OEP 2023 (Promoción interna)
Fecha del examen 2024-03-03
Se producirá la prescripción del derecho o interés legítimo de la persona interesada, previa advertencia de la Administración del citado efecto.
Se producirá la caducidad del procedimiento previa advertencia de la Administración del citado efecto.
Se producirá, sin más, la caducidad del procedimiento.
Se producirá, sin más, la prescripción del derecho o interés legítimo de la persona interesada.
La Administración podrá desistir motivadamente, en cualquier caso, siempre que no afecte al interés general.
La Administración podrá desistir, motivadamente, si previamente se ha contemplado esta circunstancia en el propio procedimiento administrativo.
La Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
En los procedimientos iniciados de oficio no está permitido el desistimiento de la Administración.
En cualquier momento.
Siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción.
Los actos de gravamen o desfavorables no podrán ser revocados por las Administraciones Públicas.
Siempre que no haya transcurrido el plazo de caducidad.
No existe plazo, se podrá interponer en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Será de tres meses a contar desde que el acto debiera haber sido dictado, conforme a su normativa específica.
Contra los actos presuntos de la Administración del Estado no se podrá interponer recurso de alzada, únicamente se podrá interponer recurso de reposición.
Será de un mes a contar desde que el acto debiera haber sido dictado conforme a su normativa específica.
Informe positivo de su superior jerárquico sobre la propuesta de resolución.
Dictamen del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.
Informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indeninizable.
Dictamen del Consejo de Estado.
Al año de producido el daño.
Al año desde el inicio del tratamiento para la curación de la lesión, con independencia del alcance de las secuelas.
A los cinco años desde la curación o determinación del alcance de las secuelas.
Al año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
Responsabilidad por la gestión pública.
Subjetividad y participación de la actuación administrativa.
Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Simplicidad, claridad y proximidad a la ciudadanía.
Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Órgano competente para la aprobación del gasto.
Consejo de Ministros, en cualquier caso.
Ministro/a de Hacienda.
Los valores y los créditos.
Los recursos financieros de su hacienda.
El dinero.
El conjunto de sus bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición.
Por ocupación.
A título gratuito, con ejercicio o no de la potestad de expropiación.
Por herencia.
Por prescripción.
Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración Pública.
La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
Los contratos administrativos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones Públicas.
Lo podrán impugnar cuando concurran causas de nulidad, anulabilidad, así como en los supuestos de revisión de oficio, en los términos establecidos en la Ley.
Solo podrán impugnarlo, previa su declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos en la Ley.
En ningún caso la Administración puede ir en contra de sus propios actos.
Solo podrá impugnarlo cuando concurran causas de nulidad del art. 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Será entregado a cualquier heredero/a. En caso de no existir, se hará cargo de la herencia Instituciones Penitenciarias, para el fondo social de la Institución.
Será entregado al primer heredero/a de la persona fallecida que lo solicite, contra el/la que no podrán repetir los restantes miembros de la comunidad hereditaria.
Será entregado al heredero/a más directo que lo solicite.
Será entregado al primer heredero/a de la persona fallecida que lo solicite, contra el que podrán repetir, en su caso, los restantes miembros de la comunidad hereditaria.
Se ingresarán en el Tesoro Público para su posterior incorporación, mediante generaciones de crédito, a aquellos conceptos presupuestarios del presupuesto de gastos de la Administración Penitenciaria que mejor contribuyan al cumplimiento de los fines de la actividad penitenciaria.
Serán ingresados en la cuenta de los familiares, que cada interno/a designe, mediante transferencia bancaria.
Serán ingresados en la cuenta que el interno/a indique, mediante transferencia bancaria.
Se ingresarán en la cuenta de Administración del centro, para generar crédito en aquellos conceptos del presupuesto de gastos de la Administración Penitenciaria que mejor contribuyan al cumplimiento de los fines de la actividad penitenciaria.
El no ser discriminados para el empleo o una vez empleados, por razones de nacionalidad, sexo, estado civil, por la edad, sin límite alguno.
El participar en la organización y planificación del trabajo en la forma y con las condiciones establecidas en la legislación penitenciaria.
El trabajo no productivo y remunerado que pudiere ofertar la Administración penitenciaria.
El respeto a su intimidad sin limitaciones, y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas de naturaleza sexual.
Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo.
Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por el tiempo que dure la pena.
Las contingencias de enfermedad común, de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo.
Las contingencias de enfermedad común y enfermedades profesionales por el tiempo que dure la pena.
Mediante ingreso mensual, en la cuenta que el interno/a indique.
Mediante ingreso mensual en la cuenta de peculio del interno/a.
Mediante entrega a la persona que el interno/a designe.
Mediante entrega semanal, en metálico, en los casos en los que el interno/a esté destinado/a en un Centro de Inserción Social.
Solo podrá ausentarse del trabajo, durante un permiso extraordinario. Las ausencias del trabajo no serán retribuidas.
Podrá ausentarse del trabajo durante cualquier clase de permiso o salida autorizada, previo aviso y justificación. Las ausencias del trabajo no serán retribuidas.
Podrá ausentarse del trabajo, en cualquier momento, sin previo aviso y justificándolo posteriormente. Las ausencias del trabajo serán retribuidas.
Podrá ausentarse del trabajo durante cualquier clase de permiso o salida autorizada. Las ausencias del trabajo serán retribuidas siempre que esté justificado.
El impulso y la coordinación de cuantas líneas de actividad se desarrollen desde la Administración penitenciaria en materia de preparación o acompañamiento para la inserción sociolaboral.
La organización del trabajo no productivo penitenciario y su oportuna retribución.
La instalación, ampliación, transformación, conservación y mejora de los talleres, explotaciones agrícolas penitenciarias, o locales e instalaciones necesarias para los fines de la entidad, ·así como los servicios, obras y adquisiciones que se refieren a su explotación, producción o actividad.
La formación para el empleo de los internos/as en centros penitenciarios y centros de inserción social.
El Subdirector/a General de Planificación y Gestión Económica.
Un/a representante de la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior.
Un/a representante de la Abogacía del Estado del Ministerio del Interior.
El jefe/a de la Oficina Presupuestaria del citado Ministerio.
De conformidad con la legislación por la que se rijan.
No se regula la perfección de este tipo de contrato.
Con su formalización.
Con su adjudicación.
No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.
No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato sea menor y tenga carácter de urgencia.
No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato sea más beneficioso económicamente para la Administración.
El carácter formal de la contratación del sector público, permite cualquier tipo de contratación, siempre que asegure la estabilidad presupuestaria.
Cada tres años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional.
Semestralmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada año, el de la solvencia técnica y profesional.
Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
No es necesaria la revisión del mantenimiento de la solvencia económica y financiera pero, cada tres años, habrá que revisar el de la solvencia técnica y profesional.
Será obligatoria y, en ningún caso, podrá superar el 3 por 100 del importe, se fijará atendiendo al importe de adjudicación del contrato.
De exigirse, en ningún caso podrá superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato, se fijará a tanto alzado por la Administración Pública.
Será obligatoria y, en ningún caso, puede superar el 3 por 100 del valor estimado del contrato, fijándose a tanto alzado por la Administración Pública.
De exigirse, en ningún caso podrá superar el 3 por 100 del importe, se fijará atendiendo al importe de adjudicación del contrato.
En ningún caso se pueden formalizar.
Deben supeditarse de forma estricta a las disponibilidades presupuestarias.
Pueden celebrarse independientemente de los límites de los escenarios plurianuales.
Necesitan la aprobación de un crédito extraordinario para financiar el nuevo gasto público.
Tres meses antes de finalizar el año.
El límite de gasto no financiero solo es obligatorio para las Comunidades Autónomas.
Antes del 1 de agosto de cada año.
En el momento de presentar el Anteproyecto de la Ley anual de Presupuestos.
Se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos Generales del Estado o por las modificaciones realizadas conforme a la Ley General Presupuestaria.
No se pueden modificar mientras dure la vigencia de la Ley de Presupuestos Generales.
Solo se pueden modificar cuando supongan un menor gasto público.
Tienen carácter limitativo, pero no específico, pudiendo destinarse a cualquier actuación necesaria para el cumplimiento de los objetivos de cada Organismo.
Al que corresponda conforme a su concreta clasificación económica.
Artículo.
Concepto.
Capítulo.
La ejecución se debe iniciar en el propio ejercicio.
No tienen que cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria.
El gasto solo se puede imputar a un ejercicio.
La ejecución debe iniciarse en ejercicios posteriores.
No podrán realizarse desde créditos para operaciones financieras al resto de los créditos.
Podrán minorar créditos extraordinarios.
Pueden realizarse entre créditos de distintas secciones presupuestarias.
Pueden utilizarse para crear subvenciones nominativas.
Ministro/a del Departamento.
Subsecretario/a del Departamento a propuesta del Órgano Gestor del programa.
Consejo de Ministros.
Ministro/a de Hacienda.
Es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable.
Es un acto con relevancia jurídica para con terceros.
Comporta la propuesta de pago correspondiente.
La autoridad que aprobó el gasto.
El Director/a General del Tesoro y Política Financiera.
La Intervención General del Estado.
El Ministro/a de Hacienda.
Comprobar la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
La verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adop.ción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar incorporados al expediente.
Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los programas de los centros gestores del gasto.
Comprobar que los expedientes de reconocimiento de obligaciones corresponden a gastos aprobados y fiscalizados favorablemente.
Todas las obligaciones menores de 5.000 euros.
Los contratos tramitados mediante un procedimiento abierto simplificado.
Las subvenciones con asignación nominativa.
Los gastos tramitados mediante pagos a justificar cuando los servicios a que se refieran tengan lugar en territorio nacional.
Dispositivos auxiliares de memoria.
Monitores.
Paquetes estándar de software.
El desarrollo de utilidades o aportaciones para la explotación de equipos informáticos.
Los destinados a inversiones.
Los destinados a indemnizaciones por razón del servicio.
Los destinados a gastos de agua.
Los destinados a gastos de gas.
A la Intervención General de la Administración del Estado.
A las Cortes Generales.
Al Ministro/a de Hacienda, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado.
Al Tribunal de Cuentas.
La verificación de la adecuación a la legalidad de la gestión presupuestaria, de contratación, personal, ingresos y gestión de subvenciones, así como de cualquier otro aspecto de la actividad económico financiera de la entidad contable.
El seguimiento de los objetivos propuestos por los centros gestores, aprobados en los Presupuestos Generales del Estado.
Mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto de la entidad contable.
Recoger el resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo.
La puesta en marcha de órganos jurídicos que permitan una pronta respuesta ante los casos de violencia de género.
Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.
Eliminar las situaciones en las que se encuentran las personas que, en atención a su sexo, son consideradas como discriminación directa.
La puesta en marcha de medidas de protección a las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia de género.
El principio de igualdad de trato impedirá que se establezcan medidas de acción positivas, en relación al trabajo, en base a la igualdad como valor superior.
El principio de igualdad de trato no impedirá que se mantengan o adopten medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas ocasionadas por motivo de o por razón de discapacidad.
Los empresarios/as no están obligados/as a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación.
Los empresarios/as están obligados/as a adoptar las medidas adecuadas para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, en función de las necesidades de cada situación concreta, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación, aunque esas medidas supongan una carga excesiva para el empresario/a.
Su Estatuto está regulado por el Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre.
Dentro de composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, no tiene cabida la propuesta de un Senador/a como vocal de la misma.
La función del presidente/a del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se limita a impulsar la acción del mismo para el cumplimiento de sus objetivos.
El presidente/a convocará a la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno al menos una vez cada tres meses. También se reunirá cuando así sea solicitado por la mayoría de sus miembros.
Deberá contener la información que se solicita.
No será obligatorio que esté motivada.
Deberá contener una dirección de contacto, necesariamente electrónica, a efectos de comunicaciones.
Deberá contener la identidad de la persona solicitante.
Su Estatuto será aprobado mediante orden ministerial.
Elaborará y aprobará su relación de puestos de trabajo, en el marco de los criterios establecidos por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, respetando el límite de gasto de personal establecido en el presupuesto.
Elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.
Se rige exclusivamente por lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, deprotección de datos personales y garantía de los derechos digitales y sus disposiciones de desarrollo.
Cuando el delegado/a de protección de datos aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de protección de datos lo documentará y lo comunicará inmediatamente a los órganos de administración.
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 para la designación del delegado/a de protección de datos, sea persona física o jurídica, podrá demostrarse, entre otros medios, a través de mecanismos voluntarios de certificación que tendrán particularmente en cuenta la obtención de una titulación universitaria que acredite conocimientos especializados en el derecho y la práctica en materia de protección de datos.
En el ejercicio de sus funciones el delegado/a de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el/In responsable o el encargado/a del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto.
Cuando se trate de una persona física integrada en la organización de la persona responsable o encargada del tratamiento, el delegado/a de protección de datos no podrá ser removido/a ni sancionado/a, en ningún caso, por el/la responsable o el encargado/a por desempeñar sus funciones.
Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros.
Su composición responderá a los principios de mérito y capacidad de sus miembros.
Puede formar parte de ellos el funcionariado interino.
Puede formar parte de ellos el personal eventual.
No le será concedida si no ha transcurrido un plazo de tres años.
En ningún caso le será nuevamente concedida.
Le podrá ser concedida si se cumplen, además, otros requisitos previstos en la Ley.
Le será concedida.
Durante un máximo de veinticuatro meses.
No está regulada la temporalidad de esta excedencia.
Durante los seis primeros meses sin posibilidad de prórroga.
Durante los seis primeros meses con posibilidad de prórroga si las actuaciones judiciales lo exigieran.
Cuando sea autorizado para realizar una misión por cualquier periodo superior a tres meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.
Cuando sea nombrado para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.
Cuando sea designado para formar parte del Consejo General del Poder Judicial.
Cuando sea designado asesor de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionariado desempeña su trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo no se tienen en cuenta para el cómputo.
La progresión alcanzada por el funcionariado dentro del sistema de carrera administrativa.
La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
La evaluación del desempeño positiva de cada período evaluado se tendrá en cuenta en la valoración del mérito de experiencia en los procesos de selección y provisión y para su aplicación en la progresión en los tramos de la carrera profesional horizontal.
Una vez validado el modelo de evaluación por la Comisión de Coordinación de la Evaluación del Desempeño, las evaluaciones realizadas mediante dicho modelo no tendrán consecuencias en las tres primeras anualidades tras su implementación.
Es el procedimiento mediante el cual cada seis meses se valora la conducta profesional y se mide el rendimiento o el logro de resultados de las empleadas y empleados públicos, con la finalidad de mejorar la productividad de las diferentes unidades y la calidad de los servicios públicos.
La participación en los procedimientos de evaluación del desempeño será obligatoria para todo el personal que se encuentre en situación de servicio activo o asimilada, exceptuando las adaptaciones del puesto de trabajo y capacidades del personal con discapacidad.
Se dictarán dos resoluciones una aprobando la adjudicación y otra que aprueba el procedimiento de subasta.
Se dictará resolución proponiendo la adjudicación del contrato.
Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
Se dictará resolución motivada por el órgano de contratación disponiendo la conclusión del procedimiento de adjudicación.
Requerirá la constitución de garantía provisional por importe del 5 por ciento del precio final ofertado.
Requerirá la constitución de garantía definitiva por importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación excluido el IVA.
No se requerirá la constitución de garantía definitiva.
Requerirá la constitución de garantía definitiva por importe del 5 por ciento del precio final ofertado.
Las autoridades judiciales o gubernativas recabarán del Centro Directivo, con una antelación mínima de treinta días, la conducción oportuna del interno/a, cuando estuviere recluido/a en el centro penitenciario ubicado en otra provincia.
Las salidas de los internos/as para la práctica de diligencias o para la celebración de juicio oral se hará previa orden de la autoridad judicial dirigida al director/a del establecimiento.
Una vez asistido a juicio o celebrada la diligencia judicial, el director/a del establecimiento propondrá el traslado del interno/a al lugar de procedencia, aunque tenga conocimiento de la existencia de otros señalamientos pendientes.
Las autoridades judiciales o gubernativas recabarán del director/a del establecimiento la conducción oportuna del interno, si se trata de una misma provincia o localidad.
El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado sólo de oficio y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado/a, previa audiencia del ministerio fiscal.
El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado/a y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario donde ingresó por primera vez el penado/a, previa audiencia del ministerio fiscal.
El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado/a y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juzgado de lo Penal que haya dictado la Ejecutoria.
El abono de prisión provisional en causa distinta de la que se decretó será acordado de oficio o a petición del penado/a y previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa, por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la jurisdicción de la que dependa el centro penitenciario en que se encuentre el penado/a, previa audiencia del ministerio fiscal.
La participación en el programa podrá ser revocada por decisión voluntaria del interno/a.
El programa del que forme parte requerirá la autorización del Tribunal Sentenciador.
Los internos/as clasificados en tercer grado de tratamiento que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena, podrán acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada, siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social.
La duración de cada salida diaria será menor de ocho horas.
Al Centro Directivo, como máximo dos meses después de producida la incomparecencia y se archiva el expediente en ese mismo acto.
Al Centro Directivo, como máximo un mes después de producida la incomparecencia y se archiva el expediente en ese mismo acto.
Al Juzgado ejecutor, como máximo un mes después de producida la incomparecencia y se archiva el expediente en ese mismo acto.
Al Juzgado ejecutor, como máximo dos meses después de producida la incomparecencia y se archiva el expediente en ese mismo acto.
Recibida la resolución o mandamiento judicial que determine el cumplimiento de la pena de localización permanente en establecimiento penitenciario, así como los particulares necesarios, por el establecimiento penitenciario se definirá el plan de ejecución y será comunicado al órgano jurisdiccional competente para la ejecución, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.
Cuando conforme a lo establecido en el articulo 37.1 del Código Penal así se disponga por la autoridad judicial, la pena de localización permanente se cumplirá los sábados, domingos y días festivos en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del penado. En el caso de que existan varios establecimientos penitenciarios en la misma localidad, el lugar de cumplimiento se determinará a elección del penado/a.
En el caso de que el penado/a acredite fehacientemente que se opone al plan de ejecución, se informará al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de tal hecho, a los efectos que considere oportunos.
La Administración penitenciaria será competente para la ejecución de la pena de localización permanente en los casos en los que haya recaído resolución judicial que acuerde que el lugar de cumplimiento sea un establecimiento penitenciario.
El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves.
El plazo de suspensión será de dos a tres años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves.
El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a cinco años, y de tres meses a un año para las penas leves.
El plazo de suspensión será de uno a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de tres meses a un año para las penas leves.
El director/a.
El Consejo de Dirección.
La Junta de Tratamiento.
La Junta Económico-Administrativa.
Que tenga más de dos faltas de asistencia sin justificar al mes, o una inasistencia acumulada del 15 % de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere.
Que tenga más de tres faltas de asistencia sin justificar al mes, o una inasistencia acumulada del 25 % de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere.
Que tenga más de dos faltas de asistencia sin justificar al mes, o una inasistencia acumulada del 25 % de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere.
Que tenga más de tres faltas de asistencia sin justificar al mes, o una inasistencia acumulada del 15 % de la duración de la acción formativa, sea por la causa que fuere.
La instalación de extinción por polvo se inspeccionará como mínimo una vez cada dos años.
Al menos una vez cada año, se verificará la presión de las botellas de gas impulsor, el estado de las válvulas manuales de distribución y el estado del gas impulsor.
La instalación de rociadores deberá someterse cada seis meses a una serie de operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento.
Las instalaciones de extinción por agentes extintores gaseosos, se inspeccionarán como mínimo una vez al año.
Un año.
Seis meses.
Dos años.
Cinco años.
1 mes.
15 días.
3 días.
10 días.
Celeridad, economía procesal y eficacia.
Legalidad, tipicidad e irretroactividad.
Irretroactividad, legalidad y proporcionalidad.
Culpabilidad, proporcionalidad y retroactividad.
Sistema Especial Integrado en el Régimen General de la Seguridad Social.
Régimen Especial de Personal Laboral de la Administración General del Estado.
Mutualismo Administrativo.
Régimen General de la Seguridad Social.
El personal funcionario jubilado.
El funcionario o funcionaria en suspensión firme de funciones.
El personal funcionario que pasa a la situación de excedencia voluntaria.
El personal funcionario que pasa a la situación de servicios especiales.
El Pleno y la Comisión Permanente.
La Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria.
La Comisión Sectorial de la Administración Pública y la Comisión de Coordinación del Empleo Público.
La representación legal de las personas trabajadoras y la Subdirección General de Relaciones Laborales de la Secretaría de Estado de Función Pública.
Las condiciones generales de los puestos de trabajo.
Las especialidades profesionales.
Las funciones y responsabilidades inherentes a los puestos de trabajo.
La titulación exigida.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezcan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
Los criterios generales de acción social.
La concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas con finalidad determinada.
Concurrencia de un número determinado de personas que, por medio de un trabajo colectivo, buscan alcanzar un objetivo concreto.
Agrupación de más de 30 personas, que se da de forma planeada y que pueden responder a objetivos distintos.
El acto por el que un grupo de personas se unen con un propósito común.
Las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo.
Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.
La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia.
Los procedimientos para la utilización de los agentes físicos, químicos y biológicos que influyan en la generación de riesgos laborales.
La probabilidad de daños a las personas en el lugar de trabajo debido a las amenazas propias y a la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
Cualquier elemento que puede causar un daño a las personas en el ámbito laboral.
El elemento o conjunto de elementos que, estando presentes en las condiciones de trabajo, pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador/a.
La posibilidad de que un trabajador/a sufra un determinado daño derivado del trabajo.
Los actos de las Administraciones Públicas que constituyan infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo cuando así lo imponga la naturaleza del término del plazo.
Los actos administrativos con un contenido imposible.
Haber sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Cuando no esté justificado que la persona interesada cuenta con medios suficientes para poder ser notificado electrónicamente.
Contengan datos considerados especialmente protegidos conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Contengan datos personales de personas distintas a la notificada.
Contengan medios de pago a favor de los obligados.
Informe pronóstico de integración social, emitido por la Junta de Tratamiento.
Acta de compromiso de acogida por parte de su familia, persona allegada o instituciones sociales extra penitenciarias.
Testimonio de sentencia o sentencias recaídas y de la correspondiente liquidación de condena.
Certificación acreditativa de los beneficios penitenciarios y de la clasificación del penado, sin perjuicio del grado en el que se encuentre.
Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, aunque realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.
Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades comunes por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en cuyo caso estarán excluidos de la citada acción protectora.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en cuyo caso estarán excluidos de la citada acción protectora.
100 horas, incluyendo la realización de 60-80 horas de prácticas profesionales no laborales.
180 horas, incluyendo la realización de 60-80 horas de prácticas profesionales no laborales.
100 horas, incluyendo la realización de 40-60 horas de prácticas profesionales no laborales.
180 horas, incluyendo la realización de 100-120 horas de prácticas profesionales no laborales.
Las celdas destinadas a la sujeción mecánica de temporalidad reducida.
Las dependencias destinadas en concreto a la realización de cacheos con desnudo integral, que contarán con sistema independiente de grabación de sonido y elementos que preserven la intimidad de la persona afectada.
Las celdas destinadas a la aplicación del medio coercitivo de aislamiento provisional.
Lugar donde se encuentren depositados los medios coercitivos.
El seguimiento y control de los gastos y de la ejecución presupuestaria del centro penitenciario en la forma que determine el Administrador/a.
Dirigir los servicios administrativos del Establecimiento, sin perjuicio de la supervisión del director/a.
El seguimiento y control de los gastos y de la ejecución presupuestaria del centro penitenciario en la forma que se determine por el centro directivo.
El seguimiento y control de los gastos y de la ejecución presupuestaria del centro penitenciario en la forma que determine el director/a.
Estarán protegidos/as por la contingencia de desempleo, en los términos establecidos en la Ley General de la Seguridad Social.
Estarán protegidos/as por la contingencia de desempleo, en los términos establecidos en el Reglamento Penitenciario.
No estarán protegidos/as por la contingencia de desempleo, solo gozarán de la prestación de asistencia sanitaria.
Una vez liberados/as, no estarán protegidos/as por ninguna contingencia.
El importe de la parte de prestación a cargo de éstos/as deberá ser inferior al 60% del importe total del proyecto, suministro o servicio.
El importe de la parte de prestación a cargo de éstos/as deberá ser inferior al 50% del importe total del proyecto, suministro o servicio.
El importe de la parte de prestación a cargo de éstos/as no tiene límite fijo, depende de cada caso.
El importe de la parte de prestación a cargo de éstos/as deberá ser inferior al 70% del importe total del proyecto, suministro o servicio.
El incumplimiento de la obligación de informar a la persona afectada, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios/as a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento.
El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3 de esta Ley Orgánica.
No publicar los datos de contacto del delegado/a de protección de datos, o no comunicarlos a la autoridad de protección de datos, cuando su nombramiento sea exigible de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 34 de esta Ley Orgánica.
La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento de la persona afectada o con una base legal para ello.
La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, aunque no tuviere un carácter firme.
La jubilación total del funcionario/a.
La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
La pérdida de la nacionalidad.
La duración de la residencia eventual no podrá exceder de un año, y no cabe la posibilidad de prórroga.
Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de tres meses en territorio nacional y de seis en el extranjero.
La designación de las comisiones de servicio con derecho a indemnización compete al Subsecretario/a de cada Departamento ministerial o a la autoridad superior del Organismo o Entidad correspondiente.
Toda comisión con derecho a indemnización, salvo casos excepcionales, no durará más de un mes en territorio nacional y de seis en el extranjero.
Flexibilidad, objetividad, bilateralidad, buena fe, legalidad, economía, publicidad y transparencia.
Legalidad, interés general, diálogo, representación, publicidad y transparencia.
Legalidad, obligatoriedad, cobertura presupuestaria, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
Beneficio mutuo, publicidad, legalidad y cobertura presupuestaria.
15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
15 días a partir de la fecha en que el acto sea definitivo en vía administrativa.
10 días a partir de la fecha en que el acto sea definitivo en vía administrativa.
Deberán ser presentadas ante el Congreso de los Diputados al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
La elaboración corresponde al Gobierno.
Corresponde a las Cortes Generales su elaboración.
Deben ser aprobadas por el Gobierno.
Fijar el límite anual de gasto no financiero.
Autorizar, en su caso, las modificaciones que, durante la vigencia de los presupuestos, se propongan por los órganos gestores.
Establecer las directrices para la distribución del gasto, estableciendo los criterios de elaboración de las propuestas de presupuestos y sus límites cuantitativos con las prioridades y limitaciones que deban respetarse.
Elevar el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado al acuerdo del Gobierno.
Reembolso de préstamos.
Canon por explotación de la cafetería de un establecimiento penitenciario.
Prestación de servicios.
Reintegros por pagos indebidos.
Cuando su valor estimado sea inferior a 15.000 euros.
Cuando su valor estimado sea inferior a 40.000 euros.
Cuando su valor estimado sea inferior a 18.000 euros.
Cuando el importe no supere los 35.000 euros impuestos incluidos.
En los departamentos ministeriales a la Subsecretaría de cada Ministerio.
Al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Al Tribunal de Cuentas.
A la Intervención General de la Administración del Estado.
Los veinte días siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos.
Un mes desde la presentación de la cuenta justificativa.
Los dos meses siguientes a la fecha de aportación de los documentos justificativos.
Tres meses después de presentada la cuenta justificativa, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrá ser en el plazo de seis meses.
La Cuenta General del Estado solo deberá suministrar información sobre la situación patrimonial y financiera del Estado.
La Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de diciembre del año siguiente al que se refiera.
La Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Ministerio de Hacienda para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
La Cuenta General del Estado de cada año se formará por la Intervención General de la Administración del Estado y se elevará al Gobierno para su remisión al Tribunal de Cuentas antes del día 31 de octubre del año siguiente al que se refiera.
El silencio administrativo, si es desestimatorio, eximirá a la Administración de dictar resolución expresa.
El silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio en todo tipo de procedimientos.
Legitima a la persona interesada, en cualquier caso, para entender estimada su pretensión por silencio administrativo.
El sentido del silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Española.
Se podrá interponer recurso administrativo si éstos determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, aunque no podrá estar fundamentado en motivos de anulabilidad, previstos en el artículo 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
No se podrá interponer recurso administrativo alguno.
Se podrá interponer recurso administrativo si éstos producen un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos a las personas interesadas, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se podrá interponer recurso administrativo si éstos producen indefensión, que no podrá estar fundamentado en motivos de nulidad, previstos en el artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Es únicamente posible en los supuestos en que la evaluación económica sea inferior a 50.000 euros.
Es perfectamente posible siempre y cuando no haya prescrito el derecho a la reclamación de la persona interesada.
Es perfectamente posible, en cualquier caso, dado que la Administración no está sujeta a ninguno de los requisitos exigibles a las personas interesadas.
En ningún caso, ya que el art. 106.2 de la Constitución Española lo prohíbe expresamente al legitimar únicamente a los particulares para iniciar este tipo de procedimientos.
Concurrencia no competitiva.
Ninguna respuesta es correcta.
Concurrencia limitada.
Concurrencia competitiva.
La determinación del justo precio.
Por la declaración de utilidad pública o interés social del bien a expropiar.
En cualquier caso con la ocupación del bien expropiar.
El acuerdo de necesidad de ocupación.
Por la reclamación del expediente administrativo.
Por medio de notificación expresa por parte del Juzgado o Tribunal en el plazo de nueve días, siguientes a la admisión del escrito de interposición.
Por medio de notificación expresa por parte del Juzgado o Tribunal, en el plazo de quince días siguientes a la admisión del escrito de interposición.
Por medio de notificación expresa por parte del Juzgado o Tribunal, en el plazo de cinco días siguientes a la admisión del escrito de interposición.
El pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato.
En los supuestos de que el procedimiento elegido sea el diálogo competitivo el Pliego de Prescripciones Técnicas.
El Pliego de Cláusulas Administrativas exclusivamente.
Cualquier documento que el Órgano de Contratación considere oportuno.
Cuando se trate de internos/as evadidos/as que decidiesen voluntariamente reingresar en un establecimiento distinto del originario, se les informará que deben dirigirse al establecimiento penitenciario desde donde se produjo la evasión.
El director/a del centro recabará del Juez/a o Tribunal, dentro de las setenta y dos horas siguientes al ingreso, el correspondiente mandamiento, así como, en su caso, el testimonio de sentencia y liquidación de condena.
Si transcurrido el plazo de las setenta y dos horas siguientes al ingreso, no se hubiese recibido en el centro la documentación que legalice el mismo, se procederá a la excarcelación del ingresado/a.
No podrá ser admitido/a en un establecimiento penitenciario quien se presente voluntariamente.
El funcionariado que reingrese al servicio activo en la Administración de origen, procedente de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, no podrá obtener el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva.
El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como excedencia en su cuerpo o escala de origen.
El funcionariado transferido mantiene todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallara en servicio activo, de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.
El funcionariado transferido a las comunidades autónomas se integra plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicios especiales en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se integra.
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