3.500 euros adicionales en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia.

1.500 euros adicionales en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia siempre que permanezca en el mismo puesto de trabajo durante dos años.

2.000 euros adicionales en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia y en el siguiente.

2.400 euros adicionales en el periodo impositivo en el que se produzca el cambio de residencia.

Recurso de alzada.

Recurso de reposición.

Recurso extraordinario de revisión.

No procede interponer recurso administrativo.

Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido, siendo el plazo máximo para notificar la resolución de dos meses contados desde el día siguiente al de presentación del recurso.

Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto recurrido, siendo el plazo máximo para notificar la resolución de dos meses contados desde el día siguiente al de presentación del recurso.

Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el órgano que dictó el acto recurrido, siendo el plazo máximo para notificar la resolución de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso.

Será competente para conocer y resolver el recurso de reposición el superior jerárquico del órgano que dictó el acto recurrido, siendo el plazo máximo para notificar la resolución de un mes contado desde el día siguiente al de presentación del recurso.

Cinco días a partir del día siguiente a la adopción de la medida cautelar.

Quince días a partir del día siguiente a la adopción de la medida cautelar.

Cinco días a partir del día siguiente a la notificación de la medida cautelar.

Quince días a partir del día siguiente a la notificación de la medida cautelar.

Desde el 10 de enero hasta el día 5 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Desde el 10 de enero hasta el día 20 del mes de enero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Desde el 10 de enero hasta el día 20 del mes de marzo o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Desde el 10 de enero hasta el día 20 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de 5 puntos porcentuales.

Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de 15 puntos porcentuales.

Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de 10 puntos porcentuales.

Cuando el sujeto infractor hubiera sido sancionado por una infracción grave, el incremento será de 25 puntos porcentuales.

Autorización escrita del Delegado del ámbito territorial del que dependa el órgano actuante.

Autorización judicial.

Autorización escrita del Director del departamento del que dependa el órgano actuante.

No será posible el reconocimiento del domicilio, constitucionalmente protegido, en ningún caso.

Estará compuesta por un mínimo de 21 miembros.

Asumirá las funciones de las comisiones legislativas y de investigación entre periodos de sesiones.

Solo se reunirá o constituirá cuando se disuelvan las Cortes Generales.

Ejercerá sus funciones hasta el día en que se celebren las nuevas elecciones generales, momento en el que cesarán de las mismas y darán cuentas de las decisiones tomadas al Presidente del Gobierno en funciones.

Exclusivamente los sujetos pasivos de los tributos y los sucesores.

Solamente los sujetos pasivos de los tributos, los obligados a realizar los pagos a cuenta, los sucesores, los responsables solidarios y los responsables subsidiarios.

Exclusivamente los sujetos pasivos de los tributos, los obligados a realizar los pagos a cuenta, los responsables solidarios y los responsables subsidiarios.

Cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago.

Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias no resultan compatibles con la exigencia del interés de demora ni de los recargos del período ejecutivo.

Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora, pero no de los recargos del período ejecutivo.

Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia de los recargos del período ejecutivo, pero no del interés de demora.

Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo.

Los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales de carácter mercantil cuyo rendimiento se determine en la modalidad simplificada del método de estimación directa, estarán obligados a la llevanza de contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.

Los contribuyentes que desarrollen actividades empresariales de carácter mercantil cuyo rendimiento se determine en la modalidad normal del método de estimación directa, estarán obligados a la llevanza de los libros registro de ventas e ingresos, de compras y gastos, de bienes de inversión y de fondos y suplidos.

Los contribuyentes que desarrollen actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en la modalidad normal del método de estimación directa, estarán obligados a la llevanza de los libros registro de ingresos, de gastos, de bienes de inversión y de provisiones de fondos y suplidos.

Los contribuyentes que desarrollen actividades profesionales cuyo rendimiento se determine en la modalidad simplificada del método de estimación directa, estarán obligados a la llevanza de contabilidad ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio.

En los procedimientos que se inicien como consecuencia de orden superior, se entiende la misma como la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.

En los procedimientos que se inicien por petición razonada de otros órganos, la petición vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento.

En los procedimientos iniciados por denuncia, no será necesario expresar la identidad de la persona o personas que las presentan, aunque sí recogerán el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.

En los procedimientos iniciados por denuncia, el hecho de la presentación confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

La iniciativa es competencia exclusiva del Estado.

Requiere para su aprobación, la mayoría simple de cada una de las Cámaras.

Una vez aprobada, será sometida a referéndum si así lo solicitasen, dentro los treinta días siguientes a su aprobación, al menos dos tercios de alguna de las cámaras legislativas.

En caso de que afectara al Título Preliminar debe ser sometida a referéndum para su ratificación.

Una vez declarados fallidos los deudores principales la acción de cobro se dirigirá frente al responsable subsidiario aunque haya responsables solidarios.

El concepto de incobrable se aplicará a los obligados al pago y el de fallido, a los créditos.

Se considerarán fallidos aquellos obligados al pago respecto de los cuales se ignore la existencia de bienes o derechos embargables o realizables para el cobro del débito.

La declaración de fallido se referirá exclusivamente a la insolvencia total.

El establecimiento de una sede electrónica nunca conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones podrá dificultar los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto.

Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, certificados de cualquier empresa de autenticación de sitio web o medio equivalente.

Cuando su importe no exceda de 500 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

En una venta al por menor cuyo destinatario no actue como empresario o profesional siempre y cuando su importe no exceda de 3.000 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido.

En el caso que así lo autorice el Departamento de Inspección Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuando las prácticas comerciales o administrativas del sector de actividad de que se trate dificulten particularmente la inclusión en las mismas de la totalidad de los datos.

En las entregas de bienes destinados a otro Estado miembro a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Los Decretos-Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, en el plazo de los dos meses siguientes a su promulgación.

Los Decretos-Leyes son disposiciones que contienen legislación delegada otorgada al Gobierno por las Cortes Generales sobre una materia concreta y con fijación de un plazo para su ejercicio.

Los Decretos-Leyes son disposiciones legislativas provisionales aprobadas por el Gobierno que solamente pueden convalidarse mediante la tramitación del mismo como proyecto de ley por el procedimiento ordinario.

Los Decretos-Leyes no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho Electoral General.

La falta de contestación de la Administración tributaria en plazo implicará la aceptación de los valores propuestos por el obligado tributario.

El acuerdo de valoración de la Administración tributaria se emitirá por escrito, con indicación de la valoración, del supuesto de hecho al que se refiere y del impuesto al que se aplica, no teniendo carácter vinculante.

La solicitud deberá presentarse por escrito, después de la realización del hecho imponible, a la que se acompañará la propuesta de valoración formulada por el obligado tributario.

Los obligados tributarios no podrán interponer recurso contra el acto o actos administrativos que se dicten posteriormente en aplicación de las valoraciones incluidas en el acuerdo.

Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente del Ministerio competente por razón de la materia.

Serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

Propondrán para su nombramiento por el Consejo de Ministros, a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito.

Semestralmente elevarán al Gobierno, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.

Transmisión de un piso que ha estado desocupado desde el final de la construcción.

Transmisión de un piso que estuvo arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento sin opción de compra desde el momento del fin de la construcción. Se vende a una persona distinta del arrendatario.

Transmisión de un piso que durante el primer año se utilizó como piso piloto y el segundo año estuvo vacío y a la venta.

Transmisión de un piso que estuvo arrendado en virtud de un contrato de arrendamiento sin opción de compra desde el momento del fin de la construcción. La venta se realiza al arrendatario.

Corresponde al Presidente del Gobierno interponer los recursos de amparo y de inconstitucionalidad.

Corresponde al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, declarar el estado de alarma, y proponer al Congreso de los Diputados la declaración de los estados de excepción y sitio.

Podrán existir Ministros sin cartera, determinándose el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo, mediante Real Decreto Legislativo.

Los Secretarios de Estado son órganos superiores de la Administración General del Estado, responsables de la ejecución de la acción del Gobierno, y que actúan bajo la dirección del titular del Departamento al que pertenezcan, salvo cuando estén adscritos a la Presidencia del Gobierno, que lo harán bajo la dirección del Presidente.

5 días.

10 días.

15 días.

20 días.

Que el importe de las bases imponibles o cuotas regularizadas no superen los 6.000.000 euros o los 450.000 euros, respectivamente.

Que en la conducta del obligado tributario de la que resulta la regularización no se aprecien, por parte de la inspección, indicios de infracción tributaria.

Autorización del órgano competente para liquidar, previa o simultánea a la suscripción del acta con acuerdo.

Que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o inferior al importe requerido para auditar sus cuentas.

Está integrado por las siguientes salas: de lo Civil, de lo Penal, de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo. Los asuntos de lo Militar se deben tratar en salas de creación extraordinaria.

Estará integrado por el presidente y los gabinetes técnicos de cada sala.

Constituirá diferentes salas según las necesidades, que irán conociendo de los asuntos y materias de los que sean ponentes o especialistas cada presidente de sala.

Está integrado por las siguientes salas ordinarias: de lo Civil, de lo Penal, de lo Social, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Militar.

Los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finaliza el mes en que se hayan producido los devengos.

Los veinte primeros días naturales del segundo mes siguiente a aquel en que finaliza el trimestre en que se han producido los devengos.

Los veinte primeros días naturales del tercer mes siguiente a aquel en que finaliza el mes en que se han producido los devengos.

Los veinte primeros días naturales siguientes a aquel en que finaliza el trimestre en que se han producido los devengos.

La empresa vendedora es sujeto pasivo del Impuesto en su condición de empresario o profesional que realiza entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetos al Impuesto.

La empresa adquirente es sujeto pasivo del Impuesto dado que el inmueble se entrega dentro de un proceso concursal.

El sujeto pasivo es la empresa vendedora, debiendo el adquirente realizar el ingreso del IVA de esta operación por estar el sujeto pasivo en concurso de acreedores.

La empresa adquirente es sujeto pasivo del Impuesto, siendo la empresa vendedora la que debe realizar el ingreso del impuesto repercutido al encontrarse en concurso de acreedores.

Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

No se establece período mínimo.

Dos años.

Cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Diez años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

La situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un distinto sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro salvo que pudiera justificarse objetivamente en atención a una finalidad ilegítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

La situación en la que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro salvo que pudiera justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

La situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable

La ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.

Puede acordarse por las Comunidades Autónomas con provincias limítrofes o con características históricas, culturales y económicas comunes.

Puede ser autorizada por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica a las Comunidades limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes.

Está limitada por la Constitución al ejercicio de acuerdos de cooperación, los cuales necesitarán de la aprobación del Gobierno.

No se admitirá en ningún caso.

El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de dos meses a contar desde que ocurra el acto inscribible.

La inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se practicará dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción.

Para la inscripción de una entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, será necesario que esta tenga asignado previamente el Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurídica, por parte de la Administración Tributaria.

El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de tres meses a contar desde que ocurra el acto inscribible.

La operación se califica como prestación de servicios o entrega de bienes dependiendo de si el Ayuntamiento paga el justiprecio en dinero o en especie.

La operación no se trata de una entrega de bienes, dado que la sociedad no había iniciado la promoción de las viviendas.

La operación se califica como entrega de bienes, al realizarse en virtud de una expropiación forzosa.

La operación se califica como prestación de servicios, al tratarse de una expropiación forzosa y no de una compraventa, con independencia del inicio de la promoción de las viviendas.

Está obligado a exponer los motivos por los que solicita la información, los cuales serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.

Deberá motivar su solicitud, siendo la ausencia de ésta causa de rechazo.

Deberá motivar su solicitud, así como el uso que dará a la información.

No está obligado a motivar su solicitud.

El interés de demora es siempre exigible junto con el recargo ejecutivo devengado desde el fin del periodo de ingreso en voluntaria de la deuda tributaria atendiendo a lo dispuesto al artículo 62.2 de la Ley General Tributaria.

El interés de demora se exige junto con el recargo de apremio ordinario cuando el ingreso de la deuda no se efectúa en el plazo del artículo 62.5 de la Ley General Tributaria.

Es incompatible la exigencia de los recargos del periodo ejecutivo junto con el interés de demora.

Finalizado el plazo de ingreso conforme a lo dispuesto en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria sin que se hubiera efectuado el pago de la deuda solo resulta exigible el recargo de apremio ordinario.

No se computarán a efectos de trienios, pero si a efectos de derechos pasivos.

Si computarán tanto a efectos de trienios como de derechos pasivos.

No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo suspender la cotización a este último efecto.

No se computarán a efectos de trienios ni de derechos pasivos, pudiendo el funcionario escoger por cuál de los puestos efectuar la cotización.

Desde el día siguiente a aquel en que se notifique al obligado tributario la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

Desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sentencia o resolución administrativa que declare total o parcialmente improcedente el acto impugnado.

Desde el día siguiente a aquel en que se produzca la formalización de la garantía aportada.

Desde el día siguiente a aquel en que se interponga el recurso o reclamación contra el acto impugnado.

Un mes.

Quince días.

Dos meses.

Seis meses.

Dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera un acto expreso.

Tres meses a contar a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Quince días si se dirigiera contra una actuación en vía de hecho.

Un mes contado desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera un acto expreso.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, sin que sea posible la eficacia demorada de los mismos.

Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia no deben ser observados por los órganos administrativos que no dependan jerárquicamente del que dictó el acto y no pertenezcan a la misma Administración.

Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, siempre que los supuestos de hecho necesarios se produzcan con posterioridad a la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.

Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años.

Las pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión por actos ínter vivos o a liberalidades.

Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión del pago de deudas tributarias con bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.

Las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con la dación en pago de la vivienda habitual del deudor para la cancelación de la deuda, cuando el deudor disponga de otros bienes en cantidad suficiente para cancelar la hipoteca.

Cuando la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los tres años anteriores supere los 300.000 euros.

Cuando más de la mitad de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas o cuando, no habiéndose alcanzado ese porcentaje en dicho año, se haya alcanzado durante cada uno de los tres años anteriores.

Cuando una cuarta parte de la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año anterior proceda de rendimientos netos de actividades económicas o cuando, no habiéndose alcanzado ese porcentaje en dicho año, se haya alcanzado durante cada uno de los cuatro años anteriores.

Cuando la base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los dos años anteriores supere los 300.000 euros.

Aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable.

Aplicando las reducciones o límites establecidos por la ley de cada tributo a la cuota íntegra.

Minorando la cuota íntegra por los pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuotas, conforme a la normativa de cada tributo.

Aplicando las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos en la ley de cada tributo a la cuota íntegra.

Departamento de Gestión Económica.

Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional.

Comité Permanente de Dirección.

Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticos.

Se podrá conceder más de una ampliación del plazo respectivo.

La ampliación se entenderá automáticamente concedida por la mitad del plazo inicialmente fijado con la presentación en plazo de la solicitud, salvo que se notifique de forma expresa la denegación antes de la finalización del plazo que se pretenda ampliar.

El acuerdo de concesión o la denegación de la ampliación o del aplazamiento serán susceptibles de recurso o reclamación económico-administrativa.

Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y hora que le hubiesen fijado, podrá solicitar un aplazamiento dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del requerimiento.

No podrán deducirse las cuotas soportadas en la adquisición de bienes efectuada sin la intención de utilizarlos en la actividad empresarial, aunque luego se afecten a dicha actividad.

Solo son deducibles las cuotas soportadas desde que se inicia la realización habitual de entrega de bienes o prestaciones de servicios.

No son deducibles las cuotas soportadas en la adquisición de bienes destinados a utilizarse simultáneamente en la realización de actividades sujetas y no sujetas al IVA.

No pueden hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos del impuesto que realizan entregas de medios de transporte nuevos con carácter ocasional.

La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 48 horas.

La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 72 horas.

La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 24 horas.

La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la realización de la última puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 12 horas.

Se adoptarán a petición del órgano superior al competente para iniciar o instruir el procedimiento.

Deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, dentro de los 15 días siguientes a su adopción.

Contra el acuerdo de iniciación, en el que se confirmen, modifiquen o levanten las medidas provisionales, no cabe recurso alguno.

En todo caso, se extinguirán antes de que surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente.

Que el contribuyente hubiera alquilado por primera vez la vivienda, siempre que ésta se encuentre situada en una zona de mercado residencial tensionado y el arrendatario tenga una edad comprendida entre 18 y 35 años.

Que se haya formalizado por el mismo arrendador un nuevo contrato de arrendamiento sobre una vivienda situada en zonas de mercado residencial tensionado, con una reducción en la renta de al menos un 5% sobre el contrato anterior.

Que la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de rehabilitación que hubiera finalizado en los dos años anteriores a la fecha de celebración del contrato.

Que se trate de vivienda asequible incentivada o protegida, arrendada a la administración pública o entidades del tercer sector o de la economía social que tengan la condición de entidades sin fines lucrativos, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler.

Cambio entre monedas virtuales y moneda fiduciaria.

Salvaguarda de claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales.

Cambio entre diferentes monedas virtuales.

Asesoramiento sobre monedas virtuales.

Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños materiales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida.

Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora, con independencia de la modalidad de pago de la prestación.

Las prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las Administraciones Públicas, ya sean vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores.

Las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas temporales aseguradas resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático.

La superior jefatura del personal de la Agencia.

Aprobar la estructura orgánica de la Agencia.

Aprobar la oferta de empleo de la Agencia.

Acordar los nombramientos y ceses del personal directivo de la Agencia.

La Administración tributaria estará obligada a ajustar las liquidaciones a los datos consignados por los obligados tributarios en las autoliquidaciones, declaraciones, comunicaciones, solicitudes o cualquier otro documento.

Tendrán la consideración de liquidaciones provisionales las practicadas en el procedimiento inspector previa comprobación e investigación de la totalidad de los elementos de la obligación tributaria, salvo lo dispuesto en el apartado 4 del art. 101.

Podrán dictarse liquidaciones provisionales en el procedimiento de inspección, entre otros supuestos, cuando proceda formular distintas propuestas de liquidación en relación con una misma obligación tributaria.

En todo caso, tendrán el carácter de definitivas las liquidaciones referidas a elementos de la obligación tributaria que se encuentren vinculados con un posible delito conta la Hacienda Pública.

5.550 euros anuales.

3.000 euros anuales, incrementándose en 3.000 euros anuales en concepto de gastos de asistencia.

6.000 euros anuales.

9.000 euros anuales, incrementándose en 3.000 euros anuales en concepto de gastos de asistencia.

Contribuyente separado legalmente que convive con su hijo de 15 años sobre el que tiene atribuida la guarda y custodia en exclusiva.

Pareja de hecho sin vínculo matrimonial que tienen un hijo de 9 años.

Padre que no tiene la guardia y custodia de su hijo pero que le presta a éste alimentos por resolución judicial.

Cónyuges no separados legalmente que conviven con hijo de 22 años que no está incapacitados judicialmente ni sujeto a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

Serán designados por un periodo de cinco años y se renovarán por terceras partes.

Son nombrados por el rey.

Podrán compatibilizar su condición de miembro del Tribunal Constitucional con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.

Podrán compatibilizar su condición de miembro del Tribunal Constitucional con un cargo político.

Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de acuerdo entre ambos.

Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de aquéllas inhabilitara por completo al perceptor de la pensión para toda profesión u oficio.

Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad temporal.

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía que exceda a la establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.

Entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.

Entenderla estimada por silencio administrativo en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución Española.

Entenderla estimada por silencio administrativo en los procedimientos que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Entenderla estimada por silencio administrativo en los procedimientos de revisión oficio iniciados a solicitud del interesado.

En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá establecer tributos mediante Decretos-leyes.

La potestad originaria para establecer tributos mediante Ley corresponde exclusivamente al Estado y a las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas pueden establecer sus propios tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Las Corporaciones Locales no pueden establecer sus propios tributos pero sí exigirlos.

Es el modelo de autoliquidación de las retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta.

Es el modelo de autoliquidación de las retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento de bienes inmuebles urbanos.

Es el modelo de autoliquidación trimestral de los pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que deben presentar las personas físicas que desarrollen actividades económicas en estimación objetiva.

Es una declaración informativa.

El Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno Local.

El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.

El territorio, la población y la organización.

El Alcalde, los concejales y el pleno municipal.

15 días desde la solicitud.

15 días desde la notificación del inicio de las actuaciones.

6 meses desde la solicitud.

6 meses desde el inicio de las actuaciones.

Por la justificación de la no sujeción o exención en el cumplimiento de la obligación de presentación, aun cuando dicha circunstancia no conste expresamente en diligencia.

Por caducidad, una vez transcurrido el plazo de tres meses sin haberse notificado resolución expresa que ponga fin al procedimiento.

Por el inicio de un procedimiento de verificación de datos.

Por resolución en la que se indique que no procede practicar liquidación provisional o en la que se corrijan los defectos advertidos.

Los gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el lugar por donde se introducen las mercancías en el territorio aduanero de la Unión.

Los gastos de carga y de manipulación asociados al transporte de las mercancías importadas, hasta el lugar por donde se introducen las mercancías en el territorio aduanero de la Unión.

Las comisiones y los gastos de corretaje, en la medida en que los soporte el comprador y no estén incluidos en el precio realmente pagado o que debe pagarse por las mercancías.

Los gastos de transporte de las mercancías importadas después de su entrada en el territorio aduanero de la Unión.

Al periodo impositivo en que se dicte la resolución judicial.

Al período impositivo en que adquiera firmeza la resolución judicial.

Al periodo impositivo en que tenga lugar el cobro definitivo de la renta pendiente.

Al periodo impositivo en que fuera exigible, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno, tras adquirir firmeza la resolución judicial.

La infracción es muy grave, si dicha solicitud supera la cantidad de 3.000 euros.

La infracción es grave y se sanciona con multa fija de 600 euros.

La infracción tributaria prevista en este apartado será muy grave y se sanciona con multa fija de 1.000 euros.

La infracción es grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 15 por ciento.

Las Administraciones Públicas deberán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables y posteriormente declararán su lesividad para el interés público.

La declaración de lesividad será susceptible de recurso ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, previa declaración de lesividad.

Un acto anulable puede ser declarado como lesivo por la Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas, y también por la Administración Local a través del Pleno de la Corporación.

La Administración Tributaria compensará de oficio exclusivamente las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario.

El apartado 3 del citado artículo establece que la extinción de la deuda tributaria se producirá en el momento de inicio del período voluntario o cuando se cumplan los requisitos exigidos para las deudas y los créditos, si este momento fuera posterior. El acuerdo de compensación declarará dicha extinción.

Serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas tributarias vencidas, líquidas y exigibles que las comunidades autónomas, entidades locales y demás entidades de derecho público tengan con el Estado.

Serán compensables de oficio durante el plazo de ingreso en período ejecutivo las cantidades a ingresar y a devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección o de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior.

Mercancías de la Unión Europea con devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Mercancías no pertenecientes a la Unión sin estar sujetas a los derechos de importación.

Mercancías del territorio de aplicación del impuesto español con el Impuesto sobre el Valor Añadido devengado.

Mercancías no pertenecientes a la Unión con los derechos de importación y demás gravámenes devengados.

Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el obligado tributario o su representante haya prestado conformidad expresa no podrán ser impugnados salvo que pruebe que incurrió en error de hecho.

Los hechos y los elementos determinantes de la deuda tributaria respecto de los que el obligado tributario o su representante haya prestado conformidad expresa no podrán ser impugnados salvo que pruebe que incurrió en error de derecho.

Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria solamente podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado, si descubre nuevos hechos o circunstancias en un procedimiento de inspección.

Dictada resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria no podrá efectuar, en ningún caso, una nueva regularización en relación con el objeto comprobado.

Un depósito del 5 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o los lotes por los que desee pujar sean bienes inmuebles.

Un depósito del 10 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o los lotes por los que desee pujar sean bienes inmuebles.

Un depósito del 15 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o lotes por los que desee pujar sean bienes inmuebles.

Un depósito del 20 por ciento del tipo de subasta cuando los bienes o lotes por los que desee pujar sean bienes inmuebles.

En el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al que se dicta el acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización.

En el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al que se notifica el acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización.

En el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al que se dicta el acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización.

En el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al que se notifica el acuerdo de concesión cuya eficacia quedará condicionada a dicha formalización.

A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se han producido dos intentos de notificación que contengan el texto íntegro de la resolución.

El cómputo del plazo máximo de resolución en los procedimientos iniciados de oficio se iniciará en la fecha de notificación del acuerdo de inicio.

El cómputo del plazo máximo de resolución en los procedimientos iniciados a instancia del interesado, se iniciará al día siguiente de la entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

Los períodos de interrupción justificada y los períodos de dilación por causa no imputable a la Administración se incluyen en el cómputo del plazo de resolución.

Como norma general será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.

El plazo máximo será de 3 meses en todos los casos.

El plazo nunca podrá exceder de 9 meses.

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo máximo, este será de 9 meses.

Los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Las cuotas de IVA soportadas solo son deducibles en la declaración-liquidación correspondiente al periodo de liquidación en el que han sido soportadas.

Se entienden soportadas las cuotas deducibles en el momento del devengo del impuesto, aunque todavía no se haya recibido la correspondiente factura.

Las cuotas soportadas son deducibles si se dispone de la factura, con independencia de cuál sea su destino previsible.

El derecho a la deducción podrá ejercitarse en el plazo de cuatro años desde que se soportó la correspondiente cuota.

La reducción que se podrá aplicar es de un 30% sobre el rendimiento neto declarado.

La reducción podrá aplicarse en el primer periodo impositivo en que el rendimiento neto declarado sea positivo y en el periodo impositivo siguiente.

La cuantía de los rendimientos netos sobre los que se aplicará la reducción no podrá superar el importe de 50.000 euros anuales.

No resultará de aplicación la reducción cuando el 40% de los ingresos del mismo proceda de una persona o entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido rendimientos del trabajo en año anterior a la fecha de inicio de la actividad.

La letra K, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.

La letra M, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.

La letra N, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.

La letra L, siete caracteres alfanuméricos y un carácter de verificación alfabético.

La ejecución de un acto impugnado en vía económico-administrativa no se puede suspender si no se presta la correspondiente garantía.

La suspensión producida en el recurso de reposición no podrá mantenerse en vía económico-administrativa salvo que el interesado aporte nuevas garantías.

Si la impugnación en vía económico-administrativa afecta a una sanción tributaria para que se suspenda la ejecución de la misma deberá aportarse garantía.

Si el Tribunal económico-administrativo aprecia que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios de difícil o imposible reparación o que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho, podrá suspender la ejecución del acto sin necesidad de aportar garantía.

Es una figura contemplada en la Constitución Española que permite la recuperación del ejercicio de competencias propias de los órganos pertenecientes a los tres poderes del Estado siempre que hayan sido previamente delegadas.

Permite delegar el ejercicio de competencias propias del Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros.

Es una figura que permite al Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, reclamar para sí un asunto cuya decisión corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Permite delegar el ejercicio de competencias propias de los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes de ellos.

El obligado al pago y el cónyuge en el caso de que el objeto del embargo sea un bien de titularidad compartida.

El obligado al pago y los titulares de cargas posteriores a la anotación del embargo objeto del recurso.

El obligado al pago si considera que incurre en alguna de las causas de oposición admisibles.

Cualquiera que vea vulnerado sus derechos sobre el bien embargado.

Será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designen destinatarios, sólo serán obligatorias para éstos.

Necesita transposición.

No será vinculante.

No puede adoptarse en virtud de un procedimiento legislativo. Son actos no legislativos adoptados por el Parlamento Europeo.

Un patrimonio neto superior a 2.000.000 de euros.

Un patrimonio bruto superior a 2.000.000 de euros.

Un patrimonio neto superior a 3.000.000 de euros.

Un patrimonio bruto superior a 3.500.000 euros.

5 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto.

15 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto.

20 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto.

10 días, salvo que en la normativa reguladora del certificado se haya fijado un plazo distinto.

Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate sin posibilidad de subsanación.

No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la acreditación o se subsane el defecto dentro del plazo establecido.

El órgano competente para la tramitación del procedimiento no está obligado a comprobar la acreditación de representación en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente.

No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte la acreditación o se subsane el defecto sin que haya ningún plazo establecido.

Solicitar al obligado tributario justificación documental de operaciones financieras que tengan incidencia en la base o en la cuota de una obligación tributaria.

Requerir a terceros para que aporten información y documentación justificativa con el objeto de comprobar la veracidad de la información que obre en poder de la Administración tributaria, incluida la obtenida en el procedimiento.

Requerir a terceros información sobre movimientos financieros.

Examinar la contabilidad.

La ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de derechos de suscripción derivados de un valor admitido a negociación en el índice IBEX 35.

Los rendimientos de actividades forestales.

Los rendimientos de cuentas en el exterior satisfechos o abonados por establecimientos permanentes en el extranjero de entidades de crédito y establecimientos financieros residentes en España.

Un premio de 350 euros ganado en un concurso de televisión.

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Impuesto sobre el Patrimonio.

Impuesto de Sociedades.

Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos publicitarios.

Las entregas de dinero a título de contraprestación o pago.

Los depósitos en efectivo y operaciones relacionadas con los mismos.

Las entregas gratuitas de muestras sin valor comercial estimado con fines de promoción de las actividad empresarial o profesional.

Se tramitará el recurso de reposición y se declarará inadmisible la reclamación económico-administrativa, con independencia de cuál se hubiera interpuesto antes.

Se tramitará la reclamación económico-administrativa y se declarará inadmisible el recurso de reposición, con independencia de cuál se hubiera interpuesto antes.

Se tramitarán ambos de forma separada puesto que se interponen ante órganos diferentes.

Se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo.

El recargo se calcula sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas y excluirá las sanciones que hubieran podido exigirse.

Si la presentación de la autoliquidación o declaración se realiza después de 12 meses desde el término del plazo, el recargo será del 10%, y se exigirán intereses de demora por el período transcurrido, desde que debió presentarse la autoliquidación o declaración.

En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo, se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario correspondiente a la liquidación que se practique.

No se aplicarán recargos ni intereses si la presentación se realiza dentro de los 12 meses posteriores al término del plazo establecido.

16.

8.

4.

2.

El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de aportar garantía alguna.

El procedimiento de apremio sólo se suspenderá si las deudas pendientes de pago se garantizan en los términos previstos en el artículo 82 de la Ley General Tributaria.

Se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.

Proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.

No se podrá acordar la tramitación simplificada en el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora.

Se podrá acordar por la Administración Pública, de oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen.

Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán resolverse en sesenta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Acordada la tramitación simplificada del procedimiento, el órgano competente no puede acordar, en un momento posterior, continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.

Contra los certificados tributarios se podrá interponer el recurso regulado en el artículo 222 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Tras la emisión del certificado el obligado tributario podrá manifestar su disconformidad con cualquiera de los datos que formen parte de su contenido en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de su recepción.

Los certificados tributarios expedidos referidos a obligaciones no periódicas, tendrán validez durante seis meses a partir de la fecha de su expedición, mientras no se produzcan modificaciones de las circunstancias determinantes de su contenido.

No podrán certificarse datos referidos a obligaciones tributarias respecto de las cuales haya prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.

Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive.

El recurso contencioso-disciplinario militar.