Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, la competencia para la transmisión de sentencias que condenan a penas privativas de libertad, para su cumplimiento en otro país de la Unión Europea es:

Respuestas: ADe la Audiencia Provincial, de la demarcación del centro penitenciario.
BEn todo caso, del Juzgado o Tribunal Sentenciador.
CEn todo caso, del Juez de Vigilancia Penitenciaria.
DDel Juzgado o Tribunal Sentenciador que hubiera dictado sentencia en primera instancia, si no se ha iniciado el cumplimento de la pena y del Juez de Vigilancia Penitenciaria si se hubiera iniciado.
Oposición: Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Bloque: Penología y Derecho Penitenciario
Tema: Tema 4. El Derecho Penitenciario: Concepto y fuentes. Relaciones con otras ciencias. El régimen internacional del Derecho penitenciario. La regulación supranacional en materia penitenciaria: convenios, tratados, pactos, declaraciones y recomendaciones. Especial referencia a los acuerdos sobre traslados de personas condenadas. Especial referencia a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
Ley: Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea
Preguntada en la convocatoria de:: (2017-05-27 - OEP 2016) Examen Oficial Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias

1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 66 y 67 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para acordar el traslado de una persona condenada a una pena privativa de libertad que se encuentre en España a otro Estado miembro de la Unión Europea:: AEs necesario, en todo caso, que la autoridad judicial competente recabe el consentimiento del condenado
BNo es necesario en ningún caso el consentimiento del condenado
CNo es necesario el consentimiento del condenado cuando el traslado se realice al Estado de nacionalidad del condenado, donde éste tenga su residencia habitual y lazos familiares, laborales o profesionales, pero tendrá que ser oído para recabar su opinión
DNo es necesario el consentimiento del condenado, ni se solicitará su opinión, cuando el traslado se realice al Estado de nacionalidad del condenado, donde éste tenga su residencia habitual y lazos familiares, laborales o profesionales.