OEP 2016
Fecha del examen 2017-01-21
No se impone sin el consentimiento del penado.
Puede ser pena menos grave o leve.
Es una pena privativa de derechos.
Su ejecución se desarrolla bajo control del tribunal sentenciador.
Unidades Dependientes, Secciones Abiertas, Centros de Inserción Social.
Secciones Abiertas, Unidades Extrapenitenciarias, Centros de Inserción Social.
Centros de Inserción Social, Secciones Abiertas, Unidades Extrapenitenciarias, Comunidades terapéuticas y Unidades Dependientes.
Comunidades Terapéuticas, Secciones Abiertas, Centros de Inserción Social.
29 Jueces, que no renuevan mandato.
Un Juez por cada Estado miembro, es decir, por 29 Jueces con mandato de 8 años que se renuevan cada cuatro años, afectando a la mitad de los Jueces.
28 Jueces, cuyo mandato es de 6 años y se renuevan cada 6 años.
Un Juez por cada Estado miembro, es decir, por 28 Jueces cuyo mandato es de 6 años y se renuevan parcialmente cada 3 años, afectando a la mitad de los Jueces.
Será castigado con pena inferior en grado a la señalada por la ley para la tentativa del delito que corresponda.
Quedará exento de pena por el delito intentado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si estos fueran ya constitutivos de otro delito.
Se le impondrá la pena inferior en dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado.
Quedará exento de responsabilidad penal en todo caso.
Son normas que indican su máximo rango reglamentario dictadas por el Consejo de Ministros en desarrollo de una norma con rango de Ley que así lo prevé.
Tienen el mismo rango que los Reglamentos y, si versan sobre materias de auto organización administrativa, pueden revestir la forma de Orden Ministerial.
Son normas con rango de Ley dictadas por el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes.
Son normas que puede elaborar la Diputación Permanente del Congreso de Diputados cuando se han disuelto las cámaras, y que podrá hacer siempre que existan razones de urgencia.
Sin dilación, y en todo caso en el plazo de diez días.
Sin dilación, en el mismo día o al siguiente hábil.
Sin dilación, y en todo caso en el plazo máximo de tres días.
En el plazo máximo de cinco días hábiles.
Dar traslado de cuantas disposiciones o resoluciones afecten al servicio.
Llevar las estadísticas y formalizar los resúmenes dentro del plazo ordenado por el Centro Directivo.
Supervisar los libros de contabilidad, autorizar los pagos de caja y la extracción de fondos del banco.
Dirigir, coordinar y supervisar la ejecución de las directrices relativas a la gestión económica-administrativa.
La clasificación económica distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración General del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y otras entidades, según proceda.
En los ingresos de capital se distinguirán activos financieros y pasivos financieros.
En los ingresos corrientes se distinguirán: impuestos directos, cotizaciones sociales, impuestos indirectos, tasas, precios públicos y otros ingresos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales.
Los artículos se desglosarán en capítulos y éstos, a su vez, en conceptos que podrán dividirse en subconceptos.
Anual
Cuatrimestral
Semestral
Trimestral
No, el servicio de cafetería sólo puede ser gestionado por una empresa externa adjudicataria por contrato administrativo de servicios.
Sí, mediante la fórmula de taller productivo.
El Servicio de cafetería no existe, sólo existen los servicios de economato y cocina.
No, el servicio de cafetería sólo puede ser gestionado por la propia Administración Penitenciaria.
Que el interno disponga de un medio efectivo y verificable de subsistencia, o que alguna asociación o institución pública o prvada garantice su acogida en libertad y establezca procedimientos que aseguren las posibles carencias en materia sociolaboral.
Verificar que el interno afianza su situación sociolaboral y asume sus responsabilidades económicas, familiares y terapéuticas; a tal fin se emitirá por el Equipo Técnico un pronóstico favorable de comportamiento futuro.
Que el interno esté haciendo frente a las responsabilidades civiles señaladas en sentencia firme y que dispone de medios efectivos para vivir en el exterior. También se valorará que disponga de apoyos externos en materia sanitaria, familiar y sociolaboral.
Ayudar al interno a que inicie la búsqueda de un medio de subsistencia para el futuro o, en su defecto, encontrar alguna asociación o institución pública o privada para su apoyo o acogida en el momento de su salida en libertad.
Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima o el hecho de tener un trastorno mental, la hubiera colocado en una situación de total indefensión y en todo caso, cuando sea menor de diez años.
Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.
Una declaración en la que figure la información prevista en el Artículo 9.2.
Una declaración que indique que el condenado es nacional de dicho Estado.
Una certificación oficial indicando que el condenado es nacional de cualquiera de los Estados Europeos.
Una copia de las disposiciones legales del Estado de cumplimiento de las cuales resulte que los actos u omisiones que hayan dado lugar a la condena en el Estado de condena constituye una infracción penal con arreglo al derecho del Estado de cumplimiento o la constituirían si se cometiera en su territorio.
El número de reuniones previstas.
Los subsecretarios del Estado que la integren.
El miembro del gobierno que asumirá las funciones de secretario.
El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.
Las tres respuestas anteriores son falsas.
A quien estando autorizado, sin embargo elabore sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los despache o suministre.
A quien en cualquier circunstancia almacene, comercie, expenda o facilite el acceso a sustancias nocivas para la salud o productos químicos que puedan causar estragos.
A quien publique, difunda o anime a terceros al consumo de sustancias nocivas para la salud o facilite mecanismos y procedimientos para obtener dichas sustancias.
Consejo de Dirección
Junta de Tratamiento
Subdirector de Tratamiento
Centro Directivo
Las secciones del Tribunal Constitucional conocerán de asuntos que, atribuidos a la justicia constitucional, no sean competencia del Pleno.
Conoce de los recursos de amparo por violación de los derechos y libertades públicas relacionados en el Artículo 53.2 de la Constitución.
El Tribunal actúa en Pleno, Sala o Sección.
El Tribunal en Pleno conoce de los recursos previos de inconstitucionalidad contra proyectos de Estatutos de Autonomía y contra propuestas de reforma de los Estatutos de Autonomía.
En todos los casos, tras el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva.
Tras el cumplimiento de 20 años de prisión efectiva, salvo en casos excepcionales, pero nunca por periodo inferior a cinco años de prisión.
En todos los casos, tras el cumplimiento de 15 años de prisión efectiva.
Sin tener en cuenta los plazos de prisión efectiva, por los motivos recogidos en el apartado 3º del Artículo 36 del vigente Código Penal.
Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.
La mora del contratista precisará la intimación previa de la administración.
Si la Administración opta por la resolución del contrato, ésta se acordará por el órgano de contratación, previo informe del Consejo de Estado que será, en todo caso, preceptivo y vinculante.
Si incurre en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0.20 euros por cada 100 euros de contrato.
Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
Por las Cortes Generales, previo dictamen del Consejo de Estado, en el ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del Artículo 150.
Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.
Registrar minuciosamente por sí o auxiliado de los funcionarios adscritos a la unidad, el contenido de todos los paquetes y encargos que reciban o remitan los internos.
Registrar minuciosamente por sí o auxiliado de los internos de confianza adscritos a la unidad, el contenido de todos los paquetes y encargos que reciban o remitan los internos.
Registrar personalmente el contenido de los paquetes y encargos que reciban los internos clasificados en primer grado.
Registrar personalmente y de forma minuciosa el contenido de todos los paquetes y encargos que reciban los internos que, por razón a su manifiesta peligrosidad e inadaptación, tengan intervenidas las comunicaciones.
Existen dos categorías: Operario Base y Operario Superior.
Existen tres categorías: Operario Base, Operario Superior y Encargado.
Existen tres categorías: Operario Aprendiz, Operario Base y Operario Superior.
No existen categorías, ya que las funciones superiores son realizadas por el personal laboral o por los Maestros de Taller.
Los administradores de bienes de particulares.
Los que se hallen encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de las Administraciones Públicas.
Cualquier particular, si es depositario de caudales o efectos públicos, aunque no haya sido designado legalmente como depositario de los mismos.
Los administradores concursales, si se ven afectados los intereses de los acreedores, alterando el orden de pagos de los créditos establecido en la ley, aunque actuasen de forma imprudente y no dolosa.
Los Presupuestos Generales del Estado.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Hacienda.
La Entidad Bancaria adjudicataria del contrato administrativo.
El Subdirector de Seguridad.
El Consejo de Dirección.
La Junta de Tratamiento.
El Director.
Tiene derecho a disfrutar de permisos extraordinarios y, cumpliendo ciertos requisitos, permisos ordinarios y, como norma general, salidas de fines de semana.
En todo caso, tiene derecho a disfrutar de permisos extraordinarios, permisos ordinarios y en determinadas circunstancias salidas de fines de semana.
En todo caso, tiene derecho a disfrutar de permisos extraordinarios, permisos ordinarios y salidas de fines de semana.
Sólo puede disfrutar permisos ordinarios y salidas de fin de semana.
No hay Director, pero cuenta con nueve asesores.
Subsecretario.
Subdirector General.
Director General.
Como casos excepcionales y sólo en estos casos, si cumplen las jornadas de trabajo impuestas mediante su participación en talleres formativos, o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual, y otros similares.
En los casos en los que se realice el cumplimiento de la pena mediante su participación en talleres o programas.
En todos los casos, pues los penados a trabajo en beneficio de la comunidad no están protegidos por el Régimen General de las Seguridad Social, sino por la normativa establecida en materia de prevención de riesgos laborales.
En los casos en los que la pena impuesta sea inferior a 60 jornadas.
La consecución de una convivencia adecuada que permita asegurar la participación de los internos en las actividades programadas por el centro y garantizar la retención y custodia de los internos.
Garantizar los necesarios niveles de seguridad, orden y disciplina para el correcto funcionamiento del centro y asegurar los fines de la retención y custodia de presos y detenidos.
La consecución de un ambiente adecuado que permita asegurar la retención y custodia de los internos preventivos y que ayude a desarrollar los programas de tratamiento de todos los internos. Las medidas regimentales no podrán significar un obstáculo para las intervenciones de tratamiento.
La consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos.
Es un delito contra la salud pública que castiga con la pena de prisión de dos a seis años.
Es un delito contra la salud pública previsto especialmente para sancionar la actividad ilegal o conductas punibles de cualquier profesional.
Es un delito de estragos que, si ocasionara víctimas o daños medioambientales irreversibles será castigado como delito de atentado terrorista.
Es un delito contra la salud pública previsto especialmente para sancionar la actividad ilegal o conductas punibles de empresas y laboratorios.
Al ser declarada compleja, la instrucción no está sometida a plazo alguno.
Doce meses, pero el instructor de la causa podrá establecer una prórroga por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.
Dieciocho meses, como máximo, sin que el instructor de la causa pueda establecer prórroga alguna, salvo que ésta sea solicitada por las partes.
Dieciocho meses, pero el instructor de la causa pueda establecer una prórroga por igual plazo o uno inferior a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes.
De catorce años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.
De dieciocho años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes de contenido explícitamente pornográfico, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.
De doce años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.
De dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.
Por un delito contra la salud pública a la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal.
Por un delito de lesiones a la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de cuatro a seis años si el órgano fuera no principal.
Por un delito de lesiones a la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a seis años si el órgano fuera no principal.
Por un delito contra la salud pública a la pena de prisión de seis a doce años si se tratara de un órgano principal, y de prisión de tres a cinco años si el órgano fuera no principal.
20 días.
30 días.
10 días
15 días
Encargado de Departamento.
Funcionario de Vigilancia en patio.
Trabajador Social.
Educador.
Los internos penados sobre los preventivos.
La aptitud laboral del interno en relación con las características del puesto de trabajo.
Las cargas familiares.
Los internos en cuyo programa individualizado de tratamiento se contemple el desarrollo de una actividad laboral.
Tres a nueve meses.
Uno a cuatro años.
Seis a nueve meses.
Seis a doce meses.
Los que, sin haber sido parte, resulten condenados en la sentencia y los herederos de unos y de otros.
Los que hayan sido parte en los procesos criminales.
Los actores civiles en lo que no afecte a las restituciones, reparaciones e indemnizaciones que hayan reclamado.
El Ministerio Fiscal.
Se considerarán independientes, y los recursos de Alzada contra sus resoluciones deberán sustanciarse ante los mismos. Sus decisiones agotarán la vía administrativa y quedará abierta la vía contencioso-administrativa.
Cabe recurso de Alzada, pero su resolución competerá directamente al Subsecretario, por ser el máximo responsable en materia de personal de los Centros Directivos que conforman el Ministerio en cuya organización se inserta el Tribunal u órgano de selección de personal.
Cabe recurso de Alzada, pero su resolución competerá directamente al Titular del Ministerio en cuya organización se inserta.
Se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o, en su defecto, del que haya nombrado al presidente de los mismos.
Rebelión.
Usurpación de las atribuciones.
Invadir, sin alzarse públicamente, con fuerza o violencia o intimidación la sede del Congreso de los Diputados.
Atentado contra la Autoridad.
En particular, asegurarán la identificación del número de registro del procedimiento, el control de accesos mediante la identificación personal o número de código, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la confidencialidad registral.
En particular, asegurarán la identificación de los usuarios, la legitimación activa y el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.
En particular, asegurarán la cuantificación de las solicitudes, el número identificativos de registro y el control de accesos.
Contra dicho auto no cabrá recurso alguno.
Recurso de reforma y, subsidiariamente, recurso de apelación.
Recurso de reforma.
Recurso de apelación.
Está exento de responsabilidad criminal.
Será considerado autor del delito de quebrantamiento de condena, del mismo modo que el penado evadido.
Se le castigará con la pena de multa de tres a seis meses, pudiendo el juez o tribunal imponerle sólo las penas correspondientes a los daños causados o las amenazas o violencias ejercidas.
Se le castigará con la pena superior en grado a la que correspondería al particular que no tenga la condición de afectividad descrita, precisamente en atención a esta vinculación.
Cinco años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de diez años.
Tres años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de cuatro años.
Tres años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años.
Dos años de privación de libertad o, si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de seis años.
En caso de que el penado hubiera cometido los delitos con una edad inferior a los 21 años.
En caso de enfermedad grave o irreversible del penado.
En todos los expedientes de libertad condicional.
En caso de que el expediente se tramite por tener el penado la condición de septuagenario.
La suscripción de un acuerdo de incorporación que constituye el instrumento principal de su definición y regulación.
El Programa de Voluntariado en el que se incorpore.
El Compromiso de participación adquirido con la Entidad en la que colabore.
La firma del Convenio de colaboración entre ambas partes.
Se verificará cada tres meses la eficacia de los programas aplicados en el régimen cerrado, pudiendo intervenir en su valoración distintos equipos técnicos especializados en técnicas de conducta.
Se asegurará la asistencia especializada de equipos facultativos del Establecimiento Penitenciario que garanticen la atención personalizada de los internos que se encuentren en dicho régimen.
Se diseñarán diferentes programas de amplio espectro terapéutico que procuren abordar las raíces de la violencia y de la agresividad de los internos que se encuentren en dicho régimen. Los programas aplicados se verificarán cada tres meses para garantizar la adecuación a los fines previstos.
Se diseñará un programa de intervención especifico que garantice la atención personalizada a los internos que se encuentren en dicho régimen, por equipos técnicos, especializados y estables.
Se efectuará, con carácter general, en el pliego de cargos.
En el procedimiento sancionador ya no se contempla dicho trámite.
Se efectuará siempre en el acuerdo de iniciación del expediente.
Con carácter excepcional se podrá realizar en el pliego de cargos.
De las prestaciones de las Administración Penitenciaria.
Del régimen de los Establecimientos Penitenciarios.
De la organización de los Centros Penitenciarios.
De los permisos de salida.
El Consejo de Dirección.
El Subdirector de Tratamiento.
El Director.
El Centro Directivo.
La detención y prisión preventiva y demás medidas cautelares de naturaleza penal.
La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa y la localización permanente.
Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias se impongan a subordinados o administrados.
Las privaciones de derechos y sanciones reparadoras.
Dos a seis años, no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento y se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado.
Tres a seis años, no podrá ser superior a la duración de la parte de la pena pendiente de cumplimiento y se computará desde el momento en que auto de libertad condicional adquiera firmeza.
Dos a cinco años, no podrá ser inferior a la duración de la parte de pena pendiente de cumplimiento y se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado.
Tres a cinco años, no podrá ser superior a la duración de la parte de la pena pendiente de cumplimiento y se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado.
Ni los Reglamentos ni las Directivas son directamente aplicables a los Estados miembros.
Los Reglamentos y las Directivas son siempre directamente aplicables.
Los Reglamentos son directamente aplicables a los Estados miembros y las Directivas no siempre son directamente aplicables.
Los Reglamentos no son directamente aplicables a los Estados miembros y las Directivas si son directamente aplicables.
Prescribe a los 15 años.
No prescribe.
Prescribe a los 20 años.
Prescribe a los 25 años.
Al año de la entrada en vigor de la Ley.
A partir del 2 de abril de 2021.
A partir del 2 de abril de 2022.
A los dos años de la entrada en vigor de la Ley.
Se llevarán a cabo cacheos de las personas, ropas y enseres de los internos y revisión completa de las puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de las celdas o dormitorios, así como registro de los locales y dependencias de uso común.
Se llevarán a cabo requisa de las personas, ropas y enseres de los internos y cacheos de las puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de las celdas o dormitorios, así como revisión de los locales y dependencias de uso común.
Se llevarán a cabo registros y cacheos de las personas, ropas y enseres de los internos y requisa de las puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de las celdas o dormitorios, así como de los locales y dependencias de uso común.
Se llevarán a cabo requisas y cacheos de las personas, ropas y enseres de los internos y registro de puertas, ventanas, suelos, paredes y techos de las celdas o dormitorios, así como de los locales y dependencias de uso común.
Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Defensor del Pueblo.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Defensor del Pueblo.
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Defensor del Pueblo.
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
Inhabilitación absoluta de seis a diez años.
Prisión de uno a tres años.
Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.
Multa de seis a doce meses.
Ordinarias por locutorios y realizar comunicaciones especiales íntimas acompañando a la madre, así como de convivencia y familiares.
Por locutorios, así como realizar comunicaciones especiales de convivencia y familiares.
Ordinarias por locutorios y comunicaciones especiales familiares.
Ordinarias y todas las comunicaciones de convivencia.
Son los encargados de cumplir todas las reglas de conducta que estime el juez o tribunal imponer a un penado a quien se le ha suspendido la pena privativa de libertad.
Son los encargados del control y cumplimiento de la regla impuesta en los casos de suspensiones de condena, consistente en la participación en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de animales, de igualdad de trato y no discriminación, resolución pacífica de conflictos, parentalidad positiva y otros similares, debiendo informar al juez o tribunal correspondiente con una periodicidad mensual.
Tendrán a su cargo el control y seguimiento de la regla de conducta de prohibición de conducir vehículos a motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor, cuando el sujeto haya sido condenado por un delito contra la seguridad del tráfico.
Son los encargados del control y cumplimiento de la regla de conducta impuesta en los casos de suspensiones de condena, consistente en la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que se determine por el juez.
Salvo que se interponga querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo.
Salvo que se interponga querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal, o cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos no concernientes al ejercicio de su cargo.
Salvo que se interponga querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal. Cuando la comisión de delito se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo los delitos se procesarán y castigarán de manera específica y agravada.
Salvo que se interponga denuncia por escrito de la persona ofendida por el delito o de su representante legal, o cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo.
Estímulo delta.
Estímulo discriminativo.
Estímulo distal.
Estímulo proximal.
Con una periodicidad mensual y cuantas veces lo aconseje la seguridad del establecimiento y dentro del respeto a la dignidad de la persona.
Cuantas veces lo aconseje la seguridad y la garantía de buen orden del establecimiento dentro del respeto a la dignidad de la persona.
Con la periodicidad que reglamentariamente se determine y dentro del respeto a la dignidad de la persona.
Con una periodicidad semanal y cuantas veces lo aconseje la seguridad del establecimiento y dentro del respeto a la dignidad de la persona.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, será remitido a las Cortes Generales antes del día 1 de octubre del año anterior al que se refiera.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado deberá ser remitido al Congreso de los Diputados por la Comisión de Políticas de Gasto.
Los ministerios y demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los Presupuestos Generales del Estado, remitirán al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus correspondientes propuestas de presupuesto.
Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas elevar al acuerdo del Gobierno el anteproyecto de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Los Tratados internacionales válidamente celebrados, tras su publicación en el BOE, forman parte del ordenamiento interno.
Los Tratados internacionales válidamente celebrados, una vez oficialmente publicados en España deberán ser derogados, modificados o suspendidos mediante Decreto-Ley.
La celebración de un Tratado Internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
Para que el Estado se obligue por medio de Tratados no siempre se requiere la autorización de las Cortes Generales.
Las Universidades podrán establecer fórmulas de reconocimiento académico de las actividades de voluntariado realizadas por sus estudiantes.
Las Administraciones públicas participarán en el desarrollo de campañas de divulgación y reconocimiento de las actividades del voluntariado.
Los voluntarios podrán disfrutar de los beneficios que puedan establecerse con el exclusivo objeto del fomento, reconocimiento y valoración social de la acción voluntaria.
Las Administraciones públicas y las empresas o instituciones privadas podrán promover y facilitar, de acuerdo con la legislación laboral o de empleo público, la adopción de medidas de reducción o adaptación de la jornada laboral para que los trabajadores puedan ejercer sus labores de voluntariado.
Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una operadora de servicios de comunicaciones electrónicas.
Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde exclusivamente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Por un periodo renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Por un periodo no renovable de cinco años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Por un periodo no renovable de cuatro años mediante Real Decreto, a propuesta del titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Por un periodo renovable de cinco años mediante Orden Ministerial.
Consiste en la presentación de una consecuencia desagradable que da como resultado una disminución de la respuesta (conducta).
Consiste en la eliminación (retirada) de una consecuencia agradable que da como resultado una disminución de la respuesta (conducta).
Consiste en la presentación de una consecuencia agradable que da como resultado un aumento de la respuesta (conducta).
Consiste en la retirada de una consecuencia desagradable que da como resultado un aumento de la respuesta (conducta).
La superación de cursos y período de prácticas.
Los de oposición y concurso. El concurso-oposición sólo se aplicará al personal laboral.
La valoración de méritos.
Los de oposición, concurso-oposición y concurso. El concurso se aplicará a los funcionarios de carrera excepcionalmente y en virtud de ley.
Eficacia, dependencia jerárquica, desconcentración, descentralización, coordinación y sometimiento pleno a la Ley.
Independencia, inamovilidad, responsabilidad y sometido únicamente al imperio de la ley.
Unidad, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.
Transparencia, dependencia jerárquica, eficiencia, responsabilidad y estabilidad.
La orden europea de detención y entrega.
El mandamiento de evicción.
La orden europea de investigación.
La resolución de decomiso.
Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
El valor de la defraudación no supere los 50.000 €.
Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
Será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.
Será castigado con la pena de multa de seis meses a dieciocho meses.
Será castigado con la pena de multa de diez meses a dieciocho meses.
Será castigado con la pena de multa de doce meses a dieciocho meses.
No podrá fijar plazo alguno para volver a conocer de la misma, debiendo resolverla en cuanto se presente nuevamente.
Podrá fijar un plazo de tres meses, que motivadamente podrá ser prolongado a un año, hasta que la pretensión pueda ser nuevamente planteada.
Podrá fijar un plazo de seis meses, que motivadamente podrá ser prolongado a un año, hasta que la pretensión pueda ser nuevamente planteada.
Podrá fijar un plazo de tres meses durante el cual la pretensión no podrá ser nuevamente planteada.
Una vez solicitada por parte del funcionario la rehabilitación, si transcurrido el plazo para dictar resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá estimada la solicitud.
El interesado una vez extinguida la pena, no podrá solicitar la rehabilitación.
Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas, una vez extinguida la pena, podrán conceder con carácter excepcional y de oficio, la rehabilitación, a petición del interesado atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido.
Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido.
Artículo 50 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y Artículo 53 Reglamento Penitenciario.
Artículo 49 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y Artículo 52 Reglamento Penitenciario.
Artículo 3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y Artículo 52 Reglamento Penitenciario.
Artículo 47 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y Artículo 53 Reglamento Penitenciario.
Si hubiesen suspendido el cumplimiento de una orden dada en legal y debida forma por sus superiores, y tras una primera desobediencia a su cumplimiento, dichos superiores hubiesen desaprobado la suspensión.
Si reciben la orden de ejecutar una resolución de autoridad superior, cuyo cumplimiento constituiría una infracción manifiesta, clara y terminante de una disposición general, y se negasen a su ejecución.
Si reciben una orden de autoridad superior, en el ámbito de su competencia, y revestida de las formalidades que precise, pero manifiestan de forma clara y precisa su desobediencia, por no compartir la decisión adoptada.
Si se negasen abiertamente al cumplimiento de una resolución judicial, decisión u orden de autoridad superior, si dichas resoluciones, decisiones, u órdenes, no se les trasladan por escrito.
No cabe recurso.
Recurso de apelación.
Recurso de reforma y subsidiario de apelación.
Recurso de reforma.
Sanidad e higiene.
La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
Asistencia social.
Si los hechos fueran perpetrados en las inmediaciones de establecimientos abiertos al público. Si el culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.
Si el culpable participare en otras actividades organizadas o cuya ejecución se vea facilitada por la comisión del delito.
Si al culpable se le encontrara algún arma de fuego en su domicilio o entre sus pertenencias.
Si se comprueba que el culpable tiene la condición de Autoridad, Funcionario público, Facultativo, trabajador social, docente o educador.
Al Presidente de la Entidad.
Al Consejo de Administración de la Entidad.
Al Director-Gerente de la Entidad.
Al Jefe de Área Financiera de la Entidad.
La pauta general es que su cumplimiento se realice en sábados y domingos, o de forma no continuada.
El penado está obligado a permanecer en su domicilio hasta una duración máxima de seis meses, sin poder abandonarlo.
Podrá acordarse por el juez la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.
Si está prevista como pena principal, tendrá una duración mínima de tres meses.
Asesorar en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.
Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley.
Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
Si son detenidos y presos, a la Autoridad Judicial de la que dependan y al Juez o Tribunal sentenciador si son penados.
En tanto no concluya el proceso judicial abierto no se podrá trasladar a los internos preventivos. En caso de traslado de internos penados se deberá comunicar el mismo al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Todos los traslados deben ser comunicados al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
En el caso de los detenidos y presos, a la Autoridad Judicial de que dependan y, en el caso de los penados, al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente.
Como principio de conducta, respetar la Constitución y el resto de normas que integran el ordenamiento jurídico tal y como establece el Artículo 53.1.
Como principio de conducta, mantener actualizada su formación y cualificación, tal y como establece el Artículo 54.8.
Como principio ético, observar las normas de seguridad y salud laboral, tal y como establece el Artículo 54.9.
Como principio ético, garantizar la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio, tal y como establece el Artículo 54.11.
Exclusivamente los médicos, psicólogos y veterinarios.
Los médicos, psicólogos, las personas con posesión de título sanitario, los veterinarios, los farmacéuticos y sus dependientes.
Los médicos, psicólogos, biólogos o grados sanitarios, los veterinarios y los farmacéuticos.
Únicamente los médicos, psicólogos, veterinarios y farmacéuticos.
Cuando, resuelta una cuestión prejudicial por un tribunal penal, se dicte con posterioridad sentencia firme por el tribunal no penal competente para la resolución de la cuestión que resulte contradictoria con la sentencia penal.
Que después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de hechos o elementos de prueba, que, de haber sido aportados, hubieran determinado la absolución o una condena menos grave.
Que haya recaído sentencia penal firme condenando por el delito de prevaricación a alguno de los magistrados o jueces intervinientes en virtud de alguna resolución recaída en el proceso en el que recayera la sentencia cuya revisión se pretende, sin la que el fallo hubiera sido distinto.
Que sobre el mismo hecho y distintos encausados hayan recaído dos sentencias firmes.
El pago de una multa, que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión.
El pago de una multa, cuya extensión determinará el juez o tribunal en atención a las circunstancias del proceso, especialmente indicada como medida en todos los casos en los que el delito se cometa sobre la mujer por quien sea o haya sido cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aún sin convivencia.
El sometimiento de las partes a un proceso de mediación, aunque no se alcance un acuerdo.
La realización de trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente cuando resulte adecuado como forma de reparación simbólica a la vista de las circunstancias del hecho y del autor.
Procederá a dictar auto de prisión, sin más trámite, ya que los autos de prisión y libertad provisional y fianza son reformables durante todo el curso de la causa.
En ningún caso podrá dictar auto de prisión si no lo solicita el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora.
Procederá a dictar auto de prisión, pero deberá convocar, para dentro de las 72 horas siguientes, la comparecencia a la que se refiere el Artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
El Artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no regula los requisitos que deben concurrir para decretar la prisión provisional.
Sí, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Deberá exponer los motivos por los que solicita la información que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
No, el solicitante no está obligado en ningún caso a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
Sí, ya que la ausencia de motivación será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
Aprobación por las Cortes Generales por mayoría simple, previo dictamen favorable del Consejo de Estado.
Aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.
Aprobación por las Cortes Generales, mediante ley de bases.
Aprobación por las 3/4 partes del Congreso, mediante ley orgánica.
No son recurribles.
A la Central Penitenciaria de Observación, en los primeros grados.
Al Juez de Vigilancia penitenciaria, siempre.
Al Ministerio Fiscal.
La Oficina de Mantenimiento.
La Oficina de Administración.
La Jefatura de Servicios o de Centro.
La Oficina de Dirección.
Sólo si son requeridos por la fuerza pública o un agente de la autoridad.
Si son miembros de la Administración de Justicia.
Sólo si el auxilio solicitado lo es para evitar la comisión de delitos de los que son enjuiciados por tribunales de jurado.
Si son requeridos por la autoridad competente.
Funcionario de servicio en enfermería.
Funcionario Encargado de unidad de servicio en galería o departamento.
Funcionario de servicio en rastrillo.
Funcionario de vigilancia en unidad de servicio en galería o departamento.
Artículo 57.
Artículo 55.
Artículo 56.
Artículo 58.
El testimonio literal de la sentencia o sentencias y la correspondiente liquidación de condena.
La ficha de filiación.
El informe pronóstico del Equipo de Tratamiento.
El protocolo.
No podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable y vinculante tiene que ser informado por la Comisión Delegada de Política Autonómica.
Podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
Podrán disponer de su propio registro electrónico que podrá ser plenamente operable y estar intercomunicado con el resto de registros administrativos siempre que exprese la identificación del centro directivo del que depende.
No podrán disponer de su propio registro electrónico salvo que tenga acceso interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la que depende.
Por el Congreso de Diputados.
Por el Congreso y el Senado quien, con carácter previo, preceptivo y vinculante tiene que ser informado por la Comisión Delegada de Política Autonómica.
Por el Consejo General del Poder Judicial para evitar la tacha de inconstitucionalidad y garantizar la coherencia interna del ordenamiento jurídico administrativo. La Resolución se publicará en el BOE.
Por el Consejo de Ministros en pleno, que publicará en el BOFE, con forma de Orden del Gobierno, el acto de convalidación.
Cuando el acuerdo en segundo o tercer grado sea por mayoría excepto en primer grado.
Cuando el acuerdo en segundo o tercer grado sea por unanimidad.
Cuando el acuerdo comporte cambio de centro de destino, el traslado se hará efectivo en el mismo momento de acuerdo unánime de la Junta de Tratamiento.
Cuando el acuerdo de clasificación en primer grado sea por unanimidad.
De los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito.
De todas las personas que hayan participado en el hecho delictivo.
De aquellos que hubieran sido considerados autores materiales del hecho delictivo, aunque no hubieran tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción.
De los cómplices, aunque no hayan tenido conocimiento de ellas en ningún momento de la ejecución del delito.
Al Equipo Técnico.
A la Junta de Tratamiento.
Al Subdirector de Tratamiento.
Al Director.
La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
La resolución posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración con un contenido vinculado al sentido del silencio.
La contestación expresa posterior al inicio del procedimiento contencioso-administrativo se adoptará por la Administración de manera congruente al sentido del silencio.
La comunicación posterior al vencimiento del plazo se realizará por la Administración al órgano inferior que debía haber resuelto.
No incurre en un delito de prevaricación. Dicho delito sólo puede tener como sujeto activo a un juez o magistrado.
Incurre en un delito de prevaricación, sólo si su toma de posesión lo es para el ejercicio de un puesto de alto cargo en la Administración General de Estado o en la Administración Autonómica.
Incurre en un delito de prevaricación, del mismo modo que quien como autoridad o funcionario público propuso la toma de posesión, si igualmente conoce que el propuesto carece de los requisitos legales para el puesto.
No incurre en un delito de prevaricación. Sólo comete dicho delito la autoridad o funcionario público que propuso su toma de posesión, y siempre que conociese que la persona propuesta no reúne los requisitos legalmente exigibles.
Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las disposiciones reglamentarias que procedan.
Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.
Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado.
Las sesiones de asesoramiento psicopedagógico del Artículo 66.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
La potenciación de los contactos del interno con el exterior del Artículo 110 del vigente Reglamento Penitenciario.
Las actividades de salida contempladas en el Artículo 47.1 y 48 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
La formación y el perfeccionamiento profesional del Artículo 66.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Los interesados sólo podrán promover la recusación hasta el trámite de audiencia.
Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de cinco días.
Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación cabe recurso de reposición.
Los interesados podrán promover la recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
El Director.
Un jurista del Centro.
El Gestor Económico-Administrativo.
El Administrador.
Título XIII del C.P.
Título XI del C.P.
Título XIII bis dell C.P.
Título XII del C.P.
Los partidos políticos.
La protección del medio ambiente.
El derecho de acceso a la información pública no podrá ser limitado en ningún caso.
La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, exclusivamente.
Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, y autorizar indultos generales.
Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos.
Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
No puede autorizarse la entrada de medicamentos procedentes del exterior por razones de salud, seguridad y buen orden del Establecimiento.
A instancia del Médico o del interno.
A instancia exclusivamente del Médico.
A instancia exclusivamente del interno.
Ocasionando daños de especial gravedad o afectando a un número elevado de sistemas informáticos.
Introduciendo o transmitiendo datos.
Inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.
Destruyendo o dañando un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.
La Dirección del Establecimiento.
El Centro Directivo.
El Consejo de Dirección.
El Subdirector de Tratamiento.
Anualmente por el Consejo de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo u órgano autonómico equivalente.
Trimestralmente por el Consejo de Dirección, siguiendo las pautas de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Mensualmente por el Administrador del Establecimiento Penitenciario a propuesta del Gestor de Producción.
Semestralmente por el Área Económico-Administrativa de la Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
Ley 13/2014 de 14 de julio de transformación del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.
La Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
Real Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Del posible control que puedan ejercer unos internos individual o grupalmente como forma de oposición a las actividades programadas.
La forma de realizar las tareas correspondientes a los destinos asignados.
Del posible control regimental para evitar incidentes.
Del influjo beneficioso o nocivo que, en su caso, ejercieren sobre los mismos.
Subdirector de Régimen, Subdirector de Seguridad, Administrador, un Jurista, y un Jefe de Servicios y funcionario elegidos por la plantilla del Centro Penitenciario.
Subdirector de Régimen, Subdirector de Seguridad y un Jefe de Servicios y un Funcionario elegidos por la plantilla del Centro Penitenciario.
Subdirector de Régimen, Subdirector de Seguridad, el Médico y un Jefe de Servicios y un Funcionario elegidos por la plantilla del Centro Penitenciario.
Subdirector de Régimen, Subdirector de Seguridad, un Jurista y, además, un Jefe de Servicios y un Funcionario elegidos por la plantilla del Centro Penitenciario.
Sólo cuando se es autoridad pública, con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos incluidos en los Títulos VI, VII, VIII y IX del Código Penal.
Si el funcionario público abandona el destino, con el propósito de no impedir o no perseguir los delitos incluidos en los Títulos XXII, XXIII, XXIV y XXV del Código Penal.
Si la autoridad o el funcionario público abandona el destino, con el propósito de no impedir o no perseguir los delitos incluidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV del Código Penal.
Si la autoridad o el funcionario público abandona el destino con el propósito de no ejecutar las penas impuestas por autoridad judicial competente.
Podrá ser condenado a la misma pena que si se solicitase sexualmente a la persona que se encuentre privada de libertad en centro penitenciario.
Podrá ser condenado con una pena inferior en un grado, con respecto a la persona que se encuentra interna en establecimiento penitenciario.
Sólo cometerá delito si se prueba que la persona solicitadas es vulnerable, atendiendo a su edad, discapacidad, o situación.
No incurrirá en un delito.
En ningún caso.
Sólo en los casos de pertenecer a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado.
Si viniese obligado por razón de su cargo.
En todo caso.
Autos.
Diligencias.
Acuerdos.
Providencias.
Los recursos de reforma y apelación se interpondrán ante el mismo Juez que hubiere dictado el auto.
El recurso de queja se interpondrá ante el Tribunal superior competente.
Los recursos de reforma y apelación se interpondrán ante el tribunal superior competente.
Contra las resoluciones del Juez de Instrucción podrán ejercitarse los recursos de reforma, apelación y queja.
La ficha de información básica para cada persona que ingrese en un centro penitenciario.
A los penados sometidos únicamente a trabajos en beneficio de la comunidad.
A cualquier persona que esté en situación de detención.
A cualquier penado, independientemente del tipo de pena, dependiente de la Administración Penitenciaria.
En ningún caso.
Sin la previa y expresa autorización del Centro Directivo.
Sin la previa y expresa autorización de la Junta Económico-Administrativa del Centro.
Sin la previa comunicación al Centro Directivo, pero sin que sea necesaria autorización expresa de éste.
No está prevista en estos casos la tramitación de un indulto particular.
El Consejo de Dirección.
La Comisión Disciplinaria.
La Junta de Tratamiento.
De 5 días y sólo podrá prolongarse por motivos de orden sanitario o para preservar su seguridad.
De 3 días en los preventivos y, si el médico no dispusiese otra cosa, pasarán al departamento que les corresponda.
De 5 días y de la prolongación se dará cuenta al Centro Directivo.
De 3 días y de la prolongación se dará cuenta al Juez de Vigilancia correspondiente.
Con las penas inferiores en uno o dos grados a las respectivamente previstas.
Únicamente en el caso de que llegue a tener efecto la sedición, con la pena inferior en dos grados.
Únicamente en el caso de que llegue a tener efecto la sedición, con la pena inferior en un grado.
La provocación no, al ser un delito de resultado.
Inferior a 80.000 €.
Inferior a 60.000 €.
Superior a 80.000 €.
Superior a 60.000 €.
En el art. 3.2 del Código Penal.
En el Artículo 122 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En el Artículo 10.1.b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el Artículo 4.1.c de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
El derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
El derecho a elegir libremente la residencia y a circular por territorio nacional, así como entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca.
El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
El derecho al secreto de las comunicaciones.
Sólo procederá el abono de prisión provisional sufrida en otra causa cuando dicha medida cautelar sea posterior a los hechos delictivos que motivaron la pena a la que se pretende abonar.
El abono de prisión provisional a causa distinta a la que se decretó será acordada por el tribunal sentenciador.
El abono de prisión provisional requiere autorización expresa de la Autoridad Judicial que la decretó.
La prisión provisional sólo será de abono a la causa en la que se decretó dicha medida cautelar.
Exclusivamente las salidas de fin de semana propias del régimen abierto y los permisos extraordinarios previstos en el Artículo 155 del Reglamento Penitenciario.
Las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas programadas que se regulan en el Artículo 114 del Reglamento, ni los permisos extraordinarios regulados en el artículo 155.
Las salidas de fin de semana propias del régimen abierto ni las salidas laborales, terapéuticas y programadas del Artículo 125 del Reglamento, ni los permisos extraordinarios regulados en el artículo 126.
Las salidas de fin de semana, las salidas laborales y terapéuticas y los permisos extraordinarios.
En el Artículo 19.
En el Artículo 16.
En el Artículo 17.
En el Artículo 18.
En ningún caso cabrá recurso administrativo al haberse puesto fin a la vía administrativa y quedar abierta la vía contencioso-administrativa.
No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el Articulo 125.1.
No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso de súplica ante el mismo órgano en los casos establecidos en el Artículo 27.
Cabe recurso de reforma y potestativo de súplica.
Deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.
Se aprobará anualmente por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas.
Su ejecución deberá desarrollarse dentro del plazo prorrogable de 3 años.
Podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.
Podrá prorrogar el plazo de suspensión sin que pueda exceder de la mitad de la duración del que hubiera sido inicialmente fijado.
No podrá modificar las condiciones impuestas.
No podrá imponer nuevas prohibiciones.
No podrá imponer nuevos deberes o condiciones.
Por dicho quebrantamiento se impondrá una pena de multa, como se indica respecto de todas las medidas cautelares, en el Artículo 468 del Código Penal.
Por dicho quebrantamiento no se impondrá una pena de multa, sino una pena de prisión, de seis meses a un año.
Por dicho quebrantamiento deberá acordarse que la medida cautelar se realice en lo sucesivo a través de medios electrónicos, como especifica el Código Penal expresamente.
Por dicho quebrantamiento se impondrá una pena de multa y trabajos en beneficio de la comunidad.
Custodia familiar.
Libertad vigilada.
La privación del derecho a tenencia y porte de armas.
La expulsión del territorio nacional de extranjeros residentes legalmente en España.
Tras instruirse el correspondiente procedimiento disciplinario, la Comisión Disciplinaria únicamente le podrá sancionar por comisión de falta muy grave.
Dicha acción no constituye falta disciplinaria.
El Director podrá sancionarlo por la comisión de una falta leve.
Tras instruirse el correspondiente procedimiento disciplinario, la Comisión Disciplinaria únicamente le podrá sancionar por comisión de falta grave.
En los hospitales que la Administración Penitenciaria designe.
En el Hospital más próximo al Centro Penitenciario.
En el Hospital que solicite el interno y con autorización del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
En los hospitales que la autoridad sanitaria designe.
Las Fiscalías de lo Contencioso-Administrativo.
Las Fiscalías de Área.
Las Fiscalías Provinciales.
Las Fiscalías Especiales.
Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
Carecer de legitimación el recurrente.
Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
La falta de acreditación de la representación.
A la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento, pero el tiempo transcurrido en libertad condicional no será computado como tiempo de cumplimiento de la condena.
El apartado 6 del Artículo 90 ha quedado sin contenido, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.
Al ingreso del penado en prisión en el periodo o grado que corresponda, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional.
Al ingreso del penado en prisión con la clasificación penitenciaria en suspenso y a la ejecución de la parte de la pena pendiente de cumplimiento, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional.
Tres meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de iniciación del procedimiento.
Treinta días, a contar desde el siguiente al que produzca la iniciación del procedimiento.
Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
Tres meses, salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público estarán obligados a poner en conocimiento del Juez competente la solicitud de "Habeas Corpus", formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia, en cualquier momento, previa designación de abogado y procurador.
Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, no estarán obligados a poner en conocimiento del Juez competente la solicitud de "Habeas Corpus", formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia, si está cumpliendo una pena de prisión.
La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público , estarán obligados a poner en conocimiento inmediatamente del Juez competente la solicitud de "Habeas Corpus", formulada por la persona privada de libertad que se encuentra bajo su custodia.
La autoridad gubernativa, agente de la misma o funcionario público, estarán obligados a poner en conocimiento del Juez competente la solicitud "Habeas Corpus", formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia, en el plazo máximo de 72 horas.
Para impedir la agresión a otro interno. Ante la negativa a aceptar la medicación prescrita por el médico del centro. Al interno que insulta gravemente al Funcionario en presencia de otros internos. Para evitar destrozos del mobiliario del establecimiento.
Ante la negativa a aceptar la medicación prescrita por el médico del centro. Al interno que insulta gravemente al Funcionario en presencia de otros internos. Para evitar destrozos del mobiliario del establecimiento. Para impedir actos de evasión.
Para impedir la agresión a otro interno. Para evitar destrozos del mobiliario del establecimiento. Para impedir actos de evasión.
Para impedir la agresión a otro interno. Al interno que insulta gravemente al Funcionario en presencia de otros internos. Para impedir actos de evasión. Ante la resistencia activa al cumplimiento de órdenes recibidas del funcionario en el ejercicio de su cargo.
Puede aplicarse a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.
No puede aplicarse a una pena privativa de derechos, como lo es la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
Será extensiva su aplicación a los casos de suspensiones de condenas privativas de libertad, si hay un incumplimiento de la regla de conducta impuesta al condenado.
No puede aplicarse a los que inutilicen el funcionamiento normal de los dispositivos técnicos, que hubieran sido dispuestos para controlar el cumplimiento de una pena.
En provecho propio, recibe una retribución de cualquier clase, para realizar un acto administrativo, aunque el mismo no sea inherente a los deberes de su cargo.
En provecho propio o de un tercero, siempre que con éste le unan vínculos de parentesco por consanguinidad o afinidad, solicitase una dádiva para influir en el retraso malicioso de un acto de superior jerárquico.
En provecho propio, solicitare por persona interpuesta una retribución de cualquier clase, para realizar un acto inherente a su cargo.
Solicitare a un tercero una recompensa, por influir en otro funcionario público para conseguir una resolución que genere directa o indirectamente aquel, un beneficio económico.
opojust.com usa cookies de analíticas anónimas, propias para su correcto funcionamiento y de publicidad. Nuestros socios (incluido Google) pueden almacenar, compartir y gestionar tus datos para ofrecer anuncios personalizados. Al hacer click en "Aceptar todas", aceptas el uso de todas las cookies. Si rechazas, solo usaremos las cookies necesarias para el funcionamiento básico de la web. Puedes saber más en nuestra página de privacidad y cookies.