OEP 2021/2022
Fecha del examen 2022-11-20
Dos o cuatro personas.
Una, tres o cinco personas.
Una, tres o cuatro personas.
Cinco personas.
Los sometidos a tratamiento médico por causas de accidente o enfermedad hasta que transcurran dos semanas desde que sean dados de alta.
Los que disfruten de permisos ordinarios de salida.
Los perceptores de prestación por jubilación.
Los mayores de 60 años.
Máximo de 10 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Mínimo de 20 días y máximo de 30 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Mínimo de 10 días y máximo de 20 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Máximo de 15 días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.
Entre los treinta días y noventa días desde la terminación del mandato.
Sesenta días desde la terminación del mandato.
Entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato.
Treinta días desde la terminación del mandato.
No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos ni determina responsabilidad disciplinaria.
No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
Implicará la nulidad del acto dictado y la consecuente responsabilidad disciplinaria del infractor.
Afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos y conlleva responsabilidad disciplinaria.
La Subdirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto.
La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social.
La Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
La Subdirección General de Planificación y Gestión Económica.
Coordinación con las Haciendas Locales y de solidaridad entre todas ellas.
Coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
Coordinación con la Hacienda estatal y el principio de progresividad.
Coordinación con las Haciendas Locales y de solidaridad entre todos los españoles.
30 días.
20 días.
60 días.
10 días.
El seguimiento, análisis e inspección de los servicios, organismos y centros de la Administración Penitenciaria.
La determinación de los criterios de normalización de los datos de carácter penitenciario para homogeneizar la documentación básica penitenciaria en el tratamiento de internos.
La administración y gestión patrimonial de los inmuebles, infraestructuras y equipamientos penitenciarios, incluidas tanto la promoción de nuevos centros como la ampliación, reforma y rehabilitación de los existentes.
La organización y gestión de los centros penitenciarios y del resto de servicios de ejecución penal radicados en la comunidad autónoma, incluyendo el establecimiento de su estructura orgánica y funcional, su organización y funcionamiento, la colaboración institucional y el fomento de la participación social.
El principio de publicidad de las actuaciones judiciales.
El principio de gratuidad de la justicia.
El principio de unidad jurisdiccional.
El principio de colaboración con la justicia.
De su publicación y tienen plenos efectos frente a todos salvo las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho.
De su dictado y tienen plenos efectos frente a todos.
De su publicación y tienen plenos efectos frente a todos las que declaren la incostitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho.
De su publicación y tienen plenos efectos frente a todos las que declaren la inconstitucionalidad de una norma que no tenga fuerza de Ley.
Por la Sala de conflictos de jurisdicción.
Por el Tribunal Supremo.
Por el Tribunal Constitucional.
Por el Tribunal Económico-Administrativo Central.
Al Consejo de Ministros.
Al Presidente del Gobierno.
Al presidente del Senado.
Al Presidente del Congreso de los Diputados.
Mediante ley ordinaria de las Cortes Generales.
En la forma prevista en los propios tratados y siguiendo las directrices del Parlamento Europeo.
Mediante ley orgánica de las Cortes Generales.
En la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas del Derecho Internacional.
Decisiones no vinculantes.
Recomendaciones.
Dictámenes.
Consultas comunitarias.
72 horas.
24 horas.
36 horas.
12 horas.
El Consejo Europeo.
El Comité Económico y Social.
El Banco Central Europeo.
El Tribunal de Cuentas Europeo.
Personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Personal retribuido por arancel cuando así lo disponga su legislación específica.
Personal laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Personal de las Administraciones Públicas no incluido en el ámbito de aplicación del TREBEP.
Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, como personal funcionario en igualdad de condiones que los españoles a los empleos públicos cuyas funciones tienen por objeto la salvaguarda de los intereses de las Administraciones Públicas.
Los nacionales de otros estados podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a cualquier empleo público.
Sólo por ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.
Los extranjeros sin residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.
El tres por ciento.
El dos por ciento.
El cinco por ciento.
El siete por ciento.
Concepto.
Artículo.
Capítulo.
Subconcepto.
Cuando desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales.
Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio.
Cuando obtengan destino en una Administración Pública distinta en virtud de los procesos de transferencias.
Cuando, por razón de su condición de funcionario exigida por disposición legal, presten servicios en organismos o entes públicos.
Expectativa de destino.
Servicio en otras Administraciones Públicas.
Servicio activo.
Excedencia.
Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente o sucesivamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.
Los funcionarios de carrera podrán progresar preferentemente en la modalidad de carrera vertical, optando por la carrera horizontal únicamente en el caso de que no existan puestos de un grupo superior al que optar.
Los funcionarios de carrera podrán progresar sucesivamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.
Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.
Promoción interna horizontal.
Carrera horizontal.
Carrera vertical.
Promoción interna vertical.
Miembro del Consejo de Ministros.
Diputado autonómico, salvo que perciba retribuciones periódicas por el desempeño de la función o que por las mismas se establezca la incompatibilidad.
Secretario de Estado.
Alcalde en régimen de dedicación exclusiva y cargo retribuido.
Las retribuciones íntegras que debiera percibir el funcionario si se hubiera encontrado en plenitud de derechos.
No tendrá derecho a la percepción de haberes hasta que la suspensión provisional sea resuelta.
Las retribuciones básicas, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias.
Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
Ciclotímico.
Flemático.
Esquizotímico.
Sintónico.
Unicamente si no ha transcurrido el plazo de prescripción y siempre que tal revocación no se contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que la revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
Las Administraciones Públicas no pueden revocar los actos de gravamen o desfavorables, solo pueden recitificarlos.
En cualquier momento, desde que se dictó el acto.
Unos servicios públicos digitales de alta calidad, inclusivos y estratégicamente autónomos.
La construcción de una función pública atractiva, moderna e innovadora, que lidera a través de su ejemplo.
La existencia de unos servicios públicos transparentes y resilientes que responden a las expectativas de la ciudadanía.
La burocracia como sistema organizativo que permita gestionar los asuntos siguiendo un conjunto de reglas y procedimientos específicos.
Informarán al interesado en un plazo de un mes desde la recepción de la misma.
No existe obligación alguna de informar de las actuaciones realizadas.
Informarán al interesado en un plazo de 20 días hábiles desde la recepción de la misma.
Podrán informar al interesado en cualquier momento.
La elaboración e implantación de planes de igualdad es obligatoria para todas las empresas, con independencia de su tamaño.
Las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se establezca en el convenio colectivo de aplicación.
La elaboración e implantación de planes de igualdad siempre es voluntaria para la empresa.
Las empresas sólo deben elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando lo haya acordado la autoridad laboral en un procedimiento sancionador.
Debe solicitarse de nuevo, cuando se cambia de residencia.
Se efectuará mediante resolución de la Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante.
La prescripción de servicios y prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas previstas, podrá ser objeto de delegación a entidades privadas.
Se inicia de oficio.
Es una agencia estatal de las previstas en el artículo 108 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Es un organismo autónomo estatal de los previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Está adscrito a la Dirección General de Política Económica con nivel orgánico de Subdirección General.
Es una entidad pública empresarial de ámbito estatal de las previstas en el artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Se aprueban y actualizan por resolución de la Inspección de Servicios del Departamento.
Se aprueban y actualizan por resolución del Subsecretario del Departamento.
Se aprueban y actualizan por resolución de la Dirección General de Gobernanza Pública.
Se aprueban por resolución del Subsecretario y actualizan por resolución de la Dirección General de Gobernanza Pública.
Se crea y pone en marcha en el II Plan de Acción de España.
Se crea y pone en marcha en el III Plan de Acción de España 2017-2019 de la alianza para el Gobierno abierto.
Se crea y pone en marcha en el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024.
Se crea y pone en marcha en el I Plan de acción de España.
Puede ser limitado por el órgano administrativo titular de la información previa autorización del Consejo General de Transparencia y Buen Gobierno.
No puede ser limitado.
Puede ser limitada cuando la información suponga un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
No es necesario motivar la aplicación de los límites.
El consentimiento expreso es genérico e independiente de las actividades de tratamiento y de los fines de éstas.
Las Administraciones Públicas, cuando el tratamiento de datos personales sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, no están obligadas a recabar el consentimiento del interesado.
El consentimiento tácito del interesado es condición legítima para el tratamiento de sus datos personales.
Las Administraciones Públicas, por su propia naturaleza, no están obligadas a recabar, en ningún caso, el consentimiento para el tratamiento de datos personales.
La edad del menor no es el dato determinante, solo es lícito el consentimiento del menor si consta el del titular de la patria potestad o tutela.
Cuando sea mayor de 14 años será válido el consentimiento del menor para el tratamiento de sus datos personales, siempre que lo haya prestado de forma expresa y tenga capacidad de obrar plena para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento.
Cuando sea mayor de 12 años será válido el consentimiento del menor para el tratamiento de sus datos personales, siempre que lo haya prestado de forma expresa y tenga capacidad de obrar plena para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento.
No es lícito el tratamiento de datos de un menor de 18 años basado en su consentimiento.
Los titulares de los Departamentos afectados previa autorización del Ministro de Hacienda.
El Presidente del Gobierno a iniciativa del Ministro de Hacienda.
El Ministro de Hacienda, a iniciativa de los Ministros afectados.
El Gobierno a propuesta del Ministro de Hacienda y a iniciativa de los Ministros afectados.
La situación de superávit estructural.
La posición de equilibrio financiero.
La gestión de los recursos públicos orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad.
La capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.
El Presidente.
El Vicepresidente.
El Pleno.
La Secretaría General.
Por medio de una explosión, aunque no pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes.
Que pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión.
Que pongan en peligro la vida o la salud de las personas siempre que se produzca explosión.
Por medio de una explosión, que pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, y se produjere, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito.
Se podrá reconocer la obligación pero no tramitar el pago.
No se podrá reconocer la obligación ni tramitar el pago.
Se podrá reconocer la obligación y tramitar el pago, aunque con autorización de la Intervención.
Se podrá reconocer la obligación siempre que la Administración subsane el reparo.
Defensor del Pueblo-
Congreso de los Diputados.
Consejo de Ministros.
Tribunal de Cuentas.
La elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado.
La elaboración de normas en las que concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
La elaboración de normas que no impongan obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia.
La elaboración de normas que tengan un impacto significativo en la actividad económica.
Delincuente pasional.
Delincuente ocasional.
Delincuente habitual.
Delincuente loco moral.
La norma general es que tengan eficacia retroactiva.
Los actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deben ser observados por el resto de los órganos administrativos, aún sin dependencia jerárquica o que pertenezcan a otra Administración.
No podrá ser demorada la eficacia de un acto administrativo a su notificación.
Los actos administrativos dictados por los órganos competentes de la Administración General del Estado en el ejercicio de sus competencias propias no deben ser observados por la administración autonómica ni por la local.
Previa autorización de las Cortes Generales.
Sin autorización previa ni ratificación posterior de órgano ni autoridad alguna.
Previa autorización de las Cortes Generales y ratificación posterior del Presidente del Gobierno.
Previa autorización del Presidente del Gobierno, tras consulta de éste al Pleno de las Cortes Generales.
Cuando sea firme la resolución de la autoridad judicial competente que acuerde la transmisión de la resolución por la que se impone una pena privativa de libertad.
Cuando se comunique al condenado que la autoridad de ejecución acepta la ejecución de la resolución por la que se impone una pena privativa de libertad.
Cuando la autoridad judicial competente acuerde la transmisión de la resolución por la que se impone una pena privativa de libertad.
Cuando la autoridad de ejecución comunique que acepta la ejecución de la resolución por la que se impone una pena privativa de libertad.
Realizar una investigación criminológica.
Atender los requerimientos que los Jueces, Tribunales y miembros del Ministerio Fiscal soliciten en materia pericial de las personas sometidas a su jurisdicción.
Participar en las tareas docentes y de formación de funcionarios.
Revisar la clasificación de los internos que encontrándose en segundo grado hayan alcanzado la cuarta parte del cumplimiento de la condena.
La Junta de Tratamiento.
El Juez de Vigilancia correspondiente.
El Director del centro penitenciario.
El Centro Directivo.
Deberán obtener autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria para poder comunicar.
No podrán comunicar con los internos clasificados en primer grado.
Deberán obtener autorización del Director del centro penitenciario para poder comunicar.
Podrán comunicar sin necesidad de recabar autorización.
El Psicólogo o el Jurista.
El Tribunal sentenciador.
La Junta de Tratamiento.
El Jefe de Servicios.
1 hora.
2 horas.
No se establece ningún horario, sino que será el tiempo que sea suficiente para atenderlas.
3 horas.
En los establecimientos de régimen abierto se podrán establecer, a propuesta de la Junta de Tratamiento, distintas modalidades en el sistema de vida de los internos.
Las salidas del establecimiento deberán ser planificadas y reguladas por la Junta de Tratamiento, señalando los mecanismos de control y seguimiento que se consideren necesarios, de acuerdo con lo establecido en el programa de tratamiento.
Las normas de organización y funcionamiento de los establecimientos de régimen abierto serán elaboradas por la Junta de Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo.
La Junta de Tratamiento podrá aprobar salidas de fin de semana con horarios diferentes a los indicados, siempre que sea necesario.
Los internos disfrutarán, como mínimo, de dos horas diarias de salida de patio y no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos juntos.
Los internos disfrutarán, como mínimo, de cuatro horas diarias de salida de patio y no podrán permanecer, en ningún caso, más de cinco internos juntos.
Los internos disfrutarán, como mínimo, de tres horas diarias de salida de patio y no podrán permanecer, en ningún caso, más de dos internos juntos.
Los internos disfrutarán, como mínimo, de cinco horas diarias de salida de patio y no podrán permanecer, en ningún caso, más de cuatro internos juntos.
Utilizará técnicas de carácter psicosocial que vayan orientadas a mejorar las capacidades de los internos.
Potenciará los contactos del interno con el resto de población reclusa que permitan mejorar sus habilidades sociales.
Integrará en los programas de tratamiento mecanismos de control sobre el interno que permitan detectar aquellas problemáticas que hubieran influido en su actividad delictiva.
Diseñará programas culturales orientados a desarrollar las actitudes de los internos.
La asistencia especializada se dispensará con medios propios de la Administración penitenciaria o ajenos concertados por la misma.
La asistencia especializada dispensada en los hospitales de la red pública sanitaria se financiará por las administraciones sanitarias competentes.
La asistencia especializada en régimen de hospitalización se realizará en los hospitales que la autoridad penitenciaria designe, salvo en los casos de urgencia en que se llevará a cabo en el hospital que determine la autoridad sanitaria.
La asistencia especializada se asegurará preferentemente a través del sistema nacional de salud.
Ficha de diagnóstico y valoración.
Ficha de riesgo de reincidencia.
Ficha de historial delictivo.
Ficha de beneficios penitenciarios.
Programas basados en el principio de comunidad terapéutica para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo requiera.
Programas específicos para las personas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la violencia contra la infancia y adolescencia
Programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos contra la libertad sexual a tenor de su diagnóstico previo.
Programa de intervención penitenciario para la reinserción de delincuentes económicos.
Los internos condenados por delitos castigados con penas inferiores a 5 años
Los internos que hubieran desempeñado un puesto de trabajo en un centro penitenciario por un periodo superior a 1 año siempre que este desempeño haya sido valorado positivamente por el centro de procedencia.
Los internos preventivos sobre los penados.
Los internos que hubieran desarrollado programas específicos de tratamiento.
Vendrá determinada por su finalidad y no podrá exceder del límite fijado para los permisos ordinarios.
Será de hasta tres días de duración.
Será de hasta catorce horas para consulta ambulatoria extrapenitenciaria de los penados clasificados en segundo o tercer grado y de hasta tres días de duración cuando los mismos deban ingresar en un hospital extrapenitenciario.
Vendrá determinada por el grado de clasificación del interno al que se le conceda el permiso extraordinario.
Será propuesto por el Director y autorizado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Será autorizado por el Director dando cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Será propuesto por el Centro Directivo y autorizado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Será autorizado por el Centro Directivo dando cuenta al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Informará del hecho al Juez de Vigilancia Penitenciaria a los efectos que considere oportunos.
Elaborará nuevo Plan de Intervención y Seguimiento teniendo en cuenta las manifestaciones y necesidades del penado.
Informará al órgano jurisdiccional competente para la ejecución a los efectos que considere oportunos.
Requerirá al penado de cumplimiento.
Se realizarán una vez se encuentre internado en hospitales extrapenitenciarios de acuerdo con el régimen establecido por el Director teniendo en cuenta la peligrosidad del mismo.
El médico responsable fijará el régimen de visitas que se realizarán en la enfermería del centro, pudiendo estar sometida a vigilancia si razones de seguridad lo aconsejan.
Se suspenderán durante la enfermedad las comunicaciones de familiares y allegados.
Se autorizará a que uno o dos familiares o allegados puedan comunicar con él en la enfermería del centro.
En la reducción de los plazos de cancelación del artículo 261 del Reglamento Penitenciario.
Los mecanismos de repetición de infracciones y acumulación de sanciones.
En el abono del tiempo de sanciones cumplidas indebidamente.
Los mecanismos de aplazamiento, suspensión de la efectividad y reducción o revocación de las sanciones.
No será ejecutivo en tanto no haya transcurrido el plazo de diez días para su impugnación.
En cuanto constituye un acto de indisciplina grave, la sanción impuesta será inmediatamente ejecutada si la comisión disciplinaria estima que el cumplimiento de la sanción no puede demorarse.
En cuanto dicha falta no constituye un acto de indisciplina grave no será ejecutivo en tanto no haya sido resuelto el recurso interpuesto por el interno ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria o en caso de que no se haya interpuesto hasta que haya transcurrido el plazo para su impugnación.
En cuanto constituye un acto de indisciplina grave, la sanción impuesta será, en todo caso inmediatamente ejecutada.
El indulto de un máximo de 2 meses por año de cumplimiento en el que se acrediten las circunstancias del artículo 206.
El indulto de la totalidad de la pena.
En la cuantía que aconsejen las circunstancias.
El indulto de un máximo de 4 meses por año de cumplimiento en el que se acrediten las circunstancias del artículo 206.
Será aplicable siempre que concurran los requisitos del artículo 90.3 del Código Penal no contemplándose excepciones.
Excepcionalmente, será aplicable a los penados por delitos contra la libertad sexual cuando exista valoración e informe específico del aprovechamiento por el reo del programa de tratamiento para condenados por agresiones sexuales.
Será aplicable a las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales o por alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, siempre que el penado haya realizado una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas.
No será aplicable a los penados que lo hayan sido por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, así como a las personas condenadas por la comisión de alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales.
El Administrador del Centro Penitenciario.
El suplente del Director que haya sido designado por resolución motivada del Centro Directivo.
El miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad por este orden.
El miembro del órgano colegiado de mayor antigüedad, jerarquía y edad por este orden.
La realización de servicios en el ámbito penitenciario, relacionados con el cometido del puesto de trabajo, que revistan una superior iniciativa y denoten un alto espíritu de servicio.
La realización de servicios en el ámbito penitenciario, relacionados o no con los cometidos del puesto de trabajo, que revistan una extraordinaria relevancia y denoten un alto espíritu de servicio.
La prestación de servicios de especial relevancia relacionados con la actividad penitenciaria de forma continuada que denoten superior iniciativa y dedicación.
La prestación de servicios relevantes relacionados con la actividad penitenciaria que denoten una especial iniciativa y dedicación.
El delito se haya cometido contra una institución u organismo de la Unión Europea, aunque no tenga su sede en España.
El procedimiento se dirija contra un español.
La víctima tuviera nacionalidad española con posterioridad a la comisión de los hechos.
El delito se haya cometido contra instalaciones oficiales españolas, excluyendo embajadas y consulados.
La no exigibilidad de un comportamiento distinto.
Que el resultado se produce por la voluntad del agente.
Que el resultado producido va más allá de la intención del agente.
Que el agente es consciente de que el resultado está prohibido por el ordenamiento jurídico.
Al delinquir el sujeto hubiere sido condenado, en un plazo no superior a cinco años, por tres o más delitos comprendidos en el mismo Capítulo del Código Penal.
Al delinquir el sujeto hubiere sido ejecutoriamente condenado por un delito comprendido en el mismo Capítulo del Código Penal.
Al delinquir el sujeto hubiere sido ejecutoriamente condenado por un delito comprendido en el mismo Título del Código Penal.
Al delinquir el sujeto hubiere sido condenado por dos o más delitos comprendidos en el mismo Título del Código Penal.
Conlleva la prohibición de regresar a España por un periodo de cinco a diez años.
El extranjero puede regresar a España una vez finalizado el plazo por el que se impuso la medida de seguridad.
El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de diez años contados desde la fecha de la sentencia que impuso la medida de seguridad.
El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de diez años contados desde la fecha de su efectiva expulsión.
Dos años.
Tres años.
Cinco años.
Proporcional al perjuicio causado.
Ocho años de prisión.
Quince años de prisión.
Diez años de prisión.
Doce años de prisión.
Tendrá lugar salvo que el bien se halle en poder de tercero.
No podrá efectuarse si un tercero lo ha adquirido de buena fe.
Tendrá lugar, aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe.
No podrá efectuarse si un tercero lo ha adquirido legalmente.
Cuando el acusado se prevalga de su condición de autoridad o funcionario público.
Concurra en su comisión precio, recompensa o promesa.
Cuando el acusado sea reincidente.
Cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado previsto y penado en el artículo 550 del Código Penal.
Que se produzca en el centro sanitario donde vaya a practicarse la interrupción voluntaria del embarazo.
Que la víctima sea menor de dieciocho años.
Que se trate de actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad.
Que se ejecute bajo la amenaza de un mal que constituya delito.
Se cometió la primera infracción punible.
Cesó la conducta.
Se eliminó la situación ilícita.
Se realizó la última infracción.
El sustractor haya comunicado el lugar de estancia al otro progenitor o a quien corresponda legalmente su cuidado dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la sustracción.
La ausencia del menor no hubiere sido superior a cuarenta y ocho horas.
La restitución del menor al otro progenitor se hiciere dentro de las veinticuatro horas siguientes a la sustracción.
La restitución se hiciere dentro de los quince días siguientes a la sustracción.
400 euros.
30.000 euros.
80.000 euros.
60.000 euros.
El cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de doscientos trabajadores.
El veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez trabajadores y no más de cien.
La totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de tres y no más de cinco trabajadores.
El veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores.
Dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.
Dentro del plazo de doce meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.
Dentro del plazo de tres meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.
Dentro del plazo de nueve meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.
Superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en setenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
Superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
Superior en cincuenta kilómetros por hora en vía urbana o en noventa kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
Superior en cincuenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
A sabiendas, destruyere, o sin su conocimiento se inutilizare u ocultare, la totalidad de los documentos cuya custodia tuviere en ese momento, con independencia que se le hubiese encomendado por razón de su cargo.
A sabiendas, destruyere, inutilizare u ocultare, la totalidad de los documentos cuya custodia tuviere en ese momento, con independencia que se le hubiese encomendado por razón de su cargo.
A sabiendas, sustrajere, destruyere, o sin su conocimiento se inutilizase u ocultase, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo.
A sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo.
Estará determinada de conformidadd con los tratados o convenios internacionales en los que España sea parte.
Estará constituida por la fabricación, comercialización o tenencia de dichas municiones, con independencia de su cantidad o clase.
Estará constituida por la fabricación de dichas municiones, con independencia de su cantidad o clase.
Se declarará por los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la cantidad y clase de las mismas.
La autoridad judicial.
El Ministerio Fiscal.
El Ministerio del Interior.
El letrado de la Administración de Justicia.
Dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia.
Dentro de los quince días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia.
Dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia.
Dentro de los diez días siguientes a aquel en que se les hubiere notificado la sentencia.
El Consejo Interterritorial autonómico.
El Congreso de los Diputados, entre las comunidades autónomas, provincias y municipios, en su caso.
Las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso.
El Gobierno, entre las comunidades autónomas.
Nueve jurados y un magistrado integrante de la Audiencia Provincial que lo presidirá.
Once jurados y un magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que lo presidirá.
Once jurados y un magistrado integrante de la Audiencia Provincial que lo presidirá.
Nueve jurados y un magistrado integrante de la Audiencia Nacional, que lo presidirá.
Cuatro años, renovable.
Cuatro años, no renovable.
Cinco años, no renovable.
Cinco años, renovable.
El órgano competente del Estado condenado.
Las Altas Partes Contratantes.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Comité de Ministros.
Requisitoria.
Exhorto.
Suplicatorio.
Comisión rogatoria.
Enrico Ferri.
Emile Durkheim.
Cesare Lombroso.
Raffaele Garofalo.
Es posible interponer recurso de alzada o de reposición contra actos de trámite que producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.
Es posible interponer recurso de alzada o de reposición contra cualquier acto de trámite.
Es posible interponer recurso de alzada o reposición contra actos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto.
Es posible interponer recurso de alzada o reposición contra actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento.
El Subsecretario del Departamento.
El Consejo de Ministros.
No es posible la revisión de oficio de las disposiciones y actos administrativos nulos y anulables dictados por los Secretarios de Estado
El Ministro titular del Departamento.
El acta de comprobación del replanteo.
La firma del contrato.
La obtención de la licencia de obras.
La adjudicación del contrato.
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada Trasnacional.
Estrategia nacional contra el crimen organizado y la Delincuencia Grave.
Plataforma Multidisciplinar Europea contras las Amenazas Delictivas (EMPACT)
Sociedad Internacional de Investigación y Persecución de la Delincuencia Organizada (SIPDO)
La violencia sexista que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por similares relaciones de afectividad.
La violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.
No comprende la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convivencia.
La violencia sobre las mujeres por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, siempre que haya existido relación de convivencia.
Constituyen un instrumento diseñado para la cuantificación de la delincuencia.
Constituyen una herramienta de investigación para ayudar a identificar aspectos del delito y la victimización.
Ofrecen una descripción precisa e informativa de los problemas delictivos.
Constituye una herramienta propia de los programas de mediación con las víctimas de los delitos.
Desarrolla una serie de estrategias basadas en una política cultural, económica y social que pueden influir sobre las causas del delito, a fin de que no se produzcan delitos.
Identificación temprana de los posibles delincuentes e intenta intervenir en sus vidas de forma que no cometan infracción penal.
Se encarga de quienes efectivamente han delinquido e incluye intervenciones en sus vidas de forma que no cometan más delitos.
Identifica las condiciones del entorno físico y social que brindan oportunidades para la realización de actos delictivos o que los precipitan y el objetivo de la intervención es alterar esas condiciones a fin de que no se produzcan delitos.
Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, sin más limitaciones que las que reglamentariamente se determinen.
Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, excepto cuando aquellas hayan sido dictadas con posterioridad.
Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general únicamente cuando aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
Indicarán esta circunstancia en aquellos casos que reglamentariamente se determine y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano en el que haya recaído la delegación.
Indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.
Indicarán esta circunstancia en aquellos casos que reglamentariamente se determine y se considerarán dictadas por el órgano en el que haya recaído la delegación.
Las Corporaciones de Derecho Público, que se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública y supletoriamente por la presente Ley.
Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que se regirán por su normativa específica cuando ejerzan potestades administrativas y supletoriamente por la presente Ley.
Las entidades que integran la Administración Local.
Las Universidades Públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.
No podrá sustituirse por una compensación en especie ni ser abonada mediante pagos periódicos.
Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
No podrá sustituirse por una compensación en especie, pero sí podrá ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para el interesado.
No podrá sustituirse por una compensación en especie, pero sí podrá ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, aun cuando no exista acuerdo con el interesado.
Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan hasta la existencia de sentencia firme en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
No suspenderá en ningún caso los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan.
Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan hasta que se dicte auto de apertura de juicio oral.
Deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados hasta el límite del importe de la garantía.
Le será incautada la garantía y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en los que excedan del importe de la garantía incautada.
Quedará inhabilitado para la celebración de cualquier otro contrato del Sector Público por un periodo de diez años, todo ello sin perjuicio de la reparación debida del eventual daño ocasionado, del que responderá con la garantía depositada y hasta el límite de ésta.
Unicamente procederá la exigencia de responsabilidad civil en el caso de que hubiere mediado ademas dolo en la actuación del contratista.
Casa Real.
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Seis meses.
Un mes.
Doce meses.
Tres meses.
Diez días y será resuelto por decreto dentro de los diez días siguientes.
Cinco días y será resuelto por decreto dentro de los diez días siguientes.
Diez días y será resuelto por auto dentro de los cinco días siguientes.
Diez días y será resuelto por auto dentro de los diez días siguientes.
El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada sindicato.
El derecho a fundar sindicatos previa autorización de la Autoridad Laboral competente, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos.
El derecho a la actividad sindical.
El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo o a separarse del que estuviese afiliado, no pudiendo nadie ser obligado a afiliarse a un sindicato.
Podrá ser causa de suspensión del contrato de trabajo.
Podrá ser causa de modificación del contrato de trabajo, adaptando las condiciones laborales del trabajador a la nueva situación derivada de la privación de libertad.
Podrá ser causa de extinción del contrato de trabajo.
Podrá ser causa de excedencia forzosa.
Recurso de reposición.
Recurso de suplicación.
Recurso de alzada.
Recurso de casación.
50 funcionarios.
30 funcionarios.
100 funcionarios.
250 funcionarios.
El importe total del contrato incluido el impuesto sobre el valor añadido y las prórrogas del contrato.
El valor estimado del contrato.
El importe total del contrato sin incluir el impuesto sobre el valor añadido.
El límite máximo de gasto que en virtud de contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido.
Veinticinco por ciento de la plantilla.
Diez por ciento de la plantilla.
Treinta y tres por ciento de la plantilla.
Veinte por ciento de la plantilla.
Personal Laboral que preste servicios en la Administración de Justicia no transferida.
Personal Laboral que preste servicios en Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Personal Laboral que presta servicios en el exterior.
Personal Laboral que preste servicios en la Agencia Española de Protección de Datos.
Los criterios generales de acción social.
La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
Los planes de Previsión Social Complementaria.
Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
Son inmediatamente ejecutivos con independencia de su naturaleza.
Son inmediatamente ejecutivos cuando se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora aun cuando no se haya agotado la vía administrativa.
No serán inmediatamente ejecutivos cuando se necesite aprobación o autorización superior.
Son inmediatamente ejecutivos solo en el caso en que una disposición así lo establezca.
El derecho-habiente cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible.
Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución aun cuando no se personen en el procedimiento.
En cualquier caso, las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos como titulares de intereses legítimos colectivos.
Aquellos que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte siempre que hayan iniciado el procedimiento.
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