OEP 2016
Fecha del examen 2017-05-27
Se podrán adoptar de oficio o a instancia de parte y de forma motivada.
Serán adoptadas por el órgano administrativo competente para resolver, siempre con anterioridad a la iniciación del procedimiento.
Podrán ser alzadas o modificadas de oficio o a instancia de parte.
Se establecerán de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
No, porque la AEVAL se centra exclusivamente en la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos, para la optimización del presupuesto anual que se le asigna.
Sí, en los términos que el convenio de colaboración suscrito con la Comunidad Autónoma establezca expresamente.
No, puesto que la AEVAL limita su actividad a la Administración del Estado y nunca a otras Administraciones Públicas.
Sí, en todo caso y siempre que haya sido tramitado por el Estado, sin que haga falta ningún otro documento consensuado con la Comunidad Autónoma sujeta a evaluación.
Reclamaciones que, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, se formulen a la Administración General del Estado en los supuestos establecidos por las leyes.
Nulidad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se formule oposición por parte del contratista y, en todo caso, en los supuestos previstos en la legislación de contratos del Estado.
Los anteproyectos de reforma constitucional cuando la propuesta no haya sido formulada por el propio Consejo de Estado.
La revisión de oficio de las disposiciones administrativas de carácter general y de los actos administrativos incursos en vicios de nulidad de pleno Derecho.
Se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada cuando ésta se hubiese dictado como consecuencia de un delito de prevaricación reconocido en sentencia firme.
Se entenderá desestimado si hubieran transcurrido dos meses desde la interposición sin que el órgano competente para resolver hubiese dictado y notificado resolución.
Podrá ser inadmitido a trámite motivadamente por el órgano competente para su resolución, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado si se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
Podrá interponerse contra los actos firmes en vía administrativa ante órgano administrativo que los dictó, que sólo deberá pronunciarse sobre la procedencia del recurso.
Las directivas y los reglamentos.
Las recomendaciones y las directivas.
Las recomendaciones y los dictámenes.
Las decisiones y los dictámenes.
La Dirección del establecimiento lo pondrá en conocimiento de la Autoridad judicial de quien depende el interno.
La Dirección del establecimiento lo pondrá en conocimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
El Centro Directivo requerirá autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
El Centro Directivo requerirá autorización de la Autoridad Judicial de quien depende el interno.
Las dictadas por el Director Gerente, en todo caso.
Las dictadas por el Presidente y por el Secretario del Consejo de Administración.
Las dictadas por el Presidente y por el Consejo de Administración, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Únicamente las dictadas por el Presidente.
La Declaración sobre Protección de todas las personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fue aprobada en el Quinto Congreso de Prevención del Delito por las Naciones Unidas.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos fueron aprobadas en Ginebra por Naciones Unidas en 1945.
En 1950 se creó en Roma el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Las Reglas Penitenciarias Europeas fueron resultado de la revisión de las Reglas Mínimas.
Ratificando y desarrollando las disposiciones que al respecto se recogían en el Capítulo IX del Tratado fundacional de Roma.
Creando sendas su comisarias europeas destinadas al estudio estratégico de cada uno de los continentes.
Otorgando al Parlamento Europeo la potestad de aprobar propuestas de Resolución para su toma en consideración por la Organización de Naciones Unidas.
Creando el cargo de alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ademas del Servicio Europeo de Acción Exterior.
El Consejo de Dirección es el competente para proponer el traslado de detenidos, presos y penados para posibilitar el levantamiento de limitaciones regimentales.
La Junta de Tratamiento es la competente para proponer el traslado de detenidos, presos y penados para posibilitar el levantamiento de limitaciones regimentales.
Los acuerdos de traslado de detenidos, presos y penados para posibilitar el levantamiento de limitaciones regimentales se comunicarán al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Los acuerdos de traslado de detenidos y presos para posibilitar el levantamiento de limitaciones regimentales se comunicarán a la Autoridad judicial de que dependan y, en el caso de penados, al Juez de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.
Se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Se crean por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuestas del Presidente del Gobierno.
Se crean por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
Se crean por Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Gobierno.
En el caso de que sean preceptivo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, desde que se solicite hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver.
Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada el procedimiento podrá hacerlo sin notificación previa al interesado, atendiendo a razones de falta de complejidad.
Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en 40 días.
Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurren razones de interés publico, podrá desestimar dicha solicitud en el plazo de 7 días naturales desde su presentación.
Dos años.
Un año.
Seis meses.
Dieciocho meses.
Por los dispuesto en el Capítulo III del vigente Convenio Único para el personal de la Administración General del Estado.
Por lo dispuesto en todo caso en el Título VI del TREBEP.
Por lo dispuesto en el artículo 54 y siguientes de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Por la legislación laboral en lo no previsto por el Título VII del TREBEP.
Las hipótesis de la evolución de los principios indicadores macroeconómicos que hayan servido de base para la elaboración de los programas de actuación plurianual.
El estudio complementario sobre las ampliaciones de crédito y los créditos extraordinarios.
Las premisas principales del planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la entidad.
El plan financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación.
En el departamento de ingresos y en la biblioteca del establecimiento habrá a disposición del interno varios ejemplares de la Ley Orgánica General Penitenciaria, del Reglamento Penitenciario y de las normas de régimen interior del Centro.
La Administración procurará proporcionar a los extranjeros textos de la Ley Orgánica General Penitenciaria y del Reglamento Penitenciario en la lengua propia de su país de origen, a cuyo fin recabará la colaboración de las autoridades diplomáticas correspondientes.
Los internos podrán formular directamente las peticiones o quejas o interponer recursos ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria en los supuestos a los que se refiere el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Cuando el escrito de queja o recurso dirigido al Juez de Vigilancia Penitenciaria se presente en el Centro Penitenciario, se remitirá a esta Autoridad judicial debidamente informada por el Director, adjuntado la documentación pertinente, en un plazo no superior a diez días.
Las observación de los internos.
Los medios coercitivos.
Los recuentos de la población reclusa.
La asignación adecuada de destinos.
Puede condicionarse a cualquier deber que el juez o tribunal estime conveniente, aunque no cuente con la conformidad del penado, siempre que no atente contra su dignidad.
Puede acordarse sin sujeción a ningún requisito cuando el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
Se podrá revocar en caso de que el penado incumpla la obligación de facilitar la información necesaria para valorar la evolución de su enfermedad.
Sólo se puede acordar si media solicitud del penado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.7 del Código Penal, precepto al que remite el artículo 91 del mismo.
Las materias reservadas a las leyes orgánicas no podrán ser reguladas mediante ley ordinaria.
Se regularan por Ley Orgánica instituciones como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y el Defensor del Pueblo.
Son leyes orgánicas las que regulan las instituciones básicas del Estado.
Las materias que han de ser reguladas por Ley Orgánica son: el desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, la aprobación y modificación de los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general.
La comisión de una falta leve que origina el apercibimiento verbal por parte de su superior jerárquico para que en los sucesivo se eviten este tipo de conductas.
La comisión de una falta disciplinaria grave, que si existiera reiteración en el plazo de un año natural se convertiría en muy grave.
La comisión de una falta disciplinaria muy grave, aunque sea la primera vez que se incurre en esta conducta.
La comisión de una falta disciplinaria muy grave si de esta conducta discriminatoria se hubieran derivado perjuicios laborales para la víctima.
Las Instituciones Penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados.
La actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los limites establecidos por la Ley, los reglamentos y las sentencias judiciales.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados.
La auditoría operativa.
La auditoría de regularidad contable.
La auditoría de seguimiento y procedimiento.
La auditoría de cumplimiento.
Dos senadores y un Diputado.
Un Senador y un Diputado.
Dos Senadores y dos Diputados.
Un Senador y el número de Diputados que le corresponda de modo proporcional a su población.
Tendrá una duración máxima de cuatro años prorrogables.
Tendrá una duración máxima de tres años con prórroga por un año.
Abarcará un período mínimo de tres años.
Abarcará un periodo máximo de dos años.
No, porque éste es un derecho reconocido a los funcionarios públicos en el artículo 17 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
No, porque ello sería contrario al artículo 14 de la Constitución y al principio de servicio a los intereses generales recogido en su artículo 103.
Sí, mediante resolución motivada de la Administración Pública competente.
Sí, por cualquier razón que la Administración tenga que desaconseje la prórroga solicitada, sin necesidad de que exista una resolución motivada.
Que presenten un perfil de baja peligrosidad social.
Que sigan fielmente las medidas de seguimiento y control que se establezcan en el programa, siempre y cuando éstas no consistan en el control personal por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Presente su consentimiento y se comprometan formalmente a observar el régimen de vida propio de la institución.
Que hayan cumplido la cuarta parte de la condena.
No, siendo uno de los graves problemas que ha suscitado la entrada en vigor del Acuerdo de Schengen al abolir los controles en los territorios interiores de la Unión.
Sí, y para tal finalidad se ha creado la Red Judicial Europea.
Sí, con el desarrollo en el Tratado de Maastrich de la organización Interpol bajo las directrices del Comisario Europeo de Seguridad y Control de Fronteras de la UE.
Aún no actualmente, estando prevista su aprobación para el año 2017 por parte de la Comisión Europea.
Disponer libremente y con la amplitud necesaria de los recursos y bienes públicos bajo los principios de eficacia e interdicción de la arbitrariedad.
Administrar con equidad y jerarquía los recursos y bienes públicos.
Informar jerárquicamente de la traslación de recursos públicos a otra Administración tras la elaboración de una memoria.
Administrar los recursos y bienes públicos con austeridad.
La eficacia y austeridad en la utilización del gasto público.
La conducta profesional de cada funcionario.
La conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
La capacidad técnica del funcionario en cada año natural.
Estará incluida en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Para que comience a participar en las sesiones del programa, se requiere la aprobación del plan de ejecución por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
No gozará de la protección otorgada por la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales.
Podrá imponerse sin consentimiento del penado, puesto que el objeto del programa guarda relación con el abordaje etiológico del delito.
El Presidente será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de cuatro años.
Fiscalizará en particular la situación y las variaciones del patrimonio del Estado y demás Entidades del sector público.
Por delegación de las Cortes, procederá al examen y comprobación de la Cuenta General del Estado dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se haya rendido.
La función fiscalizadora se referirá al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia, economía, transparencia, sostenibilidad ambiental e igualdad de género.
No cobra ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en la ley.
No cabe ningún otro recurso en vía administrativa.
El recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado la resolución.
Simultáneamente, el recurso potestativo de reposición y el recurso contencioso-administrativo.
Diez días, tanto si es en la misma provincia como si es en provincia diferente.
Quince días, si es en la misma provincia y treinta días si en provincia diferente.
Treinta días, tanto si es en la misma provincia como si es en provincia diferente.
Quince días, tanto si es en la misma provincia como si es en provincia diferente.
Su capacidad jurídica y su capacidad de obrar.
Su capacidad de obrar, su capacidad económica y su capacidad técnica.
Su dedicación profesional, su capacidad económica y capacidad técnica.
Su dedicación profesional, su capacidad económica y su volumen de actividad.
Sólo los datos identificativos del detenido y el momento del vencimiento del plazo máximo de detención.
Datos identificativos de las diligencias de investigación y el momento del vencimiento del plazo máximo de la detención.
Delito imputado, que se halla a disposición judicial y hora y día del vencimiento del plazo máximo de detención.
Datos identificativos del detenido y delito imputado.
Clasificación económica y orgánica.
Clasificación orgánica, por programas y económica.
Clasificación orgánica, financiera y económica.
Clasificación económica, por programas y por el fondo de Contingencias.
Es una obligación para las empresas de más de 250 trabajadores, y dentro de las Administraciones Públicas, sólo para la Administración General del Estado.
Es una obligación para las empresas de más de 250 trabajadores y para las Administraciones Públicas.
Es una recomendación para las empresas de más de 250 trabajadores y para las Administraciones Públicas.
Es una obligación sólo para las empresas de más de 20 trabajadores, siendo facultativo para la Administración Pública.
Tendrá derecho, en los términos previstos e el Estatuto de los Trabajadores, únicamente a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo.
Pasará automáticamente a la situación legal de desempleo.
Tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, sólo a la extinción del contrato de trabajo.
Tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción y de sitio.
En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.
En el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción.
En el ámbito estrictamente castrense pero no en los supuestos de estado de sitio.
Determinará la nulidad de pleno derecho.
Determinará la anulabilidad en todo caso.
Determinará la anulabilidad del acto sólo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
Sólo implicará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a la indefensión de los interesados.
La sustracción de materiales o efectos del establecimiento de las pertenencias de otras personas.
Insultar a otros reclusos o maltratarles de obra.
Agredir o hacer objeto de coacción grave a otros internos.
La desobediencia a lasa órdenes recibidas de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias en ejercicio legítimo de sus atribuciones que no causen alteración de la vida régimen tal y de la ordenada convivencia.
Sólo podrá hacerse en vía judicial.
La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y tramites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
La actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto, producirán los efectos éste.
Que cada Administración Pública podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos.
El que serán decididas por acuerdo de la Administración y organizaciones sindicales en cada legislatura.
Que cada Administración Pública podrá establecer reglas para la ordenación de la movilidad forzosa de los funcionarios públicos por razones presupuestarias.
El que son únicas para todas las administraciones públicas.
Sí, cuando el empleado público sancionado por acoso esté destinado en su mismo centro de trabajo.
No.
Sí, cuando el acosador haya sido sancionado por resolución firme en vía administrativa.
Sí, cuando el empleado público sancionado por acoso laboral esté destinado en su misma localidad.
Suspensión de funciones hasta la reincorporación al puesto de origen.
Servicios especiales.
Servicio en otras Administraciones Públicas.
Excedencia.
Las sociedades mercantiles estatales.
Las fundaciones públicas.
Los organismos autónomos.
Las agencias estatales.
El Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Gobierno de la Nación.
El Tribunal Constitucional, el Gobierno, la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas, según los casos.
Sus respectos órganos internos de control y supervisión.
El Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas.
Las comunicaciones orales y escritas podrán ser intervenidas por el Consejo de Dirección del centro penitenciario, dando cuenta a la autoridad judicial competente.
Las comunicaciones se celebrarán de manera que se respete al máximo la intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto a personas y al modo, que las impuestas por razones de seguridad e interés del tratamiento.
Los internos tienen derecho siempre a comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus familiares, amigos y representantes acreditados de Organismos e Instituciones de cooperación penitenciaria.
Además de las comunicaciones ordinarias, se podrán conceder otras de carácter extraordinario como recompensa y por urgentes e importantes motivos, debidamente justificados en cada caso.
La reforma constitucional, las materias tributarias, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
La reforma constitucional, las materias tributarias, las cuestiones internacionales y las leyes orgánicas y de bases.
La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, los decretos leyes y los decretos legislativos.
La reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
Transcurrido tres meses.
Transcurrido un mes.
Transcurrido dos meses.
Transcurrido seis meses.
En la Constitución Española, dentro del Título VI dedicado a la Administración.
En el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, Capítulo V del Título III.
En la Ley 39/2015, de 30 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En la Ley 3/2015, de 30 de marzo.
Orden Ministerial.
Ley.
Resolución del Ministro de Hacienda y Función Pública.
Real Decreto del Consejo de Ministros.
La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
Los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro distinto no producirán los efectos de éste.
La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haber cometido la infracción.
De la Audiencia Provincial, de la demarcación del centro penitenciario.
En todo caso, del Juzgado o Tribunal Sentenciador.
En todo caso, del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Del Juzgado o Tribunal Sentenciador que hubiera dictado sentencia en primera instancia, si no se ha iniciado el cumplimento de la pena y del Juez de Vigilancia Penitenciaria si se hubiera iniciado.
En caso de recesión económica apreciada por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
Debido a una grave catástrofe natural que afecta a más de dos Comunidades Autónomas, siendo necesaria la aprobación por mayoría simple del Senado.
En una situación de emergencia extraordinaria que deberá ser apreciada por la mayoría simple del Congreso de los Diputados y la mayoría absoluta del Senado.
Ante cualquier tipo de situación excepcional que deberá ser apreciada por la mayoría absoluta del Congreso y aprobada por la mayoría simple del Senado.
Se resolverán por las Cortes Generales por Ley Orgánica.
Se resolverán por la Jurisdicción Constitucional.
Se resolverán por la jurisdicción ordinaria.
Se resolverán por acuerdo del Consejo de Ministros.
Utilizando el procedimiento negociado o el diálogo competitivo.
Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido.
Utilizando el procedimiento restringido o el procedimiento negociado.
Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento negociado.
No, porque en este régimen sólo están reguladas como prestaciones a favor de los familiares las de viudedad y la de orfandad.
Sí, siempre que el padre y la madre del causante de los derechos pasivos dependieran económicamente del mismo al momento de su fallecimiento y que no existan cónyuge supérstite o hijos del fallecido con derecho a pensión.
Sí, en todo caso y desde el mes posterior al fallecimiento del causante y en cuantía del 15% de la base reguladora de la pensión.
No, salvo que el causante de los derechos hubiera cumplido en el momento de su fallecimiento al menos 10 años de servicio en la Administración Pública.
El Título V de la Constitución.
La Ley Orgánica de la Administración del Estado.
Las normas específicas de cada Administración.
La norma que en cada momento haya sido aprobada sobre tal materia en Cortes Generales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los acuerdos y tratados internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España.
El Tribunal Internacional de la Haya.
Las normas de la Organización Internacional del Trabajo.
Las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo).
Con carácter ordinario el Centro Directivo y con carácter extraordinario el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
El Centro Directivo sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria por vía de recurso.
El Centro Directivo, únicamente cuando es con carácter ordinario.
El Centro Directivo, tanto con carácter ordinario como extraordinario.
Podrá exceder de ocho horas la duración, y el programa del que forma parte requiere la autorización del Centro Directivo. Si el programa exigiera salidas puntuales o irregulares, la autorización corresponderá a la Junta de Tratamiento.
No excederá de doce horas la duración, y el programa del que forma parte requiere la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Si el programa exigiera salidas puntuales o irregulares, la autorización corresponderá al Director.
No excederá de doce horas la duración, y el programa del que forma parte requiere la autorización del Centro Directivo. Si el programa exigiera salidas puntuales o irregulares, la autorización corresponderá a la Junta de Tratamiento.
No excederá de ocho horas la duración, y el programa del que forma parte requiere la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria. Si el programa exigiera salidas puntuales o irregulares, la autorización corresponderá al Centro Directivo.
La Junta de Tratamiento, y además, puede proponer la extinción cuando aprecie razones de tratamiento.
El Director del Centro Penitenciario/Centro de Inserción Social, tanto para la adjudicación como para la extinción, en calidad de delegado de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
La Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
El Director del Centro Penitenciario/Centro de Inserción Social, aunque la extinción corresponde a la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
La Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria.
La Dirección del Centro en virtud de la Orden 1127/2010, sólo en los casos de urgencia, debiendo comunicarlo con posterioridad al Centro Directivo de forma inmediata.
Sus familiares.
La Autoridad Judicial competente.
No podrá concederse a los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual.
Podrá conocerse a los que realicen actividades laborales, culturales u ocupacionales, de forma no continuada, sin un aprovechamiento relevante.
Podrá concederse a los que cumplan su primera condena por varios delitos cuyas penas sumen tres años.
No podrá concederse a los condenados por delitos de terrorismo.
No, se le compensará no el tiempo libre proporcionalmente a los servicios extraordinarios realizados.
Sí, siempre que se requiera una prolongación de jornada de al menos el 15% sobre la ordinaria.
Sí.
No, salvo si lo aprueba la Secretaría de Estado donde estuviera destinado.
Sólo incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional si el pago aplazado se le impuso como regla de conducta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 del Código Penal, al que remite el artículo 90 del Código Penal.
No incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y de la libertad condicional en ningún caso.
Incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional, en todo caso.
Incurre en causa de revocación de la suspensión de la ejecución del resto de la pena y libertad condicional, salvo que careciera de capacidad económica, y ésta sea la causa del impago.
No podrá ser expulsado, pues la medida se consideraría, en todo caso, desproporcionada por el arraigo que demuestra tener en España.
cuando además hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales, castigos con pena máxima de cinco años y se aprecie fundadamente riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza.
En ningún caso podrá ser expulsado al existir libre circulación de personas y mercancías en el ámbito de la Unión Europea.
Cuando además hubiera sido condenado por uno o más delitos contra la vida, libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con pena máxima de 10 años y se aprecie fundadamente riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza.
Los internos disfrutarán ,como mínimo, de tres horas diarias de salida al patio, ampliables hasta tres horas más para la realización de actividades programadas.
En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos juntos, que podrá aumentarse hasta cinco para la ejecución de actividades programadas.
Los internos disfrutarán, como mínimo, de tres horas diarias de salida al patio, ampliables hasta dos horas más para la realización de actividades programadas.
En las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de cinco internos juntos, que podrán aumentarse por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, para la realización de actividades en grupo.
El artículo 29 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre.
El artículo 29 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre.
El artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre.
El artículo 24 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre.
Siete vocales.
Seis vocales.
Ocho vocales.
Cinco vocales.
La naciones de su comunidad histórica.
Las naciones iberoamericanas.
Las naciones integrantes de la Unión Europea.
Las naciones de su entorno cultural y geográfico.
La declinatoria de jurisdicción.
La amnistía e indulto.
La litispendencia.
La falta de autorización administrativa para procesar.
El Presidente del Gobierno.
La Comisión Delegada del Gobierno competente por razón de la materia.
El Ministro de Asuntos Exteriores.
El Consejo de Ministros.
Haber procedido el culpable a confesar la infracción a las autoridades antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él.
Haber procedido el culpable a confesar la infracción a las autoridades en cualquier momento del procedimiento.
Haber procedido el culpable a confesar la infracción a las autoridades con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.
Haber procedido el culpable a confesar la infracción a las autoridades antes de dictar sentencia que ponga fin al procedimiento.
El Estado, la provincia, la mancomunidad y el municipio.
El Estado, la provincia y el municipio.
El Estado, la Comunidad Autónoma y el municipio.
El Estado, la Comunidad Autónoma, la provincia y el municipio.
De dos a cinco años para las penas privativas de libertad superiores a dos años y de tres meses a un año para las penas menos graves.
Ninguna de las anteriores es correcta.
De dos a cinco años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años y de tres meses a un año para las penas leves.
De dos a cinco años para las penas privativas de libertad superiores a dos años y de tres a seis meses para las penas leves.
Se respetará la libertad de trabajo de aquellos trabajadores no quisieran sumarse a la huelga.
El ejercicio del derecho de huelga no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, salvo que el trabajador, durante la misma, incurriera en falta laboral.
Cuando la huelga afecte a empresas encargadas de cualquier clase de servicios públicos, el precavido del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser al menos de cinco días naturales.
El derecho a la huelga es un derecho fundamental.
Sí, están expresamente tipificados en el Código Penal.
No se prevén castigarlas, pues no presentan suficiente antijuricidad material.
Están previstas en el Código Penal, pero exclusivamente en la modalidad de lavado de capitales o blanqueo cometida mediante organización criminal.
No están legalmente previstas, porque dichos actos ya se encuentran como templados en la amplia descripción del tipo de blanqueo.
Antes de que la causa quede vista para sentencia.
Antes de que se dicta Auto de incoación del procedimiento abreviado.
Antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate.
Antes de que se dicta Auto de apertura del Juicio Oral.
Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección, siempre que en la agresión se hayan utilizado armas.
Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección, siempre que en la agresión hubiere mediado ensañamiento y alevosía.
Ninguna de las anteriores es correcta.
Que en el secuestro existe violencia o intimidación de las personas, circunstancia que no concurre en la detención ilegal.
Se trata de delitos totalmente distintos, que solamente tienen en común su ubicación en el mismo Capítulo del Código Penal.
Ninguna, son delitos identificaos que se regulan en el mismo Título del Código Penal.
El secuestro es una detención ilegal en la que se exige alguna condición para la libertad de la víctima.
El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal.
El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal.
Si el error fuera vencible, se aplicará la pena superior en uno o dos grados.
El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su apreciación.
Cuando se pone en libertad al secuestrado en los tres primeros días sin haber conseguido su objetivo o después de los quince.
Cuando se pone en libertad al secuestrado en los tres primeros días o en los quince primeros días.
Cuando se pone en libertad al secuestrado sin haber conseguido su objetivo o habiéndolo conseguido.
Cuando se pone en libertad al secuestrado antes de los tre primeros días o después de los quince.
Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el coste de las prestaciones.
El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los costes efectivos y a la formula de cálculo del beneficio.
El calculo del valor estimado y el sistema de revisión de precios.
Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador podrá efectuar sobre los elementos técnicos y contables de coste de producción.
La Administración, una vez satisfecho el importe de la indemnización, podrá instruir igual procedimiento a las autoridades o personal a su servicio cuando en ellos hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.
Los particulares habrán de exigir dicha responsabilidad directamente a la Administración.
Los particulares han de exigir preceptivamente dicha responsabilidad dirigiéndose directamente contra la autoridad o el personal al servicio de las Administraciones Públicas causantes de los daños padecidos.
La Administración, si concurrieren todos los elementos de la responsabilidad patrimonial, previa instrucción del procedimiento administrativo, estimará las pretensiones e indemnizará directamente a los particulares.
La ejecución se desarrollará bajo el control de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario en el que se encuentre internado el penado, siempre que hay informe favorable.
La ejecución se desarrollará bajo el control de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario en el que se encuentre internado el penado, aunque el informe de la misma sea desfavorable.
La ejecución se desarrollará bajo el control del Juzgado o Tribunal sentenciador.
La ejecución se desarrollará bajo el control del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
La concurrencia de algún grado de culpa en la conducta del trabajador.
La concurrencia de imprudencia temeraria por parte del trabajador.
Las pérdidas en las cuentas de resultados de la empresa durante los últimos dos años.
La formación preventiva recibida por el trabajador sobre los riesgos que pesan sobre su puesto de trabajo, debidamente acreditada mediante documento.
Del domicilio de la víctima.
Del lugar donde se haya cometido el delito (forum delicti comissi).
Del domicilio de la víctima, pero sólo si ha habido homicidio, siguiente la regla general en los demás casos.
Fuero alternativo entre el lugar del hecho y el domicilio de la mujer, a elegir por la víctima.
Superior en noventa kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente.
Superior en cien kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente.
Superior en ochenta y cinco kilómetros por hora.
Superior en ochenta kilómetros por hora a la permitida reglamentariamente.
Dentro de los veinte días siguientes al de la última notificación de la referida resolución.
Dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de la referida resolución.
Dentro de los diez días siguientes al de la última notificación de la referida resolución.
Dentro de los quince días siguientes al de la última notificación de la referida resolución.
Tráfico de influencias.
Cohecho.
Malversación de caudales públicos.
Prevaricación.
Su duración no podrá exceder de un año.
Su duración no podrá exceder de dos años.
Su duración no podrá exceder de seis meses.
Su duración no podrá exceder de tres meses.
El privado del libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales.
El Defensor del Pueblo.
El Ministerio Fiscal.
La acusación particular.
El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía, pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier alteración psíquica, pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
Si la persona detenida no consiente la entrega, el plazo para dictar la resolución firme será de 60 días.
Si la persona detenida consiente la entrega en el plazo de treinta días.
En todo caso en el plazo de diez días.
No está prevista plazo en la ley.
Herbert Blummer y Ervin Goffman.
Kai T. Ericcson y Edwin M. Schur.
Emile Durkheim y Robert K. Merton.
Walter C. Reckless y Travis Hirschi.
Fase de ideación, de ejecución y de agotamiento o paralización de la víctima.
Acumulación de la tensión, explosión y reconciliación o “luna de miel”.
Ideación, verbalización y de ejecución o asalto.
Evocación de estándares patriarcales, impulso y sometimiento machista.
Las leyes de bases podrán autorizar, en casos excepcionales, modificaciones en la propia ley de bases por parte del Gobierno.
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
Las leyes de delegación no podrán establecer fórmulas adicionales de control por ser competencia de los Tribunales.
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea refundir varios textos legales o por una ley ordinaria cuando se trata de la formación de textos articulados.
La apropiación indebida del artículo 253 del CP.
El hurto del artículo 243 del CP.
El robo con fuerza en las cosas del artículo 237 del CP.
La Administración desleal del artículo 252 del CP.
Recurso de apelación.
Recurso de casación por infracción de ley.
Recurso de reforma o súplica.
Recurso de casación por quebrantamiento de forma.
Estudios donde se encuesta a delincuentes, un grupo de individuos que han cometido un tipo de delito.
Las notas internas que los encuestadores realizan para sí al baremar y cotejar los datos objetivos.
Estudios evacuados dentro y para Instituciones Penitenciarias, donde los funcionarios esbozan las características externas de los internos con los que trabajan.
Las estadísticas oficiales que realizan las personas que ejercen el control sobre la delincuencia pero no se publican.
No se rigen por el principio de jerarquía normativa, sino por el principio de competencia.
1º Las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno, 2º Las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Consejo de Ministros y 3º Las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
1º Las disposiciones aprobadas por Real Decreto del Consejo de Ministros, 2º Las disposiciones aprobadas por el Real Decreto del Presidente del Gobierno y 3º Las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.
1º Las disposiciones aprobadas por el Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros y 2º Las disposiciones aprobadas por Orden Ministeriales
La teoría clásica del control de Travis Hirschi.
La teoría del “labelling aproach” de Howard Becker.
La teoría de identificación diferencia de Daniel Glaser.
La teoría del conflicto cultural de Thorsten Seilin.
Adecuación y suficiencia de los bienes para servir al uso general o al servicio público a que están destinados.
Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad.
Eficacia y rentabilidad en la explotación.
Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
Sólo para los obligados a relacionarse así mediante el uso de medios electrónicos con las Administraciones Tributarias.
Sólo para las grandes empresas.
Para todas las formas de personas jurídicas, sin excepción alguna.
Para todos los ciudadanos, sin excepción alguna.
La aprobación de disposiciones administrativas de carácter general.
La firma de un contrato administrativo de obras.
Las resoluciones sancionadoras.
La suscripción de un convenio de colaboración interadministrativo.
La lesa humanidad viene orientada exclusivamente a hacer desparecer etnias y minorías.
El delito de lesa humanidad parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o contra una parte de ella.
Sus autores son integrantes del Ejército o las Fuerzas Armadas.
La lesa humanidad es un ataque donde se debe hacer uso de algún tipo de arma de destrucción masiva.
Una vez transcurrido el segundo año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20% de la prestación.
Una vez transcurridos los dos primeros años desde la formalización del contrato, cuando éste se hubiese ejecutado el 20% de su importe.
Una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20% de la prestación.
Una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, cuando éste se hubiese ejecutado el 20% de su importe.
Sólo cuando así lo disponga una norma con rango de ley.
Cuando así lo requiera el instructor del procedimiento.
Cuando así lo dispongan los reglamentos reguladores de los procedimientos administrativos.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras.
Sólo las personas jurídicas, españolas o extranjeras.
Las personas naturales o jurídicas españolas pero no las extranjeras.
Las personas naturales españolas o extranjeras, únicamente.
Si el valor del gravamen impuesto excede del valor de los que se adquiere, según tasación pericial y sin que concurran circunstancias excepcionales.
Si el valor del gravamen impuesto excede del valor de lo que se adquiere, según tasación pericial sin necesidad de que concurran razones de interés público.
Si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, siendo necesario que concurran razones de interés público.
Si el valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere, y según tasación pericial.
Por el Consejo de Ministros, en todo caso.
Por el órgano superior jerárquico del que incurrió en la acción u omisión a la que se imputa la producción del daño.
Por el Ministros respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos de la responsabilidad del Estado Legislador.
Por el Subsecretario del correspondiente Ministerio.
Sí, se encuentra previsto en el artículo 238 de la LOPJ como motivo de nulidad de lo actuado.
Sí, se haya previsto en el artículo 710 de la LECrim, y se admite bajo ciertas condiciones.
Sí, se haya previsto en el artículo 710 de la LECrim, para prohibirlo.
No se encuentra legalmente previsto, es una creación de la moderna jurisprudencia.
Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas.
Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño.
Los planes de Previsión Social Complementaria.
La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.
El penado haya cumplido veinte años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo y es encuentre clasificado en tercer grado y con pronóstico favorable de reinserción social.
El penado haya cumplido veinte años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo y se encuentre clasificado en tercer grado.
El penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo aunque se encuentre clasificado en segundo grado.
El penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo, y se encuentre clasificado en tercer grado y con pronóstico favorable de reinserción social.
La transgresión del principio de buena fe contractual por vulneración del pacto de no concurrencia con otra unidad técnica de producción.
La embriaguez habitual o toxicomanía del trabajador, afecte o no a su rendimiento normal en la empresa.
La concurrencia de causas técnicas y organizativas a en la empresa, considerando que concurren cuando en los últimos dos ejercicios económicos se haya producido una disminución del margen comercial.
La falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo cuando dichos cambios sean razonables.
Podrá tratarse de cualquier condición, aunque no sea ilícita.
Sólo se agravan las amenazas cuando se exija una cantidad, o se trata de una condición ilícita.
Deberá tratarse de una condición ilícita, que agrave la pena.
Ninguna de las respuestas es correcta, pues la condición sólo puede ser la exigencia de una cantidad.
Ernst Krestchmer.
William Herbert Sheldon.
Giacinto Viola.
Nicola Pende.
La reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial.
Los procesos de conflictos colectivos.
La tutela el derecho a la huelga relativa a los funcionarios púbicos.
Los procesos que se promuevan contra las Administraciones Públicas cuando les atribuya responsabilidad de la legislación labora.
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