Examen oficial de Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias

OEP 2023

Fecha del examen 2024-02-04

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 443.2 de la Ley Orgánica 10/1995; de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante Código Penal), el funcionario de un centro de internamiento de personas extranjeras, o cualquier otro centro de detención, o custodia, incluso de estancia temporal, que solicitara sexualmente a una persona sujeta a su guarda, será castigado con:

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La pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años.

La pena de inhabilitación absoluta por tiempo de tres a seis años.

La pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial por tiempo de seis a diez años.

La pena de prisión de dos a cinco años, inhabilitación especial por tiempo de seis a doce años y multa de uno a tres meses.

2. El ingreso de las cuotas que procedan a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social con carácter anual de los/as sentenciados/as a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, se efectuará dentro de los:

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Quince últimos días del mes de diciembre de cada ejercicio.

Quince últimos días del mes de enero de cada ejercicio.

Quince primeros días del mes de enero de cada ejercicio.

Quince primeros días del mes de diciembre de cada ejercicio.

3. De conformidad con el artículo 336.5°.1 del Real Decreto 1201/1981, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (en adelante Reglamento Penitenciario de 1981), la Estadística general clasificada será confeccionada con los/as internos/as existentes:

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A las veinticuatro horas del último día de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, remitiéndose al Centro Directivo el primer día hábil del mes siguiente.

En el último día del año en curso, remitiéndose al Centro Directivo el primer día hábil del año siguiente.

A las cero horas del primer día hábil de cada mes, remitiéndose al Centro Directivo al siguiente día hábil.

A las veinticuatro horas del día último de cada mes, remitiéndose al Centro Directivo el día uno del mes siguiente.

4. Según el artículo 297 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (en adelante Reglamento Penitenciario), los establecimientos penitenciarios de distribución son:

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Establecimientos donde se almacenan y custodian los víveres para ser repartidos posteriormente a cada establecimiento.

Establecimientos donde se centraliza el peculio de los/as internos/as para ser distribuido posteriormente.

Establecimientos que llevan un sistema especial de inventario que permita en todo momento conocer la distribución de productos realizada a otros establecimientos.

Establecimientos donde se almacena el vestuario de los/as funcionarios/as para ser distribuido posteriormente a cada centro.

5. Según la Orden INT/985/2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, modificada, entre otras, por la Orden INT/131/2023, de 11 de febrero, el/la Director/a de un centro penitenciario tendrá competencias financieras, por delegación, para:

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La aprobación y el compromiso de gastos correspondientes a retribuciones hasta un limite máximo de 120.000 euros.

La aprobación, compromiso de gasto, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago de los gastos financiados con el Capítulo II sin límite máximo.

La aprobación y el compromiso de gastos correspondientes a las cuotas sociales hasta un límite máximo de 120.000 euros.

La aprobación y el compromiso de gastos correspondientes a anticipos reintegrables del personal destinado en el centro del que sea titular.

6. El Comité de Cooperación Penitenciaria es creado en 1980 con el propósito de:

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Velar por la eficacia de las Reglas Mínimas europeas.

Aprobar mejoras en la aplicación práctica de las Reglas Mínimas europeas.

Vigilar, controlar y sancionar en su caso, la actividad penitenciaria de los miembros de la entonces Comunidad Económica Europea.

Representar al Consejo de Europa ante la Asamblea de Naciones Unidas en cuestiones penitenciarias.

7. En el artículo 314 del Reglamento Penitenciario, referido a los periodos de reposición de los utensilios, se establece que:

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El/la Director/a del centro deberá solicitar, en cada caso, la correspondiente autorización del Centro Directivo para dar de baja los efectos que queden inutilizados por el uso y poder efectuar las reposiciones.

El/la Director/a del centro lo autorizará cuando queden inutilizados y repondrá el material cada año.

El Centro Directivo revisará de oficio el estado del utensilio de los/as internos/as y repondrá los efectos que se consideren que deban quedar inutilizados.

El/la Director/a del centro repondrá los efectos que queden inutilizados y lo comunicará posteriormente al Centro Directivo.

8. Entre los fines de la actividad penitenciaria, se incluye la asistencia social de los/as familiares de los/a internos/as en el:

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Articulo 25.2 de la Constitución Española.

Artículo 2 del Reglamento Penitenciario.

Artículo 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

9. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 287 del Reglamento Penitenciario de 1981 corresponde a los/as Jefes/as de Servicios:

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Procurar conocer personalmente a los/as internos/as e informar al/la Director/a sobre los mismos y a otros superiores cuando lo soliciten.

Visitar durante el servicio todos los locales del establecimiento para cerciorarse de su estado de conservación, orden, limpieza y seguridad.

Dar traslado de cuantas disposiciones o resoluciones afecten al servicio.

Organizar debidamente todos los actos colectivos y presidirlos cuando no asista un/a funcionario/a de superior cometido.

10. Si la representación legal del/la recluso/a solicita de la Administración Penitenciaria datos de carácter personal y especialmente protegidos:

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En ningún caso se podrán ceder datos de carácter personal del/la recluso/a, especialmente protegidos.

Podrá exigirse, en todo caso, poder especial y bastante otorgado por la persona interesada en el que conste expresamente su consentimiento para que su representante pueda tener acceso a dichos datos personales.

expresamente su consentimiento para que su representante pueda tener acceso a dichos datos personale Deberá exigirse, en todo caso, poder especial y bastante otorgado por la persona interesada en el que conste expresamente su consentimiento para que su representante pueda tener acceso a dichos datos personales.

No se exige poder especial y bastante otorgado por la persona interesada para tener acceso a los datos.

11. Podrán ser aplicados a créditos del ejercicio corriente obligaciones contraídas en ejercicios anteriores:

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Sí, independientemente de que hubiera o no crédito en el ejercicio de procedencia.

En ningún caso, porque la Ley de Presupuestos Generales del Estado establece que el ejercicio presupuestario coincidirá con el del año natural.

Sí, para lo que se anulará crédito en el ejercicio de procedencia.

No se contempla en la Ley de Presupuestos dicha posibilidad.

12. Según el artículo 151 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (en adelante Ley General Presupuestaria) estarán sujetos a fiscalización previa:

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Los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando servicios o prestaciones a que se refieran no hayan tenido ni vayan a tener lugar en territorio extranjero.

Las subvenciones con asignación nominativa.

Los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo caja fija, regulado en el artículo 78 de esta Ley.

Los contratos menores, así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual.

13. Todos los asuntos que vayan a someterse a aprobación del Consejo de Ministros, a excepción de aquellos que se determinen por las normas de funcionamiento de éste, deberán ser examinados por:

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La Comisión Delegada de Subsecretarios/as.

La Comisión General de Secretarios/as de Estado y Subsecretarios/as.

El Secretariado del Consejo de Ministros.

El/la titular del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

14. Según el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, qué principio/s rige/n la delimitación de las competencias de la Unión Europea:

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Principio de atribución.

Principio de subsidiariedad y proporcionalidad.

Principio de reciprocidad y equidad.

Principio de inviolabilidad.

15. El concepto de prevención general de la pena:

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Tiende a la prevención del delito mediante el efecto de la pena sobre la colectividad.

Supone la protección de la sociedad a través de la inocuización del/la delincuente.

Se realiza a través de la rehabilitación o reinserción del/la delincuente.

Supone la actuación sobre el/la delincuente a través de la intimidación.

16. A tenor del artículo 502.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando de las investigaciones practicadas se infiera racionalmente que el hecho se cometió concurriendo una causa de justificación:

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Sólo se podrá adoptar la prisión provisional si existe riesgo de fuga.

El Juez, a su criterio, podrá adoptar la prisión provisional si concurre alguna causa muy cualificada de las que, con carácter general, lo permiten.

No se adoptará en ningún caso la prisión provisional.

El Juez podrá adoptar la prisión provisional si la solicita alguna de las partes.

17. Según el artículo 8 del Código Penal, los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas:

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El precepto general se aplicará con preferencia sobre el subsidiario; el precepto especial se aplicará sólo en defecto del principal; el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél. En defecto de otros criterios, el precepto que castigue con pena menor primará sobre el que lo haga con pena de mayor entidad.

El precepto general se aplicará con preferencia sobre el especial; el precepto principal se aplicará sólo en defecto del subsidiario; el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél y el precepto penal más leve excluirá los que castiguen el hecho con pena mayor.

El precepto especial se aplicará con preferencia sobre el general; el precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal; el precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél y el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.

El precepto especial se aplicará con preferencia sobre el más amplio o complejo; el precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal; el precepto penal más grave absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél y el precepto penal más amplio o complejo excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.

18. Señale la respuesta INCORRECTA, En los delitos contra el honor:

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En los casos de calumnia e injuria hechas con publicidad, será responsable civil solidaria la persona, física o jurídica, propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado.

El perdón del ofendido extingue siempre la acción penal.

La reparación del daño comprenderá también la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria.

Nadie podrá deducir acción de calumnia e injuria vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o Tribunal que de él conociera o hubiere conocido.

19. El Consejo Asesor del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura estará integrado por:

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Todos/as los/as Adjuntos/as del/la Defensor/a del Pueblo como miembros natos, además de su Presidente/a y un máximo de 12 Vocales.

Los/as Adjuntos/as del/la Defensor/a del Pueblo como miembros natos, además de un máximo de 10 Vocales.

Los/as Adjuntos/as del/ la Defensor/a del Pueblo y un máximo de 3 Vocales que tengan una reconocida trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos.

Un/a Adjunto/a del/la Defensor/a del Pueblo, que ejercerá la Presidencia del Consejo y 12 Vocales.

20. Según el artículo 49.e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante TREBEP), el permiso por cuidado a excepción (de hijo/a menor, afectado/a por cáncer u otra enfermedad grave, podrá prolongarse hasta que éste/a:

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Cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 70 por ciento.

Cumpla 27 años.

Cumpla 26 años si, antes de alcanzar los 23 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Cumpla 25 años si, antes de alcanzar los 22 años, acreditara, además, un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

21. El artículo 27.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que los grados de dependencia, a efectos de su valoración, se determinarán mediante la aplicación del baremo que se acuerde:

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En el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En el Consejo Autonómico y Local de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia u órgano asimilado que cada Comunidad Autónoma determine con sus entidades locales.

En el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

En el Comité Consultivo de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de cada Comunidad Autónoma.

22. El artículo 11 de la Ley 19/2023, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley de Transparencia), establece que la información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente en el Portal de Transparencia, debe adecuarse a los siguientes principios:

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Interoperabilidad, reutilización y accesibilidad.

Sostenibilidad, accesibilidad y reutilización.

Accesibilidad, integridad y reutilización.

Accesibilidad, interoperabilidad y disponibilidad.

23. En el artículo 40.1 de la Ley General Presupuestaria, se establece que en los créditos para operaciones corrientes se distinguirán:

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Las transferencias de capital.

El fondo de contingencia.

Las inversiones reales.

Los gastos de personal.

24. Según el artículo 209 del Reglamento Penitenciario, los establecimientos penitenciarios contarán con equipo sanitario de atención primaria que estará integrado, al menos, por:

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Un/a profesional médico/a, un/a profesional de enfermería, un/a psicólogo/a y un/a médico/a estomatólogo u odontólogo/a.

Un/a profesional médico/a, un/a supervisor/a de enfermería, un/a enfermero/a y un/a Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería.

Un/a profesional médico/a, un/a profesional de enfermería, un/a podólogo/a y un/a Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería.

Un/a profesional médico/a, un/a profesional de enfermería, un/a Técnico/a de cuidados auxiliares de enfermería y de forma periódica con un/a psiquiatra y un/a médico/a estomatólogo/a u odontólogo/a.

25. Según lo previsto en el artículo 93 del Reglamento Penitenciario:

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El número de internos/as que, de forma conjunta, podrán realizar actividades en grupo será establecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un mínimo de cinco internos/as.

El número de internos/as que, de forma conjunta, podrán realizar actividades en grupo será establecido por el Consejo de Dirección, previo informe de la Junta de Tratamiento, con un mínimo de cuatro internos/as.

En los departamentos especiales, durante las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de tres internos/as juntos. Este número podrá aumentarse hasta un máximo de cuatro para la ejecución de actividades programadas.

En los departamentos especiales, durante las salidas al patio no podrán permanecer, en ningún caso, más de dos internos/as juntos. Este número podrá aumentarse hasta un máximo de cinco para la ejecución de actividades programadas.

26. Señale la respuesta INCORRECTA. Son circunstancias agravantes en todo caso:

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Cometer el delito por motivos de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, etnia, raza o nación a la que pertenezca la víctima del delito.

Cometer el delito cuando el agraviado sea o haya sido cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad.

Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas o antigitanos.

Cometer el delito por motivos de discriminación basados en la orientación o identidad sexual o de género o razones de género, con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona sobre la que recaiga la conducta.

27. La concesión de la libertad por el transcurso de los plazos máximos para la prisión provisional establecidos en el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:

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No impedirá que se acuerde nuevamente prisión provisional en el caso de que el investigado o encausado, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del Juez o Tribunal, aunque sólo podrá prolongarse por la mitad del tiempo establecido para la pena de prisión prevista para el delito.

Impedirá que se acuerde nuevamente prisión provisional en el caso de que el investigado o encausado, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del Juez o Tribunal.

Impedirá que se acuerde nuevamente prisión provisional salvo en el caso de que quien está encausado en un procedimiento ordinario, sin motivo legítimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del Jue el Tribunal.

No impedirá que se acuerde nuevamente prisión provisional en el caso de que el investigado o encausado, sin motivo legitimo, dejare de comparecer a cualquier llamamiento del Juez o Tribunal.

28. El artículo 31 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece un subsidio al que pueden tener derecho determinadas personas cuya discapacidad no les permite utilizar el transporte colectivo. La cuantía de dicho subsidio se fija:

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Por Real Decreto del Consejo de Ministros.

Anualmente, en las leyes de presupuestos de cada Comunidad Autónoma.

Anualmente, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Por Orden del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

29. Según el artículo 78 de la Ley General Presupuestaria, la cuantía global de los anticipos de caja fija no podrá superar para cada Ministerio u Organismo Autónomo:

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El cinco por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.

El siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos de personal del presupuesto vigente en cada momento.

El siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.

El siete por ciento del total de créditos del capitulo destinado a gastos financieros del presupuesto vigente en cada momento.

30. Señale la respuesta INCORRECTA. Conforme al artículo 26.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), para ser considerados válidos los documentos electrónicos administrativos deberán:

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Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente electrónico.

Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

Incorporar los metadatos mínimos exigidos.

Incorporar una referencia codificada del órgano tramitador.

31. La modificación más reciente del Capítulo VII relativo a la malversación, contenido en el Título XIX "Delitos contra la Administración Pública", del Código Penal, ha sido llevada a cabo por:

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Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.

32. En los delitos contra el honor, «la exceptio veritatis» es admisible:

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Sólo en el delito de calumnia.

En la injuria si ésta se dirige contra funcionarios públicos sobre hechos no concernientes a su cargo.

Sólo en el delito de injurias.

En la injuria si ésta se dirige contra funcionario público por hechos referidos a la comisión de infracciones administrativas.

33. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 38.1 de la Ley de Transparencia, son funciones efectivamente encomendadas al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

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Promover actividades de formación y sensibilización para un mejor conocimiento de las materias reguladas por esta Ley.

Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta Ley.

Informar preceptivamente los proyectos normativos de carácter estatal que desarrollen esta Ley o que estén relacionados con su objeto.

34. La regla 81.1 de las Reglas Penitenciarias europeas establece que, antes de iniciar su vida profesional, el personal penitenciario deberá recibir un curso de formación sobre sus tareas generales y específicas y se les exigirá que superen exámenes teóricos y prácticos. ¿A qué texto y/o articulo/s del derecho positivo español se ha trasladado esta previsión?

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Articulo uno del Reglamento Penitenciario.

Artículo uno de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Atículos trescientos cinco a trescientos treinta y uno del Reglamento Penitenciario de 1981.

Artículo ochenta de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

35. Según el artículo 16 del Reglamento Penitenciario sobre la presentación voluntaria en un centro penitenciario, el/la Director/a recabará del/la Juez/a o Tribunal el correspondiente mandamiento, así como su caso, el testimonio de sentencia y liquidación de condena:

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Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al ingreso.

En un plazo máximo de setenta y dos horas.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes al ingreso.

A las cuarenta y ocho horas del ingreso.

36. Señale la respuesta INCORRECTA. El delito de encubrimiento, regulado en el artículo 451 del Código Penal, dispone que será castigado el que, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución, de alguno de los modos siguientes:

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Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que el hecho encubierto sea constitutivo de los delitos contenidos en el apartado 3º a) del citado artículo 451.

Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito, con ánimo de lucro propio.

Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o des agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre que el favorecedor haya obrado con abuso funciones públicas.

Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir descubrimiento.

37. Señale la respuesta INCORRECTA, La Ley de Enjuiciamiento Criminal admite la denominada prueba preconstituida cuando:

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Cualquier persona menor de catorce años deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de organizaciones criminales, debiendo el Ju ordenarla en todo caso.

El testigo manifestare la imposibilidad de concurrir cuando se le cite para ello por haber de ausentarse del territorio nacional.

Cualquier persona menor de dieciocho años deba intervenir en condición de testigo en un procedimiento judicial que tenga por objeto la instrucción de un delito de organizaciones criminales, debiendo el Juez ordenarla en todo caso.

Haya inminente peligro de muerte del testigo.

38. A tenor del artículo 16.7 del Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo 21 de marzo de 1983, cuando un/a condenado/a sea trasladado/a del Estado de condena al de cumplimiento y deba transitar por un tercero, se deberá cursar a éste una petición para dicho tránsito:

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Salvo si se hace por vía aérea y no se prevea aterrizaje alguno.

Salvo si se hace por vía marítima y, aunque arribe a puerto, el/la condenado/a no sea desembarcado/a.

Sólo en los casos en los que el Estado de paso lo haya requerido en su ratificación del Convenio.

Siempre.

39. La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus» dimana según se expone en su preámbulo, del artículo 17.4 de:

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La Declaración Universal de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789.

La Constitución de 1812.

El Estatuto de Bayona.

La Constitución de 1978.

40. Según Labrador Encinas (2008), el proceso por el que se reduce o elimina una conducta mediante desaparición contingente de un estímulo agradable para el sujeto se denomina:

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Reforzamiento positivo.

Castigo negativo.

Extinción.

Reforzamiento negativo.

41. Existe una Dirección Insular de la Administración General del Estado en:

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Santa Cruz de la Palma.

Palma de Mallorca.

Santa Cruz de Tenerife.

Las Palmas de Gran Canaria.

42. Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 14.1 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, que regula la excedencia para el cuidado de hijos/as:

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Cuando ambos progenitores trabajen, sólo uno de ellos podrá ejercitar este derecho.

Los/as funcionarios/as tendrán derecho a un período de excedencia para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción.

La excedencia deberá solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha del nacimiento o resolución judicial de adopción, teniendo, en todo caso, una duración máxima de tres años desde la fecha del nacimiento.

Cada hijo/a dará derecho a un nuevo período de excedencia que, en su caso, pondrá fin al que se viniera disfrutando.

43. Según el articulo 29.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante de Contratos del Sector Público), el plazo máximo de duración para los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva, será de:

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Dos años, incluyendo las posibles prórrogas.

Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.

Cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas.

Tres años y una prórroga de un año más.

44. Conforme al artículo 6 de la Ley 45/2015 de 14 de octubre, de Voluntariado (en adelante Ley de Voluntariado), el voluntariado que forma y sensibiliza en los principios y valores de la acción voluntaria mediante el desarrollo de actividades en el ámbito de la educación no formal, que fomenten el desarrollo, crecimiento personal y grupal de forma integral, impulsando habilidades, competencias, aptitudes y actitudes en las personas, que favorezcan la solidaridad y la inclusión, y logren el compromiso, la participación y la implicación social, se refiere al ámbito de actuación:

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Del voluntariado ambiental.

De los voluntariados culturales y deportivos.

De los voluntariados educativos y comunitarios.

Del voluntariado de ocio y tiempo libre.

45. Según el artículo 99 del Código Penal, en el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el Juez o Tribunal:

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Una vez cumplida la pena podrá suspender el cumplimiento de la medida de seguridad, por un plazo no superior a la duración de la misma.

Ordenará el cumplimiento de la pena, que se abonará para el de la medida.

Ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena.

Ordenará el cumplimiento, en primer lugar, de la sanción penal de mayor duración y cumplida ésta, se continuará con la de menor duración.

46. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 180 del Código Penal, será un tipo agravado de los delitos de agresión sexual:

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Cuando la agresión sexual vaya acompañada de violencia de extrema gravedad.

Cuando la victima sea o haya sido esposa del responsable del delito.

Cuando el responsable de la agresión se hubiera prevalido de parentesco o relación de superioridad con respecto a la víctima.

Cuando para cometer la agresión el responsable, sin querer anular la voluntad de la víctima, le facilite fármacos o drogas.

47. Según la vigente normativa en materia de contratación en el ámbito del sector público, cuál de los contratos que se enumeran a continuación estará sujeto a regulación armonizada cuando su valor estimado sea igual o superior a 143.000 euros:

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Contrato de obras, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Contrato de concesión de servicios, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Contrato de concesión de obras, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

Contrato de suministros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

48. Según el artículo 26.2 de la Ley de Transparencia, actuar con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la calidad en la prestación de los servicios públicos es:

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Un principio de actuación.

Un principio de conducta.

Un principio general.

Un principio específico.

49. Según el Código Penal, los delitos prescriben:

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A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de cinco años y menos de diez años, o prisión por más de quince años.

A los diez años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez.

A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de quince años.

A los tres años, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias, que prescriben al año.

50. Cuando, en el momento de preparación del juicio oral, las acusaciones pública y privada solicitan el sobreseimiento provisional al no haber en apariencia motivos suficientes para acusar a determinada o determinadas personas como autores, cómplices o encubridores, lo acordará el Juez necesariamente:

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Siempre, en virtud del principio acusatorio.

Salvo que la acusación popular lo solicite, en virtud del artículo 300 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Salvo que la víctima, aún sin ser parte, lo solicite.

Salvo si procediera aplicar una medida de seguridad en virtud del articulo 20 del Código Penal.

51. Señale la respuesta INCORRECTA. Son medidas de seguridad no privativas de libertad:

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La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España.

La localización permanente.

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

52. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es causa de abstención en un procedimiento administrativo:

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Tener relación de servicio con persona, natural o jurídica, interesada indirectamente en el asunto.

Tener parentesco por afinidad dentro del segundo grado con la persona interesada.

Haber intervenido como perito en el procedimiento.

Haber prestado, en los dos últimos años, servicios profesionales de cualquier tipo a persona directamente interesada en el asunto.

53. El Reglamento Penitenciario de 1981 regula las Unidades de Servicio de ingresos y salidas en el artículo:

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Artículo 318.

Artículo 317.

Artículo 319.

Artículo 320.

54. Señale la respuesta INCORRECTA. La regulación de la Ley de Contratos del Sector Público establece respecto de los contratos menores, que:

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Se consideran contratos menores los contratos con un valor estimado inferior a 40.000 euros en contratos de obras.

Se consideran contratos menores los contratos de suministros o de servicios con un valor estimado inferior a 15.000 euros, excluido el IVA.

Los contratos menores no podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación necesaria para realizar la prestación.

Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar que que cuente con la habilitación necesaria para realizar la prestación.

55. Según los artículos 17 y 18 del Código Penal:

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La apología sólo será delictiva como forma de conspiración y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito.

La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.

La provocación existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.

Si a la proposición para cometer un delito hubiese seguido la perpetración del mismo, se castigará como inducción.

56. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código Penal, es una pena menos grave:

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La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas determine el Juez o Tribunal, por tiempo de seis meses.

La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante nueve meses.

La suspensión de empleo o cargo público durante seis años.

La inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales y para la tenencia de animales durante un año.

57. El artículo 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, determina qué Jueces y Tribunales serán competentes para conocer de la causa o juicio cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, enumerando, del 1 al 4, los criterios por lo que se podrá atribuir el conocimiento. Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por:

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El lugar de residencia del reo presunto.

El del partido donde se hayan descubierto pruebas materiales del delito o en el lugar donde se hubiese tenido noticia del mismo, indistintamente.

El orden con que están expresados en el propio artículo.

El del lugar donde se hubiese tenido noticia del delito.

58. Señale la respuesta INCORRECTA. Los medios coercitivos establecidos en el articulo 72 del Reglamento Penitenciario:

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Serán depositados en aquel lugar o lugares que la Subdirección de Seguridad entienda idóneos.

Su cuantía y estado se reflejarán en libro oficial. V

Cuando se aplique la medida de aislamiento provisional, el/la interno/a será visitado diariamente por el/la médico/a.

La utilización de los medios coercitivos será previamente autorizada por la Dirección, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su conocimiento inmediatamente.

59. El artículo 128 del Reglamento Penitenciario establece que:

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Cuando le sea retirada a algún/a interno/a una publicación no autorizada, la resolución que se adopte se notificará al/la interno/a y se comunicará al/la Juez/a de Vigilancia Penitenciaria.

No se autorizará la tenencia en el interior de los establecimientos, de publicaciones que carezcan de depósito legal o pie de imprenta si no existe solicitud motivada del/la interno/a.

Las publicaciones que hayan sido editadas en el propio centro penitenciario han de disponer de depósito legal o pie de imprenta.

La limitación de libros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, requerirá resolución previa del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

60. Para acordar la remisión de la pena suspendida a penados/as que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia al alcohol, sustancias tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, deberá acreditarse:

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La primariedad delictiva de/la penado/a.

Haber estado el/a interno/a en una Unidad Terapéutica Educativa.

La deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento.

Compromiso escrito del/a penado/a de no consumir dichas sustancias por un periodo no inferior a dos años.

61. Señale la respuesta INCORRECTA. Conforme a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (en adelante LOPJ), está legitimado/a para interponer recurso de apelación contra las resoluciones del/la valor estimado Juez/a Central de Vigilancia Penitenciaria:

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El/la interno/a.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

El Ministerio Fiscal.

El/la liberado/a condicional.

62. Según establece el artículo 92 del Reglamento Penitenciario, la asignación de las modalidades de vida de régimen cerrado:

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Será remitida al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su aprobación, cuando el/la interno/a sea menor de 21 años y supere los tres meses de vida en el mismo régimen.

Será acordada por la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico y autorizada por el Centro Directivo.

Será revisada en el plazo máximo de seis meses y notificada al/la interno/a y al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

Será remitida al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su aprobación, cuando el/la interno/a sea menor de 25 años y supere los seis meses de vida en el mismo régimen.

63. En cumplimiento de la normativa aplicable en esta materia, la coordinación y supervisión de la política de protección de datos del Ministerio del Interior, corresponde a:

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La Subdirección General de Innovación, Calidad e Inspección de los Servicios.

La Secretaría de Estado de Seguridad.

La Oficialía Mayor.

La Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección.

64. Señale la respuesta INCORRECTA. El artículo tercero de la Ley 36/1977, de 23 de mayo, de Ordenación de los Cuerpos Especiales Penitenciarios y de Creación del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias recoge expresamente como funciones del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias:

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Desarrollar las tareas administrativas de colaboración o trámite precisos.

Conservar en todo momento en su poder las llaves de la Unidad de Servicio asignada.

Velar por la conducta y disciplina de los internos.

Vigilar el aseo y limpieza de la población reclusa y de los locales.

65. Según el artículo 48 del TREBEP, por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el primer grado por consanguinidad o afinidad, así como de cualquier otra persona distinta de la anteriores que conviva con el/la funcionario/a en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo aquella, tendrá derecho a un permiso de:

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Cinco días hábiles.

Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad.

Tres días hábiles cuando el suceso sea en distinta localidad.

Cuatro días hábiles.

66. Señale la respuesta INCORRECTA. En el supuesto de solicitud de rectificación de los datos de carácter personal que resulten inexactos o incompletos por parte del/la interno/a a la Administración Penitenciaria:

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Se informará a la persona interesada en el plazo máximo de 2 meses desde su solicitud.

Se procederá a su rectificación conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en el plazo máximo de 15 días.

La rectificación de los datos se efectuará en el plazo de un mes.

Se informará al/la cesionario/a o cesionarios/as, en el supuesto de que los datos incorrectos hubiesen sido objeto de cesión previa.

67. Según el artículo 12.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, los establecimientos penitenciarios NO deberán acoger, por unidad, a más de:

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Trescientos internos/as.

Doscientos cincuenta internos/as.

Trescientos cincuenta internos/as.

Cuatrocientos internos/as.

68. Según el artículo 7 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad (en adelante Real Decreto 782/2001, de 6 de julio), la relación laboral especial penitenciaria se formaliza con la inscripción del/la interno/a en el Libro de Matrícula. En el mismo NO se anotará obligatoriamente:

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La incapacidad temporal de los/as internos/as trabajadores/as.

La extinción de la relación laboral.

La suspensión por causa de traslado del/la interno/a a otro centro penitenciario por tiempo no superior a dos meses.

El alta efectiva en el puesto de trabajo.

69. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 129 del Reglamento Penitenciario, en relación con la disposición de ordenadores personales:

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El Consejo de Dirección podrá retirar la autorización concedida cuando existan fundadas sospechas de que se está haciendo un mal uso de la misma.

En todo caso se entenderá que existen sospechas de un mal uso del ordenador cuando el interno se niegue a mostrar la totalidad de los archivos del mismo.

Se exigirá que el/la interno/a presente una memoria justificativa de la necesidad avalada por el/la Profesor/a o Tutor/a.

El uso del ordenador y del material informático se regulará en las correspondientes normas de régimen interior y, en todo caso, quedará prohibido el uso de dispositivos externos de almacenamiento y la conexión a redes de comunicación.

70. A tenor del artículo 72.5 del Reglamento Penitenciario, en los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas, el/la Director/a, con carácter provisional, podrá recabar el auxilio de las Fuerzas de Seguridad de guardia en el establecimiento, quienes, en caso de tener que utilizar armas de fuego:

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Podrán usarlas a criterio del responsable de la Fuerza.

No podrán usarlas en ningún caso.

Lo harán por los mismos motivos que establece la legislación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sólo podrán usarlas con autorización expresa de la Secretaria de Estado de Seguridad.

71. La Constitución Española fue reformada, estableciendo que el Estado y las Comunidades no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros:

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En enero de 2024.

A los dos años de su promulgación.

En el año 1992, modificándose también el articulo 13.2.

En el año 2011.

72. Según la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, podrán celebrarse sesiones del Consejo de Ministros a distancia por medios electrónicos:

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En cualquier situación, a solicitud de al menos un tercio de los miembros que lo integran.

Cuando lo decida el/la Jefe/a del Ejecutivo, en una situación excepcional, motivadamente, y todos/as sus participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su identidad.

Cuando alguno/a de sus participantes se encuentre en un viaje oficial fuera del territorio español.

Siempre que lo decida el/la Jefe/a del Ejecutivo y alguno/a de sus participantes no se encuentre en territorio español, debiendo quedar acreditada la identidad de los/as mismos/as.

73. Señale la respuesta INCORRECTA. El modelo de asistencia sanitaria recogido en el Reglamento Penitenciaria Penitenciario reconoce que:

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Los/as internos/as podrán solicitar a su costa servicios médicos privados de profesionales ajenos a Instituciones Penitenciarias.

La asistencia especializada se asegurará, preferentemente, a través del Sistema Nacional de Salud.

Los/as internos/as sólo podrán acceder a los medios sanitarios propios de la Administración Penitenciaria o ajenos concertados por la misma.

A todos/as los/as internos/as, sin excepción, se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población.

74. Atendiendo al artículo 62.1 de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, cuando una persona haya sido entregada a España en virtud de una orden europea de detención y entrega, si es solicitada posteriormente su extradición por un Estado que no sea miembro de la Unión Europea:

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No podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, a cuyo efecto el/la Ministro/a de Justicia cursará la pertinente solicitud.

Podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, aunque el/la Juez/a Central de Instrucción deberá notificarle la pertinente entrega.

Podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, aunque el/la Ministro/a de Justicia deberá notificarle la pertinente entrega.

No podrá otorgarse dicha extradición sin el consentimiento de la autoridad judicial de ejecución que acordó la entrega, a cuyo efecto el/la Juez/a Central de Instrucción cursará la pertinente solicitud.

75. Qué artículo del Reglamento Penitenciario de los que se mencionan está expresamente referido a registros, cacheos y requisas:

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Artículo 68.

Articulo 66.

Artículo 64.

Artículo 67.

76. El artículo 533 del Código Penal, relativo a los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales dispone que:

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El funcionario de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los internos sanciones o privaciones debidas, o usare con ellos de un rigor necesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

El funcionario de centros de internamiento de extranjeros que impusiere a los internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor necesario, será castigado con la pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

El funcionario de centros de internamiento de extranjeros que impusiere a los internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a doce años.

El funcionario de centros de protección o corrección de menores que impusiere a los internos sanciones o privaciones indebidas, o usare con ellos de un rigor innecesario, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

77. Según el artículo 13 del Código Penal, cuando la pena por su extensión pueda ser considerada como:

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Grave y menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como menos grave.

Grave y menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como menos grave, aplicándose la pena en su mitad superior.

Menos grave y leve, el delito se considerará, en todo caso, como menos grave.

Grave y menos grave, el delito se considerará, en todo caso, como grave.

78. Señale la respuesta INCORRECTA. Son actos nulos de pleno derecho, los actos dictados:

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Por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio.

Cuando lesionen los derechos de petición individual y colectiva.

Por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.

Por órgano manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía.

79. Según el artículo 80.4 del Código Penal, en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, los Jueces y Tribunales podrán suspender la pena impuesta sin sujeción a requisito alguno:

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Salvo que la pena impuesta o la suma de las mismas no exceda de cinco años.

Salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

Salvo que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en momento de decidir sobre la suspensión.

Aunque en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

80. Según Caballo (1993), NO es un procedimiento defensivo del entrenamiento en habilidades sociales (EHS):

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El disco rayado.

La interrogación negativa.

El banco de niebla.

El reforzamiento en forma de sandwich.

81. Señale la opción INCORRECTA. El artículo 188 del Reglamento Penitenciario regula el régimen de los establecimientos o unidades psiquiátricas, disponiendo que:

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El empleo de medios coercitivos es una medida excepcional, que sólo podrá ser admitida por indicación médica y durante el tiempo mínimo imprescindible previo al efecto del tratamiento farmacológico.

La separación en los distintos departamentos de que consten los establecimientos o unidades se hará en atención a las necesidades asistenciales de cada paciente.

Las restricciones a la libertad personal del/la paciente debe limitarse a las que sean necesarias en función de su estado de salud o del éxito del tratamiento.

El empleo de medios coercitivos es una medida excepcional, que sólo podrá ser admitida por indicación médica y durante el tiempo máximo de 72 horas, previo al efecto del tratamiento farmacológico.

82. La Central Penitenciaria de Observación, regulada en el artículo 109 del Reglamento Penitenciario, fue creada:

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Por el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956.

Por Orden de 22 de septiembre de 1967.

Por el Reglamento Penitenciario de 1981.

Por la Ley Orgánica General Penitenciaria.

83. A tenor del artículo 19.2 de la Ley 50/1981, de 30 diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, son Fiscalías Especiales dependientes de la Fiscalía General del Estado:

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Fiscalía Antidroga, Fiscalía contra la Corrupción y Fiscalía contra los delitos de violencia de género.

Fiscalía para la Prevención del Tráfico de Drogas y la Fiscalía Anticorrupción.

Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y Fiscalía Antidroga.

Fiscalía Antiterrorista, Fiscalía Antidroga y Fiscalía de Seguridad Vial.

84. Según establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el plazo para notificar la resolución en la se concede el acceso a la información pública es:

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De un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, pudiéndose ampliar por otro más en el caso de que la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario.

De un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, sin posibilidad de ampliación.

De tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, sin posibilidad de ampliación.

De diez días para el solicitante y veinte días para los terceros afectados que así lo hayan solicitado, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, pudiéndose ampliar por el mismo plazo en el caso de que la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario.

85. Señale la respuesta INCORRECTA. La declaración de lesividad de actos anulables:

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Podrá adoptarse aunque hayan transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados/as en el mismo.

No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.

El procedimiento caducará a los seis meses si no se ha declarado la lesividad.

86. El condenado a pena de prisión permanente revisable no podrá disfrutar de permisos de salida:

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Hasta que haya cumplido un mínimo de ocho años de prisión, cuando no haya sido condenado por un delito referido a organizaciones y grupos terroristas o de terrorismo.

Hasta que haya cumplido veinte años de prisión efectiva, en el caso de condena por un delito referido a organizaciones y grupos terroristas o de terrorismo.

Hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión en los supuestos de condena por un delito referido a organizaciones y grupos criminales.

Hasta que haya cumplido quince años de prisión efectiva, cuando no haya sido condenado por un delito referido a organizaciones y grupos criminales.

87. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 15 del Reglamento Penitenciario, la Dirección del centro podrá denegar motivadamente el ingreso en prisión de una persona cuando no conste expresamente en la orden de detención algunos de los siguientes extremos:

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Datos identificativos del detenido/a.

Hora y día de vencimiento del plazo máximo de detención.

Delito imputado.

Hora y día de detención.

88. Según el artículo 206.1 del Reglamento Penitenciario, la solicitud de tramitación del indulto particular al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria deberá efectuarse por:

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La Junta de Tratamiento, previa propuesta del Equipo Técnico.

El Centro Directivo, a propuesta de la Junta de Tratamiento.

El Consejo de Dirección, previa propuesta de la Junta de Tratamiento.

La Comisión Disciplinaria, a propuesta de la Junta de Tratamiento.

89. La Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial estará integrada por:

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Cinco Vocales elegidos/as anualmente por el Pleno del Consejo.

Siete Vocales, de ellos cuatro serán nombrados/as por el turno judicial y tres designados/as por turno de juristas de reconocido prestigio.

Siete Vocales elegidos/as por cinco años.

Tres Vocales que serán elegidos/as anualmente por el Pleno del Consejo.

90. Según la Ley de Voluntariado, podrán llevar a cabo acciones de voluntariado:

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Los/as menores, con edad inferior a doce años que cuenten con autorización expresa de sus progenitores, tutores/as o representantes legales en la que se valorará si la actividad perjudica o no su desarrollo y formación integral.

Los/as mayores de doce años y menores de dieciséis que cuenten con el consentimiento de sus progenitores, tutores/as o representantes legales.

Los/as mayores de dieciséis años y menores de dieciocho sin necesidad de consentimiento de sus progenitores, tutores/as o representantes legales.

Los/as menores, con catorce años de edad, que cuenten con autorización expresa de sus progenitores, tutores/as o representantes legales.

91. El artículo 4 del Código Penal, establece que en el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, considere que de la rigurosa aplicación de las disposiciones de la Ley resulte penada una acción u omisión que, a su juicio, no debiera serlo:

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Se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que no debiera ser objeto de sanción penal.

Acudirá al Gobierno exponiendo lo conveniente sobre la derogación o modificación del precepto o la concesión de indulto, sin perjuicio de ejecutar desde luego la sentencia.

Suspenderá en todo caso la ejecución de la pena.

Se abstendrá de todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que no debiera ser objeto de sanción penal, cuando la pena sea notablemente excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo.

92. Señale la respuesta INCORRECTA. La relación laboral especial penitenciaria podrá suspenderse por:

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Suspensión de empleo y sueldo por el cumplimiento de sanciones disciplinarias penitenciarias de aislamiento.

Traslado del interno/a trabajador/a a otro establecimiento penitenciario por un período superior a dos meses.

Incapacidad temporal de los/as trabajadores/as penitenciarios.

Fuerza mayor temporal.

93. Según el artículo 95.2 del TREBEP, la incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas por parte del/a funcionario/a, será considerada como:

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Falta leve.

Apercibimiento.

Falta muy grave.

Falta grave.

94. Conforme al artículo 83.2 del Reglamento Penitenciario, las tareas de apoyo y de asesoramiento y de cooperación necesaria para favorecer la incorporación progresiva al medio social de las personas reclusas se regirán por los siguientes principios:

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Responsabilidad, obligando a los/as internos/as a participar en las actividades.

Prevención, para tratar de evitar la desestructuración familiar y social.

Ausencia de las medidas de control, sin perjuicio del establecimiento de programas de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas por los/as internos/as dentro y fuera del establecimiento.

Integración social, proporcionando al/la interno/a, en todo caso, atención a través de los servicios especializados de la comunidad para facilitar su participación plena y responsable en la vida familiar, social y laboral.

95. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos producirán efectos:

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Desde el día siguiente a su publicación.

Desde el día siguiente a su notificación.

Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

96. El artículo 96 del Reglamento Penitenciario, establece que, con carácter general, el régimen de los/a detenidos/as y presos/as será el régimen ordinario previsto para los penados/as. No obstante lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, cuando se trate de internos/as extremadamente peligrosos/as o manifiestamente inadaptados/as a dicho régimen, les serán de aplicación las normas previstas para los establecimientos de cumplimiento de régimen cerrado a los detenidos/as y presos/as, a propuesta de:

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El Equipo Técnico y con la aprobación del Consejo de Dirección.

El Equipo Técnico y con la aprobación de la Junta de Tratamiento.

La Junta de Tratamiento y con la aprobación del Consejo de Dirección.

La Junta de Tratamiento y con la aprobación del Centro Directivo.

97. Los actos dictados por el/la Presidente/a y el Consejo de Administración de la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (ETPFE), en el ámbito de sus respectivas competencias:

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No pueden ser recurridos en reposición.

Pueden ser recurridos en alzada.

Ponen fin a la vía administrativa.

No ponen fin a la vía administrativa.

98. Señale la respuesta INCORRECTA. Conforme al artículo 7 de la Ley de Voluntariado, es un contenido mínimo de los programas de voluntariado:

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Los medios y recursos para llevarlos a cabo.

Cualificación o formación exigible a los/as voluntarios/as.

Identificación nominativa de los/as voluntarios/as participantes.

Ámbito territorial que abarque el programa.

99. Conforme al artículo 24 de la LPACAP el certificado acreditativo del silencio administrativo producido por el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa al/la interesado/a cuando el procedimiento se ha iniciado a solicitud de éste/a, se expedirá:

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De oficio, por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

De oficio, por el órgano competente para resolver en el plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

Por el órgano competente, o a solicitud del/la interesado/a, en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.

En cualquier momento, a petición del interesado/a, computándose el plazo de quince días desde el mismo día a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para resolver.

100. Según el artículo 169 del Código Penal, será castigado como reo de un delito de amenazas, el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia, o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos:

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Contra la salud pública.

Contra la seguridad colectiva.

Contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Contra la administración pública.

101. Conforme al artículo 7 del Reglamento Penitenciario, la cesión de los datos de carácter personal de los/as internos/as:

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Las transferencias internacionales de datos de carácter personal contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios se efectuarán en los supuestos de prestación de auxilio judicial, de acuerdo con lo establecido en los tratados o convenios en los que sea parte España o o en la normativa de la Unión Europea que sea de aplicación.

No precisarán consentimiento expreso, en ningún caso, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la Administración penitenciaria.

No precisarán consentimiento expreso, excepto en lo relativo a sus creencias cuando se recojan para el ejercicio de las funciones propias de la Administración penitenciaria.

No se podrán ceder datos de carácter sanitario contenidos en los ficheros informáticos penitenciarios sin previo consentimiento para realizar estudios epidemiológicos.

102. Los/as internos/as trabajadores/as tendrán derecho a un descanso semanal que, con carácter general, será de:

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La tarde del sábado y el día completo del domingo.

Un día y medio a la semana con carácter rotatorio.

El día completo del sábado y del domingo.

Dos días completos a la semana con carácter rotatorio.

103. Conforme al artículo 94 del Reglamento Penitenciario, en el régimen de los módulos o centros cerrados los/as internos/as disfrutarán:

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Como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta dos horas más para la realización de actividades previamente programadas.

Como máximo, de cuatro horas diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta dos horas más para la realización de actividades previamente programadas.

Como mínimo, de cuatro horas diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta tres horas más para la realización de actividades previamente programadas.

Como máximo, de dos horas diarias de vida en común. Este horario podrá aumentarse hasta tres horas más para la realización de actividades previamente programadas.

104. Según el artículo 340 del Reglamento Penitenciario de 1981, en las hojas de conducción por traslado a otro establecimiento y en las licencias de cumplidos/as y liberados/as condicionalmente, debe constar la impresión dactilar del dedo:

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Pulgar de la mano izquierda.

Pulgar de la mano derecha.

Índice de la mano izquierda.

Índice de la mano derecha.

105. Según el artículo 595 de la LOPJ, el Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en Pleno o a través de las Comisiones:

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Permanente, Disciplinaria, de Asuntos Económicos y de Igualdad.

Permanente, Disciplinaria, de Asuntos Financieros y de Igualdad.

Permanente, Disciplinaria y de Calificación.

Permanente, Disciplinaria, de Asuntos Económicos, de Igualdad y de Calificación.

106. La modificación introducida en la Ley de Contratos del Sector Público por la Ley 11/2023, de 8 de mayo, incorpora un nuevo párrafo al artículo 103.2 con objeto de:

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Admitir las revisiones de precios solamente en los contratos de obras, previa justificación en el expediente.

Ampliar los supuestos en los que se admite revisión de precios.

Admitir las revisiones de precios solamente en los contratos de suministros.

No admitir en ningún caso las revisiones de precios.

107. En relación a lo dispuesto en el artículo 408 del Código Penal relativo a la omisión del deber de perseguir delitos, la autoridad o funcionario que:

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Sin faltar a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de suspensión empleo o cargo público público por tiempo de seis meses a cinco años.

Faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

Faltando a la obligación de su cargo de manera no intencionada, dejare de promover la persecución los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación absoluta de empleo o cargo público por tiempo de uno a dos años.

Sin faltar a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a cuatro años.

108. El artículo 124.3 del Reglamento Penitenciario, relativo a programas educativos de enseñanzas regladas y no regladas, establece que, cuando la participación en los mismos implique modificaciones regimentales, deberá solicitarse autorización de:

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La Dirección del establecimiento.

El Consejo de Dirección.

La Junta de Tratamiento.

El Centro Directivo.

109. El tiempo máximo de cumplimiento de una sanción disciplinaria cuando el/la interno/a es sancionado/a por dos o más faltas enjuiciadas en un mismo expediente y con cumplimiento simultáneo, no podrá exceder de:

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Cuarenta y cinco días consecutivos de aislamiento en celda.

La sanción correspondiente a la más grave en su mitad superior.

El doble del tiempo correspondiente a la menos grave.

El triplo del tiempo correspondiente a la más grave.

110. Ejerce como Secretario/a del Consejo de Ministros:

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El/la Ministro/a de Transformación Digital y de la Función Pública.

El/la Ministro/a de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El/la titular de la Vicepresidencia Primera.

Uno/a de los/as titulares de las Vicepresidencias a elección del/la Presidente/a del Gobierno.

111. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 80 del TREBEP:

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Los/as titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública no podrán ser cesados/as discrecionalmente.

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública.

La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación no discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los/as candidatos/as en relación con los requisitos exigidos para desempeño del puesto.

El órgano competente para el nombramiento en ningún caso podrá recabar la intervención de especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los/as candidatos/as.

112. El Real Decreto por el que se integran en el cuerpo de maestros a los funcionarios pertenecientes al cuerpo de profesores de Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias y se disponen normas de funcionamiento de las unidades educativas de los establecimientos penitenciarios, es el:

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Real Decreto 222/2002, de 2 de febrero.

Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio.

Real Decreto 701/1996, de 7 de marzo.

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero.

113. De conformidad con lo previsto en el artículo 29.2 de la Ley de Transparencia, son infracciones disciplinarias graves:

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El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

El acoso laboral.

La comisión de una infracción leve cuando el/la autor/a hubiera sido sancionado/a a lo largo del año anterior por dos infracciones graves contra la que no quepa recurso en vía administrativa.

114. Entre los principios generales que se recogen en el Capitulo II de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera NO se encuentra:

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Principio de plurianualidad.

Principio de transparencia.

Principio de lealtad institucional.

Principio de control.

115. A tenor del artículo 161.4 del Reglamento Penitenciario, en los supuestos de urgencia, el permiso extraordinario podrá ser autorizado por:

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El/la Subdirector/a de Tratamiento, previa consulta a la Dirección del establecimiento si hubiere lugar a ello.

La Junta de Tratamiento, previa consulta al/a la Juez/a de Vigilancia Penitenciaria del establecimiento si hubiere lugar a ello.

El/la Director/a del establecimiento, previa consulta al Centro Directivo si hubiere lugar a ello.

Ella Jefe/a de Servicios del establecimiento, previa consulta a la Dirección del establecimiento si hubiere lugar a ello.

116. La Sala que conoce de las recusaciones formuladas contra el/la Presidente/a del Tribunal Superior de Justicia, estará formada por:

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El/la Presidente/a y los/as Presidentes/as de Sala, exclusivamente.

El/la Presidente/a, los/as Presidentes/as de Sala y el/la Magistrado/a más moderno/a de cada una de ellas.

El/la Presidente/a, los/as Presidentes/as de Sala y el/la Magistrado/a más antiguo/a de cada una de ellas.

Los/as Presidentes/as de Sala y el/la Magistrado/a más antiguo/a de cada una de ellas.

117. Cuando el/la interno/a haya interpuesto recurso contra el acuerdo sancionador directamente ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el/la Director/a deberá remitir el expediente disciplinario:

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El mismo día en que sea requerido por el órgano jurisdiccional.

En el plazo máximo de cinco días.

En el plazo máximo de tres días.

Al día siguiente, si se realiza en horario de oficina.

118. El artículo 506 del Código Penal relativo a la usurpación de atribuciones, dispone que será castigado:

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El Juez o Magistrado que, teniendo atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución.

La autoridad o funcionario público que, teniendo atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución.

La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución, quedando exento de responsabilidad criminal en caso de que se retracte en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte sentencia en el proceso de que se trate.

La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una disposición general o suspendiere su ejecución.

119. Por la realización de servicios en el ámbito penitenciario no relacionados con los cometidos del puesto de trabajo, que revistan una extraordinaria relevancia y denoten un alto espíritu de servicio, podrá concederse a los/as empleados/as públicos/as penitenciarios:

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Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.

Medalla de Oro al Mérito Penitenciario.

Medalla de Plata al Mérito Penitenciario.

Medalla de Oro al Mérito Social Penitenciario.

120. Erving Goffman diferencia cuatro formas diferentes de adaptación al sistema de la institución por parte del/la interno/a. Si el/la interno/a hace de la institución "su mundo", procurando vivir lo mejor posible dentro de las posibilidades de la institución, tratando de obtener el mayor número de las gratificaciones inmediatas existentes en la misma, hablamos de:

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Conversión.

Rechazo.

Colonización.

Retirada.

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