundo grado de tratamiento que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena, podrán acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada, siempre que se éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social. Esta medida requerirá haber sido planificada con el interno por:

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Los Equipos Técnicos y requerirá la autorización del Juez de Vigilancia Penitenicaria.

La Junta de Tratamiento y requerirá la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria, en todo caso.

La Junta de Tratamiento y requerirá la autorización del Centro Directivo en todo caso.

La Junta de Tratamiento y requerirá la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria, salvo que el programa exigiera salidas puntuales o irregulares, en cuyo caso la autorización corresponderá al Centro Directivo.

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