Por actos de terrorismo, en todo caso.

Por delitos políticos, en todo caso.

Por cualquier delito, siempre que haya tratado

Siempre que se solicite y haya tratado de reciprocidad

Tres años.

Un año.

Entre 6 y 12 meses.

No superior a 5 meses

Por renuncia.

Por haber expirado el término de su mandato.

Por causa de notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciados por la mitad de sus miembros.

Por decisión del Rey.

Con tres meses de antelación a la terminación del mandato de los anteriores miembros electivos.

Con dos meses de antelación a la terminación del mandato de los anteriores miembros electivos.

Un mes después de celebrarse elecciones generales.

Con 15 días de antelación a la terminación del mandato de los anteriores miembros electivos.

Las facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.

Los poderes legislativos y administrativos de sus asuntos.

La aprobación de forma autónoma del presupuesto de sus respectivas Cámaras.

La elección de los demás miembros de las Mesas.

Podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Podrá presentarse una proposición no de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

No podrá presentarse ninguna proposición para la derogación total o parcial de la ley de delegación.

Podrá presentarse una proposición únicamente para la derogación total de la ley de delegación.

Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, que vigilará la concurrencia de los requisitos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Todas las entidades integrantes del sector público institucional estatal contarán, en el momento de su creación, con un plan de actuación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, que se revisarán cada cuatro años.

El control de eficacia será ejercido por el Ministerio de Hacienda, a través de la Inspección General de los Servicios, y tendrá por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad específica de la entidad y la adecuada utilización de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuación y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que de acuerdo con la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, se ejerza por la Intervención General de la Administración del Estado.

Las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua se determinarán legalmente.

Si, pero dicha impugnación no producirá la suspensión de la disposición recurrida.

Si, pero dicha impugnación sólo producirá la suspensión de la disposición recurrida si ésta afecta a la organización territorial del Estado o a los Derechos Fundamentales de los ciudadanos.

Si. La impugnación producirá la suspensión de la disposición recurrida, pero el Tribunal, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.

No. No existe esa posibilidad, pues el gobierno no dispone de esa competencia.

Que exista autorización previa para su aplicación por el Tribunal Constitucional.

Que sea aprobada por mayoría absoluta del Congreso.

Que exista autorización previa para su aplicación por el Tribunal Supremo

Que el Gobierno realice previo requerimiento de cumplimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

Con destino a gastos corrientes, cuyos recursos serán distribuidos por el Gobierno entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

Con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por el Gobierno entre las Comunidades Autónomas, en su caso.

Con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos autonómicos entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y simple en el Senado.

Mayoría absoluta del Senado y simple en el Congreso de los Diputados

Dos tercios de los votos favorables del Congreso de los Diputados

Mayoría absoluta de cada Cámara

No requiere de aceptación por el Municipio interesado

Deberá determinar el contenido y duración de la misma, que no podrá ser inferior a tres años.

Debe acompañarse de una memoria económica que garantice su sostenibilidad.

Se considera nula si no va acompañada de la correspondiente financiación, con dotación presupuestaria adecuada en la administración delegante.

El número máximo de parlamentarios será de 650 más el Presidente.

No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa escaños.

Cada eurodiputado es elegido en cada uno de los Estado Miembros según sus disposiciones internas por un periodo de cuatros años.

La representación de los ciudadanos tendrá un mínimo de seis diputados por Estado miembro.

Catorce años.

Dieciséis años

Dieciocho años

Quince años

Cinco años, a contar desde la fecha de inscripción.

Cuatro años, a contar desde la fecha de inscripción.

Tres años, a contar desde la fecha de inscripción.

Seis años, a contar desde la fecha de inscripción.

En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando se envíe el aviso de puesta a disposición en la sede electrónica.

Desde la puesta a disposición en sede electrónica.

En el momento en que se genere el acuse de recibo del interesado.

Leve.

Grave

Muy grave.

Dicho incumplimiento no es sancionable por esta ley.

Servicios de Teleasistencia.

Prestación económica vinculada al servicio.

Centros de Día para mayores.

Servicio de atención Residencial.

Durante un período de 6 meses.

Durante un periodo de un año.

Indefinidamente hasta el restablecimiento a la situación anterior.

La Ley no contempla la suspensión para trabajadoras por cuenta propia.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La Comisión Delegada del Gobierno para prevenir la violencia de género.

El Consejo de política para la igualdad y contra la violencia del Estado y las Comunidades Autónomas.

El Observatorio Estatal de la Violencia.

Desde la firmeza de la resolución sancionadora que ponga fin al procedimiento.

Desde que se cometió la falta disciplinaria.

Desde el cese de su comisión.

Desde el momento en que la Administración tuvo conocimiento de su comisión.

No. La edad de jubilación de los funcionarios es a los 65 años.

Si, siempre que tenga 30 años de servicios.

No. La edad de jubilación de los funcionarios es a los 67 años.

Si, solamente cuando el interesado esté afectado por lesión o enfermedad que le imposibilite para el desempeño de sus funciones.

El interesado deberá ponerlo en conocimiento de la Administración una vez haya comenzado la realización de la segunda actividad.

No es necesario poner en conocimiento de la Administración la realización de una segunda actividad, siempre y cuando no interfiera en la actividad que desarrolla en la Administración.

El interesado deberá informar a la Administración, pero no es necesaria la autorización expresa de compatibilidad.

Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en ambos.

Si, siempre que sea de forma motivada.

No. La Administración tiene que aceptar la prolongación en todos los casos.

Si, sin necesidad de que sea de forma motivada.

Si, no es posible la prolongación de la permanencia en el servicio activo a partir de los 65 años.

Ley.

Costumbre

Principios generales del derecho.

Reglamento

Cualquier materia relacionada con el interés y los derechos de los españoles.

La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.

El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Materias determinadas que no exijan aprobación mediante Ley Orgánica.

El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión.

El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo, de un reglamento, una directiva o una decisión.

El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión, a propuesta del Consejo, de una recomendación o dictamen.

El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de una recomendación o dictamen.

Que se acuerden por el desistimiento del interesado en procedimientos iniciados de oficio.

Que resuelvan procedimientos de arbitraje.

Que no limiten intereses legítimos.

Que se resuelvan conforme al dictamen de órganos consultivos.

Se realizará, entre otros supuestos, cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

No es necesaria cuando siempre que el acto vaya destinado a una pluralidad indeterminada de personas.

En ningún caso surte efectos de notificación.

Se realizará siempre en el Boletín Oficial del Estado.

Implican la anulabilidad de los sucesivos actos en el procedimiento que sean independientes del primero.

Implican la anulabilidad de todas las partes del mismo, aunque solo esté viciada una parte.

No se pueden convalidar por la Administración nunca, aunque se subsanen los vicios de que adolezcan.

Se pueden convalidar por la Administración si se subsanan los vicios de que adolezcan.

No, hay que volver a notificarlo por segunda vez.

Sí, siempre.

Sí, pero cuando transcurran siete días desde que es rechazada la notificación.

No, se paraliza el procedimiento.

Quienes tengan un mero interés general en la cuestión.

Los que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte en el procedimiento únicamente cuando lo hayan iniciado.

Sindicatos, grupos y entidades para la defensa de derechos e intereses colectivos, en los términos reconocidos reglamentariamente.

Los titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos, que puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que se encuentren en poder de la Administración actuante.

Con carácter general, las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales.

Los interesados no se responsabilizan de la veracidad de los documentos que presenten.

Los interesados podrán aportar cualquier documento que estimen conveniente.

Tres meses.

Seis meses.

Un mes

Treinta días.

En ningún caso se podrán adoptar estas medidas antes de la iniciación del procedimiento.

No podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento en virtud de circunstancias sobrevenidas.

Solo se pueden adoptar de oficio por el órgano administrativo competente para resolver el procedimiento.

En todo caso, se extinguirán cuando surta efectos la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

Las Administraciones Públicas pueden iniciar de oficio el procedimiento, aunque haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.

El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Los interesados pueden solicitar el inicio del procedimiento, aunque haya prescrito su derecho a reclamar.

En los casos que procede reconocer derecho a indemnizar por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de una disposición de carácter general, el derecho a reclamar no prescribe.

Solo se podrá acordar de oficio cuando así lo aconsejen razones de interés público.

Con objeto de acortar plazos se suprime el plazo para la subsanación de la solicitud y el trámite de audiencia.

El órgano competente para su tramitación podrá acordar, en cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, continuar con arreglo a la tramitación ordinaria.

Acordada de oficio, debe notificarse a los interesados y no podrán oponerse a la misma.

1 mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el órgano competente para decidir sobre ella.

2 meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entra en el órgano competente para decidir sobre ella.

3 meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entra en el órgano competente para decidir sobre ella.

No hay plazo. La no resolución expresa por el órgano competente para decidir sobre la suspensión supondrá siempre la desestimación de la solicitud.

Los procedimientos de conciliación.

Los procedimientos de arbitraje.

Las reclamaciones económico-administrativas.

Los procedimientos de mediación.

No es posible en el recurso de alzada, sólo en el de reposición.

No es posible en ningún caso.

Si, siempre que se respeten los principios, garantías y plazos que la Ley 39/2015 reconoce en todo procedimiento administrativo.

Si, pero solamente en el ámbito de la Administración Local.

El último día de plazo para pago en periodo voluntario no puede presentarse una solicitud de aplazamiento. El contribuyente deberá ingresar la totalidad de la deuda, por importe de 3.000 euros, el día 20 de marzo.

Al presentar la solicitud de aplazamiento de la deuda el último día del plazo de pago en periodo voluntario, el día 21 de marzo se exigirán los recargos del periodo ejecutivo en los términos del artículo 28 de la Ley General Tributaria.

La presentación de la solicitud de aplazamiento de la deuda en periodo voluntario impide el inicio del periodo ejecutivo durante la tramitación de dicha solicitud.

Al tratarse de una deuda liquidada por la Administración tributaria y no haber efectuado el ingreso, el día 21 de marzo se dictará providencia de apremio.

El día 21 de abril de 2019.

El día 28 de mayo de 2019.

El 29 de mayo de 2019.

El día 20 de abril de 2019.

La interposición del recurso producirá la automática suspensión de la ejecución de la sanción en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantía hasta que sea firme en vía administrativa.

La interposición del recurso producirá la automática suspensión de la ejecución de la sanción en periodo voluntario si aporta garantía en forma de fianza personal y solidaria de dos contribuyentes, ya que, por el importe de la sanción, se trata de uno de los supuestos establecido en la normativa tributaria.

Podrá suspenderse la ejecución de la sanción en periodo voluntario sin necesidad de aportar garantía cuando así lo aprecie el órgano competente para resolver el recurso.

La interposición del recurso producirá la automática suspensión de la ejecución de la sanción en periodo voluntario si aporta garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito.

Recargo del 20 por ciento. Le corresponde ingresar 400 euros del recargo de apremio ordinario.

No le corresponde ningún recargo del periodo ejecutivo, tan solo resultarán exigibles los correspondientes intereses de demora por el día fuera de plazo.

Recargo del 10 por ciento. Le corresponde ingresar 200 euros del recargo de apremio reducido.

Recargo del cinco por ciento. Le corresponde ingresar 100 euros del recargo ejecutivo.

Deberá ingresar 1.050 euros.

Deberá ingresar 1.100 euros.

Deberá ingresar 1.200 euros.

Deberá ingresar 1.150 euros.

Deberá interponer tercería de dominio y se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos.

Deberá interponer tercería de mejor derecho y se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos.

Deberá interponer tercería de dominio y proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes; el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.

Deberá interponer tercería de mejor derecho y proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes; el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.

Es un porcentaje variable en función del volumen de ingresos en cada entidad.

Es una cantidad anual fija establecida por la normativa vigente.

Depende de las condiciones establecidas en cada caso y reflejadas en la correspondiente autorización

No es retribuida.

Cualquier medio de pago habitual en el tráfico bancario, obligatoriamente.

Exclusivamente, dinero de curso legal.

Dinero de curso legal y, discrecionalmente por parte de la entidad, cualquier otro medio de pago habitual en el tráfico bancario

Los que en cada caso establezca la autorización para determinar la forma y condiciones de prestación del servicio.

Se incluirán los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación

Sin incluir los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago siendo necesaria nueva notificación al garante.

Se incluirán los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago siendo necesaria nueva notificación al garante.

Sin incluir los recargos e intereses que, en su caso, correspondan hasta el límite del importe garantizado, en el plazo establecido en el artículo 62.5 de la Ley General Tributaria. De no realizarlo, se procederá contra sus bienes en virtud de la providencia de apremio dictada en relación con el obligado al pago sin necesidad de nueva notificación.

Sí, comunicándolo al órgano de recaudación correspondiente al menos dos meses antes del comienzo del período de cobro

Sí, comunicándolo al órgano de recaudación correspondiente al menos un mes antes del comienzo del período de cobro.

Sí, comunicándolo al órgano de recaudación correspondiente al menos quince días antes del comienzo del período de cobro.

No se pueden domiciliar.

Sí, pero la solicitud de rectificación sólo podrá consistir en la modificación de la cuenta de domiciliación o en el importe a adeudar.

Sí, pero sólo podrá solicitarse por vía telemática.

Sí, pero sólo hasta el día 20 del mes anterior al de cargo o inmediato hábil anterior.

No, deberá cancelarse la domiciliación anterior y presentar una nueva.

Si se interpone tercería de dominio se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.

Si la tercería fuera de mejor derecho proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.

La tercería de mejor derecho no suspende la subasta de los bienes embargados sino sólo el pago efectivo al acreedor ejecutante, en tanto no se resuelva.

Si se interpone tercería de mejor derecho se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.

La anotación preventiva por defectos subsanables del título caducará a los sesenta días de su fecha. Este plazo se podrá prorrogar hasta ciento ochenta días por justa causa.

La anotación preventiva por defectos subsanables del título caducará a los noventa días de su fecha. Este plazo se podrá prorrogar hasta ciento ochenta días por justa causa.

La anotación preventiva por defectos subsanables del título caducará a los noventa días de su fecha prorrogables por otros noventa más.

La anotación preventiva por defectos subsanables del título caducará a los sesenta días de su fecha, improrrogables.

Se aplicará la escala establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil sobre los 1.850 euros de sueldo siendo inembargable el importe percibido en concepto de dietas

Se aplicará la escala establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil sobre los 2.000 euros.

Se aplicará la escala establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil sobre los 1.850 euros de sueldo siendo embargables las dietas en su totalidad.

Son embargables los 2.000 euros.

Quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder.

Quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

Quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizados para ello.

El deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho, cuando se trate de una operación que carezca de justificación económica o empresarial.

Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de esta ley no formarán parte de la deuda tributaria, pero en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el capítulo V del título III de esta ley.

Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de esta ley formarán parte de la deuda tributaria, y en su recaudación se aplicarán las normas incluidas en el capítulo V del título III de esta ley.

Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de esta ley siempre tienen carácter pecuniario.

Las sanciones tributarias que puedan imponerse de acuerdo con lo dispuesto en el título IV de esta ley no formarán parte de la deuda tributaria, y en su recaudación no se aplicarán las normas incluidas en el capítulo V del título III de esta ley.

El importe de la deuda suspendida no podrá ser inferior a la devolución solicitada.

El importe de la deuda suspendida no podrá ser superior a la devolución solicitada.

El importe de la deuda suspendida no podrá ser igual a la devolución solicitada.

El importe de la deuda suspendida no está afectado por la devolución solicitada.

El 30 por ciento de la suma de ambas percepciones.

El 30 por ciento de la cantidad de la suma de las dos percepciones que exceda de la cuantía del salario mínimo interprofesional.

El 15 por ciento del importe líquido que percibe en cada empresa.

De acuerdo con el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no es posible retener cantidad alguna ya que ninguna de las percepciones supera el salario mínimo interprofesional.

La valoración será notificada al obligado al pago, que, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria realizada por el perito adecuado en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la notificación.

La valoración será notificada al obligado al pago, que deberá presentar valoración contradictoria realizada por el perito adecuado en el plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la notificación.

La valoración será notificada al obligado al pago, que, en caso de discrepancia, podrá presentar valoración contradictoria realizada por el perito adecuado en el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al de la notificación.

Cuando no exista acuerdo entre las partes, el órgano de recaudación competente solicitará nueva valoración por el perito adecuado en plazo no superior a 30 días.

Cuando el crédito haya vencido, la persona o entidad deudora del obligado deberá ingresar en el Tesoro el importe hasta cubrir la deuda.

Se notificará la diligencia de embargo a la persona o entidad deudora del obligado al pago, apercibiéndole de que, a partir de ese momento, no tendrá carácter liberatorio el pago efectuado al obligado.

La entidad pagadora deberá ingresar, en el momento de recibir la diligencia, todos los importes facturados y no abonados al obligado, aunque no hayan vencido.

La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de las diligencias de embargo podrán ser convenidas, con carácter general, entre la Administración ordenante y los destinatarios de dichas diligencias.

Balance y cuenta de resultados del último ejercicio cerrado e informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados a llevar contabilidad.

Compromiso de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o de certificado de seguro de caución.

Balance y cuenta de resultados de los tres últimos años e informe de auditoría, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por la ley a llevar contabilidad.

Declaración responsable y justificación documental de la imposibilidad de obtener dicho aval o certificado de seguro de caución, en la que consten las gestiones efectuadas para su obtención.

La garantía cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de demora que genere el aplazamiento y un 20 por ciento de la suma de ambas partidas.

Cuando la deuda se encuentre en periodo ejecutivo, la garantía deberá cubrir el importe aplazado, incluyendo el recargo del periodo ejecutivo correspondiente, los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 10 por ciento de la suma de ambas partidas.

En caso de solicitud de fraccionamiento, deberá constituirse una única garantía para la totalidad de las fracciones que puedan acordarse.

La vigencia de la garantía constituida mediante aval o certificado de seguro de caución deberá exceder al menos en seis meses al vencimiento del plazo o plazos garantizados.

La solicitud contendrá la identificación de la deuda, al menos, su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo voluntario.

A la solicitud deberá acompañarse la valoración de los bienes y el informe sobre el interés de aceptar esta forma de pago, emitidos ambos por el Ministerio de Cultura o por el órgano competente determinado por la normativa que autorice el pago en especie.

Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última no haya sido objeto de presentación con anterioridad, o conjuntamente con la solicitud de pago en especie, procederá la denegación de la solicitud.

La solicitud de pago en especie presentada en periodo voluntario, junto con los documentos requeridos por la normativa al respecto, impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo de intereses de demora que corresponda.

Con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Con la notificación del acuerdo denegatorio se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

Se dará por concluido sin más trámite.

Se continuará por los órganos de recaudación, y las actuaciones realizadas en el curso del procedimiento inicial, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, perderán su validez y eficacia a efectos probatorios en relación con el mismo responsable, pero no así con otros responsables.

Continuará su tramitación, aunque empezará a computarse el plazo de prescripción para exigir la obligación de pago.

Se dará por finalizado y el órgano competente deberá, en el plazo establecido reglamentariamente, dictar la resolución que finalice el procedimiento.

No se puede obtener copia de la contabilidad, se debe examinar el documento original mediante su visualización en pantalla en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario.

La copia deberá ser examinada en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia del mismo o de la persona que él designe.

La copia deberá ser examinada en el domicilio, local, despacho u oficina del obligado tributario, en presencia del mismo o de la persona que él designe, salvo que el obligado tributario consienta su examen en las oficinas públicas.

La copia puede ser analizada en las oficinas de la inspección sin necesidad de que lo consienta el obligado tributario.

El pago de la deuda dentro del plazo del artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El pago de la deuda y el recargo de apremio ordinario.

El pago de la deuda y el recargo de apremio reducido del 10 por 100.

El pago de la deuda y el recargo ejecutivo.

Hasta la firma del acta

Hasta la conclusión del plazo establecido para realizar alegaciones.

Hasta la fecha previsible del acuerdo de liquidación.

Hasta el día en el que deba entenderse dictada la liquidación.

Podrá admitir la escritura en papel y la sociedad no estará obligada a remitirla por medios electrónicos.

Podrá admitir la escritura en papel, pero la sociedad estará obligada a remitirla posteriormente por medios electrónicos.

No podrá admitir la escritura en papel ya que al ser el obligado tributario una sociedad anónima tiene que remitir la escritura por medios electrónicos.

Podrá admitirla previa autorización del jefe de equipo o unidad.

La determinación se realiza por el órgano competente para liquidar.

La determinación se realiza por el jefe de equipo o unidad.

La determinación se realiza por el actuario.

La determinación se realiza por el Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público por un plazo de tres meses.

La suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público por un plazo de diez meses si se hubiera sancionado al sujeto infractor en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.

La suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público por un plazo de seis meses si se hubiera sancionado al sujeto infractor en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción.

La suspensión del ejercicio de profesiones oficiales, empleo o cargo público por un plazo de dos meses y, en caso de que se hubiera sancionado al sujeto infractor en virtud de resolución firme en vía administrativa dentro de los cuatro años anteriores a la comisión de la infracción, la suspensión será por un plazo de diez meses.

Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.

Falta de notificación de la liquidación.

Falta de garantía de la deuda.

Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

Actas, las cuales podrán ser con acuerdo, de conformidad, de disconformidad y no tendrán la consideración de documento público.

Actas, las cuales tendrán la consideración de documento público y podrán ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa.

Actas de conformidad cuando el obligado tributario, o su representante, manifiesten su conformidad con la propuesta de regularización que formule la Inspección de los Tributos.

Actas de disconformidad cuando el obligado tributario, o su representante, no suscriban el acta o manifiesten su disconformidad con la propuesta de regularización que formule la Inspección de los Tributos, pudiendo presentar alegaciones en el plazo de un mes.

Serán liquidaciones definitivas únicamente cuando deriven de un procedimiento de alcance general.

Serán siempre liquidaciones definitivas.

Serán liquidaciones provisionales o definitivas con independencia del alcance de las actuaciones inspectoras.

Serán liquidaciones provisionales en el caso de que deriven de un procedimiento con alcance parcial, pudiendo regularizarse nuevamente dentro del periodo de prescripción.

Actas con acuerdo cuando el obligado tributario manifieste su conformidad con la propuesta de regularización realizada por la Inspección de los Tributos, no pudiendo ser objeto de impugnación o recurso.

Actas con acuerdo en el caso de que exista autorización del órgano competente para liquidar o se haya constituido un depósito, aval de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución para garantizar el cobro de las cantidades derivadas del acta.

Actas de conformidad cuando el obligado tributario manifieste su conformidad a la propuesta de regularización realizada por la Inspección de los Tributos, conformidad que no podrá ser revocada por el obligado tributario.

Actas de disconformidad cuando el obligado tributario se niegue a suscribir el acta, disponiendo del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha en que se haya producido la negativa a suscribir el acta, para presentar alegaciones.

Exclusivamente las cuestiones de hecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante.

Todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, pudiendo en la resolución empeorarse la situación inicial del reclamante.

Exclusivamente las cuestiones de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante.

Todas las cuestiones de hecho y de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante.

Recurso de casación.

Recurso de reposición.

Recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de las resoluciones.

Recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central en el plazo de tres meses contado desde el día siguiente al de la notificación de las resoluciones.

Con carácter general, se aplicará el 19 por ciento en los arrendamientos de inmuebles urbanos.

Se aplicará el 20 por ciento en cesión del derecho a la explotación del derecho de imagen.

En los rendimientos por actividades forestales el 2 por ciento.

El 1 por ciento en los rendimientos de actividades económicas por actividades de engorde de porcino y avicultura.

Entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del IVA por empresarios o profesionales a título oneroso con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional con independencia de los fines o resultados perseguidos.

Las ejecuciones de obras que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una edificación cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados y siempre que el coste de los mismos sea superior al 40 por ciento de la Base Imponible.

Rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas vitalicias aseguradas resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático.

Las transmisiones de bienes entre comitente y comisionista que actúe en nombre propio efectuadas en virtud de contratos de comisión de venta o comisión de compra.

Cuando se otorguen descuentos y bonificaciones con posterioridad a la realización de la operación.

Cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas sean total o parcialmente incobrables en el caso de que el destinatario no esté establecido en el territorio de aplicación del impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

Cuando se devuelvan envases y embalajes susceptibles de realización.

Cuando el sujeto pasivo con posterioridad al momento de devengo deba rectificar el importe de la contraprestación porque no resultara conocido en el momento del devengo y por ello debió fijarlo provisionalmente.

Cónyuges no separados legalmente que conviven con dos hijos comunes. Un hijo tiene 16 años y otro hijo tiene 20 años.

Cónyuge separado legalmente que convive con un hijo de 19 años incapacitado judicialmente.

Padre y madre entre los que no existe vínculo matrimonial que conviven con un hijo común de 21 años.

Cónyuges no separados legalmente que tienen un hijo común de 16 años que vive independiente, con el consentimiento de los padres. Conviven con el hijo de 20 años de uno de los cónyuges.

Estarán exentos los arrendamientos de todo tipo de edificaciones, con independencia de que se utilicen como viviendas o como locales de negocio.

Estarán exentas las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, después de terminada su construcción.

Estarán exentas las entregas de terrenos urbanizados destinados a la construcción de edificaciones.

Estará exento el transporte de enfermos en cualquier tipo de vehículo.

Deberá de aportarla en todo caso en el plazo indicado.

Podrá rehusar su presentación cuando se trate de documentos no exigibles por la normativa tributaria.

Solamente deberá aportarla para ratificar datos previamente declarados.

Podrá rehusar su presentación únicamente cuando se trate de documentos previamente presentados por ellos mismos u otros obligados tributarios.

Podrá ejercer el derecho a la deducción cualquier persona o entidad, aunque no tenga la condición de empresario profesional, si cumple el resto de requisitos establecidos para ello.

Se considera documento justificativo del derecho a la deducción la factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio, o en su nombre y por su cuenta, por un cliente o por un tercero.

El derecho a la deducción nace en el momento en el que se devenguen las cuotas deducibles y deberá ejercitarse en la declaración-liquidación correspondiente al período de liquidación del IVA en el que se haya devengado esa cuota.

En ningún caso serán deducibles las cuotas de IVA correspondientes a las importaciones de bienes

Se entiende automáticamente concedida la solicitud de ampliación por otro plazo igual al inicialmente otorgado.

Se entiende automáticamente concedida la solicitud de ampliación por la mitad del plazo inicialmente fijado.

Se entenderá automáticamente denegada la petición de ampliación del plazo.

Se producirá la caducidad del procedimiento por falta de resolución en plazo por la Administración de la solicitud de ampliación.

Una vez ejercitada la opción mediante la presentación de la declaración no podrá rectificarse.

Podrá rectificarse la opción en cualquier momento, si se prueba que se produjo un error al ejercitarla.

Podrá rectificarse la opción en el periodo reglamentario de declaración.

Podrá rectificarse la opción dentro del periodo de prescripción.

Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos formales o incurra en errores aritméticos.

Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria.

Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma.

Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada, referida al desarrollo de actividades económicas.

3.005,06 euros, IVA incluido.

3.005,06 euros, excluido el IVA.

6.005,06 euros, IVA incluido.

6.005,06 euros, excluido el IVA.

Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

En todo caso, cuando contengan medios de pago a favor de los obligados, como cheques.

En los casos en los que, a pesar de existir la obligación de relacionarse de esta forma con la Administración, el interesado solicite el medio no electrónico.

Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

Por una autoliquidación, por una comunicación de datos o por cualquier otra clase de declaración.

Solo podrá iniciarse de oficio, mediante acuerdo de la Administración tributaria.

Solamente mediante cualquier clase de declaración.

Exclusivamente a solicitud del obligado tributario.

Los órganos de inspección o de recaudación podrán solicitar la información a los obligados tributarios afectados, titulares o autorizados o requerirla directamente a las entidades bancarias o crediticias sin que sea necesario notificarlo al obligado tributario.

Para requerir directamente la información a la entidad bancaria o crediticia es necesario obtener previamente la autorización del órgano competente o el consentimiento del obligado tributario.

La solicitud de autorización deberá estar debidamente justificada y motivar en términos generales las razones que aconsejan el requerimiento directo a la entidad.

El incumplimiento de las obligaciones de información no podrá ampararse en el secreto bancario.

Si a la fecha de la muerte del causante la deuda tributaria no estuviera liquidada, impedirá la transmisión a los sucesores de las obligaciones tributarias devengadas.

En ningún caso se transmitirán las sanciones.

Mientras la herencia se encuentre yacente, el cumplimiento de las obligaciones tributarias del causante corresponderá al representante de la herencia yacente.

Si al término del procedimiento no se conocieran los herederos, las liquidaciones se realizarán a nombre de la herencia yacente.

En los supuestos de no sujeción el devengo del hecho imponible queda suspendido hasta la finalización del periodo de declaración reglamentariamente previsto.

En la no sujeción se ha producido el hecho imponible mientras que en la exención no se llega a realizar el hecho imponible.

En la exención se ha producido el hecho imponible mientras que en la no sujeción no se llega a realizar el hecho imponible.

En la no sujeción se ha producido el hecho imponible y surge la obligación de realizar la prestación tributaria mientras que en la exención, no.

Los datos personales de los restantes obligados al pago.

La proporción en que cada uno de los obligados al pago participa en el dominio o derecho transmitido.

El documento acreditativo de la notificación recibida por los restantes obligados al pago.

El domicilio de los restantes obligados al pago.

Las solicitudes de información tributaria formuladas por escrito que puedan ser objeto de contestación a partir de la documentación o de los antecedentes existentes en el órgano competente se contestarán en el plazo máximo de tres meses.

Las actuaciones de información y las contestaciones a las solicitudes de información tendrán los efectos previstos en el artículo 179.2.d) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La falta de contestación de la solicitud de información en los plazos establecidos implicará la aceptación de los criterios expresados en el escrito de solicitud

En el ámbito de competencias del Estado, las actuaciones de información tributaria corresponderán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se refieran a cuestiones de su competencia, excepto cuando se refiera a cuestiones relativas a la aplicación de los tributos desarrolladas por otro órgano o entidad.

Sólo al inicio de un procedimiento.

Cuando no sea necesaria la firma del obligado tributario.

No se requiere la representación en la presentación telemática.

En cualquier momento.

Tres meses.

Seis meses.

Doce meses.

Dieciocho meses.