OEP 2015
Fecha del examen 2016-02-07
La duración de cada salida diaria no excederá de ocho horas.
La Junta de Tratamiento planificará con el interno esta medida y coordinará con la Institución el seguimiento del programa.
Esta medida está condicionada a que el interno preste su consentimiento y su compromiso Formal al seguimiento de las medidas de seguimiento y control, que no podrán consistir en control personal por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El programa requerirá la autorización del Centro Directivo. Si exigiera salidas puntuales o irregulares, la autorización corresponderá al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Se asimila a la figura del personal laboral.
Podrán ser nombrados en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral.
Su cese se producirá únicamente cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
Les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
El Jefe de Servicios y el Funcionario que forman parte de la Comisión Disciplinaria, se elegirán anualmente por los empleados públicos del Centro Penitenciario, en la forma que se determine por resolución del Consejo de Dirección.
Le corresponde a la Comisión Disciplinaria adoptar, ante hechos o actuaciones de los internos que se presuman faltas disciplinarias, las medidas cautelares que procedan hasta que recaiga acuerdo definitivo.
Le corresponde al Consejo de Dirección adoptar cuantas medidas generales resulten necesarias en los casos de alteración del orden del Centro, dando cuenta inmediata al Centro Directivo.
El Presidente de la Junta Económica-Administrativa, será sustituido por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, siguiéndose este orden.
El derecho a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
El derecho a la libre asociación profesional.
El derecho a la libertad sindical.
El derecho al ejercicio de la huelga.
149.1.18a.
23.2.
103.3
103.1.
En el plazo de cinco días hábiles.
En el plazo de cinco días naturales.
En el mismo día en el que el interno entregue el escrito de recurso al Funcionario del Establecimiento si lo hiciere dentro del horario de oficina.
En el plazo de tres días, adjuntando al expediente la relación circunstanciada de sanciones sin cancelar en el momento de imponerse la sanción recurrida.
No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya un expediente disciplinario.
Una vez solicitada es de concesión automática, sin que esté supeditada a las necesidades del servicio.
Quienes se encuentren en dicha situación les será computable el tiempo de permanencia en la misma a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sean de aplicación.
No se exige haber prestado un determinado número de años de servicios inmediatamente anteriores a su solicitud en cualquiera de las Administraciones Públicas.
Ocho años.
Un año.
Tres años.
Seis años
Tendrá preferencia a ocupar un puesto de trabajo similar en el nuevo Centro.
La extinción de la relación laboral.
La extinción de la relación laboral hasta su posible regreso al Centro de procedencia.
La suspensión temporal si el reingreso se produce en los dos meses posteriores al mismo.
Orden ministerial.
Ley.
Real Decreto.
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública.
De la verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional.
Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes y disposiciones normativas con rango de Ley.
Del recurso de amparo por violación de derechos fundamentales previstos en el artículo 52.3 de la Constitución Española.
De los conflictos en defensa de la autonomía local.
Para proceder al cumplimiento de una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor por un tiempo no inferior a cuatro meses.
Para proceder al cumplimiento de una condena a pena privativa de libertad por un tiempo no inferior a tres meses y medida de seguridad cuya duración sea, al menos de dos meses.
Para proceder al ejercicio de acciones penales por hechos en los que la ley española señale una medida de seguridad cuya duración máxima sea, al menos, de seis meses.
Para proceder al ejercicio de acciones penales por hechos en los que la ley española señale una pena privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de cuatro meses
Principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad.
Principios de mérito y capacidad y responsabilidad en la gestión.
Criterios de responsabilidad en su gestión y control de resultados.
Criterios de eficacia y eficiencia.
La condición o procedencia étnica.
Las opiniones políticas.
La actividad delictiva.
Las convicciones filosóficas.
Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, suponiendo el pase automático a la jornada a tiempo parcial en el puesto principal.
No se requiere la previa y expresa autorización de compatibilidad, bastando una comunicación escrita al superior jerárquico, siempre que no suponga la modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y se garantice el cumplimiento estricto de ambos.
Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de la jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.
Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, pudiendo flexibilizarse la jornada del puesto principal a solicitud del interesado.
Una Dirección General dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Una fundación pública dependiente de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.
Un organismo público.
Una sociedad estatal.
Se remitirá al Juez de Vigilancia Penitenciaria un informe, con propuesta de quebrantamiento de la condena.
Se deberá realizar un nuevo plan de ejecución, al que no se oponga el penado.
Se procederá a su ingreso en prisión.
Se informará al órgano jurisdiccional competente para la ejecución de tal hecho, a los efectos que considere oportunos.
Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Igualdad, mérito, capacidad e imparcialidad.
Igualdad, mérito, capacidad y objetividad.
Mérito, capacidad, imparcialidad e idoneidad.
Cuando por criterio facultativo se precise el ingreso del interno en un Centro hospitalario y no se cuente con la autorización del paciente, la Administración Penitenciaria solicitará de la Autoridad judicial competente la correspondiente autorización para el ingreso, salvo en caso de urgencia en que la comunicación se hará posteriormente de forma inmediata.
La vigilancia y custodia de los detenidos, presos o penados en Centros sanitarios no penitenciarios se efectuará con carácter general por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado, pudiéndose también llevar a cabo por funcionarios penitenciarios, previo informe del Subdirector Médico del Centro.
Dada la relación de especial sujeción que vincula al interno con la Administración no resulta necesario, con carácter general, el consentimiento informado de aquél para la aplicación de los tratamientos médicos precisos.
La asistencia especializada se asegurará a través del Sistema Nacional de Salud, pudiendo los internos solicitar a su costa servicios médicos privados únicamente en los casos en los que dicha especialidad no exista en el Centro hospitalario de referencia.
Orden Ministerial.
Ley.
Real Decreto.
Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.
Análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios.
Quejas y sugerencias.
Cartas de servicios.
Evaluación de la calidad de las organizaciones.
Gozará de autonomía presupuestaria y financiera así como de patrimonio propio respecto de la Administración General del Estado.
Estará sometida al control financiero permanente y auditoría pública prevista en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Solo estará sujeta al control del Tribunal de Cuentas que ejercerá sus funciones por delegación de las Cortes Generales
Consolidará su presupuesto con el del Ministerio del Interior en cuanto que es el Ministerio de tutela.
Los actos nulos o anulables de un procedimiento administrativo, no implicarán la nulidad de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes.
Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
El órgano administrativo puede disponer la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se habría mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
El órgano administrativo puede subsanar los vicios de que adolezca el acto administrativo anulable.
El que todos los internos estén incluidos en actividades formativas o laborales.
La separación de los preventivos y la correcta clasificación de los penados.
La asignación adecuada de los destinos y cambios de celda.
La creación de espacios adecuados con separación física entre ellos.
Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas.
Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicio en las Fuerzas Armadas.
Cuando en virtud de un proceso de transferencias obtengan destino en una Administración Pública distinta.
Cuando adquieran la condición de Funcionario al servicio de organizaciones internacionales.
Serán regulada mediante los Estatutos de Autonomía.
No es susceptible de regulación, en tanto en cuanto tal colaboración no es posible.
Serán reguladas mediante Ley Orgánica.
Serán reguladas mediante Ley ordinaria.
Los primeros dieciocho meses.
Los seis primeros meses.
Los primeros doce meses.
Los dos primeros meses.
Si en el plazo máximo de setenta y dos horas desde su ingreso o desde su detención no se hubiese recibido orden o mandamiento judicial, se procederá a excarcelar al interno, tanto si el ingreso se ha producido por orden de detención de la Policía judicial, ha sido acordado por el Ministerio Fiscal o ha tenido lugar por presentación voluntaria.
Cuando una persona se presente voluntariamente en un Centro Penitenciario, el Director del mismo recabará del Juez o Tribunal el correspondiente mandamiento, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.
Cuando la detención que determina el ingreso en prisión hubiese sido acordada por el Ministerio Fiscal, el Director del establecimiento comunicará el ingreso a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre el detenido dentro de las veinticuatro horas siguientes a su ingreso.
Cuando la orden de detención que determina el ingreso en prisión proceda de la Policía judicial, el Director del establecimiento comunicará el ingreso a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre el detenido, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su ingreso.
Elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, que podrá renovarse una sola vez.
Participará en sus trabajos el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
Participará un representante de cada Estado miembro de rango ministerial.
Estará compuesto por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión.
Acordar la clasificación inicial en segundo grado o tercer grado de tratamiento de los penados con condenas de hasta un año, siempre que el acuerdo de la junta de Tratamiento se haya adoptado por unanimidad.
Acordar la clasificación inicial en segundo grado de tratamiento de los penados con condena superior a cuatro años, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento se haya adoptado por unanimidad.
Acordar la aplicación de la forma especial de ejecución consistente en el cumplimiento en una Institución extra penitenciaria de los penados que se encuentren ya clasificados en tercer grado.
Resolver las revisiones de grado, interesadas por los internos al amparo del artículo 105.2 del Reglamento Penitenciario, siempre que el acuerdo de la Junta de Tratamiento de continuidad sea en segundo grado, se haya adoptado por unanimidad y el penado no haya cumplido la mitad de una condena superior a cinco años o tenga dos o más sanciones graves o muy graves sin cancelar.
Por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oído el Consejo Fiscal.
Por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial y oída la Junta de Fiscales.
Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo Fiscal.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Consejo Nacional de la Administración Local.
El Gobierno, previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Se podrá conceder la libertad condicional, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito, valorada la falta de peligrosidad relevante.
En este supuesto, no es necesario requerir informe pronóstico final al Centro Penitenciario.
Si el penado no aporta la información necesaria que permita valorar la evolución de su enfermedad podrá dar lugar a la revocación de la suspensión de la ejecución y de la libertad condicional.
Deberá ser acreditada por dictamen del médico forense y por los servicios médicos del Establecimiento que se trata de una enfermedad grave y que ésta pone en peligro la vida del interno.
El Defensor del Pueblo.
El Consejo de Transparencia.
El Comité Sectorial de administración electrónica.
El Defensor del usuario de la administración electrónica.
Ocho años, de los cuales cinco deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Tres años, de los cuales uno deberá ser inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
Diez años, de los cuales tres deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
El Consejo de Dirección podrá conceder traslados de Establecimiento por motivos educativos, previo informe de la junta de Tratamiento, siempre que el interno presente la solicitud con la debida antelación y no existan razones de seguridad que lo desaconsejen.
Las actividades educativas, formativas, socioculturales y deportivas se determinarán por el Director del Centro, teniendo en cuenta los planes de actuación del Centro Directivo, a partir de los programas individualizados elaborados por las juntas de Tratamiento.
A solicitud del interno se expedirán certificaciones acreditativas de las enseñanzas, cursos o actividades desarrollados, en la que constará una referencia expresa a su obtención en un Establecimiento Penitenciario.
El seguimiento con aprovechamiento de las actividades educativas y formativas, se estimulará mediante los beneficios penitenciarios y recompensas que procedan.
Vejez, incapacidad y muerte y supervivencia.
Vejez, asistencia sanitaria e incapacidad temporal.
Vejez, asistencia sanitaria, incapacidad temporal y muerte y supervivencia.
Asistencia sanitaria, incapacidad temporal y muerte y supervivencia.
El traslado de los niños que se encuentren con sus madres en prisión, se efectuará siempre junto con éstas.
Si una autoridad judicial interesa el traslado de un penado que no se encuentre a su disposición para la práctica de diligencias, el Director lo pondrá en conocimiento del juez de Vigilancia.
La salida del Centro Penitenciario de un penado para ingreso en hospital no penitenciario será acordada por el Subdirector Médico o jefe de los Servicios Médicos en su defecto.
Las autoridades judiciales o gubernativas recabarán siempre del Centro Directivo, con una antelación mínima de treinta días, la conducción de un interno para la práctica de diligencias o celebración de juicio oral.
El municipio, las mancomunidades de municipios, las diputaciones provinciales y las islas en los archipiélagos balear y canario.
El municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario.
Las comarcas y las áreas metropolitanas.
Las entidades que agrupen varios municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril y los correspondientes Estatutos de Autonomía.
Del Director, mediante resolución motivada, si hubiese mediado motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión, dando cuenta de este acuerdo al Centro Directivo.
Del Director, previa propuesta razonada de la Junta de Tratamiento y de este acuerdo se dará conocimiento inmediatamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Del Centro Directivo, mediante resolución motivada, previa propuesta razonada de la Junta de Tratamiento y de este acuerdo se dará conocimiento al Juez de Vigilancia Penitenciaria dentro de las 72 horas siguientes a su adopción.
Del Centro Directivo, previa propuesta de la Junta de Tratamiento, de este acuerdo se dará conocimiento inmediatamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria y a la autoridad judicial de la que depende.
Período mínimo de tres años.
Período mínimo de cinco años.
Período mínimo de un año.
Período mínimo de cuatro años.
El seguimiento y control del sistema contable.
Cuidar de los niveles de calidad y coste de los bienes y servios destinados al Centro Penitenciario de acuerdo con las instrucciones del Centro Directivo.
La adopción de las decisiones en materia económica y de gestión presupuestaria.
El análisis y la aprobación de la propuesta de necesidades de medios para el funcionamiento del Centro Penitenciario.
Un senador por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.
Las poblaciones de Ceuta y Melilla, elegirá cada una de ellas a dos senadores.
A cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
En las provincias insulares, se elegirán tres senadores en cada una de las islas mayores y uno en cada una de las restantes islas o agrupaciones.
Intentar, facilitar o consumar la evasión.
Inutilizar deliberadamente las dependencias, materiales o efectos del establecimiento o de las pertenencias de otras personas, causando daños de elevada cuantía.
La resistencia activa y grave al cumplimiento de las órdenes recibidas de autoridad o funcionario en el ejercicio legítimo de sus atribuciones.
La divulgación de noticias o datos falsos, con la intención de menoscabar la seguridad del Establecimiento.
El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en el caso de no ser atendido con la aprobación del Tribunal Constitucional, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquellas al cumplimiento
El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, en el caso de no ser atendido con la aprobación de las Cortes General, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido con la aprobación de la mayoría del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
La duración tanto de las comunicaciones familiares como de las visitas de convivencia no será inferior a dos horas ni superior a seis.
Antes de salir del Centro, todo interno tiene derecho a comunicar telefónicamente tanto a su familia como al abogado su traslado a otro Establecimiento, con cargo a la Administración.
Las comunicaciones de los internos no podrán tener más restricciones, en cuanto a las personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad y del buen orden del Establecimiento.
No se establecerán limitaciones en cuanto al número de cartas que puedan recibir y remitir los internos, salvo cuando hayan de ser intervenidas.
Solo determinará la anulabilidad, cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados.
Determinará la nulidad de pleno derecho.
Determinará la anulabilidad en todo caso.
Solo determinará la anulabilidad cuando implique cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
Son preparadas por la junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de forma coordinada con la Institución no penitenciaria y deberán ser aprobadas por el Centro Directivo.
Deberán ser aprobadas conjuntamente por la Institución no penitenciaria y el Centro Directivo.
Se fijan por la junta de Tratamiento a propuesta del responsable de la Institución no penitenciaria y deberán ser aprobadas por el Consejo de Dirección.
Son preparadas por la Institución no penitenciaria previa propuesta de la junta de Tratamiento y deberán ser aprobadas por el Consejo de Dirección.
El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos, los Consejeros electivos, los Letrados del Consejo de Estado y el Secretario General.
El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos y el Secretario General.
El Presidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos, los Consejeros electivos y el Secretario General.
El Presidente, el Vicepresidente, los Consejeros permanentes, los Consejeros natos, los Consejeros electivos y el Secretario General.
Se haya obtenido autorización del órgano superior jerárquico.
Se haya obtenido autorización judicial.
Se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Haya sido adoptada la resolución que le sirva de Fundamento jurídico.
Veta que puedan ser elegidos para Formar parte de las comisiones los internos en régimen ordinario que tengan alguna sanción disciplinaria por cualquier tipo de faltas sin cancelar.
No permite que participen en la elección los internos en régimen ordinario que tengan sanciones disciplinarias por faltas graves sin cancelar.
Es un principio recogido en la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1979.
Se trata de un mecanismo de incentivación introducido en el Reglamento Penitenciario por la reforma parcial efectuada por el Real Decreto 787/1984, de 28 de marzo.
De cualquier organismo vinculado a la Administración Pública.
Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.
De la Administración Central, Autonómica o Local.
Solamente de la Administración General del Estado y organismos, entidades y entes del sector público estatal, sean de naturaleza pública o privada vinculados a las mismas.
Comunicarán al órgano jurisdiccional competente para su conocimiento el plan individual de intervención y seguimiento elaborado para la ejecución sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.
Realizarán un nuevo plan de intervención, si las circunstancias del condenado hacen necesario modificar alguna de las obligaciones inicialmente impuestas.
Procederán al estudio y valoración de la situación del condenado y elaboraran el plan individual de intervención y seguimiento.
Del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento.
Podrán contratar verbalmente, salvo en casos excepcionales tasados en la ley.
Podrán contratar verbalmente solo en los casos de contratos de importe igual o inferior a 18.000 euros.
En ningún caso podrán contratar verbalmente.
No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.
Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los Diputados.
Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de las Cortes Generales.
Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados y Senadores.
Las faltas leves sólo podrán corregirse con la sanción de privación de paseos y actos recreativos comunes de hasta tres días de duración y con amonestación.
La sanción de aislamiento en celda de seis a catorce días de duración puede imponerse por la comisión de cualquier falta tipificada como grave o muy grave, conforme al artículo 108 del Reglamento Penitenciario de 1981 reformado por Real Decreto 787/1984, de 28 de marzo, siempre que se haya manifestado una evidente agresividad o violencia por parte del interno.
Cuando un mismo hecho sea constitutivo de dos o más faltas o cuando una de ellas constituya medio necesario para la comisión de otra, se aplicará la sanción correspondiente a la falta más grave, incrementada en la mitad de su límite máximo.
Dado el principio de garantía legal, la Ley Orgánica General Penitenciaria fija los diferentes tipos constitutivos de infracción o falta disciplinaria, dejando para el desarrollo reglamentario la concreción de las sanciones que cabe imponer en función de su gravedad.
Requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.
Se ajustará al mismo procedimiento utilizado para su aprobación.
Requerirá, en determinados casos, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Ordinaria.
Se ajustará al procedimiento establecido en dichos Estatutos, sin más trámite.
Igual o superior a 15 millones de euros.
Igual o superior a 20 millones de euros.
Igual o superior a 12 millones de euros.
Igual o superior a 10 millones de euros.
10 días naturales sin acceder a su contenido.
15 días naturales sin acceder a su contenido.
5 días naturales sin acceder a su contenido.
10 días hábiles desde su recepción.
Promover el interés general de la Unión y tomar las iniciativas adecuadas con este fin.
Supervisar la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ejercer conjuntamente con el Consejo la Función legislativa y la función presupuestaria.
Ejecutar el presupuesto y gestionar los programas.
Forma parte del contenido mínimo del Estatuto de cada Comunidad Autónoma.
Está garantizada por la Constitución.
Está garantizada por el Gobierno de la Comunidad de pertenencia.
Está garantizada por el Gobierno de la Nación.
El órgano de contratación podrá exigir una garantía provisional de hasta el 5% del contrato, excluidos los impuestos, que asegure su cumplimiento.
El órgano de contratación si decide exigir una garantía provisional, deberá justificarlo suficientemente en el expediente y no podrá ser superior al 3% del presupuesto, excluidos los impuestos.
El órgano de contratación, solamente podrá exigir hasta un 3% de garantía de la totalidad del contrato en los casos de suministros de materias primas y entienda que hay riesgo de incumplimiento.
El órgano de contratación establecerá con carácter general una garantía provisional en los pliegos de condiciones igual o superior al 3% del presupuesto, incluidos los impuestos.
La Dirección General de la Función Pública.
Las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
El Gobierno y los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
La Comisión de Coordinación del Empleo Público.
Resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.
Resulte incompatible, deberán optar por uno de ellos, una vez publicada la relación de aprobados del proceso selectivo y en todo caso antes del nombramiento en el nuevo puesto del sector público.
Sea susceptible de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los primeros diez días del plazo de toma de posesión.
Resulte incompatible con el que vinieran desempeñando habrán de optar por uno de ellos, y a falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto del sector público.
Precisa de la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria en los casos en los que se desee que el desplazamiento se lleve a cabo en autogobierno.
Será autorizado por el Director del Centro Penitenciario por delegación, siempre que se trate de un interno no vinculado a organizaciones terroristas, de conformidad lo dispuesto en la Orden INT/131/2023, de 11 de febrero.
Será autorizado en su caso por el Centro Directivo.
Se concederá en régimen de autogobierno siempre que el penado haya disfrutado ya de otro permiso extraordinario.
Tres años, dos años y un año, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Dos años, un año y seis meses, desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.
Dos años, un año y un mes, desde que la falta se hubiera cometido.
Tres años, dos años y seis meses, desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Convenio regulador, que se aprobará anualmente coincidiendo con los Presupuestos Generales del Estado.
Contrato de gestión, que se aprueba anualmente coincidiendo con los Presupuestos Generales del Estado.
Contrato de gestión, que se aprobará para periodos cuatrienales, coincidiendo con los ejercicios presupuestarios.
Plan de Acción Anual, que se aprobará por la Agencia, antes del 1 de febrero.
Por programas.
Orgánica.
Por fondos de contingencias.
Económica.
Sólo el derecho a la tutela judicial efectiva y otros análogos que tengan una dimensión procesal.
Los derechos y libertades reconocidos en el artículo 14 y la Sección Primera del Capítulo II del Título I y la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30 de la Constitución Española.
Sólo los que se proyectan sobre la dimensión personal del individuo, como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión y la debida igualdad ante la ley.
Los reconocidos en una norma con rango de Ley cuando así lo decida el juez o Tribunal que conozca del asunto.
Leyes Marco.
Leyes de Bases.
Leyes de Armonización.
Leyes de Presupuestos.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
El Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo.
El Real Decreto 411/2013, de 13 de diciembre.
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Cuatro años.
Dos años.
Cinco años.
Tres años.
Unidad, libertad, igualdad y confidencialidad.
Universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.
Universalidad, protección, igualdad y confidencialidad.
Universalidad, unidad, libertad e igualdad.
En regular la cadena perpetua revisable.
En regular las medidas de seguridad.
En abolir los juicios de faltas.
En abolir la pena de muerte.
Exigirá la previa revisión constitucional.
Deberá llevarse a cabo previo control por parte del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
No puede suceder dada la homogeneidad normativa que garantiza el Derecho Internacional.
Exigirá la aprobación de la mayoría de las Cortes Generales.
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Penados en Instituciones Penitenciarias.
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos.
En el Régimen General de la Seguridad Social.
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Sentenciados a la Pena de Trabajo en Beneficio de la Comunidad.
De los vínculos sociales, del funcionalismo y de la psicoanalítica de la criminalidad.
De la anomia, del aprendizaje social y de la Escuela Ecológica de Chicago.
De la criminología clínica, del etiquetamiento y del conflicto social.
Del etiquetamiento, de la criminología interaccionista y de la criminología clínica.
Tendrán o no la consideración de Administración Pública según determine su norma de creación.
Solo se considerarán Administración Pública si su actividad está vinculada a la prestación de un servicio público esencial.
Tendrán la consideración de Administración Pública.
Pertenecen al Sector Público si bien no son Administración Pública.
Interviene de forma subsidiaria en aquellos casos en que no interviene el Defensor de Pueblo.
Interviene cuando el derecho fundamental lesionado está relacionado con el orden jurisdiccional social.
Solo actúa cuando el derecho fundamental lesionado se encuentra relacionado con el orden jurisdiccional social, contencioso-administrativo y en materia de menores.
Interviene siempre.
Los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.
Los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida solo por Ley Orgánica dado que puede afectar a los derechos fundamentales y libertades públicas.
Los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por Ley Orgánica, ley ordinaria o ley de bases y nunca por disposición de rango reglamentario.
Los órganos administrativos que la tengan expresa o presuntamente atribuida, por disposición de rango legal.
Mezger.
Binding.
Welzel.
Beling.
No podrán ser objeto de revisión en ningún caso.
Podrán ser objeto de revisión no periódica y predeterminada.
Podrán ser objeto de revisión periódica y no predeterminada.
Podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada.
Prisión de cuatro a diez años.
Multa de seis meses.
Seis meses de prisión y multa de seis meses.
Prisión de cuatro a seis años.
La Sala de lo Mercantil del Tribunal Superior de Justicia.
La Sala de lo Social de la Audiencia Provincial.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
No afecta a los efectos punitivos sin perjuicio de la posibilidad de indulto parcial.
Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
Está exento de responsabilidad penal.
La infracción será castigada, en su caso, como imprudente.
En el exterior.
En el Consejo de Seguridad Nuclear.
En la Agencia de Protección de datos.
En la Administración de Justicia.
Kai T. Eriksson.
David Garland.
Alessandro Baratta.
Philip George Zimbardo.
No cabe la existencia de conflicto de atribución de competencias dado que en la disposición de atribución de competencias siempre se debe especificar el órgano competente
Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
Solo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración Pública relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
Solo podrán suscitarse entre órganos de diferentes Administraciones Públicas, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
Hay un incremento del 7,2%.
Hay un descenso del 4,3 %.
Hay un incremento del 3,2 %.
No hay un margen de variación significativo.
El valor económico de la pretensión objeto del mismo.
La que determine el Juez competente previo informe vinculante de perito judicial.
La valoración provisional de las costas finales del proceso.
La que fijen de mutuo acuerdo demandante y demandado.
Un síndrome de excitación psíquica con desorientación espacial y temporal, violentas alucinaciones que está ligado frecuentemente a episodios ocasionales y abusivos de consumo de alcohol.
Un tipo de síndrome de abstinencia derivado de la eventual ausencia de consumo de drogas, especialmente cannabinoides.
Un tipo de síndrome de abstinencia derivado de la puntual ausencia de consumo de drogas, especialmente benzodiacepinas.
Un síndrome de excitación psíquica con desorientación espacial y temporal, violentas alucinaciones que está ligado frecuentemente a un alcoholismo de largo recorrido.
Sobre la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos.
Sobre las reclamaciones en materia de libertad sindical y de derecho de huelga frente a actuaciones de las Administraciones públicas referidas exclusivamente al personal laboral.
Contra las Administraciones públicas, incluido el Fondo de Garantía Salarial, cuando les atribuya responsabilidad la legislación laboral.
En procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones públicas.
Pena privativa de libertad superior a 3 años.
Pena privativa de libertad superior a 1 año.
Pena privativa de libertad superior a 5 años.
Pena privativa de libertad superior a 4 años.
Solo se podrán hacer valer ante cualquier persona jurídica, pública o privada.
Se podrán hacer valer únicamente ante la Administración competente para resolver.
Se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
Solo se podrán hacer valer ante la Administración y ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, siempre que fueran parte interesada en el procedimiento en cuestión.
Que el procurador actúe con poder notarial bastante.
Formalizar un depósito de caución.
La expresión de las diligencias que se deberán practicar.
La petición de que se admita la querella.
Tales resoluciones no son competencia del orden jurisdiccional contencioso- administrativo sino de la jurisdicción social.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
Siete
Ocho
Cinco
Se requiere unanimidad.
Aquel porcentaje de delitos que queda oculto de cara la sociedad porque no han sido descubiertos por la autoridad o porque las víctimas no han llegado a denunciarlos.
Aquel volumen de delitos especialmente abyectos cometidos sobre menores y personas indefensas.
Aquel volumen de delitos donde las víctimas han contribuido con su conducta a su propio proceso de victimización, es un concepto asociado al de la "pareja penal" de Mendelsohn.
Las actividades nocivas inmunizadas por el poder político y los poderes económicos los cuales usan su poder para no incluirlas en los Códigos penales.
La de los menores sometidos a la ejecución de medida internamiento para el cumplimiento de su responsabilidad penal.
La relación de servicio de los funcionarios públicos.
La de los penados en las instituciones penitenciarias.
Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de carácter especial por una ley.
Que en las bandas juveniles las personalidades psicopáticas tiende a ejercer el mando jerárquico.
Que una vez que se ha etiquetado a un joven como diferente, éste puede aceptar el papel y proyectará su rechazo contra el sistema.
Que el crimen juvenil deriva de la dificultad que tienen los jóvenes que viven en pobreza para alcanzar por los medios legales las metas socialmente valoradas.
Que las bandas interpretaran cualquier intervención estatal, como un acto de hostigamiento y reaccionarán fortaleciendo su cohesión e idiosincrasia.
No es precisa la derivación de riesgo o la causación de perjuicios para la salud de las personas.
Se derive riesgo grave para la salud de las personas.
Se derive un concreto perjuicio para la salud de las personas.
Se derive una situación de emergencia sanitaria.
Los agentes del orden en aras a evitar el síndrome del "burn out'.
La víctima del delito.
Actuar sobre el ambiente socioeconómico de la familia del delincuente.
La población reclusa en aras a evitar la reincidencia.
Al Juez o Tribunal sentenciador, previa propuesta de la Junta de Tratamiento.
Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Al Juez o Tribunal sentenciador, previa propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Al Juez de Vigilancia Penitenciaria, previa propuesta del Juez o Tribunal sentenciador.
Erving Goffman.
Edwin Sutherland.
David Garland.
Howard Becker.
Sí, siempre.
No, en ningún caso.
Sí, si así lo solicita el Ministerio de Cultura.
Cuando así lo decida el Juez o Tribunal de forma motivada.
Allanamiento de morada.
Cohecho.
Descubrimiento y revelación de secretos.
Homicidio.
El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
La Administración Penitenciaria con el visto bueno del Tribunal sentenciador.
La Comisión mixta interparitaria que la propia norma establece.
El Tribunal sentenciador.
De cuarenta años.
De veinticinco años.
De treinta años.
De aplicación la regla general, 20 años.
Está regulada como una cláusula general en el artículo 11 del Código Penal.
Debe estar prevista expresamente en cada tipo penal y además reunir los requisitos del artículo 11 del Código Penal.
Se aplica como una creación jurisprudencial en base a la doctrina de la poena naturalis.
Debe estar prevista expresamente en cada tipo penal.
Obrar con abuso de confianza del perjudicado.
La comisión del delito en parques o espacios públicos.
La utilización para su comisión de mendigos o vagabundos.
La utilización para su comisión de menores de dieciséis años.
Se produce cuando una prueba ordinaria, típica del acto del Plenario, corre el riesgo de no poder practicarse.
Se produce cuando se acude al Notario para que sea él como fedatario el que remita la prueba al Tribunal.
Es la que se practica en la Secretaria del Juzgado de Instrucción ante el Letrado de la Administración de Justicia.
Es atípica e inidónea en el acto del Plenario pues debe realizarse en sede de instrucción con carácter previo debido a las circunstancias fácticas.
Cuando se cometa sobre los miembros del grupo menores de edad.
Cuando se cometa además con un delito de tortura y contra la indemnidad moral.
Cuando a algunos de los miembros del grupo se les agreda sexualmente o les produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149 del Código Penal.
En ningún supuesto.
En el proceso penal abreviado.
En el proceso ante el Juzgado de Menores.
En el juicio ordinario.
En el juicio de delitos leves.
Con la pena de prisión de seis a ocho años y multa de dos meses.
Con la pena de prisión de cuatro a seis años y pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 60 a 90 jornadas.
Con la pena de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo del valor de la droga.
Con la pena de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga.
Legalidad, cobertura presupuestaria, representatividad, buena fe negocial, singularidad y publicidad.
Obligatoriedad, pluridad, buena fe negocial, igualdad por razón de género, publicidad y transparencia.
Legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
Legalidad, igualdad, apremio, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
Prisión de quince años.
Prisión de diez a quince años.
Prisión permanente revisable.
Prisión de veinte a veinticinco años.
Superior a 120.000 euros.
Superior a 100.000 euros.
Igual o superior a 100.000 euros.
Superior a 50.000 euros.
Trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
Multa de doce meses.
Prisión de dos a cinco años.
Prisión de uno a cuatro años.
Sólo cuando se trate de casos de fuerza mayor propia o impropia, y por tanto no sea imputable al administrado.
En todo caso por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, incluidos los supuestos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.
De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo que por motivos presupuestarios no autorice el pago de la indemnización el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
Diez días siguientes.
Veinte días siguientes.
Tres días.
Cinco días.
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