OEP 2019
Fecha del examen 2019-09-15
El derecho a la libertad.
El derecho a la propiedad privada.
El derecho a la igualdad.
El derecho al honor.
Las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más le convenga a los intereses de España.
Se constituirá un Consejo de Regencia.
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, dará posesión a quien haya resultado elegido.
Se procederá a dar posesión al Rey o Reina Consorte.
La Mesa del Congreso o del Senado.
La Diputación Permanente.
El Gobierno.
La mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados.
Sancionar y promulgar las leyes.
Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
Las Cortes Generales, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el órgano fiscalizados contable de la Comunidad Autónoma y el Tribunal Superior de Justicia.
El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo.
El Tribunal Constitucional, el Gobierno, la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas.
Galicia.
Extremadura.
Aragón.
Andalucía.
Una ley orgánica regulará el estatuto del Ministerio Fiscal.
El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad.
El Ministerio Fiscal ejercer sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación e independencia.
El Fiscal General del Estado será nombrado por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Sometidos a los principios de unidad de actuación y con sujeción a los de legalidad y jerarquía.
Dependientes jerárquicamente, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley y de los reglamentos.
Título I.
Título VIII.
Título X.
Título III.
Independencia, responsabilidad, parcialidad y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Dependencia, mérito, capacidad y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
No serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.
Siempre serán vinculantes.
Serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.
Nunca serán vinculantes.
La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
La Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria.
La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
La Subdirección General de Análisis e Inspección.
El Director-Gerente.
El Secretario General de Instituciones Penitenciarias.
El representante de la Intervención Delegada en el Ministerio del Interior.
El Subdirector General de Servicios.
La Decisión.
El Reglamento.
El Dictamen.
La Directiva.
El Parlamento Europeo.
La Comisión Europea.
El Consejo de Europa.
El Consejo Europeo.
Ochocientos cincuenta, más el Presidente.
Quinientos cincuenta, más el Presidente.
Setecientos cincuenta, más el Presidente.
Seiscientos cincuenta, más el Presidente.
Es personal laboral no permanente.
Su nombramiento y cese serán libres.
Es personal laboral por tiempo indefinido.
No se regirá, en ningún caso, por el régimen general de los funcionarios de carrera.
Reunión.
La libertad sindical.
La libre asociación profesional.
El ejercicio de la huelga.
No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas.
Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
Poseer la titulación que se requiera en las bases específicas de cada convocatoria.
Tener al menos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
Diez días a contar desde el día del cese.
Diez días a contar desde el día siguiente al del cese.
Un mes a contar desde el día del cese.
Un mes a contar desde el día siguiente al del cese.
Las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que les correspondieran o, en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban y el 50% del complemento especifico que percibieran al pasar a esta situación.
Las retribuciones básicas y el 50% del complemento específico que percibirán al pasar a esta situación.
Las retribuciones básicas y el complemento de destino del grado personal que les corresponda o, en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban.
Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Dará lugar a la correspondiente sanción de deducción proporcional de haberes.
Disciplinariamente constituirá, en todo caso, una falta grave.
Dará lugar a la correspondiente deducción proporcional de haberes, incompatible con una posterior responsabilidad disciplinaria.
Dará lugar a la deducción proporcional de haberes, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria que pueda corresponder.
Son retribuciones básicas que consisten en una cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional por cada tres años de servicio.
Son retribuciones complementarias que consisten en una cantidad fijada por cada tres años de servicio, en función del Subgrupo o Grupo de clasificación profesional.
Son retribuciones complementarias que consisten en una cantidad fija que será igual para cada Subgrupo o grupo de clasificación profesional.
Son retribuciones básicas que consisten en una cantidad por cada tres años de servicio en función del nivel del puesto que desempeñe.
En ningún caso.
Solo en los casos en que la actividad privada no supere 75 horas anuales.
En todo caso, siempre que se trate de actividades que no interfieran por razón de la materia con su actividad pública.
Cuando la jornada semanal de ambas actividades, en su conjunto, sea inferior a 40 horas.
En todo caso pasa a la situación de excedencia voluntaria en el que venía desempeñando.
Habrá de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.
En todo caso pasa a la situación de excedencia forzosa en el que venía desempeñando.
Se presume que renuncia al primero.
Tres meses desde la fecha de notificación de la incoación.
Un año desde la fecha de notificación de la incoación.
Seis meses desde la fecha de notificación de la incoación.
Doce meses desde la fecha de notificación de la incoación.
Producirá la prescripción de las acciones de la Administración.
No impide el inicio de un nuevo procedimiento por los mismo hechos cuando los mismos no hayan prescrito.
Conlleva, en todo caso, la imposibilidad de iniciar un nuevo procedimiento por los mismo hechos.
Interrumpe el plazo de prescripción de los hechos.
La Subsecretaría del Ministerio del Interior.
La Secretaría de Estado de Seguridad.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
La que inhabilita por completo al funcionario para toda profesión u oficio.
La que necesita de la asistencia de otra persona para realizar los actos más elementales de la vida.
La que inhabilita al funcionario para la realización de todas o de las fundamentales funciones de su Cuerpo o Escala.
La que inhabilita al funcionario para la realizan de algunas funciones de su Cuerpo, Escala o plaza.
El personal eventual.
El persona laboral temporal.
El personal directivo.
Los funcionarios interinos.
Ser asistidos e el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
Actuar asistido de asesor cuando se considere conveniente en defensa de sus intereses.
Exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente.
La protección de datos de carácter personal.
Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera practicado de forma electrónica.
Los interesados no obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, una vez iniciado un procedimiento, no pueden solicitar que las sucesivas notificaciones se practiquen o se dejen de practicas por medios electrónicos.
Las notificaciones se practicarán preferentemente en papel, salvo que el interesado haya manifestado fehacientemente su consentimiento en que se realicen por medios electrónicos.
En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las que contengan medios a favor de pago de los obligados, tales como cheques.
Por una disposición aparentemente neutra está en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo.
Pudiera ser tratada sin atender a su sexo de manera más favorable que otra en situación comparable.
Hay tenido un trato más favorable que otra persona por razón de su sexo en supuestos distintos.
Haya sido tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable en atención a su sexo.
El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
La incorrección con los superiores, compañeros o subordinados.
La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
El Senado, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, en el plazo de dos meses naturales.
La Comisión Mixta por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, en el plazo de 30 días hábiles.
El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, en el plazo de un mes natural.
La Comisión Permanente, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad, en el plazo de tres meses.
Está adscrito a la Dirección General de Función Pública con rango de Subdirección General.
Tiene nivel orgánico de Dirección General adscrito a la Subdirección de Hacienda y Función Pública.
Está adscrito a la Dirección General de Política Económica con nivel orgánico de Subdirección General.
Tiene nivel orgánico de Dirección General y está adscrito a la Secretaría de Estado de Hacienda.
El fomento de la formación de las empleadas y empleados públicos en esta materia, en coordinación con el organismo autónomo Instituto Nacional de Administración Pública.
La coordinación de la política territorial de los diferentes departamentos ministeriales que se lleve a efecto a través de las Delegaciones del Gobierno.
El fomento de la cultura de evaluación de las políticas públicas.
La formulación y discusión de metodologías de evaluación.
Se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o del derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto.
Es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
Es un acto sin relevancia jurídica en relación a terceros.
Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable.
La Intervención General de la Administración del Estado.
Los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Los órganos gestores de cada Administración.
La Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas.
De obra cuyo valor estimado sea igual o superior a 2.000.000 euros y en los suministros y servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 euros.
De obras cuyo valor estimado será igual o inferior a 2.000.000 euros y en los de suministros y servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
De obras, servicios o suministros con independencia de su valor estimado cuando concurran razones técnicas que así lo aconsejen.
De obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000 euros y de suministros y servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
Elaborarán un presupuesto de explotación y un presupuesto de capital que se integrarán en los Presupuestos Generales del Estado.
No han de elaborar presupuestos.
Elaborarán exclusivamente un presupuesto de explotación.
Están exentas de control financiero, tanto previo como a posteriori.
Leyes de bases.
Decretos-leyes que no precisan de convalidación alguna.
Decretos-leyes que han ser convalidados o derogados por el Congreso de los Diputados.
Leyes de urgencia y necesidad.
Los que acepten pruebas propuestas por los interesados.
Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
Los que limiten derechos subjetivos o interés legítimos.
En todo caso constituirán meras irregularidades no invalidantes del acto.
Determinarán la nulidad de pleno derecho del acto.
Determinarán la anulabilidad del acto, en todo caso.
Sólo determinarán la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados.
Cabe interpone recurso potestativo de reposición.
No cabe interponer ningún otro recurso en vía administrativa, salvo el recurso extraordinario de revisión.
No cabe ningún otro recurso ni administrativo ni en vía judicial.
Cabe interponer reclamación previa al ejercicio de acciones judiciales.
Que el acto esté viciado de una causa de nulidad de pleno Derecho que lesione el contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona.
Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado en sentencia judicial, aunque esté pendiente de recurso.
Que el acto esté viciado de una causa de nulidad de pleno Derecho causante de indefensión.
Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en sentencia judicial firme.
Silencio administrativo negativo.
Silencio administrativo positivo.
Prescripción.
Caducidad del procedimiento.
La multa coercitiva.
La ejecución subsidiaria.
La compulsión sobre las personas.
Apremio sobre el patrimonio.
Modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas.
Reducir la duración de la libertad viligada.
Dejar sin efecto la medida.
Ampliar la duración de la libertad vigilada.
Los sesenta días desde la adopción por el Estado de ejecución de la resolución firme sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
Los sesenta días señalados en la respuesta b, si bien, en caso de que, por circunstancias imprevistas, no sea pro si le el traslado en plazo, la autoridad judicial competente informará de inmediato a la autoridad de ejecución, acordando una nueva fecha para el traslado, que se realizará en un plazo máximo de diez días desde la nueva fecha acordada.
Los noventa días desde la adopción por el Estado de ejecución de la resolución firme sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
Los treinta días desde la adopción por el Estado de ejecución de la resolución firme sobre el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad.
Prevalece el carácter asistencial.
Cumplen penados clasificados de peligrosidad extrema.
Están destinados a la ejecución de penas privativas de libertad por delitos graves.
Se caracterizan por una limitación de las actividades en común de los internos.
Los internos tienen derecho a participar en las actividades del Centro, salvo los que estén en situación preventiva.
Los internos tienen derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria.
Los internos tienen derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación.
Los internos tienen derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación.
En el plazo máximo de dos meses desde la recepción en el Establecimiento de la copia de la sentencia.
En el plazo máximo de dos meses desde la recepción en el Establecimiento del testimonio de sentencia.
En el plazo máximo de dos meses desde el ingreso del interno en el Establecimiento.
En el plazo máximo de dos meses desde la recepción en el Establecimiento del auto acordando la prisión provisional.
El funcionario encargado del servicio.
El Subdirector de Régimen.
El Jefe de Servicio.
El Subdirector de Seguridad.
La Junta de Tratamiento, en sesión extraordinaria convocada al efecto.
El Director de Centro, mediante acuerdo motivado.
El Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento en la primera sesión que celebre.
El Consejo de Dirección, mediante acuerdo motivado.
Son Unidades extrapenitenciarias, públicas o privadas, para penados clasificados en tercer grado de tratamiento.
Son Establecimientos penitenciario dedicado a internos clasificados en tercer grado de tratamiento.
Forman parte de un Establecimiento penitenciario polivalente del que depende administrativamente y están destinadas a la población penitenciaria clasificada en tercer grado de tratamiento.
Son Unidades arquitectónicas ubicadas fuera del reciento de los Centros Penitenciario, preferentemente en viviendas ordinarias del entorno comunitario.
En los Departamentos Especiales, durante las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos juntos. Este número podrá aumentarse hasta un máximo de cinco para la ejecución de actividades programadas.
Los internos en Departamentos Especiales serán cacheados con desnudo integral en cada salida que realicen al patio.
En la modalidad de vida de módulos o centros cerrados, el número de internos que, de forma conjunta, podrán realizar actividades en grupo, será establecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un mínimo de cinco interno.
Con los internos en Departamentos Especiales, no se programarán actividades, en espera de la normalización de su conducta.
El cumplimiento del programa de tratamiento requiere la autorización de permisos penitenciarios desde el inicio del cumplimiento de la condena.
Se estimulará la participación de interno en la planificación y ejecución de su tratamiento.
Los funcionarios de vigilancia encargados del seguimiento del interno, informarán siempre a éstos de los objetivos y actividades que deberán realizar para el cumplimento de su programa de tratamiento.
Si el interno de niega a colaborar en el diseño de su programa de tratamiento, no podrá elaborarse el mismo.
Sólo cuando la Junta de Tratamiento apruebe su elaboración.
Concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno.
Únicamente cuando el interno lo solicite.
Sólo en el caso de que se estudie la posibilidad de concesión de la libertad condicional.
Seis miembros: tres designados por la Administración Educativa correspondiente y tres designados por la Dirección del Centro.
Cinco miembros designados indistintamente por el Director del Centro.
Cuatro miembros: dos designados por la Administración Educativa correspondiente y dos designados por la Dirección del Centro.
Tres miembros: El Director del Centro Penitenciario, el jefe de Estudios y un Psicólogo.
Se abona en la cuenta bancaria designada por el trabajador.
Es abonado por el empresario, previas las deducciones correspondientes, en los talleres gestionados en colaboración con un empresario externo.
Es inembargable.
Se calcula tomando en consideración un módulo retributivo aprobado anualmente por el Consejo de Administración.
La Junta de Tratamiento que esté al frente del grupo asumirá las funciones del Consejo de Dirección y las atribuidas a la Comisión Disciplinaria en lo referente a la concesión de recompensas.
La Junta de Tratamiento que esté al frente del grupo asumirá las funciones de la Comisión Disciplinaria y algunas del Consejo de Dirección.
La Junta de Tratamiento que esté al frente del grupo asumirá las funciones que tienen atribuidas el Consejo de Dirección y la Comisión Disciplinaria, excepto las que se refieran a los aspectos económicos-administrativos.
La Junta de Tratamiento que esté al frente del grupo asumirá sólo las funciones de la Comisión Disciplinaria, excepto las que se refieren a los aspectos económicos-administrativos.
Hasta seis meses.
No tiene limitación alguna.
Hasta dos meses.
Hasta tres meses.
Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, incluyendo en tal cómputo la derivada del impago de multa.
Que ninguna de las penas supere un año, ni la suma de las impuestas sea superior a dos, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de multa.
Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de multa.
Que ninguna de las penas supere un año, ni la suma de las impuestas sea superior a dos, incluyendo en tal cómputo la derivada del impago de multa.
Se pueden acordar por el Instructor al inicio del procedimiento, mediante acuerdo motivado.
Se pueden acordar por el Director, sólo a propuesta del Instructor, mediante acuerdo motivado.
Se pueden acordar por el Instructor en cualquier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado.
Se pueden acordar por el Director en cualquier momento del procedimiento, mediante acuerdo motivado.
Se acuerde la sanción.
Se notifique el acuerdo sancionador.
Se comience a cumplir la sanción.
Adquiera firmeza administrativa el acuerdo sancionador.
El Equipo Técnico.
El Consejo de Dirección.
La Junta de Tratamiento.
El interno.
La fecha de elevación de la propuesta de expediente de libertad condicional por la Junta de Tratamiento.
La fecha de puesta en libertad del penado.
La fecha de notificación de la resolución judicial al penado.
La fecha de incoación del expediente de libertad condicional por la Junta de Tratamiento.
Todos los anteriores, siempre que se refieran a personas aforadas.
La Audiencia Nacional.
Los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
El Tribunal Supremo.
Recurso de reforma y posterior de apelación o queja.
No puede ser objeto de recurso alguno.
Recurso de alzada y posterior de reforma.
Recurso de apelación exclusivamente.
El propio Director.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
El Centro Directivo.
El Consejo de Dirección.
Del funcionario de la Unidad de ingresos.
De los miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado, encargados de la vigilancia exterior del Centro Penitenciario.
Del funcionario de las Unidades de acceso.
Del funcionario de las Unidades de servicio de rastrillo.
Mantener su naturaleza tradicional.
La considera una forma de suspensión de la pena y atribuye la competencia para su concesión al Juez de Vigilancia para las penas de prisión y al Tribunal Sentenciador para la pena de prisión permanente revisable
La considera una forma de suspensión de la pena y atribuye la competencia para su concesión solo al Juzgado o Tribunal Sentenciador.
La considera una forma de suspensión de la pena y atribuye la competencia exclusiva del Juez de Vigilancia Penitenciaria para su concesión.
Empleo de la pena como última ratio.
Empleo del derecho penal frente a ataques sociales.
Empleo de la sanción frente a todo tipo de infracciones.
Empleo del derecho penal en la reparación de la víctima.
Hasta 2 meses.
Hasta 1 mes.
Hasta 4 meses.
Hasta 3 meses.
12 años.
8 años.
15 años.
10 años.
Quienes hayan redactado el texto o inducido a su redacción, los directores del programa en que se difunda el texto, los directores de la empresa emisora y los directores de la empresa grabadora.
Los directores de los programas en que se difunda el texto, los directores de la empresa emisora, los directores de la empresa grabadora y los autores del texto.
Los directores de la empresa editora, los directores de la empresa impresora y los directores del programa en que se difunda.
Los directores de la empresa editora, los directores de la empresa grabadora y los autores del texto.
Temporales e intemporales.
Graves, menos graves y leves.
Graves, menos graves, de gravedad intermedia y leve.
Muy graves, graves y leves.
El hecho fuera subsiguiente a un delito contra el patrimonio que el autor hubiera cometido contra la víctima.
Se realizará con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
El delito se cometiera contra quien perteneciere a un grupo criminal.
La víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
Será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, siempre que no haya habido perdón del ofendido o representante legal.
Será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal.
Será precisa en todo caso denuncia de la persona agraviada.
Será precisa en todo caso querella criminal.
Al particular que no socorriera a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, a pesar de su propio riesgo o de terceros.
Al particular que no socorriera a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, siempre y cuando el riesgo propio o de terceros que se pue diera correr fuera menor que el que se trata de evitar.
El particular que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros.
Al particular que no socorriera a una persona que se halle en cualquier situación de riesgo y desamparada, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros.
Se cuenta con la debida autorización.
Se restituye en menos de 48 horas.
Se comete sin violencia o intimidación.
Se sustrae o utiliza sin ánimo de apropiárselo.
Quien revele, difunda o ceda un secreto, teniendo la obligación legal o contractual de guardar reserva.
Quien se apodere por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos y otros objetos que contengan secretos de empresa.
Quien revele, difunda o ceda un secreto, conocido de forma casual.
Quien revele, difunda o ceda un secreto, aun sin tener la obligación legal o contractual de guardar reserva.
Cumplir con los requisitos del artículo 80 del Código Penal y, en todo caso, haber abonado al menos la mitad de la deuda o haber reintegrado la mitad de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas y haber comprometido el condenado al abono o reintegro de la otra mitad, sin que se haya acreditado ocultación o documentación falsa sobre su patrimonio.
Cumplir exclusivamente con los requisitos del artículo 80 del Código Penal y que no se haya acreditado ocultación o documentación falsa sobre el patrimonio del condenado.
Cumplir con los requisitos del artículo 80 del Código Penal y haber abonado la deuda tributaria o con la Seguridad Social, o proceder al reintegro de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas.
Haber mostrado arrepentimiento el condenado y, en todo caso, haber abonado al menos la mitad de la deuda o haber integrado la mitad de las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas y haberse comprometido el condenado al abono o reintegro de la otra mitad, sin que se haya acreditado ocultación o documentación falsa sobre su patrimonio.
La autoridad o funcionario que en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad propusiera para el ejercicio de un cargo público o privado a cualquier persona, sin concurrir los requisitos legalmente establecidos para ello.
La autoridad o funcionario que en ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión de una persona para un cargo público o privado, sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
La autoridad o funcionario público que dicta una resolución arbitraria, aun desconociendo su ilegalidad e injusticia.
La autoridad o funcionario que en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propone para un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legales para ello.
Los que inutilicen o perturben el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimento de las penas, medidas de seguridad o medidas cautelares.
Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia, sin estar privado de libertad.
Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia estando privados de libertad.
Los que quebrantaran la medida de libertad vigilada.
Si se causare la muerte de alguna persona.
Si forzasen el embarazo de mujeres para modificar la composición étnica de la población.
Cuando las víctimas pertenezcan a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales o religiosos.
Cuando se produzca la desaparición forzada de personas.
Un año y seis meses si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años.
Seis meses si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años.
Un año si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad igual o inferior a tres años.
Un años si el delito tuviera señalada pena privativa de libertad superior a tres años.
Autos, cuando decidan definitivamente la cuestión criminal.
Providencias, si resuelven incidentes que afectan de manera directa a los imputados o procesados.
Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión y rehabilitación.
Sentencias, cuando decidan recursos contra providencias o decretos, prisión o libertad provisional, afecten a un derecho fundamental y a los que según las leyes deben fundarse.
Únicamente serán recurribles cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad, sin que el acusado pueda impugnar por razones de fondo su conformidad libremente prestada.
Podrán ser recurridas en apelación por el acusado tanto cuando no hayan respetado los requisitos o términos de la conformidad como por razones de fondo.
Al tratarse de sentencias de conformidad no son recurribles.
Sólo podrán ser recurridas en apelación en lo relativo a los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil.
Exclusivamente recurso de revisión.
Recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
Recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
Exclusivamente recurso de casación.
El Juez Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El Juez o Tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de orden.
El Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
El Juez de Instrucción.
Recurso de apelación.
Recurso de reforma o súplica.
Recurso de casación por infracción de ley.
Recurso de casación por quebrantamiento de forma.
Recurso de casación.
Deberá acordarlo en todo caso.
Podrá limitarse a acordarlo con carácter provisional.
Podrá desestimar la petición del Fiscal, ordenando deducción de testimonio de lo actuado al Juzgado de Guardia.
Podrá dirigirse, previamente, al Fiscal superior que corresponda para que resuelva si procede o no sostener la acusación.
El privado de libertad, cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.
El Defensor del Pueblo.
La acusación particular.
El Ministerio Fiscal.
Se podrá interponer recurso de revisión ante el Tribunal Supremo siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión.
Se podrá interponer ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad previsto en el art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La resolución del tribunal español queda anulada automáticamente.
La resolución del tribunal español es inatacable.
Ezechia Marco Lombroso.
Edwin. H. Surtherland.
Raffaele Garofalo.
Cesare Bonesana, marqués de Beccaria.
Escasa inteligencia.
Conducta antisocial sin aparente remordimiento.
Irresponsabilidad en las relaciones interpersonales.
Egocentrismo patológico e incapacidad de amar.
A estudios de autodenuncia a través de cuestionarios.
A estudios de actividades delictivas denunciadas y perseguidas.
A estudios de conductas delictivas denunciadas aunque no hayan sido perseguidas.
A estudios de victimización.
Los programas de prevención secundaria operan a largo plazo y se dirigen a toda la población.
La prevención terciaria implica una aplicación tardía, parcial e insuficiente de los programas de prevención.
La prevención primaria estaría dirigida a los sectores de la sociedad más propensos al problema criminal.
La prevención secundaria se dirige a la población reclusa y tiene como finalidad evitar la reincidencia.
Su reforma se ajustará al procedimiento establecido en los mismos, y requerirá, en todo caso, su aprobación en las Cortes Generales por ley ordinaria.
Contendrán la denominación de la Comunidad, la delimitación de su territorio, la organización y la sede de sus instituciones y las competencias asumidas dentro del marco de la Constitución, sin que sea necesario que contengan las bases para el traspaso de los servicios correspondientes.
Dentro de los términos de la presente Constitución serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
Contienen una cláusula de prevalencia sobre el derecho estatal en todo aquello sobre lo que no tenga atribuido la exclusiva competencia el Estado.
Treinta días, debiendo obtener la convalidación del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Veinte días, no siendo necesaria la promulgación si se trata de leyes que desarrollan derechos fundamentales, pero sí su inmediata publicación.
Quince días, promulgándolas y ordenando su inmediata publicación.
Diez días, una vez haya obtenido el refrendo del Presidente del Gobierno.
Se repetirá el interno en una hora distinta dentro de los cinco días siguientes.
Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá a la publicación en el Boletín Oficial del Estado únicamente si el acto tuviese contenido económico.
Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 12 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación.
Se publicarán en el Boletín Oficial del Estado, cuando sean aplicables a varias Direcciones Generales, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Se puede incurrir en responsabilidad disciplinaria si no se aplican.
Estarán dirigidas a órganos jerárquicamente dependientes.
El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
Además de los afectados, los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igual de trato entre mujeres y hombres.
Además de los afectados y siempre con su autorización, estarán también legitimados los sindicatos más representativos.
Únicamente la persona acosada.
Cualquier cuidada o, en ejercicio de la acción popular.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo en los casos de actos presuntos será de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
El plazo para interponer recurso de lesividad será de tres meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad.
Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30 de la propia ley 29/1998. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio a la responsabilidad en que hubiere incurrido por dolo, culpa o negligencia grave o leve previa instrucción del correspondiente procedimiento.
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio a la responsabilidad en que hubiere incurrido por dolo, culpa o negligencia grave previa instrucción del correspondiente procedimiento.
La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio a la responsabilidad en que hubiere incurrido entre otros supuestos, por negligencia grave, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penalmente en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
Si las leyes que las establezcan no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.
Si las leyes que las establezcan no fijan plazos de prescripción, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses.
Los contratos de obra cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros y los de suministros y los de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 15.000 euros.
Los contratos que con independencia de su valor esa necesaria su tramitación urgente.
Los contratos de obra cuyo valor estimado sea inferior a 50.000 euros y los de suministros y los de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 18.000 euros.
Todos los que celebre una Entidad territorial menor, como las Administraciones locales.
No podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido; ni del total de las mismas superar el 80% del precio del contrato.
No podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA incluido.
No podrán ser superiores al 10% del precio del contrato, IVA excluido; ni del total de las mismas superar el 50% del precio del contrato.
Podrán ser superiores al 10% del precio del contrato.
Fijar los plazos para las recepciones parciales de las obras.
Señalar el plazo para la iniciación del replanteo de la obra.
Explotar las obras, asumiendo el riesgo operacional de su gestión con la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados posteriormente por el órgano de contratación.
Explotar las obras, sin asumir ningún riesgo operacional.
La imposición de una sanción pecuniaria o multa.
La denegación de una autorización administrativa.
La concesión de una subvención o ayuda pública.
La certificación de un título académico.
En el momento de extenderse el acta de ocupación.
Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio.
En el momento de la constitución del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Al tiempo de iniciarse el expediente de expropiación.
Cuatro meses.
Seis meses.
Dos meses.
Tres meses.
Incluyen dicho bien en la categoría de bien de dominio público, o en su caso, bien patrimonial.
Declara la posesión pública de un bien de animal.
Comprueban y fijan los límites de los bienes inmuebles de titularidad pública.
Declaran la titularidad pública de un bien.
Los Planes de Previsión Social complementaria.
Los criterios generales sobre Ofertas de Empleo Público.
Los criterios generales de acción social.
Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
No, sólo está contemplado como derecho de los trabajadores en el artículo 4.
Sí, pues los trabajadores tienen como deber básico observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten.
Sí, pero referida sólo a los contratos de trabajo de duración superior a cuatro semanas.
Sí, para los trabajos a realizar por personas especialmente sensibles a determinados agentes o sustancias.
Sí.
No.
No, excepto cuando la reclamación por daños incluya además los daños morales.
Sí, salvo en los casos en que esta competencia se atribuya expresamente a la jurisdicción contencioso administrativa.
Sí, salvo que afecte al interés profesional de quienes promuevan o sostengan.
No, en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de abril de 1981.
Sí, en todo caso.
No, salvo que sea iniciada sin dar la suficiente publicidad de la misma por el Comité de Huelga.
Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional en que haya concurrido inobservancia de medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Exclusivamente en las prestaciones económicas derivadas de la declaración de invalidez del trabajador y que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional cuyo origen haya sido la inobservancia de medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Las prestaciones económicas de pago único que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional en que haya concurrido inobservancia de medidas de seguridad y salud en el trabajo.
Solamente en las prestaciones económicas por muerte y supervivencia en favor de los familiares de la víctima de accidente de trabajo o enfermedad profesional.
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