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Examen oficial de Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

OEP 2023

Fecha del examen 2024-03-03

1. Según el artículo 33 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, la pena de prisión de menos de tres meses:

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Es una pena menos grave.

Es una pena grave.

Es una pena leve.

Esta pena no está contemplada en el artículo 33 del Código Penal y se sustituye conforme al artículo 71.2 por pena de multa, trabajos en beneficio de la comunidad o localización permanente.

2. Conforme al artículo 2 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, éste se compone de:

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El mismo número de jurados y Magistrados de la Audiencia Provincial, uno de los cuales lo presidirá.

6 jurados y 1 Magistrado de la Audiencia Provincial que lo presidirá.

9 jurados, 3 Magistrados de la Audiencia Provincial, uno de los cuales lo presidirá y 2 suplentes.

9 jurados, 1 Magistrado integrante de la Audiencia Provincial que lo presidirá y 2 jurados suplentes.

3. Según el artículo 3.1 de la Constitución Española de 1978, el castellano es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen:

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El deber de conocerla y el derecho a usarla.

El deber de conocerla y el de usarla.

El deber de usarla y el derecho a conocerla, salvo que existan otras lenguas oficiales reconocidas en el Estatuto de la Comunidad Autónoma en la que residan.

El deber de usarla y el derecho a conocerla.

4. El Juez de Vigilancia Penitenciaria ¿podrá acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y conceder la libertad condicional respecto de los penados por la comisión de un delito contra la libertad sexual, que cumplan su primera condena de prisión, no superior a tres años de duración, y que hayan extinguido la mitad de su condena?

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Sí, excepcionalmente, debiendo, además, encontrarse clasificado en tercer grado, acreditar la participación efectiva y favorable en programas de reparación a la víctima o programas de tratamiento y haber observado buena conducta.

Sí, se trata del régimen ordinario, siempre que, además, se encuentre clasificado en tercer grado y haya observado buena conducta.

No, este régimen no es aplicable a los penados por dicho delito.

Sí, se trata del régimen ordinario, debiendo, además, encontrarse clasificado en tercer grado y que haya observado buena conducta.

5. La Criminología se ocupa de al menos cuatro aspectos, entre los cuales se encuentran:

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El análisis de las causas de la conducta, del delito, de la victima y del contexto social.

El delincuente, la situación económica, el entorno familiar y las consecuencias de la pena.

El delito, el control social, las consecuencias del delito y la prevención.

El estudio del delincuente, del delito, de la víctima y del control social.

6. El artículo 201 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, establece sobre los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, que la denuncia de la persona agraviada:

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No será precisa cuando la comisión del delito solo afecte a los intereses particulares de una pluralidad de personas.

No será precisa cuando se hayan cometido por autoridad o funcionario público.

No será necesaria cuando se revelen secretos laborales o profesionales, donde también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

Será siempre necesaria.

7. Conforme al artículo 988 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1 882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contra el Auto que acuerda la acumulación de condenas cabe interponer:

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Recurso de amparo.

Recurso de apelación.

Recurso de reforma y subsidiario de apelación.

Recurso de casación por infracción de ley.

8. Según Thorsten Sellin, los delitos contra la vida y la integridad de las personas se ordenan, en función le su agresividad decreciente en:

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Asesinato, lesiones, delitos contra la integridad moral.

Asesinato, agresiones sexuales, lesiones.

Delitos contra la libertad, agresiones, lesiones.

Homicidio, lesiones, agresiones sexuales.

9. Según el artículo 2 de la Constitución Española de 1978, esta se fundamenta en:

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La interdependencia de los poderes del Estado.

La organización territorial del Estado.

Un estado liberal y democrático de Derecho.

La indisoluble unidad de la Nación española.

10. De acuerdo con el artículo 258.1 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, las faltas disciplinarias prescribirán:

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Las muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los tres meses, desde la fecha en que se hubiese cometido la infracción.

Por el transcurso de seis meses para las faltas muy graves, de tres meses para las graves y de un mes para las leves, a contar desde la imposición de la sanción.

Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses, desde la fecha en que se hubiese cometido la infracción.

Por el transcurso de seis meses para las faltas muy graves, de tres meses para las graves y de un mes para las leves, a contar desde la fecha en que se hubiese cometido la infracción, si no se hubiera iniciado procedimiento sancionador.

11. Conforme con el artículo 248 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, los reos de estafa no serán castigados con pena de prisión de 6 meses a 3 años, sino con pena de multa de 1 a 3 meses, si la cuantía de lo defraudado no excede de:

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400 euros.

600 euros.

1.000 euros.

800 euros.

12. De acuerdo con lo previsto en el artículo 57.3 de la Constitución Española de 1978, extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a:

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Los intereses de España.

El pueblo español.

La institución de La Corona.

La dinastia histórica Borbón.

13. Según el artículo 163 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se impondrá la pena inferior en grado si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de:

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Los cinco primeros días de su detención, aunque hubiese logrado el objeto que se había propuesto.

Los dos primeros días de su detención, aunque hubiese logrado el objeto que se había propuesto.

Los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto.

Los cinco primeros días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto.

14. Conforme al artículo 72.1 de la Constitución Española de 1978, los Reglamentos que rigen las Cámaras y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá:

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Unanimidad.

Mayoría absoluta.

Mayoría simple.

Mayoría de 3/5.

15. De acuerdo con lo establecido en el artículo 193 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, el recurso de suplicación tendrá por objeto:

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Revisar las pruebas documentales y periciales practicadas en el juicio de la sentencia recurrida.

Reponer al demandante en su situación laboral anterior a la sentencia recurrida.

Revisar la cuantía de los salarios de tramitación determinados en la sentencia recurrida de acuerdo con la jurisprudencia invocada en el recurso.

Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas documentales y periciales practicadas.

16. La celebración de tratados por los que se atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución Española de 1978, se podrá autorizar mediante:

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Ley Orgánica.

Ley Ordinaria.

Real Decreto-ley.

Acuerdo de Consejo de Ministros.

17. Dentro de la Criminología, la “Teoría de las ventanas rotas” de Wilson y Kelling:

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Adopta como eje central el autocontrol del individuo.

Valora el aspecto urbanístico de ciudades y barrios.

Impulsa una política criminal preventiva, concentrada en el control de actividades que crean un ambiente favorable para la delincuencia.

Su aplicación conlleva un aumento de la delincuencia en ciudades densamente pobladas.

18. Conforme al artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los efectos de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho Administrativo:

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Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Tienen validez plena y eficacia demorada desde el momento que se dicten.

Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su competencia no deben ser observados por el resto de los organismos administrativos.

Tienen eficacia retroactiva, en cualquier caso.

19. Según el artículo 469 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, serán castigados con pena de prisión de 6 meses a 4 años:

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Los sentenciados o presos que se fugaren del lugar en que estén recluidos, haciendo uso de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas o tomando parte en motín.

Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia si estuvieran privados de libertad.

Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de penas, medidas de seguridad o medidas cautelares.

Los que quebrantaren la medida de libertad vigilada.

20. Las sesiones conjuntas de las Cámaras, conforme al artículo 72.2 de la Constitución Española de 1978, serán presididas por:

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El Presidente del Senado.

El Presidente del Gobierno.

El Presidente del Congreso.

El Rey.

21. Según Wolfgang, en el ámbito de la Criminología, la victima de primer grado:

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Es aquella que está unida al autor por una relación de consanguinidad de primer grado.

Es aquella que se ve afectada por el delito directa y personalmente, la que sufre la acción.

Califica a aquella relacionada con el autor por relación de afinidad o consanguinidad de primer grado.

Es el Estado, considerado máximo garante de la seguridad de los ciudadanos.

22. Conforme al artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a la delegación de competencias:

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Los órganos de las diferentes administraciones podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en cualquier otro órgano de dichas administraciones.

En la Administración General del Estado, las delegaciones de competencias y su revocación no se publican en el Boletin Oficial del Estado.

Como norma general y salvo que medie una prohibición expresa de una Ley, podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.

Los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus organismos públicos cuando resulte conveniente para alcanzar los fines asignados y mejorar la eficacia de su gestión.

23. De acuerdo con el artículo 99.5 de la Constitución Española de 1978, si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del:

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Consejo de Ministros.

Presidente del Senado.

Presidente del Congreso.

Presidente del Gobierno.

24. A la persona condenada por la comisión de un delito de lesiones, cuando la víctima fuere el hermano de su cónyuge, conforme a lo establecido en el artículo 156 quater del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre:

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Se le podrá imponer además una medida de libertad vigilada.

Se le impondrá además una medida de libertad vigilada, solo si se ejerció en presencia de menores o utilizando armas o tenga lugar en el domicilio común.

No se le podrá imponer una medida de libertad vigilada.

Se le impondrá además una medida de libertad vigilada.

25. En el proceso contencioso-administrativo, las alegaciones previas a que se refieren los artículos 58 y 59 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, una vez evacuado el traslado inicial, se siguen por los trámites:

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Del recurso ordinario.

De ejecución de sentencia o auto.

Del procedimiento abreviado.

De los incidentes.

26. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas recogido en el artículo 153 de la Constitución Española de 1978, respecto a las funciones delegadas a las que se refiere el artículo 150.2 del mismo texto legal, se ejercerá por:

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El Tribunal Constitucional.

El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.

El Tribunal de Cuentas.

El Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Ministros.

27. De acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el principio de norma más favorable consiste en que los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto y:

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En cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables.

En cómputo mensual, respecto de los conceptos cuantificables.

Respetando en todo caso los máximos pactados en Convenio Colectivo respecto de los conceptos cuantificables.

En cómputo mensual, respecto de los conceptos no cuantificables.

28. Conforme a lo dispuesto en el artículo 514.3 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, las personas que, con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación, realicen actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o privadas, serán castigadas:

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Con la pena que a su delito corresponda, en su mitad superior.

Con pena de 1 a 3 años de prisión si portaren armas y objetos igualmente peligrosos.

Con pena de prisión de 6 meses a 2 años si son los promotores de la reunión o manifestación.

Si con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública.

29. Según el artículo 106.1 de la Constitución Española de 1978, el control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa corresponde:

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A la Intervención General del Estado.

Al Congreso de los Diputados.

Al Consejo de Estado.

A los Tribunales.

30. En el error invencible, la responsabilidad civil, de acuerdo con el artículo 118 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se hará efectiva por:

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Los autores y cómplices del hecho.

Las personas que lo hayan ejecutado, en proporción al perjuicio que hayan causado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio.

Los autores del hecho.

Los autores del hecho y los que lo hayan ejecutado, graduándose por los Jueces o Tribunales de forma equitativa la medida en que deba responder con sus bienes cada uno de dichos sujetos.

31. Según el artículo 257 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, el tiempo cumplido de una sanción posteriormente revocada o reducida en los casos previstos reglamentariamente, podrá tenerse en cuenta para el cumplimiento posterior de otras sanciones, siempre que:

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Sea autorizado por todos los miembros de la Comisión Disciplinaria por acuerdo unánime.

La revocación o reducción de las sanciones haya sido concedida por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Éstas hubiesen sido impuestas por acciones u omisiones que den lugar a una infracción del mismo tipo.

Éstas hubiesen sido impuestas por acciones u omisiones también anteriores a la mencionada revocación o reducción.

32. De acuerdo con el artículo 85.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el control de eficacia será ejercido por:

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El Departamento de adscripción, a través de la Intervención General de la Administración del Estado.

El Departamento de adscripción, a través de las inspecciones de servicios.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria democrática, a través de la Inspección General de Servicios.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado.

33. De acuerdo con el artículo 117 de la Constitución Española de 1978, la Justicia emana:

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Del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial.

Del Rey y se administra en nombre del pueblo por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial.

De las Cortes Generales y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial.

Del pueblo y se administra en nombre del Gobierno por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial.

34. De conformidad con la disposición adicional cuarta del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo, las administraciones públicas podrán celebrar contratos por tiempo indefinido:

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Cuando resulten esenciales para el cumplimiento de los fines que las administraciones públicas y las entidades que conforman el sector público institucional tenga encomendados, previa expresa acreditación.

En todo caso, de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, sin más requisitos que formalizarlos por escrito.

En ningún caso.

Exclusivamente cuando lo autorice expresamente el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

35. Conforme al artículo 14 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, serán competentes para el conocimiento y fallo de los juicios por delitos leves:

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El Juez de Instrucción.

El Juez de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer.

La Audiencia Provincial.

El Juez de lo Penal.

36. Según el artículo 117.5 de la Constitución Española de 1978, la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales es el principio de:

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Descentralización jurisdiccional.

Jerarquía.

Jurisprudencia.

Unidad jurisdiccional.

37. Según el artículo primero de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, para la defensa de los derechos comprendidos en el Título | de la Constitución Española de 1978, podrá supervisar la actividad:

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De la Administración.

De las entidades de derecho privado.

Parlamentaria.

De Jueces y Tribunales.

38. De acuerdo con lo establecido en el punto 15 del Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la Administración General del Estado de 16 de diciembre de 2020, cuando en el desarrollo de las funciones sindicales los representantes sindicales deban percibir dietas y gastos de locomoción por la asistencia a reuniones convocadas por la Administración:

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La Administración atenderá, en la medida de lo posible, a criterios de racionalidad y contención del gasto en esta materia.

La Administración atenderá a criterios de eficacia y optimización de recursos, a fin de evitar gastos innecesarios en esta materia.

La Administración y las centrales sindicales atenderán, en todo caso, a criterios de racionalidad y contención del gasto en esta materia.

Las organizaciones sindicales deberán dictar instrucciones para sus representantes, a fin de evitar gastos innecesarios en esta materia.

39. Según el artículo 54 de la Constitución Española de 1978, el Defensor del Pueblo será designado por:

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El Gobierno.

El Congreso de los Diputados.

Las Cortes Generales.

El Rey.

40. En virtud del artículo 282 bis del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el agente encubierto es:

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Un funcionario de Policía.

Una víctima.

Un investigado.

Un funcionario de Policía Judicial.

41. De lo prevenido en el artículo 236 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el replanteo del proyecto se realizará:

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Antes de la aprobación del proyecto y del expediente de contratación de la obra.

Aprobado el expediente de contratación de la obra.

Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra.

Aprobado el proyecto y el expediente de contratación de la obra.

42. Conforme establece el artículo 132 de la Constitución Española de 1978, las playas:

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Son bienes de dominio público local.

Son bienes de dominio público autonómico.

Pueden ser objeto de dominio privado.

Son bienes de dominio público estatal.

43. De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la persona titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es nombrada por Real Decreto del Consejo de Ministros con categoría de:

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Secretario General Técnico.

Subsecretario.

Director General.

Secretario de Estado.

44. Conforme establece el artículo 213 de la Ley 9/2017, de 28 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los derechos de las partes en la resolución de mutuo acuerdo:

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Los determinará el Tribunal Económico Administrativo.

Se acomodarán a lo válidamente estipulado por las partes.

Se determinarán por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

Los determinará la Administración contratante.

45. El artículo 78 bis del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, establece que, cuando el sujeto haya sido condenado por varios delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales y uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido un minimo de:

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Veintiocho años.

Veinticinco años.

Treinta años.

Treinta y cinco años.

46. Conforme al artículo 21 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, el expediente expropiatorio se inicia con el acuerdo:

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De fijación del justo precio.

De declaración de utilidad pública o interés social.

De necesidad de ocupación.

Que aprueba la relación detallada de bienes y derechos de necesaria expropiación.

47. Según lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los dictámenes:

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Obligarán al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse.

Cuando designe destinatarios, sólo serán obligatorios para éstos.

Tendrán un alcance general.

No serán vinculantes.

48. Los diputados al Parlamento Europeo serán elegidos para un mandato de:

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Seis años.

Cinco años.

Siete años.

Ocho años.

49. Conforme establece el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos de trámite que no deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos:

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Cabe interponer recurso de revisión.

Podrá interponerse recurso de alzada y potestativo de reposición.

Se interpondrá en todo caso recurso de alzada o potestativo de reposición.

No cabe recurso.

50. De conformidad con lo dispuesto en el Tratado de la Unión Europea, la función legislativa y la función presupuestaria se ejercerán:

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Exclusivamente por el Parlamento Europeo.

Por la Comisión y el Consejo, conjuntamente.

Por el Consejo Europeo, exclusivamente.

Conjuntamente por el Consejo y el Parlamento Europeo.

51. La negociación colectiva, según los artículos 31 y siguientes del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

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Es un derecho reconocido solamente a los funcionarios de carrera de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos de naturaleza política, creados expresamente por ellas.

Es un derecho reconocido solamente al personal laboral de las Administraciones Públicas.

Es un derecho de los empleados públicos para la determinación de sus condiciones de trabajo.

52. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, sobre el derecho de reunión:

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El ejercicio del derecho de reunión de los empleados públicos no puede desarrollarse en el centro de trabajo ni durante el horario laboral.

El órgano competente en materia de personal será siempre el responsable del normal desarrollo de las reuniones de los trabajadores que se realicen en el centro de trabajo.

Una vez acordada la celebración de una reunión de empleados públicos en horario laboral, éstos deberán solicitar un permiso de asistencia no retribuido al órgano competente en materia de personal.

Los Delegados de Personal están legitimados para convocar reuniones de los empleados públicos en los centros de trabajo.

53. Según el artículo 34 de la Ley 9/2017, de 28 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto a la libertad de pactos:

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Los contratos mixtos son siempre contratos sujetos a regulación armonizada.

Se entiende por contrato mixto aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase, sin que puedan incluirse prestaciones de contratos de concesión de obra y de concesión de servicios.

No hay límite para fusionar en un contrato mixto prestaciones correspondientes a diferentes contratos.

Para que puedan fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un contrato mixto, esas prestaciones deben estar directamente vinculadas entre sí.

54. Conforme al artículo 276 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, no es miembro de la Comisión Disciplinaria:

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El Subdirector de Seguridad.

El Subdirector Médico o Jefe de los Servicios Médicos.

Un Jurista del Establecimiento.

Un Jefe de Servicios.

55. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, señale la respuesta incorrecta sobre el personal eventual:

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Su retribución se realiza con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública.

Le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza.

56. A tenor de lo dispuesto en el artículo 245 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuando se decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, presupuestos procesales o nulidad del procedimiento se dictará:

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Decreto.

Acuerdo.

Auto.

Sentencia.

57. De acuerdo con el artículo 33.2 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, la privación de la patria potestad, por su naturaleza, es una pena:

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Grave.

Grave o menos grave, en atención a su extensión temporal.

Menos grave.

Grave, si la privación es total, o menos grave, si es parcial.

58. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 757 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Procedimiento Abreviado se aplicará al enjuiciamiento de los delitos con pena privativa de libertad de hasta:

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3 años.

9 años.

6 años.

5 años.

59. Según el articulo 56 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, entre los requisitos para poder participar en los procesos selectivos no se encuentra:

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Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Tener cumplidos los dieciséis años.

No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

Haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas.

60. Conforme a lo dispuesto en el artículo 44.3 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, la puntuación de cada uno de los méritos en los concursos:

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No podrá exceder en ningún caso del 40 por 100 de la puntuación máxima total ni ser inferior al 10 por 100 de la misma.

No podrá exceder en ningún caso del 30 por 100 de la puntuación máxima total ni ser inferior al 5 por 100 de la misma.

Podrá ser superior al 50 por 100 de la puntuación máxima total y no ser inferior al 15 por 100 de la misma.

Podrá ser superior al 50 por 100 de la puntuación máxima total y no ser inferior al 10 por 100 de la misma.

61. De acuerdo con el artículo 37 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, el Juez podrá acordar que la pena de localización permanente se cumpla en centro penitenciario, en los casos que esté prevista:

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Como pena accesoria, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que asi lo disponga el precepto legal aplicable.

Como pena accesoria, siempre que asi lo disponga el precepto legal aplicable.

Como pena principal, en atención a la gravedad del daño y el beneficio alcanzado, aunque no lo disponga el precepto legal aplicable.

Como pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga expresamente el concreto precepto aplicable.

62. En los procedimientos de libre designación, según lo dispuesto en el artículo 53 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, las solicitudes se dirigirán al órgano convocante:

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Dentro de los quince dias hábiles siguientes al de la publicación de la convocatoria.

Dentro de los veinte días hábiles desde el día de la publicación de la convocatoria.

En el plazo de cinco días hábiles desde el día de la publicación en los supuestos de urgencia.

En el plazo de veinte días naturales siguientes al de la publicación de la convocatoria.

63. Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la ley, podrán ser ejercitados por los titulares de la patria potestad en nombre y representación de los menores de:

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18 años.

16 años.

15 años.

14 años.

64. Según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, están excluidas de la obligación de negociación:

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Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.

Los planes de Previsión Social Complementaria.

65. Conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, señale la respuesta incorrecta sobre la suspensión firme:

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Se deberá solicitar el reingreso al servicio activo con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la suspensión.

La condena criminal y la sanción disciplinaria determinarán la pérdida del puesto de trabajo sin excepciones.

En tanto no transcurra el plazo de suspensión de funciones no procederá ningún cambio de situación administrativa.

La condena y la sanción no determinarán la pérdida del puesto de trabajo cuando la suspensión firme no exceda de seis meses.

66. El artículo 56 del IV Convenio Único de Personal Laboral de la Administración General del Estado, recoge la estructura retributiva del personal laboral sujeto al Convenio, que podrá tener los siguientes componentes salariales:

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Los que autorice expresamente el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Salario base, pagas extraordinarias, otras retribuciones de carácter personal, complementos salariales y productividad ligada al desempeño.

Los que autorice expresamente el Ministerio de Hacienda.

Salario base, pagas extraordinarias, otras retribuciones de carácter personal, complementos salariales, percepciones no salariales y retribución en especie.

67. Según el articulo 17.4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el plazo máximo de detención policial es:

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36 horas.

24 horas.

No puede ser detenido.

72 horas.

68. Según lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, la excedencia para el cuidado de hijos:

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Para su solicitud es necesario haber prestado servicios efectivos al menos 5 años en cualquier Administración Pública.

Tendrá una duración mínima de dos años y máxima de cinco.

Se tendrá en cuenta este periodo a efectos del cómputo de trienios y consolidación de grado sin reserva del puesto de trabajo.

Tendrá una duración máxima de tres años desde la fecha del nacimiento.

69. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones básicas están integradas:

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Exclusivamente por el sueldo y las pagas extraordinarias.

Exclusivamente por el sueldo y los trienios.

Por el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias.

Por el sueldo, las pagas extraordinarias y el complemento de destino.

70. El artículo 26 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, no reconoce expresamente como principio relativo a la programación presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado:

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El progreso social.

La responsabilidad.

La transparencia.

La estabilidad presupuestaria.

71. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, no procede abonar indemnización en concepto de asistencia por:

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La colaboración con carácter no permanente en unidades de formación y perfeccionamiento del personal al servicio de las Administraciones públicas.

La colaboración con carácter habitual en escuelas de formación y perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración.

La concurrencia a las reuniones de consejos de administración de empresas con capital o control públicos.

La concurrencia a las reuniones de órganos colegiados de la Administración.

72. Según el artículo 99 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en los casos de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad:

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Solo se cumple la medida de seguridad.

Se cumplen ambas sucesivamente.

Solo se cumple la pena privativa de libertad.

Se cumple primero la medida, que se abonará para el de la pena.

73. Señale cuál de los siguientes principios constituye un principio de conducta según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

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No aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

Cumplir con diligencia las tareas que le correspondan o se encomienden y, en su caso, resolver dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.

Garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables.

Ajustar su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los ciudadanos.

74. Según lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, la sanción de suspensión de funciones:

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Por falta grave no excederá de cuatro años.

Por falta muy grave no podrá ser superior a seis años ni inferior a tres.

No podrá ser inferior a dos años ni superior a cinco por falta muy grave.

No podrá ser superior a cinco años ni inferior a dos por falta grave.

75. Conforme al artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, el Pleno del mismo está integrado por el siguiente número de Consejeros:

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Diez.

Ocho.

Doce.

Catorce.

76. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, señale la respuesta correcta sobre la competencia para el pago de las prestaciones de Clases Pasivas del Estado:

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La realización de las funciones de pago material de dichas prestaciones es competencia de la Tesorería General de la Seguridad Social.

La ordenación del pago de las prestaciones corresponde a la Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El pago material de las mismas corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La administración y dirección de los créditos para estas prestaciones corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones.

77. El artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece los grupos de trabajadores que se encuadran en los regímenes especiales de la Seguridad Social. No encontrándose entre ellos:

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Los trabajadores penados en Instituciones Penitenciarias.

Los estudiantes.

Los funcionarios públicos, civiles y militares.

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos.

78. Conforme al artículo 831 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por regla general, la petición de extradición se hará mediante:

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Suplicatorio.

Requisitoria.

Exhorto.

Comisión rogatoria.

79. En virtud de lo dispuesto en el artículo 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la organización central de la Administración General del Estado son órganos directivos:

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Los Ministros, los Subsecretarios, los Secretarios generales, los Secretarios generales técnicos y los Directores generales, no teniendo tal consideración los Subdirectores generales.

Los Subsecretarios, los Secretarios generales, los Secretarios generales técnicos, los Directores generales y los Subdirectores generales.

Los Ministros y los Secretarios de Estado.

Los Secretarios de Estado, los Secretarios generales y los Secretarios generales técnicos.

80. El artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no reconoce expresamente como criterio de actuación de las Administraciones públicas:

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Establecer medidas efectivas para garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres entre los órganos directivos.

Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.

Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.

Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.

81. Conforme al artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, respecto al precio de los contratos del sector público, señale la respuesta incorrecta:

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Con carácter general el precio deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los casos en que esta u otras Leyes así lo prevean.

Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado.

Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos de plazos o de rendimiento.

No se entenderá incluido en el precio el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.

82. Según el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo para resolver y notificar la resolución en un procedimiento de solicitud de información pública se cuenta, cuando la solicitud se presenta ante una Administración distinta a aquella que debe resolver desde que:

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Se registre la entrada de la solicitud en la Administración competente para resolver.

Se realicen las primeras actuaciones por el órgano competente para resolver.

Se recepcione la solicitud en el órgano competente para resolver.

Se registre la solicitud en cualquiera de las oficinas de registro de cualquiera de las Administraciones Públicas.

83. Conforme al artículo 7 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, es una falta grave:

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La incorrección con superiores, compañeros o subordinados.

La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el cumplimiento de las tareas encomendadas.

El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades.

Intervenir en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.

84. Según el artículo 132 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en los delitos contra la libertad sexual, cuando la víctima fuera menor de edad, los plazos de prescripción se computarán desde que:

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La victima cumpla 35 años.

Se cometieron los hechos.

El procedimiento se dirija contra el autor del hecho.

La victima alcance la mayoría de edad.

85. Conforme establece el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando la responsabilidad derive de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones Públicas, las mismas responderán frente al particular:

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Responderá la Administración con mayor participación en la financiación del servicio.

En función del grado de intervención de cada una de ellas.

De forma solidaria.

De forma subsidiaria.

86. Según el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los actos y disposiciones dictados por la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos:

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No ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles en alzada ante el Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Ponen fin a la vía administrativa, siendo recurribles, directamente, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del lugar donde se hubiera producido la infracción.

87. Conforme al artículo 134 de la Constitución Española de 1978, el Gobierno tiene que presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado, antes de la expiración de los del año anterior, con una antelación de al menos:

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1 mes.

2 meses.

4 meses.

3 meses.

88. Según el artículo 66 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, tratándose de delitos dolosos, cuando concurra solo una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal, se aplica la pena:

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En la mitad inferior de la que fije la Ley para el delito.

Establecida por la Ley para el delito cometido, en la extensión que estime adecuada en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho.

En la mitad superior de la que fije la Ley para el delito.

Inferior en uno o dos grados a la establecida por la Ley.

89. Conforme al artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar un expediente de solicitud de acceso a información pública es de:

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3 meses.

2 meses.

1 mes.

15 días.

90. El articulo 78 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, establece que la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada ministerio u organismo autónomo respecto del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento:

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El quince por ciento.

El diez por ciento.

El cinco por ciento.

El siete por ciento.

91. Según el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no tienen la consideración de contratos de suministro:

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Los de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.

Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición.

Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.

Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario.

92. Conforme establece el artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los principios de la potestad sancionadora de la Administración no son aplicables:

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Al ejercicio de la potestad sancionadora respecto del personal eventual.

A quienes estén vinculados con la Administración por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público.

Al ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal interino.

Al ejercicio de la potestad disciplinaria respecto del personal funcionarial.

93. En relación a la disposición de ordenadores personales por los internos, el artículo 129 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario:

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Su uso es libre por el interno, así como el de los dispositivos externos de almacenamiento y la conexión a redes de comunicación.

Se permite su uso a internos extranjeros, para comunicación con sus familias.

La concesión de la autorización, una vez obtenida se considera irrevocable.

Se puede autorizar si se estima necesario o aconsejable por razones de carácter educativo o cultural.

94. Según el artículo 14 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, el error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal:

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Se aplica la pena en su mitad inferior.

Se castiga como imprudente.

Se aplica la pena inferior en uno o dos grados.

Excluye la responsabilidad criminal.

95. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 122/2015, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, el régimen presupuestario de la Entidad:

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Elaborará anualmente su anteproyecto de presupuesto y lo remitirá al Ministerio del Interior.

Su presupuesto de gasto será limitativo.

Su control financiero permanente se realizará por el Ministerio del Interior, a través de su inspección de servicios.

Estará sometida al Plan General de Contabilidad Pública sin ningún tipo de adaptación.

96. Conforme a lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Española de 1978, las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre:

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Desarrollo de las libertades públicas.

Materias determinadas, no incluidas en el artículo 81 de la Constitución Española de 1978.

Aprobación de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.

Aprobación del régimen electoral general.

97. Según se establece el artículo 53 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, las peticiones y quejas sobre materias competencia de la Administración Penitenciaria se presentarán:

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Exclusivamente ante el Juez o Tribunal sentenciador.

Podrán ser formuladas ante el funcionario encargado de la dependencia, ante el Jefe de Servicios o ante el Director del Centro.

Exclusivamente ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Ante el Centro Directivo, únicamente.

98. De acuerdo con el artículo 106 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, éstas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos:

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Que hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 48.1 de la propia ley y previo el Dictamen favorable preceptivo.

Que hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la propia ley y previo el Dictamen favorable preceptivo.

Que no hayan puesto fin a la vía administrativa, en los supuestos previstos en el artículo 48.1 de la propia ley y previo el Dictamen favorable preceptivo.

Que hayan puesto fin a la vía administrativa, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la propia ley y previo el Dictamen favorable preceptivo.

99. En virtud de lo establecido en el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativo al inicio del procedimiento administrativo por denuncia:

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La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

Cuando la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de una Administración Pública, será obligatoria la iniciación del procedimiento para la Administración perjudicada.

La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción administrativa y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento le eximirá en todo caso del pago de la multa que le correspondería.

100. Conforme al artículo 281 del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, del Reglamento Penitenciario, corresponde a los Juristas del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias:

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Supervisar la ejecución de las actividades programadas por el Equipo Técnico, distribuyéndolas, según su naturaleza, entre los miembros del Equipo, que las ejecutarán de acuerdo con las técnicas propias de su especialidad y bajo el control inmediato del Jefe del Equipo.

Proponer a la Junta de Tratamiento la adopción de las medidas necesarias para superar las carencias que presenten los internos.

Asistir como vocal a las reuniones del equipo participando en sus actuaciones y acuerdos.

Formular, en función del estudio científico de la personalidad de los penados y de los datos e informaciones de que se dispongan, las propuestas razonadas de grado inicial de clasificación y de destino al Establecimiento que corresponda.

101. De acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación simplificada del procedimiento administrativo:

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Siempre se deberá dar trámite de audiencia a los interesados.

Una vez acordada por el órgano competente para la resolución, el procedimiento deberá resolverse en un plazo máximo de cuarenta días.

Podrá acordarse por las Administraciones Públicas cuando razones de interés público así lo aconsejen.

Podrá ser solicitada por cualquier interesado, debiendo acordarla el órgano competente para la resolución del procedimiento en un plazo de cinco días.

102. En relación a los grandes sistemas penitenciarios, uno de los fundadores de los llamados sistemas progresistas fue:

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Jeremías Bentham.

Willian Penn.

George Obermayer.

Elam Lynds.

103. La autoridad competente, de conformidad con el artículo 64 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para reconocer y acordar la ejecución de una resolución por la que se impone una medida de internamiento en régimen cerrado de un menor, corresponderá al:

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Juez Central de Menores.

Juez de Menores del centro donde cumpla la medida.

Juez Central de lo Penal.

Juez Central de Vigilancia Penitenciaria.

104. La elaboración de las normas de régimen interior en grupos de comunidad terapéutica, de acuerdo con el artículo 115 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero corresponde a:

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Los responsables de los grupos.

La Junta de Tratamiento.

El Consejo de Dirección.

Los responsables de los grupos, previo informe de la Junta de Tratamiento.

105. De acuerdo con el artículo 38 del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, cuando el reo estuviere preso, la duración de la pena empezará a computarse desde el día en que:

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El Auto de prisión provisional haya quedado firme.

La sentencia condenatoria se haya dictado y publicado.

La sentencia condenatoria haya quedado firme.

Haya ingresado en prisión por la causa en que dicha privación fue acordada.

106. Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Española de 1978, aprobado un proyecto de ley orgánica por el Congreso de los Diputados:

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El Presidente del Congreso lo someterá a la deliberación del Senado.

El Senado podrá vetar el proyecto de ley orgánica aprobado por el Congreso por mayoría simple de la Cámara en un plazo de dos meses.

El veto del Senado al proyecto de ley orgánica aprobado por el Congreso hará decaer el mismo en un plazo de 20 días naturales si hubiera sido declarado urgente por el Gobierno.

El Presidente del Senado lo someterá a la deliberación de la propia Cámara.

107. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, no tienen la consideración de establecimientos especiales los siguientes centros:

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Psiquiátricos.

Hospitalarios.

De rehabilitación social.

De preventivos.

108. Según establece el artículo 20 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, la estancia de preventivos o penados en el departamento de ingresos será, como máximo, de:

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Cinco días, no prorrogables.

Cinco días, sólo prorrogables por dos motivos y de los que se dará cuenta al Juez de Vigilancia correspondiente.

Cinco dias, sólo prorrogables para preservar su seguridad, y de lo que dará cuenta el Director al Centro Directivo.

Tres días, sólo prorrogables por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad, y de lo que dará cuenta el Director de dicha circunstancia al Centro Directivo.

109. Conforme establecen los artículos 79 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria y 31 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, la competencia exclusiva para decidir el destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios corresponde al:

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Consejo de Dirección.

Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Director del Establecimiento.

Centro Directivo.

110. A tenor de lo que establece el artículo 48 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, las comunicaciones de los internos con su Abogado defensor:

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No pueden ser intervenidas.

Pueden ser intervenidas por el Centro Directivo.

Únicamente pueden ser suspendidas o intervenidas por la orden expresa de la autoridad judicial.

Pueden ser suspendidas par el Director del Centro Penitenciario.

111. Conforme establece el artículo 75 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, las limitaciones regimentales serán acordadas:

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Exclusivamente por iniciativa del Consejo de Dirección.

Exclusivamente por propia iniciativa del Director y de forma verbal.

Asolicitud del interno o por propia iniciativa del Director, mediante resolución motivada.

Por propia iniciativa del Director únicamente y por escrito.

112. Según el artículo 92 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, la asignación de las modalidades de vida dentro del régimen cerrado será acordada por:

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La Junta de Tratamiento.

El Equipo Técnico.

El Director del Establecimiento.

El Centro Directivo.

113. Conforme establece el artículo 114 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, las salidas programadas de internos en régimen cerrado serán propuestas por:

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El Equipo Técnico, siendo aprobadas por el Centro Directivo y posteriormente autorizadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

La Junta de Tratamiento y autorizadas en todo caso por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

La Junta de Tratamiento y autorizadas por el Director del Establecimiento si son inferiores a dos días.

No pueden realizar salidas programadas.

114. En el caso de un penado condenado a pena de 12 meses de prisión, la propuesta de clasificación inicial formulada por la Junta de Tratamiento tendrá la consideración de resolución de clasificación inicial:

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Cuando haya sido adoptada por acuerdo mayoritario de sus miembros y se haya propuesto la clasificación en tercer grado de tratamiento.

Cuando haya sido adoptada por acuerdo unánime de sus miembros, salvo cuando se haya propuesto la clasificación en primer grado de tratamiento.

En todo caso.

Siempre que haya sido adoptada por acuerdo unánime de sus miembros.

115. Según el artículo 20 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, los detenidos y presos, en el momento de ingreso:

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Serán entrevistados por el Trabajador Social y el Educador.

Se les alojará en el departamento de enfermería, en caso de presentar enfermedad.

Se les informará de los cursos y talleres disponibles en el centro penitenciario.

Serán evaluados por la Junta de Tratamiento.

116. A tenor de lo que establece el artículo 154 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, la concesión de los permisos ordinarios:

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Puede ser autorizada a internos de primer grado, por razones extraordinarias, por el Juez sentenciador.

Requiere la realización de actividades educativas o formativas por el interno.

Puede alcanzar hasta un total anual de 26 días en los internos de segundo grado y de 34 días para los de tercer grado.

Tiene un máximo anual de 36 días para los internos de segundo grado y de 48 días para los de tercer grado.

117. De acuerdo con el artículo 37 del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, la pena de localización permanente:

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Consiste en estar localizado de manera telefónica durante su cumplimiento, no conllevando restricciones a la libertad de movimiento del condenado.

Ha de cumplirse en centro penitenciario, en todo caso.

Ha de cumplirse de forma continuada, en un único período, en todo caso.

Tendrá una duración de hasta seis meses.

118. Según el artículo 205 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, para proponer al Juez de Vigilancia Penitenciaria el beneficio del adelanto de la libertad condicional, será necesario:

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El informe previo del Equipo Técnico proponiéndoselo a la Junta de Tratamiento del Centro.

El informe favorable del Ministerio Fiscal.

Que el interno tenga propuesta de clasificación en tercer grado, observe buena conducta y desempeñe una actividad laboral.

La emisión por parte de la Junta de Tratamiento de un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.

119. Entre las funciones atribuidas al Juez de Vigilancia Penitenciaria por el artículo 76 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, no se incluye:

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Conocer del paso a los establecimientos de régimen cerrado de los reclusos a propuesta del Director del establecimiento.

Aprobar las propuestas que formulen los establecimientos sobre beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena.

Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los penados y acordar las revocaciones que procedan.

Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a tres días, salvo los de internos clasificados en tercer grado.

120. Según el artículo 282 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, es competencia del Administrador:

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Velar por la difusión en el centro penitenciario de las circulares, instrucciones y órdenes de servicio dictadas por el centro directivo.

Expedir las certificaciones y emitir los informes que proceda en relación con la actuación profesional de los empleados públicos destinados en el centro penitenciario.

Supervisar los libros de contabilidad, autorizar los pagos de caja y la extracción de fondos del Banco.

Efectuar las transferencias de los saldos de peculio en los supuestos establecidos.

121. Según el RD 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el estatuto de la entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, el Presidente será el titular:

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De la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.

De la Secretaría de Estado de Seguridad.

Del Ministerio del Interior.

De la Secretaría de Estado de Justicia.

122. Conforme al artículo 13.4 del Tratado de la Unión Europea, señale las instituciones europeas que están asistidas por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas:

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La Comisión, el Parlamento Europeo y Banco Central Europeo.

El Banco Central Europeo, el Consejo de la Unión y el Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

El Consejo de la Unión y el Banco Central Europeo.

123. A tenor de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, las competencias de las Entidades Locales pueden ser:

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Competencias impropias y competencias atribuidas por delegación.

Competencias propias y competencias autogeneradas por acuerdo de la Entidad Local, en el ejercicio de sus respectivas competencias.

Competencias propias y competencias atribuidas por delegación.

Competencias impropias y competencias autogeneradas por acuerdo de la Entidad Local, en el ejercicio de sus respectivas competencias.

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