OEP 2020
Fecha del examen 2021-11-28
La identificación y autenticación del ciudadano.
Identificar y garantizar una comunicación segura entre sedes electrónicas.
Acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de notificación.
La comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
Aprobada la solicitud y el programa de colaboración por el Centro Directivo, previo informe de la Junta de Tratamiento penitenciario correspondiente, la institución o asociación colaboradora deberá inscribirse, para poder actuar, en el Registro Especial de Entidades Colaboradoras gestionado por el Centro Directivo.
Las instituciones y asociaciones públicas y privadas dedicadas a la asistencia de los reclusos deberán presentar, para su aprobación por el Centro Directivo, la correspondiente solicitud junto con el programa concreto de intervención penitenciaria que desee desarrollar.
Finalizada la ejecución del programa de colaboración, la institución o asociación colaboradora elaborará un estudio de evaluación del impacto y resultados del programa que, junto con el informe del Consejo de Dirección del Establecimiento, se remitirá por el Director al Centro Directivo.
La inscripción en el Registro Especial tendrá carácter meramente declarativo.
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
Juzgados de los Social.
Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia.
No será superior a cinco.
No será superior a cuatro.
Será el que se establezca en la Ley de Presupuestos del ejercicio.
Será aquel que autorice el Consejo de Ministros y en ningún caso mayor de tres.
La pena superior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito.
No se les impondrá pena, sino una medida de seguridad.
La pena inferior en grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito.
La misma pena que la fijada para los autores del delito.
Por pulsión (irreflexivos) y por planificación (reflexivos).
Primarios (o preferenciales) y agresores secundarios (o situacionales).
Por carencia de frenos psicológicos (amorales) o por carencia de frenos sociales (anómicos).
Por persuasión (seductores) o por imposición (violentos).
Un mes.
Dos meses.
Quince días.
Tres meses.
C. Beccaria.
Rafael Salillas.
Concepción Arenal.
Victoria Kent.
Sí, en todo caso, pues el artículo sólo excluye esa calificación cuando hubiera concurrido una conducta dolosa del accidentado.
Si, salvo que el accidente haya sido debido a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.
No, pues son conceptos excluyentes en sí mismos, como proclaman las sentencias reiteradas del Tribunal Supremo en la interpretación del citado artículo 156.
No, salvo que el trabajador sea menor de 25 años y tenga un contrato de naturaleza formativa.
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
Las resoluciones administrativas no podrán vulnerar lo establecido en una ley orgánica.
Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
Las resoluciones administrativas de carácter particular sólo podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general cuando no afecten a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española.
Por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 octubre, del Tribunal Constitucional.
Por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Al responsable del Centro donde ingrese.
A la Administración Penitenciaria, previa aplicación del régimen ordinario hasta que por la Junta de Tratamiento se proceda nuevamente a su clasificación.
Puede realizarlo cualquiera de los Órganos mencionados.
Al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
El siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
El diez por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
El diecisiete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
El veintisiete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
Del Centro Directivo, con una antelación mínima de quince días, que impartirá las instrucciones necesarias al Director del centro penitenciario donde se encuentre el interno. El Director acusará recibo del traslado solicitado a la autoridad ordenante.
Del Centro Directivo, con una antelación mínima de quince días, cuando estuviere recluido en el centro penitenciario ubicado en otra provincia, y de una semana del Director del establecimiento, si se trata de una misma provincia o localidad.
Del Centro Directivo, con una antelación mínima de treinta días, cuando estuviere recodo en el centro penitenciario ubicado en otra provincia, y de quince días al Director del establecimiento, si se trata de una misma provincia o localidad.
Del Centro Directivo, con una antelación mínima de treinta días, cuando estuviere recluido en el centro penitenciario ubicado en otra provincia, y del Director del establecimiento, si se trata de una misma provincia o localidad.
El Subdirector de Tratamiento.
La Junta de Tratamiento.
El Director o persona que lo represente.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
En el plazo máximo de un año desde que se dicte el acto administrativo objeto de la queja.
En el plazo máximo de tres meses, contados a partir del momento en el que el interesado tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
En el plazo máximo de un año, contado a partir del momento en que el interesado tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
No hay plazo legal establecido.
Por L.O. 15/2003, de 25 de noviembre.
Por L.O. 5/2010, de 22 de junio.
Por L.O. 1/2015, de 30 de marzo.
Por L.O. 2/2015, de 30 de marzo.
La comisión por omisión.
Los delitos imprudentes.
El error, concepto, tipos y efectos.
El concepto jurídico de delito.
15 miembros de cada una de las partes.
10 miembros de cada una de las partes.
Un mínimo de 10 y máximo de 15 miembros de cada parte.
20 miembros de cada una de las partes.
Métodos psiquiátricos.
Métodos médico-biológicos.
Métodos clínicos.
Métodos pedagógicos y sociales.
Determina la atipicidad de la conducta.
Se considera una circunstancia atenuante.
Determina que el hecho se sancione como imprudente.
Determina que el hecho se sancione con la pena inferior en un grado.
El Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan.
El Consejo de Ministros por Real Decreto, a propuesta del titular del Departamento.
El Consejo de Ministros por Real Decreto, a propuesta del titular del Departamento o Secretario de Estado del que dependan.
El Ministro, a propuesta del Secretario de Estado del que dependen.
Los Ministros.
Los Subsecretarios.
Los Secretarios de Estado.
Los Secretarios Generales.
Artículo 10 LOGP.
Deficiencia convivencial.
Profesionalidad.
Peligrosidad.
Funcionario de carrera.
Directivo laboral temporal.
Personal eventual.
Personal directivo.
Los penados que hayan sido condenados por delitos relacionados contra la libertad sexual e indemnidad sexual.
Las personas internas que hayan sido condenadas por delitos relacionados con la violencia contra la infancia y adolescencia.
Para las personas que haya sido condenadas por delitos de odio.
Los penados que hayan sido condenados por delitos relacionados con la violencia de género y en el ámbito familiar.
Siete días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Siete días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
Del Ministro de la Presidenia.
Del Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Del Presidente del Gobierno.
De la Vicepresidencia del Gobierno.
Tres años.
Seis años.
Cinco años.
Un año.
Es penalmente irrelevante.
Tiene distinta trascendencia, en función de si es vencible o invencible.
Excluye en todo caso la aplicación de dichas circunstancias.
Se aplicará la pena inferior en un grado.
Únicamente en aquellos casos en que la condena del penado supere los diez años de privación de libertad.
Solamente en los supuestos de condenados por delitos relativos a la violencia de género.
Sí.
No, nunca.
Es circunstancia eximente de la responsabilidad criminal.
Es circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal.
Es circunstancia que agrava la responsabilidad criminal.
Es circunstancia irrelevante en relación con la responsabilidad criminal.
Si se impone por tiempo superior a dos años.
Si se impone por tiempo superior a tres años.
Si se impone por tiempo superior a cinco años.
Si se impone por tiempo superior a un año.
El Centro Directivo.
No requiere de ulterior autorización.
El Juez de Vigilancia Penitenciaria.
El Juez o Tribunal sentenciador.
La creación de nuevas Unidades Dependientes se llevará a cabo mediante Orden o resolución autonómica equivalente.
Las normas de organización y seguimiento en las Unidades Dependientes, se prepararán por la Junta de Tratamiento, previo informe del Equipo Técnico, y se aprobarán por el Centro Directivo.
Todas las Unidades Dependientes contarán con unas normas de funcionamiento interno, que recogerán las obligaciones y derechos específicos de los residentes, el horario general, así como las normas de convivencia y comunicaciones internas.
Son unidades arquitectónicamente ubicadas dentro del recinto de los Centros penitenciarios, preferentemente en viviendas ordinarias del entorno comunitario, sin ningún signo de distinción externa relativo a su dedicación.
Matrimonio Glueck.
Pinatel.
R. Spitz.
Niggemeyer.
Generaciones de crédito.
Transferencias de crédito.
Créditos extraordinarios.
Suplementos de crédito.
Nils. Bejerot.
Leif G. W. Persson.
Per-Olof H. Wikstrom.
Herman Goldstein.
Sí, en todo caso, de acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 782/2001.
Sí, siempre que la ausencia no sea superior a dos meses.
No, salvo que el centro penitenciario de destino carezca de talleres productivos.
No.
Subvenciones y ayudas públicas concedidas.
Únicamente contratos tramitados mediante procedimiento abierto o restringido.
Situaciones administrativas de los empleados públicos.
La relación de bienes muebles e inmuebles con su localización concreta.
Quince días a partir de la recepción de la solicitud.
Veinte días a partir de la recepción de la solicitud.
Un mes a partir de la recepción de la solicitud.
Dos meses a partir de la recepción de la solicitud.
Centro de Inserción Social.
Departamentos para jóvenes.
Unidades Dependientes.
Departamento mixto.
Ministerio de Justicia.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
Ministerio del Interior.
Ministerio de Presidencia.
En situación asimilada de alta.
En situación de servicios especiales.
En situación de suspensión de la relación laboral aunque conservando sus retribuciones íntegras.
En situación de servicio activo.
Un plan económico-financiero.
Un plan de saneamiento.
Un plan de reequilibrio.
Un plan de sostenibilidad financiera.
Los créditos destinados a arrendamientos financieros.
Los créditos ampliados.
Los créditos extraordinarios que se concedan durante el ejercicio.
Los créditos que establezcan asignaciones identificando perceptor o beneficiario, incluyendo las destinadas a atender transferencias corrientes o de capital al exterior.
En el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
En el establecimiento penitenciario del lugar donde tenga fijada su residencia.
En el establecimiento penitenciario en el que se encuentre ingresado el penado.
En los servicios de gestión de penas y medidas alternativas del lugar donde el penado tenga fijada su residencia.
Al menos dos meses antes de la expiración de los del año anterior.
Antes de finalizar el ejercicio presupuestario inmediatamente anterior.
Al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
Al menos tres meses antes de la expiración del año natural anterior.
Un anticipo de tesorería.
Una ampliación de crédito.
Un crédito extraordinario o suplementario.
Una modificación de crédito.
10.
12.
13.
11.
Susceptible de recurso de queja.
No es susceptible de recurso.
Susceptible de recurso de casación por infracción de ley.
Susceptible de recurso de revisión.
Que los hechos a los que alude el referido artículo 368 del Código Penal se cometan durante la noche o en zonas alegadas de núcleos urbanos.
Que las sustancias a que se refiere este último precepto se faciliten a menores de dieciocho años, a disminuidos psíquicos o a personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación.
Que las indicadas sustancias proceden de países afectados por grave subdesarrollo económico o que se hubieren transportado a España por personas en situación ilegal.
Que en la introducción en España de tales sustancias se hayan empleado vehículos, naves o aeronaves dotados de medios tecnológicos que dificulten su localización.
Todos los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones.
Las subvenciones con asignación nominativa.
Los gastos igual o mayores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero.
Los gastos a partir de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija.
Verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.
La comprobación de la real y efectiva aplicación de los ingresos.
Verificar el cumplimento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que preceptivamente deban estar incorporados en el expediente.
La comprobación de la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.
Los mayores de sesenta y cinco años.
Los condenados por delito doloso que no hayan obtenido la rehabilitación.
Los funcionarios de instituciones penitenciarias
Los Diputados.
Exclusivamente para formular solicitudes, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos.
Entre otros supuestos, para formular solicitudes, presentar declaraciones de responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar derechos.
Sólo para formular solicitudes, presentar declaraciones de responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar derechos.
Cuando no puedan comparecer personalmente ante la Administración.
Tendrán capacidad jurídica pero no de obrar ante las Administraciones Públicas.
Siempre tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas.
Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas cuando la Ley así lo declare expresamente.
Sólo tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas en los supuestos previstos reglamentariamente.
No contempla la adopción de medidas cautelares.
Se instruye por el Juez de Menores.
Podrá concluir con sentencia de conformidad.
No permite que se anticipe el fallo in voce por el Juez de Menores.
No podrá ser inferior a 20 días a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en contrato de obras.
No podrá ser inferior a 26 días a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación.
Será de al menos 10 días desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación, en contratos de obras y tramitación urgente.
No podrá ser superior a 15 días a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación.
Quince días.
Diez días.
Un mes.
Un año.
12.
10.
9.
13.
Cuando así lo solicite la Junta de Tratamiento, poniéndolo en conocimiento del Centro Directivo.
Cuando así lo solicite la Junta de Tratamiento y se obtenga la autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Cuando así lo autorice la Junta de Tratamiento, poniéndolo en conocimiento del Centro Directivo.
Cuando así lo autorice la Junta de Tratamiento, poniéndolo en conocimiento del Juez de Vigilancia.
8.2.
6.
9.2.
15 bis.
Un contrato de obras con valor estimado de 100.000 euros.
Un contrato de suministros con valor estimado inferior a 80.000 euros con criterios de adjudicación sometidos a juicio de valor con una ponderación del 25%.
Un contrato de servicios con valor estimado de 30.000 euros que se evaluará únicamente con criterios de adjudicación cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas.
Un contrato de servicios con valor estimado de 80.000 euros.
Los Agentes Diplomáticos de Estados extranjeros acreditados en España.
El Fiscal General del Estado.
Los miembros del Gobierno cuando la declaración verse sobre cuestiones de las que no hayan tenido conocimiento por razón de su cargo.
El Rey emérito.
La Audiencia Provincial del lugar en el que el delito se hubiese cometido.
El órgano judicial competente para la instrucción.
La Audiencia Nacional.
El órgano judicial que hubiese dictado sentencia firme.
Los contratos de obra.
Los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales.
Los arrendamientos financieros.
Los compromisos derivados de la carga financiera de la Deuda.
Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas y sistema mayoritario.
Las elecciones a las Juntas de Personal y los Delegados de Personal se realizarán mediante listas abiertas y sistema mayoritario.
Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario.
Las elecciones a las Juntas de Personal y los Delegados de Personal se realizarán mediante listas cerradas y sistema proporcional corregido.
Exige para su aplicación que el delito enjuiciado sea flagrante.
Se aplicará al enjuiciamiento de delitos que estén castigados con una pena privativa de libertad no superior a nueve años.
No podrá aplicarse cuando se acuerde el secreto de las actuaciones.
Se aplicará siempre que se trate de delitos cuya instrucción sea presumiblemente sencilla.
Subsecretario.
Secretario General Técnico.
Subdirector General.
Secretario de Estado.
Todos los lotes constituirán un contrato.
Cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que todas las ofertas constituirán un contrato.
Cada lote constituirá un contrato, incluso en los casos en que se presenten ofertas integradoras.
Todos los lotes se entenderán siempre como un único contrato, salvo en el caso de que sobrepasen el número de diez lotes.
Los Presidentes de las dos Cámaras de las Cortes Generales.
El Presidente del Congreso.
El Presidente del Senado.
El Consejo de Estado.
Sí, cuando algún Ministro se halle en territorio extranjero.
Nunca.
Sí, únicamente en situaciones excepcionales, por decisión motivada del Presiente del Gobierno.
Sí, cuando se acuerde por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
Rebelión.
Terrorismo.
Atentado contra la autoridad.
Sedición.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional.
La Sala de Apelación del Tribunal Supremo.
Ningún órgano judicial, toda vez que no cabe este tipo de recursos contra las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Podrá prorrogarse un máximo de dos años.
No podrá prorrogarse.
Podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena efectivamente impuesta en la sentencia.
Podrá prorrogarse hasta el límite de la pena efectivamente impuesta.
Sociedad Mercantil Estatal.
Organismo Autónomo.
Agencia Estatal.
Entidad pública empresarial.
Ministerio de Política Territorial.
Tribunal de Cuentas.
Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Intervención General de la Administración del Estado.
Plazo de nueve meses a partir de la publicación de la Ley.
Plazo de quince días hábiles siguientes a su publicación.
Plazo de tres meses a partir de la publicación de la Ley.
En cualquier momento mientras dure la vigencia de la Ley.
No.
Únicamente el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
Solamente los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria ordinarios, nunca el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
Sí.
Son vinculantes en todos los asuntos que haya de entender el Consejo en Pleno.
No, en ningún supuesto.
Son vinculantes solo en el supuesto que la consulta al Consejo de Estado sea preceptiva.
No serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario.
Podrán ser objeto de delegación de competencias.
Podrán ser únicamente objeto de delegación de competencias cuando ésta sea refrendada por el Rey.
Podrán ser objeto de delegación de firma.
En ningún caso podrán ser objeto de delegación de competencias.
No está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, únicamente ante el orden jurisdiccional penal.
Está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo cuando sea necesario para evitar situaciones de indefensión.
Está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los procesos que determine la Ley.
Siempre está legitimado ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Director General de la Guardia Civil, Director General de la Policía, Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, Director General de Coordinación y Estudios.
Director General de la Policía, Director General de la Guardia Civil, Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, Director General de Coordinación y Estudios.
Director General de la Guardia Civil, Director General de la Policía, Director General de Coordinación y Estudios, Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
Director General de la Policía, Director General de la Guardia Civil, Director General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
El contenido y forma de sus actos no excederán de los necesario para alcanzar los objetivos determinados en los Tratados.
Intervendrá en los ámbitos que no sean de su competencia en la medida en que los objetivos no puedan ser alcanzados por los Estados Miembros de forma suficiente.
Ejercerá exclusivamente las competencias que los Estados Miembros le hayan atribuido en los Tratados.
En el ejercicio de sus competencias podrá ir más allá del poder de acción que ostenta, si así lo requiere la consecución de los objetivos determinados en los Tratados.
Sí, como al resto del personal funcionario de la Administración Pública.
Solo se aplicará directamente al personal interino al servicio de la Administración de Justicia, de acuerdo con el artículo 5 del TREBEP.
Sólo se aplicará directamente cuando así lo disponga su legislación específica.
No, pues así lo dispone expresamente el artículo 4 del TREBEP.
Se cometa en presencia de menores de edad.
El responsable sea docente.
Se cometa en lugares públicos.
Se difunda a través de internet.
Podrá seguir desempeñándolas siempre que llevara realizándolas los últimos tres años de forma ininterrumpida.
Podrá seguir desempeñándolas.
Podrá optar a ocupar un puesto de superior categoría profesional previo informe de la comisión paritaria del vigente convenio colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado.
No podrá seguir desempeñándolas a partir del 1.11.2015.
Tal conducta no es constitutiva de delito, solo de infracción administrativa.
Aunque no concurra ánimo de lucro.
Si la entrada o tránsito se producen a través del espacio marítimo español.
Si existe ánimo de lucro.
Los funcionarios públicos, los jurados y árbitros, los peritos y mediadores designados judicialmente, los albaceas, tutores y curadores, y cualquier persona que participe en el ejercicio de la función pública.
Los funcionarios públicos y particulares.
Los funcionarios púbicos, los particulares, los jurados y árbitros, mediadores y peritos designados judicialmente, y los administradores concursales.
Los funcionarios públicos, los jurados y árbitros, mediadores, peritos, administradores concursales y cualquier persona que participe en el ejercicio de la función pública.
Sí, cuando hubiera sido condenado por dos o más delitos contra la vida, libertad, integridad física y libertad e indemnidad sexuales castigados con la pena máxima de prisión de más de cinco años y se aprecie fundadamente un riesgo grave de que pueda cometer delitos de la misma naturaleza.
Sí, cuando hubiera sido condenado por uno o más delitos de terrorismo u otros delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal.
No, al considerarse la medida desproporcionada por el arraigo que tiene en España.
Los ciudadanos de la Unión Europea no podrán ser expulsados del territorio español al existir la libre circulación de personas y de residencia en el ámbito de la Unión Europea.
De tres a cinco años.
De dos a cinco años.
De tres a cuatro años.
De dos a cuatro años.
No está tipificada en el Código Penal.
Es constitutiva de delito salvo que la resolución o sentencia se dicte en un proceso por delito leve.
Es constitutiva de delito cuando tiene lugar por imprudencia grave o so pretexto de oscuridad, insuficiencia o silencio en la Ley.
Es constitutiva de delito cuando tiene lugar tanto por imprudencia grave como por ignorancia inexcusable.
Un porcentaje no superior al dos por ciento de las vacantes para personas con discapacidad física.
Un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
Un número de plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, suficientes para garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos.
Un número de plazas no inferior al cuatro por ciento para ser cubiertas entre personas con discapacidad.
Por razón de violencia terrorista.
Por razón de acoso laboral.
Por haber sido víctima de delitos contra la integridad moral.
Por razón de acoso sexual.
La sanción de aislamiento en celda podrá suspenderse su efectividad o aplazarse su ejecución.
Ningún hecho que cometa un interno, que pudiese ser constituido de delito, podrá ser sancionado disciplinariamente hasta que exista resolución judicial.
En el ámbito del régimen disciplinario de los internos, está prohibida la aplicación analógica.
Las sanciones que se impongan a los internos, podrán ser revocadas o reducidas.
Ordenará, en cualquier caso, la apertura del oportuno expediente disciplinario.
Acordará siempre la apertura de una información previa siempre que exista denuncia de un interno de un hecho susceptible de sanción disciplinaria.
Podrá ordenar la apertura de una información previa.
Deberá acordar la apertura de una información previa.
En situación asimilada al servicio activo, de acuerdo con el artículo 84.1 del TREBEP.
En situación de servicio en otras Administraciones Públicas, como dispone el artículo 87.1 del TREBEP.
En excedencia voluntaria por interés público.
En situación de servicios especiales.
Sí, con el límite del duplo del Salario Mínimo interprofesional.
Sí, en los supuestos de que el funcionario no haya realizado la jornada completa o haya ejercitado el derecho de huelga.
No, pues ello tendría un carácter de multa de haber prohibida por el actual Estatuto Básico del Empleado Público.
No, excepto si el funcionario sancionado por cualquier falta muy grave con perjuicio a los ciudadanos.
Se dictará resolución motivada por la Comisión Disciplinaria.
El Instructor lo pondrá de manifiesto al interno para que alegue verbalmente ante la Comisión Disciplinaria lo que estime pertinente.
El Instructor lo pondrá de manifiesto al interno para que alegue por escrito lo que estime conveniente en el plazo de diez días.
El Instructor formulará propuesta de resolución y la elevará, junto con el expediente, a la Comisión Disciplinaria.
Será computado como tiempo de cumplimiento de la condena, salvo en el supuesto de condenas superiores a tres años de libertad, en que no se computará.
Será computado como tiempo de cumplimiento de la condena, salvo en el supuesto de condenados por la comisión de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, en que no se computará.
Será computado como tiempo de cumplimiento de la condena.
No será computado como tiempo de cumplimento de la condena.
Podrán contratar verbalmente en cualquier supuesto.
No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia en los términos regulados en la propia ley.
Podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato esté sujeto a regulación armonizada.
No podrán contratar verbalmente en ningún supuesto.
El artículo 53 del TREBEP.
El artículo 34.2 del TREBEP.
El Título IV, Capítulo I del TREBEP.
Los artículos 23 y 24 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
Aprobar las normas de régimen interior del Centro.
Fijar los recuentos ordinarios de internos.
Impulsar y supervisar las actuaciones de los restantes órganos.
Determinar la composición de los Equipos Técnicos.
A su pensión de jubilación con una revalorización indefinida del duplo del índice anual de precios al consumo.
Al 30 por 100 de la pensión de jubilación que le corresponda con arreglo al Régimen de Clases Pasivas.
Al 70 por 100 de la pensión de jubilación que le corresponda con arreglo al Régimen de Clases Pasivas.
Al 50 por 100 de la pensión de jubilación que le corresponda con arreglo al Régimen de Clases Pasivas.
Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2 de la Ley 39/2015.
La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
Los actos administrativos una vez publicados en el Boletín Oficial del Estado.
Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
Recurso de revisión.
Recurso de alzada.
No cabe recurso.
Recurso de reposición.
Superior a ciento veinte mil euros.
Igual o superior a cien mil euros.
Superior a cincuenta mil euros.
Superior a cien mil euros.
Enrico Ferri.
Raffaele Garofalo.
Alexandre Lacassagne.
Dorado Montero.
El Juez de Menores acordará la remisión de lo actuado al órgano legalmente competente.
El Juez de Menores acordará de pleno el archivo de las actuaciones.
El Juez de Menores, oídas las partes, acordará la remisión de lo actuado al Juez Decano, para que ordene el reparto que corresponda.
El Fiscal acordará la remisión de lo actuado al órgano legalmente competente.
Sí, siempre y cuando la pena impuesta no supere los cuatro años de privación de libertad.
Sí, siempre y cuando la pena impuesta no exceda de tres años de privación de libertad.
No.
Sí.
Sí, siendo la pena privativa de libertad prevista para el mismo la prisión de dos a cuatro años.
Sí, siendo la pena privativa de libertad prevista par el mismo la de prisión de seis a doce años.
No, la mutilación genital no se contempla como delito en el Código Penal.
Sí, siempre y cuando la víctima sea menor de seis años.
El principio de proporcionalidad.
El principio de atribución.
El principio de subsidiariedad
El principio de cooperación leal.
No podrán ser demandadas ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
Ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.
Podrán ser parte codemandada si el resultado de su fiscalización es aprobatorio.
Podrán ser demandadas ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo sólo cuando se hayan visto favorecidas por el coto objeto del recurso.
Será de un año contado desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al e la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
Será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera presunto.
Será de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
Será de seis meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
Establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora.
Establecer y regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
Regular la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.
Se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la Ley 39/2015.
Se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, o por la Ley 39/2015 cuando así lo disponga expresamente a su normativa interna de funcionamiento.
En ningún caso se someterán a la Ley 39/2015, siempre se regirán por su normativa específica.
Se regirán por la Ley 39/2015 en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por su normativa específica.
Serán obligatorias para el contratista.
Requieren de la conformidad del contratista.
Serán obligatorias para el órgano de contratación.
Serán potestativas para el contratista.
Cualquier trabajo que presten los trabajadores españoles contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero.
Al trabajo que presten trabajadores españoles contratados en países de habla hispana al servicio de empresas españolas en el extranjero.
Cualquier trabajo que presten trabajadores españoles en el extranjero, ya sea al servicio de empresas españolas o empresas extranjeras.
Al trabajo que preste cualquier trabajador, ya que español o extranjero, al servicio de empresas españolas en el extranjero.
En los capítulos II y III del Real Decreto 33/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Régimen disciplinario de la Administración Púbica.
En los artículos 54 55 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El régimen disciplinario de este personal se regirá por la legislación laboral, en lo no previsto en el título VII del TREBEP.
En el título VII del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), junto con las disposiciones penales que tipifican este tipo de responsabilidad.
Especificarán en sus disposiciones de creación el órgano o unidad responsable de su gestión así como la fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.
Emitirán automáticamente un recibo del asiento que se practique que no tendrá la consideración de copia autenticada del documento que se registra.
Se dividirán en Registro Electrónico General para cada Administración y Registros Auxiliares, independientes y no conectados con el Registro General.
Permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones solo los días hábiles.
Promover la realización de estudios comparados sobre experiencias internacionales en el ámbito de la calidad de las políticas públicas para identificar mejores prácticas en base a las cuales establecer un sistema de acreditación de las Administraciones públicas españolas.
Establecer partenariados estratégicos y fomentar las alianzas púbico-privadas para impulsar la calidad, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social en los servicios públicos.
Mejorar la calidad de los servicios públicos, proporcinar a los poderes públicos información y difusión pública del nivel ofrecido a los ciudadanos.
Formar a los empleados públicos en las materias específicas de la calidad de los servicios, incluyendo técnicas de análisis de demanda y satisfacción, gestión por objetivos, control estratégico y evaluación del desempeño.
3% del total de gastos para operaciones no financieras.
2% del total de gastos de para operaciones no financieras.
4% del total de gastos para operaciones no financieras.
opojust.com usa cookies de analíticas anónimas, propias para su correcto funcionamiento y de publicidad. Nuestros socios (incluido Google) pueden almacenar, compartir y gestionar tus datos para ofrecer anuncios personalizados. Al hacer click en "Aceptar todas", aceptas el uso de todas las cookies. Si rechazas, solo usaremos las cookies necesarias para el funcionamiento básico de la web. Puedes saber más en nuestra página de privacidad y cookies.