Preguntas similares

1. Las aseguradoras de las Administraciones Públicas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

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• ANo podrán ser demandadas ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
• BAnte el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, siempre serán parte codemandada junto con la Administración a quien aseguren.
• CPodrán ser parte codemandada si el resultado de su fiscalización es aprobatorio.
• DPodrán ser demandadas ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo sólo cuando se hayan visto favorecidas por el coto objeto del recurso.

2. Conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

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• ALa falta de impugnación directa de una disposición general, impide la impugnación de los actos de aplicación que se produzcan en aplicación de la misma.
• BLa desestimación del recurso que se hubiera interpuesto contra una disposición general, no impide la impugnación de los actos de aplicación que se produzcan en aplicación de la misma.
• CMientras esté pendiente la impugnación directa de una disposición de carácter general, no es admisible la impugnación de los actos que se produzcan en aplicación de las misma.
• DNo se permite la impugnación directa de una disposición general, únicamente la de aquellos actos expresos o presuntos que resulten de su aplicación.

3. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

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• AEl Tribunal Supremo no necesita plantear cuestión de ilegalidad.
• BCuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo haya dictado una sentencia firme estimatoria al considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicable, tendrá que plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Supremo.
• CCuando un Juez o Tribunal de lo Contencioso-administrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá declarar en la misma sentencia la validez o nulidad de la disposición general.
• DLa cuestión de ilegalidad ha de formularse frente a actos administrativos, no frente a disposiciones generales.