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Examen oficial de Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

OEP 2010

Fecha del examen 2010-09-25

1. Según lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, las peticiones y quejas que formulen los internos a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, serán remitidas:

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Tan pronto como sea posible y por estricto orden de registro de la Oficina de Gestión.

En el plazo máximo de tres días.

En el plazo máximo de cinco días.

2. Según dispone el artículo 95.3 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, mediando motín, agresión física con arma u objeto peligroso, toma de rehenes o intento violento de evasión, el traslado del penado a un Establecimiento de régimen cerrado podrá acordarse:

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Por el Centro Directivo, poniéndose en conocimiento del Juez de Vigilancia correspondiente.

Por resolución del Director que comunicará al Centro Directivo y al Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Por acuerdo ejecutivo de la Junta de Tratamiento, que se comunicará al Centro Directivo.

3. Las salidas programadas:

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Serán aprobadas por la Junta de Tratamiento y autorizadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, comunicándolo al Centro Directivo.

Serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará la aprobación del Centro Directivo y posterior autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Serán propuestas por la Junta de Tratamiento, que solicitará aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria, la concesión se anotará en el expediente personal de cada interno y se comunicará al Centro Directivo.

4. El artículo 115.2 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, en relación a los grupos en comunidades terapéuticas dispone que:

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Siempre que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria autorice la constitución de uno de estos grupos y se tenga el visto bueno del Centro Directivo, un Equipo Multidisciplinar asumirá las funciones de Consejo de Dirección, de la Junta de Tratamiento y de la Comisión Disciplinaria del centro penitenciario, con exclusión de las que se refieran a los aspectos económicos-administrativos.

Siempre que el Centro Directivo autorice la constitución de uno de estos grupos, la Junta de Tratamiento asumirá las funciones que tienen atribuidas el Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria del centro penitenciario, con exclusión a las que se refieran a aspectos económicos-administrativos.

La creación de Grupos de Comunidad Terapéutica serán autorizados por la Junta de Tratamiento, previa conformidad del Juez de Vigilancia Penitenciara de lo que se dará cuenta al Centro Directivo para su constancia y control. La Junta de Tratamiento asumirá, para tales grupos, las funciones del Consejo de Dirección y de la Comisión Disciplinaria.

5. La relación laboral especial penitenciaria se regula de manera específica y vinculante:

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Por el Real Decreto 782/2001, de 6 de julio.

Por los artículos 134 a 152 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

Por el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo.

6. Indique la respuesta correcta:

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Un penado clasificado en tercer grado que sale a trabajar diariamente, en todo caso, puede disfrutar de permisos ordinarios y de permisos de fin de semana y, si se dan las circunstancias legalmente previstas, también salir de permiso extraordinario.

Un penado clasificado en tercer grado que sale a trabajar diariamente puede disfrutar de permisos ordinarios y de fin de semana, pero puede salir de permiso extraordinario.

Un penado clasificado en tercer grado, que sale a trabajar diariamente puede disfrutar de permisos de fin de semana, también salir de permiso extraordinario, si se dan las circunstancias legalmente previstas, pero puede no tener derecho a disfrutar de permisos ordinarios.

7. A tenor de los dispuesto en el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, en la redacción dada por la modificación que realizó la Ley Orgánica 13/1995, de 18 de diciembre, en las Unidades de Madres:

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Las internas podrán tener en su compañía a los hijos que no hayan alcanzado los tres años de edad. Excepcionalmente, podrá autorizarse la estancia de los niños hasta los seis años de edad, lo que requerirá previa resolución del Centro Directivo y conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciariá.

Las internas podrán tener en su compañía a los hijos que no hayan alcanzado los seis años de edad.

Las internas podrán tener en su compañía a los hijos que no hayan alcanzado los tres años de edad.

8. En los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios, a tenor de lo previsto en el artículo 188 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero:

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En ningún caso se pueden imponer sanciones aunque sí cabe el empleo de medios coercitivos de una manera excepcional y por indicación del facultativo, de lo que se dará cuenta puntual a la Autoridad Judicial de la que dependa el paciente.

En ningún caso se pueden imponer sanciones disciplinarias ni se pueden aplicar medidos coercitivos.

Excepcionalmente, previa indicación del facultativo, se pueden aplicar sanciones y medios coercitivos, pero se ha de dar, en ambos casos, cuenta puntual a la Autoridad Judicial de la que depende el paciente.

9. En el procedimiento para la imposición de sanciones por faltas disciplinarias a los internos, concluida la tramitación del expediente disciplinario:

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Se formulará la Comisión Disciplinaria propuesta de resolución para que resuelva motivadamente el Instructor.

Se formulará por el Instructor propuesta de resolución, para que la Comisión Disciplinaria acuerde lo procedente, sin obligación de ceñirse a la propuesta elevada.

Se formulará por el Instructor propuesta de resolución, que será vinculante para la resolución que adopte la Comisión Disciplinaria.

10. El Real Decreto 1181/2008, de 11 julio, modificado por el Real Decreto 331/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, indica, entre las competencias de la Subdirección General de Coordinación Territorial, las siguientes:

DEROGADA
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La planificación, coordinación y gestión de la acción social penitenciaria, salvo en materia de libertad condicional.

La planificación, coodinación y gestión de la acción social de los internos de los centros penitenciarios y de los liberados condicionales; asumiendo la gestión, coordinación y seguimiento de la libertad condicional.

La planificación de los centros de inserción social

11. Según dispone el artículo 195 i) del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, respecto al programa individual de libertad condicional, la Junta de Tratamiento podrá proponer al Juez de Vigilancia Penitenciaria:

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La aplicación de las reglas de conducta previstas en el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo.

La aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 105 del Código Penal.

La aplicación de las reglas de conducta previstas en el artículo 86.4 del vigente Reglamento Penitenciario.

12. Según el artículo 273 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, las Juntas de Tratamiento elevarán al Juez de Vigilancia:

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La comunicación de los beneficios penitenciarios que han sido otorgados por el órgano colegiado con la firma acreditativa de la notificación realizada al interno.

La autorización de permisos ordinarios de menos de dos días.

Las propuestas sobre libertad condicional que le están atribuidas.

13. Llegado el día de libertad definitiva de una penado, si tuviese pendiente una condena a trabajos en beneficio de la comunidad:

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Será excarcelado.

Será retenido con la obligación inmediata de ofertarle por escrito, debidamente firmado, el cumplimento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en el mismo centro penitenciario.

Será retenido, hasta efectuarse la propuesta de plan de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.

14. Conforme indica el artículo 94.5 de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, el cargo de Juez de Vigilancia Penitenciaria:

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Es incompatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal.

Es incompatible con el desempeño de un órgano jurisdiccional penal sis se trata de hacerse cargo del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Es compatible con el desempeño de un órgano del orden jurisdiccional penal.

15. Según establece el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, por que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, de localización permanente, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, en cuanto al cumplimiento de determinadas medidas de seguridad, la propuesta de plan de intervención y seguimiento de dichas medidas se elevará:

DEROGADA
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Al Tribunal sentenciador.

Al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, sin perjuicio de la competencia del órgano judicial correspondiente.

Al Centro Directivo, adjuntando el testimonio de sentencia.

16. La Junta Económico-Administrativa:

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No es un órgano colegiado de los Establecimientos Psiquiátricos Penitenciarios, sus funciones son asumidas por el Consejo de Dirección.

Es un órgano colegiado de los Establecimientos Psiquiátricos Penitenciarios.

No es un órgano colegiado de los Establecimientos Psiquiátricos Penitenciarios, sus funciones son asumidas por el Equipo Multidisciplinar.

17. Como indica la Orden INT/3191/2008, de 4 de noviembre, de creación del Consejo Social Penitenciario y de los Consejos Sociales Penitenciarios Locales, será Vicepresidente del Consejo Social Penitenciario Local:

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El titular de la Subdirección de Tratamiento.

El Director del Centro de Inserción Social.

El Subdirector de Seguridad del Centro Penitenciario.

18. Las empresas privadas, respecto a posibles condecoraciones penitenciarias:

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Pueden recibir tal reconocimiento, si se han distinguido en su colaboración con la Administración Penitenciaria.

Podrían recibir exclusivamente, la Medalla de Plata o de Bronce al mérito social penitenciario ya que la Medalla de Oro está reservada a personas físicas y se concede por Orden Ministerial.

No pueden recibir una condecoración penitenciaria, pues éstas se destinan a instituciones, corporaciones, fundaciones o asociaciones públicas.

19. La estancia de los internos en el Departamento de Ingresos será, conforme al artículo 20.3 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero:

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De cinco días como máximo, sólo prorrogables por motivos de orden de expulsión o judicial o para preservar su intimidad sexual.

De setenta y dos horas para detenidos y presos y de cinco días como máximo para los penados, hasta decidir la Unidad de clasificación y destino interior.

De cinco días como máximo en todo caso, sólo prorrogables por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad.

20. ¿Cuál de los siguientes factores no está incluido entre los enumerados en el artículo 102.5 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero a tener en cuenta para clasificar a un interno en primer grado?

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La naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva, violenta y antisocial.

Los antecedentes de participación en tentativas de evasión.

La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en cantidad importante, que hagan presumir su destino al tráfico.

21. El Centro Directivo podrá ampliar el plazo para dictar la resolución de la clasificación inicial (artículo 103.6 Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero):

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Hasta un máximo de dos meses más para la mejor observación de la conducta y la consolidación de los factores positivos del interno.

Hasta un máximo de tres meses, salvo cuando se haya propuesto la clasificación inicial en primer grado.

Hasta un máximo de dos meses más para internos condenados por delitos graves.

22. Conforme al artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, pueden ser clasificados en tercer grado:

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Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación.

Los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, atendiendo a las variables intervinientes en el proceso de clasificación.

Los penados enfermos graves o muy graves con padecimientos incurables por razones de escasa peligrosidad, a quienes se les sustituirá la pena privativas a de libertad por una medida de seguridad.

23. En relación a la recepción de paquetes por parte de los internos en los Establecimientos Penitenciarios, señale la respuesta errónea:

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Los días y horas de recepción de paquetes serán acordados por el Consejo de Dirección.

La recepción de paquetes se llevará a cabo previa comprobación del D.N.I de quien deposite el paquete.

El número de paquetes que pueden recibir los internos será, en todo caso, de dos al mes.

24. Para facilitar el levantamiento de las limitaciones regimentales aplicadas para asegurar la integridad física de un interno preso:

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La Junta de Tratamiento propondrá al Centro Directivo el traslado del recluso a otro establecimiento.

El Consejo de Dirección propondrá a la autoridad judicial de la que dependa el interno el traslado a otro Establecimiento.

El Consejo de Dirección, mediante acuerdo motivado, propondrá al centro Directivo el traslado de recluso a otro establecimiento.

25. El artículo 64.2 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria ordena, entre otras cuestiones, realizar un diagnóstico de adaptabilidad social y capacidad criminal. Indique qué aspectos integran el estudio de la capacidad criminal:

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Egocentrismo, labilidad, agresividad e indiferencia afectiva.

La violencia, el egoísmo, la indisciplina y el ensañamiento.

Egocentrismo, culpabilidad, especialización de medios empleados y existencia de organización criminal.

26. Indique unos autores que se hayan significado, especialmente, por el estudio y elaboración de tablas de predicción:

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Sheldon y Eleanor Glueck.

Trasher, Morris, Mac Kay y Shaw.

Echebuma y Corral.

27. La expresión “delincuencia de cuello blanco” (white collar criminality) se debe a:

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Sutherland.

Pinatel.

Hood y Sparks.

28. Están obligatoriamente incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social:

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Los trabajadores del mar.

Los laicos y seglares que presten servicios retribuidos en los establecimientos y dependencias de las entidades o instituciones eclesiásticas.

Los empleados del hogar.

29. En lasa elecciones sindicales celebradas en los Servicios Centrales de Ministerio de Trabajo e Inmigración para elegir los miembros del Comité de Empresa, el personal de Alta Dirección:

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No participará ni como elector ni como elegible.

Participará como elector y como elegible.

Participará como elector pero no como el elegible.

30. Según el Estatuto de los Trabajadores, tendrán la condición de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo:

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Las que afecten a modificaciones en el sistema de control de horario.

Las que afecten a materias como jornada de trabajo o sistema de remuneración.

Las que se refieran a la movilidad geográfica de dos o más trabajadores técnicos.

31. Según el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se apruebe el texto refundido de la Ley del Procedimiento Laboral, no conocerán los Órganos Jurisdiccionales del Orden Social:

DEROGADA
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De las resoluciones y actos dictados en materia de inscripción de empresas.

De las cuestiones litigiosas que se promuevan en procesos sobre materias electorales.

De las cuestiones litigiosas que promuevan contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.

32. Según el Convenio Único para el Personal Labora de la Administración General del Estado, los representantes de la parte social en la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA) del citado Convenio:

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Tendrán derecho a acceder a todos los centros de trabajo afectados por el Convenio, pero no tendrán derecho a la dispensa total de la asistencia al trabajo.

Tendrán derecho, desde su designación, a la dispensa total de asistencia al trabajo sin merma de sus derechos económicos y condiciones de trabajo.

Tendrán derecho, desde su designación, a la dispensa total de asistencia al trabajo, pero sólo percibirán las retribuciones básicas de su puesto de trabajo.

33. Según el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, será nulo:

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En defecto de pacto, aquel contrato de trabajo que establezca un periodo de prueba superior a seis meses para los técnicos titulados.

En defecto de pacto, aquel contrato de trabajo que establezca un período de prueba superior a cuatro meses para trabajadores que no sean técnicos titulados.

El pacto que establezcan un periodo de prueba cuando el trabajo haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación.

34. Según el artículo 1 del Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado, señale el colectivo incluido en el ámbito de aplicación del citado Convenio:

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Personal Laboral incluido en el ámbito de aplicación del convenio del Boletín Oficial del Estado.

El personal laboral que preste servicios en el Instituto de Gestión Sanitaria (INGESA).

Personal Laboral que presta servicios en el exterior.

35. Las instrucciones y órdenes de serivicio:

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Se publicarán en el período oficial que corresponda en todo caso.

Se publicarán en el periódico oficial que corresponda cuando una disposición específica así lo establezca o se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse.

Dado su limitado rango informativo y su uso exclusivamente intra administrativo, no se publicarán en ningún periódico oficial.

36. La notificación del acto administrativo será cursada:

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En el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

En el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

En el plazo de 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

37. En el cómputo de plazos administrativos cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, ser considerará:

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Hábil en todo caso.

Inhábil en todo caso.

Hábil si lo fuese en la sede del órgano administrativo.

38. Son nulos de pleno derecho, entre otros, los actos que:

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Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico incluida la desviación de poder.

Los que se produzcan por cualquier tipo de incompetencia del órgano.

39. El plazo máximo para adoptar la declaración de lesividad de un acto anulable es de:

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Cinco años desde que se dictó el acto administrativo.

Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

No tiene plazo.

40. En las actuaciones antes los órganos unipersonales contencioso-administrativo, las partes que no sean funcionarios públicos:

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No es preceptivo conferir la representación a un procurador pero si deben ser asistidas por abogado.

No es preceptiva ni la representación de un procurador ni la asistencia de un abogado.

Es preceptivo que confieran la representación a un procurador y sean asistidos por un abogado.

41. Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en el procedimiento administrativo:

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En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

En cualquier momento del procedimiento.

En cualquier momento del procedimiento posterior a la redacción de la propuesta de resolución.

42. La reclamación previa a la vía judicial civil en la Administración General del Estado se planteará ante:

DEROGADA
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El Ministro del Departamento que por razón de la materia objeto de la reclamación sea competente.

Cualquiera que sea el órgano que haya dictado la resolución que haya puesto fin a la vía administrativa.

El Subsecretario del Departamento que por razón de la materia de la reclamación sea competente.

43. En las reclamaciones de responsabilidad patrimonial el derecho a reclamar prescribe:

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Varía según se trate de un procedimiento ordinario o abreviado.

A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

44. Las Universidades Públicas, según la Ley de Contratos del Sector Público:

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Tiene la consideración de Administración Pública no inserta en el Sector Público.

Tienen la consideración de Sector Público y Administración Pública.

Están excluidas de su ámbito de aplicación al no tener consideración de Administración Pública.

45. Los contratos privados del Sector Público se rigen exclusivamente por el derecho privado:

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En todo caso.

En cuanto a sus efectos y extinción.

En cuanto a su preparación y adjudicación.

46. La adquisición por la Administración General del Estado de bienes inmuebles que carecerían de dueño ser produce por:

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Por ministerio de la Ley.

Por ocupación.

Por prescripción.

47. La Administración exprópiate considerará propietario o titular en primer lugar:

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Al que lo sea pública y notoriamente.

A quien así lo manifieste y detente un título jurídico de base documental.

Salvo prueba en contrario, a quien quiera con este carácter conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad que solo puede ser destruida judicialmente.

48. Nuestro ordenamiento jurídico constitucional regula el derecho a la libertad sindical:

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Como un derecho de los ciudadanos (Título I, Capítulo II, Sección Segunda).

Como un derecho fundamental (Título I, Capítulo II, Sección Primera).

Como un derecho fundamental que solo se puede encauzar por medio de organizaciones jurídicas debidamente acreditadas.

49. El artículo 76 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal fue modificado, en cuanto al límite máximo de cumplimiento de las penas elevándolo a 40 años, para los supuestos en que el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II del Código Penal y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años.

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Por la Ley Orgánica 7/2003

Por la Ley Orgánica 1/2004

Por la Ley Orgánica 15/2003

50. No es causa que exime la responsabilidad penal según el artículo 20 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:

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El que obre en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

El que obre impulsado por miedo insuperable.

El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia pueda tener alterada la conciencia de la realidad.

51. No es un requisito del que obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos:

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Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

Agresión ilegítima, atendiendo por tal el ataque a los bienes que los ponga en peligro de deterioro o posible pérdida.

52. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, no son autores:

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Los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior cooperan a la ejecución con actos anteriores o simultáneos.

Quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.

Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

53. La duración diaria máxima de los trabajos en beneficio de la comunidad es de:

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Siete horas.

Ocho horas.

Seis horas.

54. En nuestro sistema penal, el delito imprudente:

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Puede corresponder a cualquier hecho punible, pues los delitos pueden cometerse tanto por dolor como por imprudencia

Tiene una tipificación cerrada y excepcional.

El Código Penal de 1995 contempla la incriminación de la imprudencia solo cuando esta es grave.

55. Según dispone el artículo 53.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la pena de localización permanente:

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Tratándose de faltas, podrá servir para cumplir la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la pena de multa impuesta.

Puede imponerse por la comisión de faltas, como forma de cumplimiento general, por ser potestad facultativa del tribunal sentenciador.

Solo puede imponerse por la comisión de delitos, nunca por faltas.

56. Indique la respuesta correcta en relación a la pena de localización permanente:

DEROGADA
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Tendrá una duración de hasta 12 días, salvo en los casos en los que se imponga por impago de multa en los supuestos de faltas, en los que no rige esta limitación temporal.

Tendrá una duración de hasta 12 días, en todo caso.

Tendrá una duración de hasta 12 días, salvo en los casos en los que se imponga por impago de multa en los supuestos de delitos y faltas, en los que no rige esta limitación temporal.

57. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta en delitos contra la seguridad del tráfico:

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Podrá cumplirse mediante la realización de talleres, según dispone el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, modificado por RD 1848/2009, de 4 de diciembre, hasta un máximo de 40 jornadas.

No podrá cumplirse mediante la realización de talleres, según dispone el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, modificado por RD 1848/2009, de 4 de diciembre.

Podrán cumplirse las jornadas de trabajo impuestas mediante la realización de talleres en materia de seguridad vial, según dispone el Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo, modificado por RD 1848/2009, de 4 de diciembre.

58. Las actividades de utilidad pública que deben cumplir los penados a trabajos en beneficio de la comunidad:

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Serán facilitadas por la Administración estatal, autonómica o local, pudiendo establecer los oportunos convenios al efecto.

Solo podrán consistir en tareas similares a la naturaleza del delito cometido.

Tendrán una duración máxima de ocho horas, no pudiendo excederse de tal número, salvo aprobación expresa en el Plan de Ejecución acordado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.

59. A tenor de lo dispuesto en el artículo 92 del Código Penal, si el peligro para la vida del interno fuere patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario:

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El Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá, tanto en los casos de enfermedad como de avanzada edad, previa en su caso la progresión de grado, autorizar la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder valorar las circunstancias personales, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del penado.

El Juez de Vigilancia Penitenciaria podrá, siempre que la Junta de Tratamiento haya solicitado la progresión de grado, autorizar la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe sobre capacidad criminal y pronóstico de comportamiento futuro, al objeto de poder valorar las circunstancias personales, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto.

El Tribunal Sentenciador podrá, previa en su caso la progresión de grado, autorizar la libertad condicional sin más tramite que requerir al centro penitenciario informe pronóstico inicial al objeto de poder valorar las circunstancias personales, la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del penado.

60. A los efectos penales, según dispone el artículo 24 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se entiende por funcionario:

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Quien por toma de posesión y juramento del orden constitucional pasa a recibir remuneración como personal de la administración pública.

Todo aquel que tiene mando o ejerce una jurisdicción propia, por si solo, o como miembro de una corporación, tribunal u órgano colegiado.

Todo aquel que por disposición inmediata de la ley o por elección o nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.

61. La condena de un juez o tribunal impuesta en los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores

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No podrá ser tenida en cuenta a los efectos de aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia.

Será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia.

Será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la circunstancia agravante de reincidencia, cuando así lo solicite el Ministerio Fiscal.

62. Para penar por un delito de calumnia o de injuria relativo a hechos concernientes al ejercicio de su cargo cuando la persona del ofendido sea funcionario público:

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Se procederá de oficio.

Deberá existir querella del ofendido pero no se impondrá fianza alguna.

Deberá constar en todo caso querella de la persona ofendida.

63. La sustracción o utilización sin permiso de un vehículo a motor, sin ánimo de apropiarse del mismo, y cuyo valor excede de los 400 euros, podrá ser castigada:

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Con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, como pena sustitutiva.

Con la pena de localización permanente.

Con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, como pena principal.

64. En los delito contra el patrimonio están exentos de responsabilidad criminal:

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Solo están exentos los ascendientes y descendientes, respecto a los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, salvo que concurra violencia o intimidación.

Los cónyuges que no estuvieran separados o divorciados legalmente, respecto a los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, en todo caso.

Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, respecto a los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, salvo que concurra violencia o intimidación.

65. Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el que prendiera fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los mismos:

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Quedará exenta de pena, si no concurre peligro para la vida o para la integridad física de las personas.

Quedará exento de pena si el incendio no se propagara por la acción voluntaria y positiva del autor.

Siempre será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de doce a veinticuatro meses.

66. A tenor de lo dispuesto en el artículo 530 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, prolongare cualquier privación de libertad de un detenido con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales:

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Comete delito de prevaricación.

Será castigado con pena de privación de libertad.

Será castigado con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

67. En los delitos relacionados con la actividad de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, las condenas de un Juez o Tribunal extranjeros:

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Se equiparan a las sentencias de los Jueces y Tribunales españoles a los efectos de aplicar la agravante de reincidencia.

Se aplicará o no, la agravante de reincidencia a criterio del Juez o Tribunal español atendiendo a las circunstancias de cada caso.

No se equiparan a las sentencias de los Jueces y Tribunales españoles a efectos de aplicar la agravante de reincidencia.

68. La pena de cuatro años de prisión impuesta a un ciudadano extranjero no residente legalmente en España, para favorecer directamente el tráfico ilegal de personas:

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Será sustituida en la sentencia por expulsión.

Será acordada en sentencia la expulsión del territorio español en caso de que el interno acceda al tercer grado de tratamiento.

No serán de aplicación los preceptos recogidos en el artículo 89 CP.

69. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, tipifica el hurto de cosas muebles ajenas, sin la voluntad de su dueño, sin la voluntad de su dueño:

DEROGADA
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Delito, si la cuantía de lo sustraído excede de trescientos euros.

Falta con independencia de la cuantía de lo sustraído.

Delito, si la cuantía de los sustraído excede de cuatrocientos euros.

70. Podrá proponerse como artículo de previo pronunciamiento:

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La inimputabilidad del procesado.

La prescripción del delito.

La amistad intima o la enemistad manifestada de una magistrado.

71. Contra las resoluciones del Juez de Instrucción podrán ejercitarse los recursos:

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De reforma y apelación.

De apelación y queja.

De reforma, apelación y queja.

72. El recurso de casación podrá interponerse por quebrantamiento de forma:

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Cuando la sentencia exprese que los hechos alegados por las acusaciones no se han probado expresa de las que sí resulten probados.

Cuando se pene por un delito menos grave que el que haya sido objeto de acusación.

Cuando la sentencia no resuelva sobre todos los puntos que hayan sido objeto de acusación y defensa.

73. Según dispone el artículo 62 f) de la Constitución Española, con respecto a los Decreto acordados en Consejo de Ministro, el Rey ha de:

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Expedirlos.

Sancionarlos.

Acordarlos.

74. Según dispone el artículo 68.2 de la Constitución Español (salvo en Ceuta y Melilla), la distribución del número total de Diputados se realizará por:

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La asignación mínima inicial a cada circunscripción y el resto en proporción a la población.

El sistema de representación proporcional.

La asignación proporcional a la población en cada circunscripción.

75. Según dispone el artículo 81.2 de la Constitución Española, la aprobación, modificación y derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta:

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De cada Cámara en votación final sobre el proyecto.

De cada Cámara.

Del Congreso.

76. Según establece el artículo el artículo 8.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, el ámbito de competencias de los Ministerios se establece por:

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Real Decreto del Presidente del Gobierno.

Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia.

Ley.

77. Según estipula el artículo 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿A qué tipo de empleado público corresponde el ejercicio de funciones que impliquen la participación, directa o indirecta, en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses general del Estado y de las Administraciones Públicas?

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Comprende a todos los empleados públicos.

Exclusivamente a los funcionarios públicos.

Exclusivamente a los que ostenten cargos de responsabilidad .

78. El artículo 12.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, al personal al servicio de la Administración Pública, en virtud de nombramiento y con carátula no permanente, que sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, lo denomina:

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Personal interino.

Personal eventual.

Asesor.

79. El artículo 12.1 párrafo segundo del Estatuto Básico del Empleado Público, define evaluación del desempeño como:

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El procedimiento mediante el cual se evalúa la conducta y la eficiencia del personal.

El procedimiento mediante el cual se predice el rendimiento del personal en base a la conducta profesional presente.

El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de los resultados.

80. Según el artículo 48. 1 j) del Estatuto Básico del Empleado Público, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter personal, ¿tienen derecho a permiso los funcionarios públicos?

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No, salvo autorización expresa del órgano que ostente la jefatura de personal.

Sí, por el tiempo indispensable.

Sí, de dos días justificados documentalmente.

81. Según estipula el artículo 94.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de criminalidad:

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Se sobresee el expediente y se trasladan las actuaciones al Juzgado de lo Penal.

Se suspende su tramitación y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal mientras se concluye la tramitación del procedimiento disciplinario.

82. Según estipula el artículo 97 párrafo segundo del Estatuto Básico del Empleado, ¿en qué momento comienza a contarse el plazo de prescripción de las sanciones impuestas a los empleados públicos como consecuencia de la comisión de una falta disciplinaria?:

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Desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.

Desde que la falta se hubiera cometido.

Desde la firmeza de la resolución sancionadora.

83. Según estipula el artículo 1.8 a) Del Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la Estructura Orgánica Básica del Ministerio del Interior, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias depende directamente:

DEROGADA
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Del Subsecretario del Interior.

Del Ministerio del Interior.

Del Secretario de Estado de Seguridad.

84. Según estipula el artículo 4.4 del Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la Estructura Orgánica Básica del Ministerio del Interior, la Inspección Penitenciaria tiene rango de:

DEROGADA
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Subdirección General.

Departamento.

Dirección General.

85. ¿Qué requisitos son necesarios para que un funcionario con régimen de clases pasivas pueda solicitar la jubilación voluntaria?

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Tener cumplidos 60 años y reconocidos 30 años de servicios. También podrá anticiparse la edad de jubilación o retiro con carácter voluntario cuando así lo disponga la Ley, y se cumplan por el solicitante las condiciones y requisitos que, a tal efecto, se determinen.

Tener cumplidos 60 años y reconocidos, como mínimo, 36 años de servicios. También podrá anticiparse la edad de jubilación o retire con carácter voluntario cuando así lo disponga una Ley, y se cumplan por el solicitante las condiciones y requisitos que, a tal efecto, se determinen.

Tener cumplidos 65 años. También podrá anticiparse la edad de jubilación o retiro con carácter voluntario cuando así lo disponga una Ley, y se cumplan por el solicitante las condiciones y requisitos que, a tal efecto, se determinen.

86. Según dispone el artículo 136 de la Constitución Española, el Tribunal de Cuentas depende de:

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El Gobierno de la Nación.

Las Cortes Generales.

El Ministro de Economía y Hacienda.

87. Según dispone el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, el Consejo de Estado, en pleno, deberá ser consultado en los siguientes asuntos:

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Problemas jurídicos que suscite la interpretación o cumplimiento de los actos y resoluciones emanadas de Organizaciones internacionales o supranacionales.

Reclamaciones que se formalicen como consecuencia del ejercicio de derecho de petición que causen controversia jurídica internacional.

Previa la resolución de los recursos administrativos de revisión.

88. Según el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Organización, Competencia y Funcionamiento del Gobierno, los proyectos de reglamentos deberán ser informados por:

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La Secretaría General Técnica del Ministerio de la Presidencia del Gobierno, previa propuesta del Ministerio de Hacienda.

Por la Secretaría General Técnica, sin perjuicio del informe del Consejo de Estado en los casos legalmente previstos.

Por el Ministerio de la Presidencia del Gobierno a propuesta de cada Departamento.

89. De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno:

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Los Secretarios de Estado son nombrados y separados por el Presidente del Gobierno a propuesta del Ministro respectivo.

Los Secretarios de Estado son miembros del Gobierno.

Los Secretarios de Estado son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan.

90. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, las condiciones de empleo del personal directivo:

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No son objeto de negociación colectiva.

Serán objeto de negociación colectiva independiente de la del resto de empleados públicos.

Son objeto de negociación colectiva al igual que la del resto de empleados públicos.

91. La provisión de puestos de trabajo del personal laboral de las Administraciones Públicas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 83 del Estatuto Básico del Empleado Público, se regirá:

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Por El Estatuto Básico del Empleado Público, como el resto de los empleados públicos de la Administración del Estado.

Por los convenios colectivos, y en su defecto por el Estatuto de los Trabajadores o por el sistema de provisión del personal funcionario de carrera.

Por los convenios colectivos que le sean de aplicación y, en su defecto, por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

92. Según el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, uno de los requintos para autorizar a un empleado público la compatibilidad para desempeñar dos funciones públicas es:

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Que la cantidad total percibida por ambos puestos no supere la que figura en los Presupuestos Generales del Estad para el Director General.

Que el complemento del puesto de la actividad pública principal no supere en ningún caso el 30%.

Que el funcionario lo solicite y no haya incompatibilidad horaria.

93. Según el artículo 3 del Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General del Mutualismo Administrativo. ¿Qué funcionarios públicos están obligatoriamente incluidos en el régimen jurídico del mutualismo administrativo?

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Los funcionas en prácticas de los Órganos Autónomos.

Los funcionarios de la Administración de Justicia.

Los funcionarios en prácticas a ingresar en Cuerpos de la Administración del Estado.

94. Según dispone el artículo 42.1, en relación con el 43. 4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, respecto de la obligación de resolver que tiene la Administración, señala la afirmación correcta:

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En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Ante un acto administrativo desestimado por silencia, la resolución expresa posterior solo podrá ser confirmatoria del mismo.

En todo caso el plazo máximo en el que se debe notificar la resolución será de seis meses.

95. Según dispone el artículo 62.1 b), de la Ley 30/1992, de 26, de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es causa de nulidad de pleno derecho:

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Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

Los actos administrativos que sean dictados por órganos manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía o del territorio.

Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o de la jerarquía.

96. Según estipula el artículo 3 c) de la Ley 29/1998, de 13 julio, el Orden jurisdiccional contencioso-administrativo no conocerá:

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Los conflictos de jurisdicción entre Juzgados y Tribunales y la Administración Pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive.

97. Según dispone el artículo 9.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, no tendrán la consideración de contratos de suministros:

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Los que tengan por finalidad la fabricación de objetos que deban ser elaborados con arreglo a características peculiares previamente fijadas por la entidad contratante.

Los de adquisición o arrendamiento de bienes muebles.

Los relativos a valores negociables.

98. Se consideran contratos menores, a tenor de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público:

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Los contratos de importe inferior a 30.000 euros cuando se trate de contratos de suministros.

Los contratos de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras.

Los contratos de importe a 60.000 euros cuando se trate de contratos de obras, sin perjuicio de lo dispuesto para obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

99. Según dispone la Ley de Contratos del Sector Público, en el ámbito estatal de contratación centralizada, el órgano de contratación será:

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La Dirección General del Patrimonio de Estado.

El Ministro de Economía y Hacienda.

La Secretaría de Estado de Hacienda.

100. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en su artículo 78 crea, el siguiente órgano/organismo:

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Instituto de la Mujer

Consejo de Participación de la Mujer.

Observatorio de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres.

101. “Quedan extinguidas las actuales escalas masculina y femenina del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias y sus funcionarios se integran en su totalidad en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias”. Esta redacción de su Disposición Adicional Trigésima, fue introducida por:

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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

102. “Conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad”. Así define el artículo 16.2 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, el concepto de:

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Carrera profesional.

Promoción profesional.

Movilidad profesional

103. Según dispone el artículo 124 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la competencia para aprobar el Plan General de Contabilidad Pública corresponde:

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A la Intervención General de la Administración del Estado.

Al Consejo de Ministros.

Al Ministro de Hacienda.

104. Según el artículo 40 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la clasificación económica de la estructura de los estados de gastos presupuestarios presenta los siguientes niveles de agregación:

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Grupo de función, función, subfunción y programa.

Sección, servicio, grupo de programas y programa.

Capítulo, artículo, concepto y subconcepto.

105. Según el artículo 41 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los estados de gastos de ingresos de los presupuestos se estructurarán siguiendo las siguientes clasificaciones:

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Orgánica y económica.

De ingresos corrientes y operaciones financieras.

Orgánica y por programas.

106. Cuando haya de realizarse con cargo al Presupuesto del Estado algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista crédito adecuado o sea insuficiente y no ampliable el consignado y su dotación no resulte posible a través de las restantes figuras previstas para la modificación de créditos iniciales, según dispone el artículo 55 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, deberá precederse a la tratamitación de:

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Un crédito extraordinario o suplementario.

Una generación de crédito.

Una transferencia de crédito.

107. “Las provisiones de fondos de carácter extra presupuestario y permanente que se realicen a pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y posterior aplicación al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto del año en que se realicen, de gastos periódicos o repetitivos”. La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en su artículo 78, define así el concepto de:

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Pagos a justificar.

Anticipos de caja fija.

Anticipos de Tesorería.

108. Las fases del procedimiento de gestión del presupuesto de gastos del Estado y sus Organismos Autónomos, según el artículo 73, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, son las siguientes, por su orden:

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Aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material.

Fiscalización previa del gasto, aprobación del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material.

Compromiso de gasto, aprobación del gasto, reconocimiento de la obligación, ordenación del pago y pago material.

109. Según el artículo 154.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Penitenciaria, si la Intervención, al realizar la fiscalización o intervención, se manifiesta en desacuerdo con el contenido de los actos examinados o con el procedimiento seguido para su adopción, deberá formular por escrito, con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio:

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Un reparo.

Un informe sobre medidas correctoras.

Una discrepancia.

110. Estarán sometidas a fiscalización previa por la Intervención:

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Las subvenciones sin asignación nominativas.

Los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento de anticipo de caja fija.

Los contratos menores y los asimilados en virtud de la legislación contractual.

111. Según el artículo 136 de la Constitución Española, el supremo órgano fiscalizados de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público es:

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La Intervención General de la Administración del Estado.

El Tribunal de Cuentas.

El Congreso de los Diputados.

112. Según el artículo 131 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la Cuenta General del Estado, será elaborada y emitida por:

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El Tribunal de Cuentas.

El Gobierno.

La Intervención General de la Administración del Estado.

113. Según dispone el artículo 125 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Centro Directivo de la contabilidad pública es:

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La Oficina Presupuestaria de cada Departamento ministerial o unidad equivalente en el resto de entidades del sector público.

La Oficina de Contabilidad de las Intervenciones Delegadas.

La Intervención General de la Administración del Estado.

114. Según dispone el artículo 125 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Centro Gestor de la contabilidad pública es:

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La Oficina Presupuestaria de cada Departamento ministerial o unidad equivalente en el resto de entidades del sector público.

La Intervención General de la Administración del Estado.

La Oficina de Contabilidad de las Intervenciones Delegadas.

115. Según el artículo 155 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, fuera de los casos que puedieran afectar al Ministerio de Defensa, Entidades Gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, cuando se plantee una discrepancia cuyo reparo fuere formulado por una Intervención Delegada. ¿A quién corresponde conocer y resolver dicha discrepancia?

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Al Consejo de Ministros.

Al Ministro respectivo.

A la Intervención General de la Administración del Estado.

116. Los tres procedimientos de la jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas, según su normativa reguladora son, taxativamente, los siguientes:

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El procedimiento de reintegro por alcance, el procedimiento de reintegro por malversación y el juicio de cuentas.

El procedimiento de responsabilidad contable, el procedimiento por alcance y el juicio de cuentas.

El procedimiento de reintegro por alcance, el juicio de cuentas y el expediente de cancelación de fianzas prestadas por gestores de caudales públicos.

117. Los Delegados del Gobierno dependen según dispone el artículo 22.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado:

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Conjuntamente de los Ministros de la Presidencia y del Interior.

De la Presidencia del Gobierno.

Del Ministerio del Interior.

118. Indique qué afirmación es correcta. Según el artículo 2 del Estatuto Básico el Empleado Público, éste se aplicará:

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Se aplicará con carácter supletorio al personal laboral de la Administración del Estado.

Con carácter de derecho necesario a todo el personal al servicio de la Administración Pública.

Se aplicará con carácter supletorio a todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

119. Según contempla el Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios en situación de servicios en otras Administraciones Públicas que trabajen en una Comunidad Autónoma, se encuentran en la Función Pública de dicha comunidad en situación de:

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Servicios especiales.

Servicio activo.

Adquieren la condición de funcionario de la Comunidad Autónoma a la que se integran.

120. No es causa de pérdida de la condición de funcionario, según dispone el artículo 63 del Estatuto Básico:

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La resolución por el órgano competente acordando la sanción de separación del servicio.

La renuncia a la condición de funcionario de carrera.

La pérdida de la nacionalidad.

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