OEP 2014 (Promoción interna)
Fecha del examen 2015-01-25
Plantear una cuestión de confianza.
Proponer al Rey el nombramiento de nuevos Ministros.
Proponer al Rey la disolución de las Cortes Generales.
Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
Los miembros del Comité ejecutivo del Banco Central Europeo, exclusivamente.
Los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, exclusivamente.
Los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda sea el euro y los miembros del Comité ejecutivo del Banco Central Europeo.
Los miembros del Comité ejecutivo del Banco Central Europeo y los gobernadores de los bancos centrales nacionales.
Sistema de reparto.
Sistema de capitalización, como regla general y el de reparto en los casos de muerte o incapacidad permanente.
Sistema de capitalización.
Sistema de copago sanitario.
Las disposiciones relativas al Portal de la Transparencia entrarán en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El acoso laboral está tipificado como infracción muy grave en el artículo 29 de esta Ley.
Conforme al artículo 26 de esta Ley, mantener una conducta digna y tratar a los ciudadanos con esmerada corrección es un principio de actuación al que adecuaran su actividad las personas comprendidas en el ámbito de aplicación del título II de esta Ley.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas será el competente para la imposición de sanciones cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado.
Tres por cien del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cinco por cien del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Ocho por cien del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Diez por cien del presupuesto del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho, siempre que no hubiera habido requerimiento previo intimando su cesación.
En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por disposición reglamentaria se disponga otra cosa.
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de tres meses, si el acto administrativo que ponga fin a la vía administrativa no fuera expreso.
El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día de la publicación de la disposición impugnada.
Establecer las directrices técnicas a que deben sujetarse los diferentes procedimientos de fiscalización.
Proponer al Pleno del Tribunal la elección y remoción de los cargos de Secretario general, Interventor y Director y adjunta del Gabinete Técnico.
Ejercer, en materia de personal y régimen de trabajo, las facultades que le atribuye esta Ley y las no reservadas específicamente al Peno, al Presidente del Tribunal o a Órganos de la Administración del Estado.
Mantener relaciones permanentes con las Cortes Generales a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Funcionario de la oficina, la del Subdirector de Tratamiento, la del Subdirector de Régimen y el Visto Bueno del Director.
Funcionario de la oficina, del Jefe de Oficina cuando corresponde, la del Subdirector del Tratamiento y el Visto Bueno del Director.
Funcionario de la oficina, la del Jurista-criminológico cuando corresponda, la del Subdirector y el Visto Bueno del Director.
Funcionario de la Oficina, la del Jefe de la Oficina de Gestión, la del Subdirector de Tratamiento cuando se refería a vicisitudes de clasificación y el Visto Bueno del Director.
Será condición necesaria que la pena o penas impuestas no sea superior a dos años, incluyendo en tal cómputo la derivada del impago de multa.
Para dejar en suspenso la ejecución de la pena, será necesario que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado, salvo que el Juez o Tribunal sentenciador declare la imposibilidad de que el condenado haga frente a las mismas.
La suspensión de la ejecución de la pena no será extensiva a la responsabilidad civil del delito.
En los delitos que sólo pueden ser perseguidos previa querella del ofendido, el Juez o Tribunal oirá a éste, o a quien lo represente, antes de conceder los beneficios de la suspensión de la ejecución.
Un mes, en cualquier caso.
Dos meses, salvo en el caso que haya sido declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, que será de un mes.
Un mes, a partir de la recepción del texto, salvo que haya sido declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, en cuyo caso será de quince días.
Veinte días naturales, cuando haya sido declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
A un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia.
Al Subsecretario de la Presidencia o, en su defecto al Ministro de la Presidencia.
Al Secretario del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia.
Al Secretario de Estado de Presidencia o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia.
Javier Solana Madariaga.
Federica Mogherini.
Catherine Ashton.
Jürgen Trumpf.
La expulsión no conllevará el archivo de los procedimientos administrativos que tuvieran por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
Las penas privativas de libertad igual o inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, salvo que el Juez o Tribunal, previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, de forma motivada, aprecie razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un centro penitenciario en España.
Si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el periodo de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad.
El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de tres a diez años, contados desde la fecha de la resolución de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.
Los informes que se soliciten serán vinculantes.
Con carácter general, no se podrán seguir las actuaciones hasta la emisión del informe solicitado.
Los informes emitidos fuera de plazo podrán no ser tenidos en cuenta al adoptar la correspondiente solicitud.
Los informes que se soliciten serán evacuados con carácter general en el plazo de 15 días.
Las bases reguladoras de cada tipo de subvenciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente.
En el otorgamiento de una subvención es necesaria la fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico.
Es necesario acuerdo del Consejo de Ministros para autorizar subvenciones de cuantía superior a 10 millones de euros.
El otorgamiento de una subvención requiere la aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
Diez días, improrrogables, a contar desde el día en que la Administración reciba el requerimiento.
Veinte días, improrrogables, desde que el requerimiento tenga entrada en el registro general del órgano requerido.
Veinte días, prorrogables a solicitud de la Administración, desde que el requerimiento tenga entrada en el registro auxiliar del órgano requerido.
Viente días, a contar desde la fecha del escrito de requerimiento.
Cuando la Intervención General de la Defensa, haya confirmado el reparo de una intervención delegada de su Ministerio y subsista la discrepancia.
Si el reparo ha sido formulado por la Intervención Delegada de la Seguridad Social.
Si el reparo ha sido formulado por la Intervención General de la Seguridad Social.
Si el reparo ha sido formulado por la Intervención General de la Defensa.
El Tribunal sentenciador.
La sala de lo penal del Tribunal Supremo.
La Audiencia Provincial.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Menos grave.
Leve.
Grave.
Muy grave.
Quince días.
Un mes.
Diez días, desde el día en que se produjo el silencio administrativo.
Diez días, desde el día en que se solicita el certificado.
La Comisión territorial de asistencia en la correspondiente Comunidad Autónoma.
Los Subdelegados del Gobierno en el caso de Comunidades Autónomas uniprovinciales.
El Director de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Los Secretarios Generales Técnicos en aquellas Comunidades Autónomas de carácter pluriprovincial.
Red SARA.
Red IMI.
Red SOLVIT.
Red.es.
La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable.
Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, cuando no se cuente con permiso de residencia temporal.
Encontrase trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.
El retraso, hasta seis meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado.
Cuando al dictar un acto administrativo definitivo en vía administrativa se hubiere incurrido en un error de hecho, que resulte de documentos no incorporados al expediente, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada.
El órgano competente para resolver el recurso extraordinario de revisión será el órgano administrativo que dictó el acto impugnado.
Se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión si transcurrido el plazo de tres meses desde su interposición no se hubiera dictado ni notificado la resolución.
El recurso extraordinario de revisión se interpondrá en un plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien error de la resolución recorrida.
La concesión es una modalidad de contratación de la gestión de los servicios públicos.
En la contratación de la gestión de los servicios públicos en la modalidad de gestión interesada, la Administración y el empresario participarán a partes iguales en el resultado de la explotación del servicio.
El concierto con persona natural o jurídica es una modalidad de contratación de la gestión de los servicios públicos.
La sociedad de economía mixta en la que la Administración participe por sí o por medio de una entidad pública, es una modalidad de contratación de la gestión de los servicios públicos.
Los créditos asignados a los distintos centros gestores de gasto de los órganos con dotación diferenciada en los presupuestos, la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades de la Seguridad Social y otras entidades, según proceda.
Los ingresos correspondientes a la Administración General del Estado y los correspondientes a cada uno de los organismos autónomos, los de la Seguridad Social y los de otras entidades.
Los créditos por capítulos separando las operaciones corrientes, las de capital, las financieras y el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
Los corrientes, los de capital, y las operaciones financieras.
Oposiciones y pruebas selectivas.
Actividades culturales y deportivas.
Publicidad y propaganda.
Atenciones protocolarias y representativas.
Acuerdos de segundo o tercer grado de tratamiento en condenas de hasta doce meses.
Acuerdos unánimes de primer o segundo grado, y para condenas no superiores a un año.
Acuerdos unánimes en condenas de hasta un año con el mismo centro de destino.
Acuerdos unánimes de segundo o tercer grado, en condenas de hasta un año.
La cuenta del Banco de España del Centro Penitenciario.
Las cuentas individuales de los internos del Centro.
El Tesoro Público.
La cuenta restringida de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Serán comunicados por el Director a la Inspección para su ulterior autorización.
Salvo que razones de urgencia no lo permitan, serán previamente autorizados por el Director, quien lo comunicará al Juez de Vigilancia inmediatamente.
Serán autorizados por el Jefe de Servicios, recibiendo órdenes del Subdirector de Seguridad.
Serán autorizados por el Subdirector de Seguridad quien lo comunicará inmediatamente al Director.
Ministerio de la Presidencia.
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Consejo de Estado.
Consejo de Ministros.
Ley 49/1982, de 26 de diciembre.
Ley 13/1982, de 7 de abril.
Ley 27/1982, de 23 de octubre.
Ley 51/1982, de 2 de diciembre.
En ningún caso podrán autorizar la modificación de la propia Ley de bases.
Delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa.
Podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Tienen por objeto la formación de textos articulados.
El dictamen se emitirá en un plazo máximo de dos meses.
Si fuera preceptivo, el instructor lo recabará del Consejo de Estado una vez concluido el trámite de audiencia.
No es preceptivo en todos los casos.
Si fuera preceptivo, el instructor propondrá al órgano competente que se recabe dicho dictamen.
Su duración no podrá exceder de veinticinco años cuando comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios, salvo que en el pliego de cláusulas administrativas particulares se establezcan prórrogas por un plazo superior.
Su duración, incluidas prórrogas, no podrá exceder de veinticinco años cuando comprendan la explotación de un servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.
Podrá ser indefinido.
Podrá tener carácter perpetuo.
La Disposición Adicional Única de la Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011.
El artículo 131 de la Constitución que establece que el Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.
El artículo 134.1 de la Constitución que establece que corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
El artículo 135.2 de la Constitución que establecía que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
Siempre.
Nunca, los fondos de anticipo de caja fija tienen carácter extrapresupuestario y por tanto son susceptibles de embargo.
Sólo si el contrato de servicio establecido con la Entidad de Crédito lo indica en sus cláusulas de prescripciones administrativas.
Salvo disposición judicial en contra.
Unidades psiquiátricas penitenciarias.
Departamentos para jóvenes.
Unidades para cumplimiento de las medidas de seguridad.
Unidades de madres.
Semestralmente.
Trimestralmente.
Mensualmente.
Bimestralmente.
Contratos de obras, concesión de obras públicas y acuerdos marco, sujetos a regulación armonizada.
Contratos de gestión de servicios públicos en los que el presupuesto de gastos de primer establecimiento, excluido el importe del impuesto sobre el Valor Añadido.
Contratos de suministro, de servicios, de colaboración entre el Sector Público y el Sector Privado, sujetos a regulación armonizada.
Contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de esta Ley cuyo valor estimado sea igual o superior a 150.000 euros.
En las Subdelegaciones del Gobierno.
En las Administraciones autonómicas.
Bajo la dependencia directa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En las Delegaciones del Gobierno.
La integración de las competencias de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dentro de los cometidos y estructura de la Comisión Interministerial de igualdad entre mujeres y hombres.
Que la Dirección General para la igualdad de Oportunidades será un órgano consultivo de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
La integración de las competencias de la Comisión Interministerial de igualdad entre mujeres y hombres dentro de los cometidos y estructura del Instituto de la Mujer.
La integración de las competencias de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades dentro de los cometidos y estructura del Instituto de la Mujer.
Cortes Generales, por mayoría simple del Congreso y mayoría absoluta del Senado.
Congreso de los Diputados, por mayoría simple.
Senado, por mayoría simple.
Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara.
Treinta días.
Veinte días.
Dos meses.
Quince días.
Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que careciesen de dueño.
La gestión y administración de los bienes patrimoniales por la Administraciones públicas se ajustará, entre otro, al principio de dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
Salvo disposición legal en contrario, los bienes y derechos de la Administración General del Estado se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales.
La gestión y administración de los bienes demaniales por las Administraciones públicas se ajustarán, entre otros, al principio de identificación y control a través de inventarios o registros adecuados.
Un anexo resumen de los procedimientos de control realizados de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Las memorias explicativas de los contenidos de cada presupuesto, con especificación de las principales modificaciones que presenten en relación con los vigentes.
Un anexo con el desarrollo económico de los créditos, por centros gestores de gasto.
Un anexo, de carácter plurianual de los proyectos de inversión pública que incluirá su clasificación territorial.
El Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados.
El Consejo de Ministros y el Tribunal de Cuentas.
La Intervención General de la Administración del Estado y, por delegación de las Cortes Generales, el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas y el Congreso de los Diputados.
Sólo tiene la obligación de facilitarles los medios adecuados para comprender la lengua cooficial.
No prevé nada al respecto.
Sólo procurará los medios para aprender el castellano.
Procurará facilitar los medios para aprender el castellano y la lengua cooficial.
Tres meses.
Un año.
Dos meses.
Seis meses.
Seis meses.
Tres meses.
Un año.
Treinta días.
El Director General de la Función Pública.
La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
El titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
El titular del Departamento ministerial del que dependa.
Su pleno estará presidido por el Secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Se adscribe al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Su pleno estará presidido por et Secretario de Estado de la Presidencia del Gobierno.
Se adscribe at Ministerio de la Presidencia.
Una memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar.
Un informe de la Secretaría General Técnica correspondiente.
Un informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Un informe sobre la necesidad y oportunidad de aquel.
Dentro del plazo improrrogable de 3 años, en todo caso.
Dentro del plazo improrrogable de 2 años.
En el año natural en que haya sido aprobada la oferta de empleo público, en todo caso.
Antes de finalizar el ejercicio correspondiente a dicha Oferta.
La afectación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado a los departamentos ministeriales compete a la Dirección General del Patrimonio del Estado.
La afectación va implícita en la adscripción de bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado a los Organismos públicos dependientes de aquélla para su vinculación directa a un servicio de su competencia.
La afectación de los bienes y derechos de los Organismos públicos al cumplimiento de los fines, funciones o servicios que tengan encomendados será acordada por el Ministro de Hacienda.
Los bienes y derechos del Patrimonio del Estado no podrá ser objeto de afectación a más de un uso o servicio de la Administración General del Estado.
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.
Material de oficina ordinario no inventariable.
Material de oficina en el exterior.
Material informático no inventariable.
Principio de importancia relativa.
Principio de gestión continuada.
Principio de no compensación.
Principio de estabilidad presupuestaria.
La Comisión Disciplinaria.
El Jefe de Servicios.
El Director.
El instructor del expediente.
El Ministerio del Interior.
Las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedad profesional.
La entidad pública o privada en que desarrolle su actividad de utilidad pública.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquella tenga inferior rango a ésta.
Podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, cuando tenga igual o superior rango a ésta.
Podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general cuando tenga superior rango a ésta.
No podrá vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquella tenga igual o superior rango a ésta.
Patrimonio propio.
Potestad expropiatoria.
Personalidad juridica pública diferenciada.
Tesorería propia.
Orden PRE/1838/2014, de 8 de octubre.
Orden HAP/1949/2014, de 13 de octubre.
Orden PRE/1863/2014, de 3 de octubre.
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.
Sólo existe en el ámbito de los Tratados bilaterales.
No existe si el propio Tratado lo prohíbe expresamente.
Sólo puede ejercitarse en el momento de firmar el Tratado.
Es una regla imperativa del Derecho Internacional General y por tanto no puede ser prohibido por un Tratado.
Tres días desde la recepción de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la unidad gestora.
Cinco días desde el envío de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la unidad gestora.
Tres días desde el envío de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la unidad gestora.
Cinco días desde la recepción de la comunicación, devolviendo ésta estampillada con el sello del Registro a la unidad gestora.
Los bienes y derechos de dominio público son inembargables.
Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado no son enajenables.
No podrán someterse a arbitraje las contiendas que se susciten sobre los bienes y derechos del Patrimonio del Estado, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.
Los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado podrán ser objeto de prescripción adquisitiva por terceros.
Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales.
A propuesta del órgano gestor, mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
A propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante acuerdo del Consejo de Ministros previamente a la autorización de las respectivas modificaciones de crédito.
Mediante acuerdo del Pleno de las Cortes Generales, a propuesta de su Oficina Presupuestaria.
Copia del plan, propuesta o expediente de contratación sobre el que fue ejercida la fiscalización del gasto.
Contrato laboral.
Copia de la hoja de servicios.
Certificación de antigüedad expedida por el órgano competente.
En este caso no existen plazos de cancelación y la sanción se tendrá por no impuesta.
Los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha del acuerdo sancionador.
Los plazos de cancelación comenzarán a cortarse desde la fecha de comisión de la infracción.
Los plazos de cancelación comenzarán a contarse desde la fecha en que la sanción pudo haberse cumplido.
Marco Estratégico Común.
Marco Financiero Plurianual.
Fondo Europeo de Desarrollo
Lucha contra la Discriminación.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La Secretaría General de la Presidencia del Gobierno.
La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.
El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Cuatro.
Siete.
Ocho.
Seis.
Absoluta frente a cualquier otro gasto.
Sobre otros gastos siempre que no superen el 70% del PIB nacional expresados en términos nominales, o el que se establezca en la normativa europea.
Sobre otros gastos siempre que no superen el 60% del PIB nacional expresados en términos nominales, o el que se establezca en la normativa europea
Sobre otros gastos siempre que no superen el 80% del PIB nacional expresados en términos nominales, o el que se establezca en la normativa europea.
Deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por la Administración, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
Deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
Se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio en los términos previstos en el artículo 88 de esta Ley, desde la declaración formal al respecto y hasta la conclusión sin efecto, en su caso, de las referidas negociaciones que se constatará mediante declaración formulada por la Administración a los interesados.
Sanción disciplinaria de separación del servicio.
Jubilación voluntaria.
Jubilación por incapacidad absoluta.
Pérdida de nacionalidad.
Tres meses.
Seis meses.
Un año.
Un mes.
Incorporación a los correspondientes créditos de un ejercicio de los remanentes de crédito del ejercicio anterior.
Ampliación de crédito.
Concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de créditos.
Transferencia o traspaso de dotaciones entre créditos.
En el mes de inicio de licencias con derecho a retribución.
En el mes de toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o Escala.
En el mes de cese en el servicio activo por fallecimiento.
En el mes correspondiente a la jubilación si pertenece al Régimen de Clases Pasivas del Estado.
Medie motín, plante o desorden colectivo grave.
Así se lo solicite el Instructor del expediente disciplinario.
De los hechos ocurridos se produzca el resultado de muerte.
Un interno formule denuncia fundada de hechos susceptibles de sanción disciplinaria.
A la fiscalización previa y al control financiero previsto en la Ley General Presupuestaria.
A la fiscalización previa, al control financiero permanente y auditoría pública previsto en la Ley General Presupuestaria.
A la auditoría privada prevista en la Ley General Presupuestaria.
Al control financiero permanente y auditoria pública previsto en la Ley General Presupuestaria.
Al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Al Consejo de Ministros.
A las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Al Presidente del Gobierno.
La Subdirección General de Medio Abierto.
La Subdirección General de Relaciones Institucionales y Coordinación Territorial.
La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.
Responsabilidad.
Anualidad.
Lealtad institucional.
Estabilidad presupuestaria.
El Ministro del Interior.
El Consejo de Ministros.
El Secretario de Estado de Seguridad.
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo
550.000 euros, en los de obras, concesiones de obras públicas, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
125.000 euros, en los contratos administrativos especiales.
150.000 euros, en los de servicios.
425.000 euros, en los de suministros.
La Comisión Permanente del Consejo de Estado.
El Jurado Provincial de Expropiación.
La Comisión General de Evaluación y Riesgos.
El Instituto Nacional de Colonización.
Reconocimiento de la obligación
Compromiso de gasto.
Aprobación del gasto.
Ordenación del pago.
El Administrador, en ambos casos.
El Jefe de Servicios y el Administrador, respectivamente.
El Funcionario de Ingresos y el Administrador, respectivamente.
El Subdirector de Seguridad y Administrador, respectivamente.
Los servicios sociales penitenciarios elaborarán una ficha social para cada interno, que formará parte de su protocolo personal.
Por el Consejo de Dirección se regulará el funcionamiento de los servicios sociales penitenciarios y sus relaciones con la Junta de Tratamiento.
Los servicios sociales penitenciarios asistirán a las personas que ingresen en prisión.
Los Trabajadores sociales atenderán las solicitudes que les formulen los internos, los liberados condicionales adscritos al Establecimiento y las familias de unos y de otros.
Contratos servicios públicos cuyo valor estimado sea inferior a los 150.000 €.
Contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a los 150.000 €.
Contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a los 150.000 €.
Contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a los 150.000 €.
La Comisión.
El Consejo Europeo.
El Consejo.
El Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo y el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.
El Consejo Europeo y la Comisión Europea.
El Parlamento Europeo y el Consejo.
La Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
Régimen General, Regímenes Especiales y Sistemas Especiales.
Régimen General, Regímenes Especiales y Mutualidades de Funcionarios.
Régimen General y Regímenes Especiales.
Régimen General, Régimen de Autónomos y Regímenes Especiales.
La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.
La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas.
El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo, cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
Como mínimo, de quince días, contados desde la publicación del anuncio del contrato.
Como mínimo, de veinte días, contados desde la publicación del anuncio del contrato.
Como mínimo, de treinta y seis días, contados desde la publicación del anuncio del contrato.
Como mínimo, de veintiséis días, contados desde la publicación del anuncio del contrato.
la declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiatorio.
La toma de posesión del objeto expropiatorio.
La determinación del justo precio.
El acuerdo de necesidad de ocupación.
Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato del que deriven sus modificaciones.
Los contratos menores así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual.
Los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales a que se refiere la Disposición Adicional novena de la ley General Presupuestaria.
Los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto, o acuerden movimientos de fondos y valores.
Justicia y proporcionalidad.
Necesidad y proporcionalidad.
Eficacia, necesidad y equidad.
Racionalidad y justicia.
La oposición o el incumplimiento de forma reiterada y manifiesta de las instrucciones que se le dieren por el responsable de la ocupación referida al desarrollo de la misma.
La conducta, que por cualquier otra razón, fuere tal que el responsable del trabajo se negase a seguir manteniéndolo en el centro.
La ausencia del penado al trabajo durante una jornada laboral que suponga un rechazo voluntario por su parte al cumplimiento de la pena.
El rendimiento sensiblemente inferior al mínimo exigible a pesar de los requerimientos del responsable del centro de trabajo.
No estimativo.
Estimativo.
Limitativo.
Presupuesto cero.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Ministro de la Presidencia, a propuesta del Ministro del Departamento al que esté adscrito y previo conocimiento del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Ministro del Departamento al que esté adscrito.
El Ministro del Departamento al que esté adscrito.
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