OEP 2014
Fecha del examen 2014-10-26
La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La libertad, la igualdad, la fraternidad y el pluralismo político.
La libertad, la justicia, la igualdad y la unidad de la Nación española.
La libertad, la justicia, la solidaridad y el pluralismo político.
Únicamente la jerarquía, la descentralización funcional y la proximidad a los ciudadanos.
Únicamente la responsabilidad en la gestión pública, la racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y el servicio efectivo a los ciudadanos.
La eficacia en el cumplimento de los objetivos fijados, la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, la objetividad y la transparencia de la actuación privada, entre otros.
La jerarquía, la descentralización funcional, la desconcentración funcional y territorial y la economía, suficiencia y adecuación estratégica de los medios a los fines institucionales, entre otros.
Dos meses desde la celebración de las elecciones.
Dos meses desde la propuesta de candidato propuesto por el Rey a la Presidencia del Gobierno.
Dos meses desde la segunda votación de investidura.
Dos meses desde la primera votación de investidura.
La autonomía de los municipios está garantizada constitucionalmente.
Cualquier alteración de los límites provinciales sólo pide hacerse mediante ley aprobada por dos tercios de cada cámara.
Los municipios no tiene personalidad jurídica plena.
La provincia no es una entidad local.
Declarará derogada dicha ley y resolverá sin tenerla en cuenta.
Planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional.
Puede consultar al Tribunal Constitucional mediante una cuestión de constitucionalidad o declararla derogada por sí misma si resulta claro que es contraria a la Constitución.
Paralizará el proceso hasta que las Cortes Generales resuelvan la modificación o derogación de dicha ley, planteando una cuestión de inconstitucionalidad en caso contrario.
La Subdirección General de Recursos Humanos.
Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas.
La Subdirección General de Servicios Penitenciarios.
La Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria.
Al Gerente de la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
Al titular de la cartera del Ministerio del Interior.
Al titular de la cartera del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Al titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
Libertad, Igualdad, Justicia y Pluralismo Político.
Primacía y Subsidiariedad.
Pluralismo, No Discriminación, Tolerancia, Justicia, Solidaridad interterritorial e igualdad entre Mujeres y Hombres.
Respeto a la Dignidad Humana, Libertad, Democracia, Igualdad, Estado de Derecho y respeto de los Derechos Humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías.
Ejecuta las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo y el Consejo.
Puede ser objeto de moción de censura por parte del Parlamento Europeo.
Tiene un mandato de cuatro años, renovándose tras cada elección al Parlamento Europeo.
Está integrada por veintisiete comisarios, uno por cada país integrante de la Unión.
Está adscrita al Ministerio de la Presidencia.
Tiene diferentes comisiones, cada una de las cuales se estructura, con rango de dirección general, dentro de los diferentes ministerios.
Tiene como objeto la promoción de las políticas y programas públicos cuya gestión corresponde a la Administración General del Estado, favoreciendo el uso racional de los recursos públicos y el impulso de la gestión de la calidad de los servicios.
Presenta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Las Cortes Generales.
El Ministerio que asume las competencias en materia de Igualdad.
Pueden regular derechos fundamentales y libertades públicas.
Pueden ser aprobados en supuestos de extraordinaria y urgente necesidad.
Son aprobados por el Gobierno previa delegación de las Cortes Generales.
No son normas con rango de ley.
Resolver sobre los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o los conflictos de éstas entre sí.
Resolver sobre los recursos de inconstitucionalidad.
Resolver sobre los recursos de casación.
Resolver sobre los recursos de amparo.
La gestión en materia de protección del medio ambiente.
Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Asistencia social.
Defensa.
Declarar la guerra, previa autorización de las Cortes.
Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo.
El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Presidir las sesiones conjuntas de las Cortes Generales.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo de las Cortes Generales. Una ley ordinaria regulará su composición y competencia.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley ordinaria regulará su composición y competencia.
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo de las Cortes Generales. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.
Es de aplicación a la Administración General del Estado únicamente.
Es de aplicación a la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integra la Administración Local.
Excluye de su aplicación únicamente a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las administraciones General, Autonómicas y Locales.
Es de aplicación a todas las Administraciones Públicas con exclusión de los entes locales.
Autorizar al Presidente del Gobierno para que proponga al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
Oponer su veto a un proyecto de Ley.
Convalidar o derogar Decretos leyes.
Investir al Presidente del Gobierno.
El Defensor del Pueblo puede interponer recursos de inconstitucionalidad.
El Defensor del Pueblo no tiene competencia allá donde exista una figura autonómica de Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo puede supervisar en nombre de las Cortes Generales la actividad de la Administración.
El Defensor del Pueblo puede interponer recurso de amparo incluso cuando no tenga interés personal en el asunto.
Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, Ministros, Secretarios de Estado y Directores Generales.
Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso y Ministros.
Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, Ministros y Secretarios de Estado.
Presidente, Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, Ministros, Secretarios de Estado, Directores Generales y Subdirectores generales.
En la organización central de la Administración General del Estado son órganos directivos los Subsecretarios y los Secretarios Generales, los Secretarios generales técnicos y los Directores Generales y los Subdirectores Generales.
En la organización central de la Administración General del Estado son órganos superiores los Ministros, los Secretarios de Estado y los Delegados del Gobierno.
En la Administración General del Estado en el exterior sólo son órganos directivos los embajadores.
En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos superiores los Secretarios de Estado y los Directores Generales.
Los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
Los diputados pueden acumular el acta de una Asamblea autonómica que coincida con su circunscripción de origen.
Son elegidos cada cuatro años, siendo la circunscripción electoral la Comunidad Autónoma.
Están ligados por mandato imperativo.
Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
La Administración Local adecuará sus actuaciones al principio de estabilidad financiera antes del 30 de junio de 2012.
Las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad financiera antes del 30 de junio de 2012.
El artículo 135.1 de la Constitución española de 1978 no ha sufrido ningún cambio.
El castellano y el resto de lenguas españolas serán también oficiales en todo el territorio nacional.
El castellano y las demás lenguas de acuerdo con los Estatutos de las Comunidades Autónomas, previa aprobación de las Cortes Generales.
El castellano y el catalán únicamente.
El castellano.
Excedencia forzosa.
Servicios especiales.
Suspensión provisional.
Excedencia voluntaria por interés particular.
Podrá ejercer un derecho de opción por el cobro de la prestación que estime más conveniente, sin que este derecho pueda ejercerse más de una vez.
Podrá ejercer el derecho por el cobro de la prestación que estime más conveniente, pudiendo ejercer éste cuando lo considere.
Percibirá la de mayor cuantía.
No tiene opción, pues se le adjudicará la de mayor cuantía.
Todos los funcionarios de carrera, excepto los pertenecientes a la Administración Militar, a las Comunidades Autónomas y a la Administración Local.
Los funcionarios de carrera y en prácticas de la Administración Civil del Estado.
Todos los funcionarios de carrera y el personal laboral fijo.
Todos los funcionarios de carrera pertenecientes a las Administraciones Públicas, excepto de los funcionarios de la Administración Militar.
El Secretario General Técnico del Departamento.
Los Directores Generales con la autorización del Subsecretario del Departamento.
El Subsecretario del Departamento en que esté destino el funcionario, en todo caso.
El Ministro del Departamento donde esté destinado el funcionario.
El secreto profesional en asuntos de su competencia.
La diligencia en el desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo.
La abstención en asuntos que no les hayan asignado expresamente.
La dedicación exclusiva al servicio público.
Dieciocho años cumplidos.
Dieciocho años cumplidos en el año de la convocatoria.
Podrá establecerse en cada proceso selectivo.
Dieciséis años cumplidos.
Devengarán retribuciones y les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
No devengarán retribuciones, no obstante les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.
Se equiparará la situación del funcionario cuya situación sea de excedencia por agrupación familiar a la del cónyuge únicamente a efectos retributivos.
No tienen ningún derecho preferente.
En puesto superior al que cesarían al pasar a dicha situación.
En cualquier localidad del territorio nacional.
En la misma localidad.
A los seis meses desde la comisión de la falta.
A los seis meses desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Al año desde la comisión de la falta.
Al año desde la firmeza de la resolución sancionadora.
Cuando no afecten a terceros ni a derechos fundamentales del interesado en el procedimiento.
Cuando aún afectando a terceros no afecten a derechos subjetivos de los interesados.
Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
Únicamente cuando se trate de actos dictados por el Consejo de Ministros.
Hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento.
Hayan vulnerado derechos fundamentales y libertad públicas protegidas constitucionalmente.
Al dictarlos se hubieres incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
Hayan causado indefensión al interesado.
Legalidad y justicia.
Jerarquía y legalidad.
Transparencia y participación.
Publicidad y cooperación.
Del cumplimento sucesivo de todos los requisitos establecidos en el artículo 62.1 del Estatuto Básico del Empleado Público.
Nombramiento por el órgano competente sin necesidad de publicación en el BOE.
Únicamente la mera superación del proceso selectivo.
Acto de desacato de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía y del reto del Ordenamiento Jurídico, y toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
El régimen general de los funcionarios de carrera en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición.
El régimen especial para funcionarios del grupo A1.
El régimen de contratación administrativa de suministros.
El régimen del personal laboral de alta dirección.
Eficiencia y eficacia.
Publicidad e igualdad de oportunidades.
Capacidad de liderazgo y control de resultados.
Mérito y capacidad.
No ha reserva de plazas para personas con discapacidad.
3% de las plazas ofertadas de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público.
7% de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público.
7% del cual un 3% será para personas con discapacidad intelectual y un 4% para personas con otra discapacidad.
Valorará únicamente la conducta profesional.
Los efectos de la evaluación no afectarán a la carrera profesional horizontal.
Los sistemas de evaluación se adecuarán únicamente a criterio de objetividad.
Valorará la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
Un año.
No tiene plazo de duración establecida.
Un mes en territorio nacional y tres en el extranjero.
Un mes en territorio nacional, dado que no cabe comisión de servicios en el extranjero.
Exclusivamente, el Sector Público Administrativo.
Los Sectores Públicos Administrativo, Empresarial y Fundacional.
Exclusivamente, los Sectores Públicos Administrativo y Fundacional.
Exclusivamente los Sectores Públicos Administrativo y Empresarial.
Estabilidad presupuestaria.
Unidad de caja.
Racionalidad presupuestaria.
Reciprocidad.
Secciones y Servicios.
Centros Gestores.
Entidades y Organismos Públicos.
Entidades de derecho público.
Los contratos de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras y de 18.000 euros cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público, en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.
Los contratos de importe superior a 30.000 euros cuando se trate de contratos de obras, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los contratos de importe inferior a 50.000 en todo caso.
Los contratos de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de suministros, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector Público.
Por el Subsecretario aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
Por los servicios jurídicos del sector público adscritos al Ministerio de Hacienda aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
De adjudicación directa, previo informe vinculante de los servicios jurídicos del sector público adscritos al Ministerio de Hacienda.
Por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación.
Entidad estatal de derecho público, con efectos de 1 de enero de 2015 y vigencia bianual.
Entidad estatal de derecho comunitario, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia bianual.
Entidad estatal de derecho público, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia bianual.
Entidad estatal de derecho público, con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida.
Únicamente estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en cuyo caso estarán excluidos de la citada acción protectora.
Estarán exentos de la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes y enfermedades profesionales dado que desarrollan actividades de utilidad pública o talleres, programas formativos, de reeducación, laborales, culturales de educación vial, sexual u otros similares.
Siempre estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por el tiempo que dure el plan de ejecución aprobado.
Estarán incluidos en la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, salvo que realicen el cumplimiento de esta pena mediante su participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares, en cuyo caso lo estarán atendiendo a la duración efectiva del taller o programa.
Se realizará la propuesta de cambio en el plan de intervención, sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.
No se realizará el plan de intervención si el penado se opone a la modificación y se comunicará tal circunstancia al órgano jurisdiccional competente para la ejecución.
No se realizará el plan de intervención y se comunicará tal circunstancia al órgano jurisdiccional competente para la ejecución.
Se realizará la propuesta en el plan de intervención y se estará a la espera de lo que resuelva el órgano jurisdiccional competente para la ejecución.
Únicamente el Ministerio Fiscal o el liberado condicional.
Cualquier persona afectada por la resolución y el Ministerio Fiscal.
Únicamente el interno o el liberado condicional.
Únicamente el Ministerio Fiscal y el interno o liberado condicional.
A las Autoridades sanitarias correspondientes.
Al Centro Directivo.
El Reglamento Penitenciario no hace mención expresa de esa circunstancia.
Al Ministerio Fiscal.
Aislamiento en celda de hasta siete días de duración siempre que se haya demostrado una evidente agresividad o violencia por parte del interno.
Privación de permisivo de salida por tiempo igual o inferior a tres meses.
Privación de paseos y actos recreativos comunes desde tres días hasta dos meses como máximo.
Limitación de las comunicaciones orales al mínimo tiempo previsto reglamentariamente durante un mes como máximo.
La tenencia de drogas tóxicas.
La duración de condena o condenas.
La naturaleza de los delitos cometidos.
La participación activa en amenazas o coacciones.
Las necesidades del interno trabajador.
La decisión de la Junta de Tratamiento.
Las orientaciones del tratamiento y a las necesidades de trabajo en los sectores laborales.
La época estival.
La firma del Instructor del expediente con el visto bueno del Director.
Indicación de si se ha adoptado por unanimidad o por mayoría, y este último caso si ha habido o no votos particulares.
Indicación de si la ejecución de la sanción de aislamiento ha sido aplazada por motivos médico o se ha suspendido su efectividad.
El número de expediente disciplinario y un breve resumen de los actos procedimentales básico que lo hayan precedido. En el supuesto de haberse desestimado la práctica de alguna prueba deberá expresarse la motivación formulada por el Instructor en su momento.
La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan diferentes preceptos, en su ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. En estos casos, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en su límite máximo.
La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. En estos casos, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en su límite máximo.
La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto, en su ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. En estos casos, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave incrementada en la mitad de su máximo.
La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejante precepto, en ejecución de un plan no preconcebido. En estos casos, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave incrementada en la mitad de su máximo.
Es el encargado de impulsar el área de vigilancia, no estando sometido a la supervisión de los mandos del centro, pudiendo adoptar las medidas indispensables para mantener el orden y el buen funcionamiento de los servicios.
Es el encargado de la coordinación de los servicios del área de vigilancia si bien no adoptará provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y el buen funcionamiento de los servicios, correspondiéndole al Director.
Es el encargado de la coordinación de los servicios del área de seguridad interior exterior bajo la dirección y supervisión de los mandos del centro y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en consecuencia, no adoptara provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y el buen funcionamiento de los servicios.
Es el encargado de la coordinación de los servicios del área de vigilancia bajo la dirección y supervisión de los mandos del centro, y en consecuencia, adoptará provisionalmente las medidas indispensables para mantener el orden y el buen funcionamiento de los servicios, dando cuenta de ellas al Director.
La Junta Económico-administrativa exclusivamente en la adecuación de las normas de gestión del Establecimiento Penitenciario a la crisis económica.
El Consejo de Dirección y la Junta de Tratamiento.
La Comisión Disciplinaria y el Consejo de Dirección.
La Comisión Disciplinaria y la Junta de Tratamiento.
Como un derecho de aplicación progresiva cuya efectividad se encuentra en función de los medios que tenga la Administración penitenciaria.
Como una obligación de los penados dentro de la función de resocialización que ejerce el sistema penitenciario en el ordenamiento español.
Como la relación jurídica siu generis cuyo establecimiento depende tanto de la efectiva voluntad del interno como de la Administración penitenciaria, en atención de las circunstancias del centro penitenciario, así como de la particular situación del penado.
Como una facultad de los penados cuyo ejercicio depende exclusivamente de la voluntad de éstos, pero que en caso de ejercerse, debe la Administración, en el ámbito de sus posibilidades, tender a satisfacer.
Será el Subdirector que ejerza el turno de Incidencias el día que se convoque el órgano colegiado.
Será el Director Suplente nombrado por el Centro Directivo entre los Subdirectores del Establecimiento Penitenciario.
Será el Administrador del centro penitenciario.
Será el Subdirector que ejerza el tuno de Incidencias el día que se celebre la sesión del órgano colegiado.
Con voz pero sin voto, un funcionario elegido anualmente por los empleados públicos del centro penitenciario.
Con voz y voto, un funcionario elegido anualmente por los empleados públicos del centro penitenciario.
Con voz pero sin voto, un funcionario designado por el Director de entre los destinados en el centro penitenciario.
Con voz y voto, un funcionario designado por el Director de entre los destinados en el centro penitenciario.
L.O. 6/1985, de 1 de julio.
L.O. 7/2003, de 30 de junio.
L.O. 6/2003, de 30 junio.
L.O. 5/2003, de 27 de mayo.
El Consejo de Dirección.
El Consejo Social Penitenciario.
La Junta de Tratamiento.
La Subdirección de Tratamiento.
Emérito penitenciario.
Excelentísimo señor.
Grande penitenciario de España.
Ilustrísimo señor.
La custodia de los objetos de valor en la caja del Establecimiento o en lugar seguro al primero y la custodia del dinero al segundo, salvo en los Establecimientos de régimen abierto.
La custodia del dinero al primero y la custodia de los objetos de valor en la caja del Establecimiento o en lugar seguro al segundo en todos los Establecimientos Penitenciarios.
La custodia de los objetos de valor en la caja del Establecimiento o en un lugar seguro al primero y la custodia del dinero al segundo en todos los Establecimientos Penitenciarios.
La custodia de los objetos de valor en la caja del Establecimiento o en lugar seguro y la custodia del dinero, salvo en los Establecimientos de régimen abierto corresponde, al Subdirector de Seguridad.
Todo acto o decisión económico-administrativa de un Establecimiento Penitenciario deberá estar propuesto por el Administrador del centro, y en aquellos casos en que este Reglamento o sus normas de desarrollo expresamente otro procedimiento será necesaria la autorización por el Director del centro penitenciario.
Todo acto o decisión económico-administrativa de un Establecimiento Penitenciario deberá estar propuesto por el Administrador y autorizado por el Director del centro, salvo en aquellos casos en que este Reglamento o sus normas de desarrollo establezcan expresamente otro procedimiento.
Todo acto o decisión económico-administrativa de un Establecimiento Penitenciario deberá estar propuesto por el Administrador y autorizado por el Director del centro en todo caso.
Todo acto o decisión económico-administrativa de un Establecimiento Penitenciario deberá estar autorizado por el Administrador del centro, salvo en aquellos casos en que este Reglamento o sus normas de desarrollo establezcan expresamente otro procedimiento que será autorizado por el Director del centro penitenciario.
Tiene carácter de resolución al grado de tratamiento si el acordado es segundo grado de tratamiento.
Tiene carácter de resolución en cuanto al grado de tratamiento en todo caso.
Tiene carácter de resolución en cuanto al grado de tratamiento si el acordado es primer grado de tratamiento.
No tiene carácter de resolución en ningún caso, por ser inferior a uno de duración.
Salvo que el Juzgado de Vigilancia haya dispuesto lo contrario, se interpondrán en el plazo de 15 días a partir de la resolución o actuación impugnadas.
Podrá formularlos directamente ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Deberá presentarlos ante la Junta de Tratamiento, siempre que hagan referencia a resoluciones de clasificación o concesión de permisos.
Deberá presentarlos siempre a través de la dirección del establecimiento, para que puedan ser debidamente informados y se adjunte la documentación pertinente.
Se disfrutarán de forma necesaria entre las dieciséis horas del viernes y las ocho del lunes.
Constituyen el desarrollo de un supuesto de los permisos establecidos en el artículo 47.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Deben regularse de forma individualizada por la Junta de Tratamiento.
Están previstas únicamente para los clasificados a quienes se aplica el régimen de vida previsto en el artículo 83 del Reglamento Penitenciario.
Salvo en los supuestos en que la competencia se encuentra delegada en la Junta de Tratamiento, por razones de clasificación.
Sin perjuicio de las atribuciones de los Jueces de Vigilancia por vía de recurso.
Salvo en los supuestos en los que la competencia se encuentra delegada en el Consejo de Dirección, por razones de urgencia.
Sin perjuicio de las competencias de las jurisdicción contencioso-administrativa por vía de recurso.
El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
El Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril (actualmente Ley 36/2011, de 10 de octubre, regulador de la Jurisdicción social).
El Real Decreto 858/2005, de 15 de julio por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo.
El Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo.
Enrico Ferri.
Cesare Lombroso.
Raffaelle Garofalo.
Alexandre Lacassagne.
Tiene distinta transcendencia, en función de si es vencible o invencible.
Impedirá su apreciación.
Determina la imposición de la pena inferior en uno o dos grados.
Es penalmente relevante para la determinación cuántica de la responsabilidad civil en los delitos dolosos, pero no en los imprudentes.
Que en el asesinato a víctima debe estar viva cuando se ensañen con ella.
Que la agravante genérica no requiere dolo directo en el plus de dolor de la víctima.
Que en el asesinato no es preciso que el aumento del dolor del ofendido sea inhumano.
Que en el asesinato no se exige que el padecimiento sea innecesario para el delito.
Únicamente los que realizan el hecho por sí, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento o cooperan a su ejecución con un acto posterior sin el cual no se había efectuado.
Únicamente a los que realizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento.
Los autores inmediatos, los autores mediatos, los cooperadores necesarios y los inductores.
Únicamente los que se realizan el hecho por si solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento o inducen directamente a otros a ejecutarlo.
Sólo se castiga cuando se refiere a delitos con penas iguales o superiores a las establecidas en la Ley.
Sólo se castiga como forma de provocación cuando la Ley expresamente lo prevea.
Sólo se castiga cuando ella le hubiese seguido la perpetración del delito.
No se castiga.
No es una pena.
Es una pena muy grave.
Es una pena grave.
Es una pena menos grave.
La tentativa está castigada con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la Ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.
La tentativa está castigada con la pena inferior en un grado a la señalada por la Ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al interno y al grado de ejecución alcanzado.
La tentativa no está castigada.
La tentativa está castigada con la pena en su mitad inferior.
La L.O. 15/2003.
La L.O. 7/2003.
La L.O. 6/2004.
La L.O. 5/2003.
Acordarán la disolución de la asociación ilícita.
Acordarán, en todo caso, la suspensión de las actividades de la asociación ilícita por un plazo que no podrá exceder de diez años.
Acordarán, en todo caso, la intervención de la asociación ilícita para salvaguardar los derechos de los acreedores por un plazo máximo de cinco años.
Acordarán en todo caso, la suspensión de la asociación ilícita por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
Será responsable civil directo.
Será responsable civil solidario.
Será responsable civil subsidiario.
No será responsable civil.
Que se cometan en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.
Que la difusión por cualquier medio de las ideas o doctrinas que justifiquen las conductas tipificadas en el precepto que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de las mismas.
Que las conductas previstas en el precepto se cometan como parte de un ataque generalizado contra una parte de la población civil.
Que las conductas se realicen por razón de pertenencia de la víctima a un grupo o colectivo perseguido por motivos político, raciales, nacionales, éticos, culturales, religiosos o de género.
Se castigarán los hechos por separado en todo caso.
Se castigarán los hechos separadamente salvo cuando aquel ya se halle especialmente castigado por la Ley.
Se castigará únicamente el delito más grave imponiéndose la pena en su mitad superior.
Se castigará únicamente el delito más grave pudiendo imponerse la pena superior en grado, en su mitad inferior.
Puede cometerse a título de dolo o por imprudencia grave o ignorancia inexcusable.
Puede cometerse a título de dolo o imprudencia, grave o leve.
Sólo puede cometerse a título de dolo.
Sólo puede cometerse a título de imprudencia grave o por ignorancia inexcusable.
A los militares.
A todas las Autoridades y Funcionarios Públicos.
A todas las personas que tengan conocimiento de ello.
A quienes hayan sido directamente seducidos, inducís o provocados a la rebelión.
Grave.
Menos grave o grave, según la importancia cuantitativa de tal multa.
Menos grave.
Muy grave.
De la instrucción y enjuiciamiento, el juzgado de instrucción; del fallo, la Audiencia Provincial.
En todo caso el juzgado de lo penal.
De la instrucción, el juzgado de instrucción; del enjuiciamiento y fallo, el juzgado de lo penal.
De la instrucción, el juzgado de instrucción; del enjuiciamiento y fallo, la Audiencia Provincial.
Por escrito.
Por medio de mandatario con poder especial.
De palabra.
Por medio de mandatario con poder general.
El juzgado central de instrucción.
La sección correspondiente de la Audiencia Provincial.
La Audiencia Provincial constituida por un solo magistrado.
El juez de lo penal.
Afectan a la situación creada por la resolución impugnada y a las posteriores.
En ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugna.
Afectan a todas las situaciones jurídicas creadas por las resoluciones precedentes a la impugnada.
No afectan a ninguna situación jurídica anterior ni posterior a la sentencia.
No podrá tener una duración superior a diez días.
No podrá tener una duración superior a dos meses.
No podrá tener una duración superior a un mes debiendo alzarse necesariamente diez días antes de la conclusión del sumario.
No podrá tener una duración superior a un mes, sin ningún otro límite legal.
Cinco jurados.
Doce jurados.
Siete jurados.
Nueve jurados.
Los Juzgados Centrales de lo Penal y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Los Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Dos meses.
Veinte días.
Treinta días.
Un mes.
Al Juez de Vigilancia con competencia en el establecimiento penitenciario en el cumpla condena.
Al Juez o Tribunal que haya dictado la última sentencia.
A la Audiencia Provincial que corresponda, por estar situado dentro de su demarcación el establecimiento penitenciario.
Al Juez o Tribunal que haya puesto la pena privativa de libertad más grave, y en caso de igualdad de pena al que la haya puesto en último lugar.
Dorado Montero.
Bernaldo de Quirós.
Ferri.
Salillas.
Estudio de reacción del delito.
Estudio de autoinforme.
Estadística oficial internacional.
Encuesta Internacional de Victimización.
El Derecho penal, la criminología y la criminalística forman parte de la política criminal como ciencia.
La Criminología como ciencia forma parte de la disciplina del Derecho.
La Criminología se sirve de un método inductivo y el Derecho de un razonamiento lógico abstracto-deductivo.
Ambas se sirven exclusivamente del razonamiento abstracto-deductivo.
Un incremento de un 0,9%.
Un incremento en un 4,8%.
Un decremento de un 0,7%.
No se observa variación alguna en los años 2011 y 2012.
Las teorías de la Criminología ambiental.
Las teorías biológicas.
La Teoría del control social.
La Teoría general de la frustración.
De los datos suministrados por las estadísticas, las encuestas de victimización y los estudios de autoinforme.
Los datos recogidos por la policía en las estadísticas policiales anuales.
Del número total de delitos cometidos anualmente dividid por el número de habitantes.
De los datos suministrados por las estadísticas policiales, judiciales y penitenciarias.
El modelo biológico, el modelo farmacológico y el modelo social.
El modelo económico, el modelo farmacológico y el modelo psiquiátrico.
El modelo funcionalismo sistémico, el modelo económico-social y el modelo anómico.
El modelo psicofarmacológico, el modelo de la compulsión económica y el modelo sistémico.
Establecer parámetros inductivos que permitan a la política criminal obtener información acerca de la prevención del delito y la reinserción del delincuente.
Establecer líneas de actuación con los agentes públicos relacionados con el delito para la prevención de la delincuencia.
Proteger al delincuente y a la víctima.
Informar a la sociedad y a los poderes públicos sobre el delito, el delincuente, la víctima y el control social.
Merton.
Sutherland.
Durhkheim.
Zimbardo.
Cuando la indemnización reclamada es igual o superior a 50.000 euros.
Cuando la indemnización reclamada es igual o superior a 30.050 euros.
Cuando la indemnización reclamada por el particular es igual o superior a 6000 euros.
Cuando la indemnización reclamada es igual o superior a 600.050 euros.
Cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización.
Cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 10 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización.
Cuando hubiese transcurrido al menos un año desde su formalización, sin que se tenga en cuenta ningún importe de ejecución del contrato.
Cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido seis meses desde su formalización.
Medios propios de los diferentes órganos de contratación que componen las diferentes administraciones públicas.
Medios propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los mismos un control análogo al que se pueden ejercer sobre sus propios servicios.
Con capacidad suficiente para la realización de contratos de colaboración previos en la Ley.
Análogos para poder lograr eficiencia económica en la gestión de obras, servicios o suministros.
En este procedimiento la ocupación del bien se produce antes que la determinación del justiprecio.
El Jurado Provincial de Expropiación nunca interviene en los procedimientos declarados de urgencia.
La Ley de Expropiación Forzosa establece de forma taxativa los casos en los que puede acudirse al procedimiento de urgencia.
El procedimiento de urgencia es sustancialmente idéntico al procedimiento general, pero los plazos se reducen a la mitad.
El plazo para practicarla será en todo caso de 30 días con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso penal.
El plazo para practicarla será de 60 días, con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso labora.
Se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso penal, siendo el plazo para practicarla de 30 días, aun cuando fuere por causas no imputables a la parte que la propuso.
Se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarlas de 30 días, salvo por causas no imputables a la parte que la propuso.
En el procedimiento laboral ordinario, el demandado no realiza el escrito de contestación a la demanda.
Antes de iniciar el juicio, el juez intentará la conciliación entre las partes.
La demanda debe contener los hechos sobre los que verse la pretensión, los fundamentos de derecho y la súplica correspondiente.
La prueba se practica siempre en un acto de vista separado, tras el cual las partes formularan oralmente sus conclusiones.
Diez días naturales.
En el plazo prudencialmente fijado por el convenio que resulte de aplicación a la empresa afectada por la huelga.
Quince días naturales.
Tres días naturales.
Es única para la vida de cada persona.
Los extranjeros nunca se afilian a la seguridad social, sino que mantienen una situación especial de alta en el sistema, en tanto ejercían su actividad en territorio nacional.
Es necesaria una nueva afiliación cuando se produce baja en el régimen general y se ingresa en cualquier régimen especial.
Para los españoles nacidos en España se produce automáticamente en el momento de su inscripción en el Registro Civil.
Los bienes muebles de titularidad estatal, contenidos en los reales palacios o depositados en otros inmuebles de propiedad pública, enunciados en el inventario que se custodia por el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
El Palacio Real de Oriente y el Parque de Campo del Moro.
Los Reales Alcázares de Sevilla.
Las donaciones hecha al uso y servicio de la Corona.
Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización.
Las reuniones deberán ser comunicadas con anterioridad a su celebración a la autoridad gubernativa.
Es necesaria la previa autorización de reuniones privadas.
El régimen de reuniones, conforme a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, estará sometido a s consideraciones previas de a autoridad gubernativa.
Únicamente a la exigencia de responsabilidad disciplinaria.
A la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que hubiera lugar de acuerdo con la normativa vigente.
A la exigencia de responsabilidad disciplinaria o a la que hubiere dado lugar de acuerdo con la normativa vigente, de forma excluyente.
No comporta responsabilidad alguna, habida cuenta e las potestades discrecionales de las Administraciones Públicas en los procedimientos administrativos resolutorios.
La garantía de accesibilidad para personas con discapacidad.
La garantía de oportunidades iguales del subcontratista.
La garantía de accesibilidad a la función pública contractual.
La garantía de igualdad de oportunidades.
Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo con la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
Los menores de edad y los menores incapacitados, ambos cuando por edad o por la extensión de la incapacitación puedan ejercer y defender los derechos o intereses en igualdad de condiciones.
Los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate.
La autonomía de la voluntad es la primera fuente del derecho del trabajo.
El Estatuto de los Trabajadores se remite en esta materia al código civil, señalando únicamente el valor de los convenios colectivos, como fuente especial y exclusiva del derecho laboral.
Los convenios colectivos tienen rango normativo reglamentario.
Los usos y costumbres locales y profesionales son fuente de la relación laboral.
Las Administraciones Públicas los tendrán a disposición del administrado en las oficinas estatales y ayuntamientos de forma puntual, en función de las peticiones de los administrados.
Corresponde al modelo homologado del derecho de petición del artículo 29 de la Constitución español de 1978.
La Administraciones Públicas los tendrán permanentemente publicados y actualizados, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y se deberán presentar por vía electrónica.
Las Administraciones Públicas los tendrán permanentemente publicados y actualizados, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y, en todo caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica.
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