OEP 2011
Fecha del examen 2011-10-01
Sean reales y efectivas.
Se empleen por los ciudadanos dentro del respeto a las leyes.
Alcancen el nivel más alto posible.
Las personas y órganos legitimados mediante ley orgánica.
Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
El Presidente del Gobierno, el Defensor del .Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
El Tribunal de Cuentas dependerá directamente del Congreso y ejercerá sus funciones por delegación de él en el examen y comprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
El Tribunal de Cuentas dependerá directamente del Congreso y ejercerá sus funciones por delegación de él en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
Carecerán de validez en todo caso, debiendo estar siempre refrendados.
Serán válidos si se refieren a las actuaciones comprendidas en el artículo 62 de la Constitución.
Serán válidos si se refieren a las actuaciones comprendidas en el artículo 65.2 de la Constitución.
Asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
Asignando un número fijo de Diputados por cada circunscripción electoral.
Asignando una representación máxima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
Dos meses desde la tercera votación de investidura.
Dos meses desde la primera votación de investidura.
Dos meses desde la segunda votación de investidura.
Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la legislación específica.
Aprobar la propuesta de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Economía y Hacienda.
Desempañar la jefatura superior de todo el personal del Departamento.
En una Secretaría General Técnica, o bien en aquellos órganos que determine el Real Decreto de estructura del Departamento.
En una Subsecretaría dependiente directamente del Ministro, a la que estará adscrita una Secretaría General Técnica y los demás órganos que determine el Real Decreto de estructura del Departamento.
En una Secretaría General Técnica.
Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, cuando el gobierno de la Nación les haya atribuido tal facultad.
Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, cuando las Cortes Generales les hayan atribuido tal facultad.
Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas, sin limitación alguna, si tal facultad les ha sido atribuida por las Cortes Generales.
Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas, constitucionalmente, al Estado y la correcta aplicación de su normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y demás acciones legalmente procedentes.
Nombrar a los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los Organismos públicos de ámbito autonómico y provincial, no integrados en la Delegación del Gobierno.
Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de sus Organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales.
Los Organismos autónomos dependen de un Ministerio, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, a través del contrato de gestión del Organismo al que esté adscrito.
Los Organismos autónomos dependen de un Ministerio, al que corresponde la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad, a través del órgano al que esté adscrito el Organismo.
Las Agencias Estatales dependen de un Ministerio o un Organismo autónomo, correspondiendo la dirección estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad al órgano de adscripción del Ministerio u organismo.
Solamente funcionario, en los términos establecidos para la Administración General del Estado.
Funcionario o laboral, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado, pudiendo establecerse en su Ley de creación, de manera excepcional, determinadas peculiaridades.
Estatutario, en los mismos términos que los establecidos para la Administración General del Estado.
La Dirección General de Tráfico.
La Dirección General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
El seguimiento y supervisión, según modalidad, de los internos cuando pasen a cumplir condena bajo el régimen abierto.
La organización y gestión de las instituciones penitenciarias en lo relativo al régimen penitenciario de los centros penitenciarios.
La gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad.
25 de marzo de 1958.
1 de enero de 1958.
25 de marzo de 1957.
Tratado de Ámsterdam de 1997.
Tratado de Maastricht de 1992.
Tratado de Niza de 2001.
Se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla.
Se superpone a la ciudadanía nacional.
Complementa a la ciudadanía nacional.
El Tratado de Maastricht.
El Tratado de Lisboa.
El Acta única Europea.
EUROPOL.
EUROSAT.
EUROJUST.
Los funcionarios públicos, los empleados públicos y el personal laboral incluidos en su ámbito de aplicación.
Los empleados públicos incluidos en su ámbito de aplicación.
Los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.
Principios éticos.
Principios rectores.
Principios de conducta.
Deberán superar los procesos selectivos, sin excepción.
Podrán quedar exentos de la realización de las pruebas de acceso que tengan por objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el organismo internacional correspondiente.
Quedarán exentos de realizar las pruebas de acceso, si poseen la titulación requerida.
Está establecido en un plazo mínimo de dos años.
Será el que determine cada Departamento ministerial en función de sus necesidades.
Vendrá establecido por las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto.
Servicio activo.
Servicio en otras Administraciones Públicas.
Servicios especiales.
Traslado pactado.
Traslado voluntario.
Traslado forzoso.
Convenio de Conferencia Sectorial.
Permutas.
Concurso Marco Interadministrativo de Traslados.
Retribuciones debidas.
Retribuciones definidas.
Retribuciones diferidas.
Que la cantidad total percibida por ambos puestos no supere en un 10% la prevista para el cargo de Director General.
Que la cantidad total percibida por ambos puestos no supere la remuneración prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General.
Que la cantidad percibida por ambos puestos de trabajo no supere en un 30% la prevista para el cargo de Director General.
La producción literaria, aunque se origine como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
Las derivadas de la Administración del patrimonio personal o familiar, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la citada ley.
La participación ocasional o asidua en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.
El Subsecretario del Departamento en que esté destinado el funcionario, en todo caso.
El Ministro del Departamento donde esté destinado el funcionario.
El Subsecretario del Departamento en que este destinado el funcionario, a propuesta de los Directores Generales.
Tres meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
Seis meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado.
Un año, en todo caso.
Podrá ejercer el derecho de opción por el cobro de la prestación que estime más conveniente, pudiendo ejercer éste cuantas veces lo considere oportuno.
Podrá ejercer un derecho de opción por el cobro de la prestación que estime más conveniente, sin que este derecho pueda ejercerse más de una vez, con carácter general.
Percibirá la de mayor cuantía.
El Defensor del ciudadano ante el uso de la administración electrónica.
El Defensor del usuario de la administración electrónica.
El Defensor del ciudadano ante las Administraciones Públicas.
Documentos electrónicos normalizados y cualquier solicitud, escrito o comunicación dirigidos a cualquier órgano o entidad del ámbito de la Administración titular del registro.
Únicamente documentos electrónicos normalizados, dirigidos a la Administración pública titular del registro.
Exclusivamente documentos electrónicos normalizados dirigidos a cualquier órgano o entidad del ámbito de la Administración General del Estado.
El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contenga.
El conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, siempre que su contenido se refiera a actos administrativos iniciados de oficio.
El conjunto de documentos electrónicos, debidamente foliados y autentificados correspondientes a un procedimiento administrativo siempre y cuando no formen parte de distintos expedientes.
Discriminación indirecta por razón de sexo.
Discriminación directa por razón de sexo.
Acción negativa por razón de sexo.
A la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.
A la reducción de su jornada de trabajo hasta un máximo del 50% de su tiempo.
A la elección de las vacaciones anuales, permisos y licencias de forma preferente.
El Gobierno, al inicio de cada legislatura.
El Gobierno, anualmente.
El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, anualmente.
A nivel de concepto.
Al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica, sin establecerse una especificación con carácter general.
A nivel de artículo.
El Ministro de Economía y Hacienda.
Los distintos Ministerios, conteniendo las propuestas de presupuestos de ingresos y gastos de cada uno de sus departamentos, organismos autónomos y entidades a ellos adscritos.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Los Anticipos de tesorería.
Los Fondos a justificar.
Los Anticipos de caja fija.
Cinco días, contados desde el mismo día de recepción.
Diez días, contados desde el siguiente a la fecha de recepción.
Cinco días, contados desde el siguiente a la fecha de recepción.
Aprobación del gasto.
Compromiso del gasto.
Ordenación del gasto.
Aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo, así como el reconocimiento y el pago de las obligaciones.
Únicamente aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo.
Exclusivamente, aprobar y comprometer los gastos propios de los servicios a su cargo así como reconocer las obligaciones correspondientes.
Tres meses, en todos los casos.
Tres meses, excepto las correspondientes a pagos de expropiaciones y pagos en el extranjero que podrán ser rendidas en el plazo de seis meses.
Seis meses, en todos los casos.
El sector publico fundacional.
El sector público administrativo.
El sector público empresarial.
Aprobación del gasto.
Retención de crédito.
Compromiso de gasto.
La ejecución de las medidas de seguridad no privativas de libertad.
La ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad de internamiento en establecimiento o unidad psiquiátrica penitenciaria.
La ejecución de las medidas de seguridad, tanto de medidas privativas como no privativas de libertad.
El Real Decreto 419/2011, de 25 de marzo.
El Real Decreto 840/2011, de 17 de junio.
El Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo.
El artículo 267 del Reglamento Penitenciario, que regula el régimen jurídico de los órganos colegiados de los centros penitenciarios, y remite sus normas de funcionamiento a lo establecido en el Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El artículo 132 del Reglamento Penitenciario, al referir que la potestad disciplinaria que ejerce la Comisión Disciplinaría deberá adecuarse a los principios recogidos en el Titulo III de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
El artículo 54 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, al establecerse que la Administración Penitenciaria garantizará la libertad religiosa de los internos conforme a lo preceptuado en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las Juntas de Tratamiento u órganos colegiados equivalentes se reunirán una vez al mes en sesión ordinaria, salvo que lo hagan con mayor periodicidad, en función de determinadas características, previa aprobación del Centro Directivo.
Las Juntas de Tratamiento u órganos colegiados equivalentes se reunirán una vez al mes en sesión ordinaria, salvo que lo hagan con mayor periodicidad, previa aprobación del Consejo de Dirección del Centro y comunicación al Centro Directivo.
Las Juntas de Tratamiento u órganos colegiados equivalentes se reunirán una vez al mes en sesión ordinaria, previa aprobación del Centro Directivo.
Cuando se estime conveniente, por razón de los efectos que pueda producir o de los destinatarios.
En todo caso.
En ningún caso.
Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se imponen, exteriorizada en un hecho previsto como delito, por lo que no estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social del sometido, sino a la salvaguarda de terceros.
Las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social del sometido, por mandato constitucional.
Por mandato constitucional solo las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social del penado.
De forma parcial sin límite temporal, en los supuestos de graves alteraciones del orden en el centro, que obliguen a la Administración Penitenciaria a requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
De forma parcial y temporalmente, en los supuestos de graves alteraciones del orden en un centro, que obliguen a la Administración Penitenciaria a requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
De forma total y temporalmente, en los supuestos de graves alteraciones del orden en un centro, que obliguen a la Administración Penitenciaria a requerir la intervención de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Aquellos centros de la Administración Penitenciaria de régimen ordinario.
Aquellos centros de la Administración Penitenciaria destinados al cumplimiento de penas y medidas de seguridad privativas de libertad y de custodia y retención de presos y detenidos.
Aquellos centros de la Administración Penitenciaria destinados al cumplimiento de las penas y de las medidas de seguridad privativas de libertad.
Ayudante y especialista.
Aprendiz y oficial.
Operario base y operario superior.
Por el Consejo de Dirección como órgano supremo de los existentes en el centro penitenciario.
Por el Gerente del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, al corresponderá la dirección y gestión de los trabajos y actividades comerciales, industriales y cualesquiera necesarios para la actividad del Organismo.
Por el Director del centro, como delegado del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, previa valoración de las circunstancias de cada caso.
La autorización expresa del Juez de Vigilancia Penitenciaria que corresponda.
La autorización expresa del juez ejecutor de su causa penal.
La autorización del Director del Centro, previo acuerdo de la Junta de Tratamiento, tras la valoración de los motivos de la petición.
Únicamente la dirección del centro podrá solicitar la asistencia de profesionales médicos ajenos a la institución, previo informe motivado de los servicios médicos del mismo, sufragando los gastos la administración.
Pueden ser exigidos por el interno y los gastos que se deriven serán sufragados por la administración del centro.
Podrán ser solicitados por el interno y los gastos a su costa, excepto que por razones de seguridad aconsejen limitar este derecho.
Como medios y no como finalidades en sí mismas.
Como fines dirigidos a la reinserción de los internos.
Como medios obligados para facilitar la convivencia.
A los tres años, dos años y seis meses.
A los tres años, dos años y un año.
A los dos meses, un mes y quince días.
En la Convención de Palermo de las Naciones Unidas.
En el Código Penal.
En la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Los programas de intervención especifica llevados a cabo por equipos técnicos estables.
La correcta clasificación del penado y su separación de los preventivos.
Los cambios de celda y la asignación adecuada de destinos.
Se ajustarán, en cuanto a su intensidad, al grado de tratamiento en que se encuentren los internos.
Se ajustarán, en cuanto a su intensidad, a la potencial peligrosidad de los internos a los que se les aplique.
Se ajustarán, en cuanto a su intensidad, al fichero de seguimiento en que se encuentre el interno.
A los penados clasificados en Segundo Grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos.
A los penados clasificados en Tercer Grado, siempre que sea en la modalidad prevista en el Artículo 82.1 del RP.
A los penados clasificados según el principio de flexibilidad establecido en el Artículo 100.2 del RP.
Centros de Inserción Social.
Unidades Dependientes.
Establecimientos de Régimen Abierto.
Se atenderá exclusivamente a la limitación de actividades comunes y un mayor control y vigilancia sobre los internos.
Se diseñará un programa de intervención específico que garantice la atención personalizada a los internos que se encuentren en dicho régimen.
Se podrán establecer limitaciones regimentales iguales a las fijadas para el régimen de cumplimiento de la sanción en celda.
Será remitida al Centro Directivo para su resolución.
Será acordada por la Junta de Tratamiento y autorizada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.
Será autorizada por la Junta de Tratamiento previo informe del equipo técnico.
El tratamiento penitenciario se basará, entre otros, en el estudio del sistema dinámico-motivacional del interno.
El tratamiento penitenciario no guardará relación directa con un diagnóstico de personalidad criminal del interno.
El tratamiento penitenciario será complejo, integrando varios métodos en una dirección de conjunto.
Tanto si la liberación tiene lugar en el centro como si la última parte de la condena se ha cumplido en situación de libertad condicional, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de libertad definitiva solo al Tribunal sentenciador.
Tanto si la liberación tiene lugar en el centro como si la última parte de la condena se ha cumplido en situación de libertad condicional, expidiéndose y remitiéndose certificaciones de libertad definitiva al tribunal sentenciador y al Juez de Vigilancia Penitenciaria.
Exclusivamente si la liberación tiene lugar en el centro penitenciario.
Figurarán los votos contrarios al acuerdo adoptado.
En ningún caso figurarán los votos contrarios al acuerdo adoptado, salvo que alguno de los miembros del órgano colegiado formule voto particular.
Figuraran las abstenciones de sus miembros y los motivos que las justifiquen.
Ordenar la suspensión de las comunicaciones orales, por propia iniciativa, cuando los comunicantes no observen un comportamiento correcto.
Autorizar los cacheos con desnudo integral por motivos de seguridad concretos y específicos, cuando existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que el interno oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del establecimiento
Recabar con carácter provisional el auxilio de las fuerzas de Seguridad de guardia en el establecimiento en los casos de graves alteraciones del orden con peligro inminente para las personas o para las instalaciones del centro.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio.
Dependiendo de la cuantía malversada no podría ser sancionado disciplinariamente.
Es falso, podría ser sancionado disciplinariamente.
Efectivamente, no podrá ser sancionado en ningún caso.
Grave.
Menos grave.
Menos grave o grave, según la importancia cuantitativa de tal multa.
Sí es correcta, en todo caso.
No es correcta, pues pueden ser perseguidas de oficio en todo caso.
No es correcta, pues puede no exigirse tal denuncia, dependiendo esta circunstancia de la relación entre la víctima y el reo.
Sólo se castigará cuando incite indirectamente a cometer un delito o falta.
Sólo se castigará cuando a ella le hubiese seguido la perpetración del delito.
Sólo será delictiva como forma de provocación y se castigará cuando la Ley así lo prevea.
Quien adquiere mediante la superación de pruebas de selección y cursos formativos, en su caso, la condición de personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Toda persona incorporada a la Administración Pública mediante una relación de servicios profesionales y retribuidos.
Al que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas.
Es una pena menos grave.
Es una pena grave.
No es una pena, es una regla de conducta de las tipificadas en el Artículo 83.1 del Código Penal.
Nueve años de suspensión de empleo y cargo público.
Ocho años y medio de suspensión de empleo y cargo público.
Seis años de suspensión de empleo y cargo público.
Son numerus clausus.
Son numerus apertus.
No pueden ser impuestas tales reglas de conducta a los penados en situación de libertad condicional, sino a los penados a los que se les ha suspendido la condena privativa de libertad.
No es delito, es una falta.
Es delito respecto del que lo practica y la mujer embarazada.
Es delito respecto del que lo practica.
El perdón del ofendido o su representante legal extingue la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 130.1.5°, párrafo segundo del Código Penal.
No se encuentran protegidos los datos reservados de personas jurídicas.
La provocación, la conspiración y la proposición para cometer tales delitos será castigada con la pena inferior en dos grados a la señalada para el autor del delito consumado.
Tiene el mismo marco penológico el robo en una casa deshabitada que en un local comercial abierto al público.
Tiene un marco penológico más leve el robo en una casa deshabitada que en un local comercial abierto al público.
Tiene un marco penológico más grave el robo en una casa deshabitada que en un local comercial abierto al público.
Las sustancias referidas se faciliten a menores de 21 años.
La conducta descrita tenga lugar en un establecimiento penitenciario.
Las sustancias referidas se adulteren, manipulen o mezclen.
El valor de la defraudación, si la cuantía de lo defraudado no excede de 300 euros.
El importe de lo defraudado, el quebranto económico del perjudicado, las relaciones de éste con el defraudador, los medios empleados por éste, y otras circunstancias que sirvan para valorar la gravedad del delito.
La intencionalidad del autor del delito.
Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
Prisión de uno a dos años y multa de seis a doce meses.
Prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.
4 años.
2 años.
6 años.
Pena de prisión de uno a tres años.
Pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años.
Multa de doce a veinticuatro meses.
Los que tengan lugar en actos de campaña electoral.
Los que se produjeren con ocasión de la celebración de espectáculos o eventos que congreguen a gran número de personas.
Los que se produzcan en sitios cerrados.
Se queda exento de responsabilidad penal.
No tiene ninguna relevancia a efectos penales, actuándose por el Ministerio fiscal y el Juez de Instrucción en las diligencias oportunas.
Se rebajaría la pena en caso de sentencia condenatoria.
El Juzgado de Paz.
El Tribunal Constitucional.
El Tribunal Superior de Justicia de las CCAA.
La del domicilio del autor del delito o falta.
La del domicilio de la víctima del delito o falta.
La del lugar de comisión del delito o falta.
Únicamente sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral.
Sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y única instancia, y las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única o segunda instancia.
Sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única instancia.
Cuando resulte del sumario haberse cometido un delito y no haya motivos suficientes para acusar a determinadas personas como autores, cómplices o encubridores.
Cuando el hecho no sea constitutivo de delito.
Cuando resulte debidamente justificada la perpetración del delito que hubiere dado motivo a la formación de la causa, pero el delito esté prescrito.
Los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años.
Los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años.
Todos los delitos castigados con penas de naturaleza distinta a la privativa de libertad, por cuantía inferior a 50.000 euros.
Únicamente por el Defensor de Pueblo, el Ministerio Fiscal y el privado de libertad.
Por el privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad.
Únicamente por el privado de libertad.
Se aplica el criterio general recogido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y Procedimiento Administrativo Común, al no referirse criterio al respecto en la Ley 30/2007.
Días naturales.
Días hábiles.
Con su formalización.
Con la adjudicación definitiva.
Cuando están totalmente ejecutados.
Los servicios de publicidad.
Los servicios de seguros.
Los servicios de transportes vía terrestre y aéreo.
Los contratos de importe inferior a 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras.
Los contratos de importe inferior a 30.000 euros cuando se trate de contratos de obras.
Los contratos de importe inferior a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministros.
La declaración de necesidad de ocupación pública del objeto expropiado.
La declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
La declaración de utilidad pública del fin al que haya de afectarse el bien expropiado mediante ley aprobada en Cortes.
El acuerdo del Consejo de Ministros en el que se incluyen los bienes objeto de la expropiación.
La declaración de utilidad pública o interés social.
El acuerdo de necesidad de ocupación.
Bienes de dominio privado o patrimoniales.
Bienes demaniales.
Bienes de dominio público.
Las entidades públicas empresariales no dependientes de la Administración General del Estado.
Los organismos autónomos dependientes de la Administración General del Estado.
Las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.
Únicamente la persona acosada.
Los sindicatos y las asociaciones legalmente constituidas cuyo fin primordial sea la defensa de la igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Cualquier ciudadano en ejercicio de la acción popular.
El uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
El uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.
El uso de la lengua se ajustará a lo que determine el interesado.
Si la Administración Pública de que se trate no notificara su decisión en el plazo de dos meses.
Si la Administración Pública de que se trate no notificara su decisión en el plazo de tres meses.
Si la Administración Pública de que se trate no notificara su decisión en el plazo de un mes.
Lo exija el interés general, apreciada esta necesidad por el Gobierno.
Lo exija el interés general, apreciada esta necesidad por mayoría absoluta de cada Cámara.
Lo exija el interés general, apreciada esta necesidad por mayoría absoluta del Congreso y mayoría simple del Senado.
Las disposiciones sancionadoras no producirán efecto retroactivo en ningún caso.
Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978.
Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo si así lo solicitara el presunto infractor.
A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
Al mes de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.
Por el Ministerio de la Presidencia del gobierno a propuesta de cada Departamento.
Por la Secretaría General Técnica, sin perjuicio del informe del Consejo de Estado en los casos legalmente previstos.
El Subsecretario del Departamento que elabore la propuesta.
Será necesario informe preceptivo de las Comunidades Autónomas afectadas.
Será necesario informe previo de las comunidades autónomas afectadas y del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Será necesario informe previo del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
Ante un acto administrativo desestimado por silencio, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
El plazo máximo en el que se debe notificar la resolución expresa al interesado será de un año.
En los casos de desistimiento de la solicitud se exceptúa la obligación de resolución expresa.
Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
Cuando se trate de actos dictados por el Consejo de Ministros.
Cuando no afecten a derechos subjetivos de los destinatarios.
Se interpone contra actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa.
Se interpone necesariamente, para acudir al orden jurisdiccional contencioso- administrativo.
Se interpone ante el órgano administrativo superior al que hubiera dictado el acto administrativo recurrido.
En cualquier caso.
Siempre que los empresarios queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma.
Siempre que los empresarios revistan forma jurídica de sociedad.
Sea su objeto lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios colectivos que sean de aplicación al trabajador.
Sea su objeto lícito, con independencia del contenido de las disposiciones que contenga.
Esté formalizado por escrito y entregada una copia básica del mismo a los representantes legales de las partes.
El acuerdo, siempre que se formalice por escrito tendrá la duración que libremente se fije por las partes, sin más limitaciones.
El acuerdo deberá ser por un periodo mínimo de dos años y se formalizará por escrito.
El acuerdo no será de duración superior a dos años y se formalizará siempre por escrito.
El preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de diez días naturales.
El preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la autoridad laboral habrá de ser, al menos, de quince días naturales.
El preaviso del comienzo de huelga al empresario y a la Inspección de trabajo habrá de ser, al menos, de diez días naturales.
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