OEP 2019 (Ext.)
Fecha del examen 2021-12-03
El artículo 7 relativo a la libertad sindical.
El artículo 21 relativo al derecho de reunión.
El artículo 62 relativo a las atribuciones del Rey.
El artículo 98 relativo al Gobierno.
Interés público.
Utilidad pública.
Interés general, con arreglo a la ley.
Obligado cumplimiento.
Tres meses, contados a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
Seis meses, contados a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
Un año, contado a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
Dos años, contados a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma.
El Presidente del Gobierno.
El Gobierno o cualquiera de ambas Cámaras.
El Gobierno, cualquiera de las Cámaras o cualquier juez o tribunal.
Quiénes se hayan legitimados para el recurso de inconstitucionalidad.
Nombrar al Defensor del Pueblo a propuesta del Presidente del Gobierno.
Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
Nombrar al Presidente del Tribunal Constitucional a propuesta del Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Nombrar a los Delegados del Gobierno a propuesta del Presidente del Gobierno.
El Presidente del Gobierno.
El Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad.
El Príncipe heredero de la Corona, aunque fuese menor de edad.
La Reina Regente.
El Rey.
Los Presidentes del Congreso y del Senado.
El Presidente del Congreso.
El Rey y los ministros competentes.
Dentro de los quince días siguientes a la celebración de las elecciones.
Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de las elecciones.
Diez
Once
Doce
Trece
Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
Aprobar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado.
Refrendar, en su caso, los actos del Rey.
Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.
Deberán asistir los Secretarios de Estado en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del Ministro correspondiente.
Podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente, otros altos cargos, cuando sean convocados para ello.
No podrán asistir los Secretarios de Estado, pero sí otros altos cargos, cuando sean convocados para ello.
Sólo podrán asistir los Ministros y, en su caso, el Rey, que presidirá las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
Ley ordinaria.
Ley orgánica.
Decreto Ley.
Las leyes de las distintas Comunidades Autónomas.
La mayoría absoluta de los Diputados.
Al menos un tercio de los Diputados.
La quinta parte de los Diputados.
Al menos la décima parte de los Diputados.
Por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Congreso de los Diputados, en la forma que determine la ley.
Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Por el Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
A la Comunidad Autónoma de que se trate.
Al Gobierno.
Al Consejo General del Poder Judicial.
A las Cortes, mediante ley.
Por Real Decreto del Consejo de Ministros.
Por Real Decreto del Presidente del Gobierno.
A través de las relaciones de puestos de trabajo.
Por Orden Ministerial.
Con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en el Título I de esta ley.
Con una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de un sector de actividad administrativa.
Con Secretarías de Estado, y excepcionalmente Secretarías Generales, para la gestión de un sector de actividad administrativa.
Con Secretarías de Estado y Secretarías Generales para la gestión de servicios comunes previstos en el Título I de esta ley.
Mediante Ley ordinaria.
Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.
Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.
Por Orden del Ministro respectivo.
De Subsecretario.
De Secretarios de Estado.
De Director General.
De Subdirector General.
El acuerdo de creación de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberá ser publicado en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran.
El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la siguiente.
Los órganos colegiados tendrán un Secretario que deberá ser miembro del mismo órgano.
Si asisten todos los miembros que componen el órgano a una reunión y desean modificar el orden del día para tratar un tema urgente, pueden hacerlo si así lo vota la mayoría de sus miembros.
Una Comisión de Coordinación.
Una Gerencia.
Una Oficina presupuestaria.
Una Secretaría General.
No, en ninguno de los dos casos.
Los titulares de las Subdelegaciones siempre, pero no los de las Delegaciones del Gobierno.
Sí, en ambos casos.
Los titulares de las Delegaciones del Gobierno no; sí los de las Subdelegaciones, pero por razones justificadas se puede eximir de esta obligación por Real Decreto del Consejo de Ministros.
Resolver las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación.
Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la Administración General del Estado y los organismos Públicos estatales de ámbito autonómico y provincial en la Delegación del Gobierno.
Informar preceptivamente los recursos interpuestos contra resoluciones y actos dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno.
Provincias.
Municipios.
Comarcas.
Comunidades Autónomas.
A las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara.
A las Cortes Generales, por mayoría simple de cada Cámara.
A las Cortes Generales, por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y mayoría simple del Senado.
A las Cortes Generales, por mayoría simple del Congreso de los Diputados y mayoría absoluta del Senado.
Dictar bandos.
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
Un año.
Dos años.
Cinco años.
Diez años.
Turquía.
Montenegro.
Albania.
Islandia.
Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
Noruega, Dinamarca e Irlanda.
Reino Unido, Groenlandia y Dinamarca.
Dinamarca, Suecia y Reino Unido.
Miembros del Parlamento Europeo.
Los representantes permanentes de cada Estado miembro.
Los jefes de gabinete de los Comisarios.
Los representantes permanentes adjuntos.
En la Haya.
En Estrasburgo.
En Luxemburgo.
En Bruselas.
React-EU.
Confía.
Reopen-EU.
Iniciativa ciudadana europea.
Principio de necesidad.
Principio de eficacia.
Principio de seguridad jurídica.
Principio de transparencia.
Uno de los valores fundamentales que informan la actuación de las Administraciones Públicas.
Uno de los principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo y control de una actividad.
La Ley 40/2015 no hace referencia a la planificación y dirección por objetivos.
Uno de los principios generales que deben respetar las Administraciones Públicas en su actuación y relaciones.
El Informe anual del grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo.
El Programa de cartas de servicios.
El Programa de quejas y sugerencias.
El Programa de reconocimiento.
En el ejercicio inmediato siguiente y en el segundo, el 100 por ciento, en el tercer ejercicio, el 70 por ciento y en los ejercicios cuarto y quinto, el 60 por ciento y 50 por ciento.
En el ejercicio inmediato siguiente, el 100 por ciento, en el segundo ejercicio, el 70 por ciento y en el tercer ejercicio, el 60 por ciento.
En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por ciento, en el segundo, el 60 por ciento, en el tercer ejercicio, el 60 por ciento y en el cuarto, el 50 por ciento.
En el ejercicio inmediato siguiente, el 100 por ciento, en el segundo ejercicio, el 70 por ciento, en el tercer ejercicio, el 60 por ciento, en el cuarto y quinto ejercicio el 50 por ciento.
En cualquier situación de recesión económica apreciada por el Gobierno.
En caso de catástrofes naturales apreciadas por mayoría simple de los miembros del Congreso de los Diputados.
En situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
En caso de recesión económica apreciada por mayoría simple de los miembros del Congreso de los Diputados.
Principio de no discriminación.
Principio de simplificación de cargas.
Principio de transparencia.
Principio de seguridad jurídica.
Del orden Internacional: del Convenio de Kioto.
Del orden Comunitario: de la Directiva Hábitat y de la Directiva Aves.
Del Derecho nacional: de la Ley de Responsabilidad Medioambiental.
De la normativa autonómica, de acuerdo con el artículo 148.1.9ª de la CE.
Las áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente.
Los espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas las áreas intermareal y submareal, que en razón de su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una protección especial.
Las partes del territorio que las Administraciones competentes, a través del planeamiento aplicable, por sus valores naturales, estéticos y culturales, y de acuerdo con el Convenio del paisaje del Consejo de Europa, consideren merecedores de una protección especial.
Los espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial.
La cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud.
La cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud.
La cartera de servicios complementaria del Sistema Nacional de Salud.
La cartera común de servicios accesorios del Sistema Nacional de Salud.
Las enseñanzas artísticas.
Las enseñanzas deportivas.
La educación de personas adultas.
La enseñanza de idiomas.
No superior a 6 meses.
No superior a 1 año.
No superior a 120 días.
No superior a 90 días.
Expresamente así lo soliciten.
Hayan abandonado temporalmente el territorio español, sin haber fijado su residencia en otro país.
Se hayan acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad.
Habiendo perdido su nacionalidad, la hayan recobrado voluntariamente.
Una cultura de gobernanza que promueve los principios de transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación de las partes interesadas en apoyo de la democracia y el crecimiento inclusivo.
Un concepto de Gobierno que se sustenta en tres pilares básicos: la Transparencia, la Colaboración y la Integridad.
El conjunto de órganos permanentes puestos al servicio de la Transparencia, la Participación y la Colaboración, entre los que destaca el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
La filosofía de Gobierno que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de control.
Un representante del Consejo de Estado.
Un representante del Tribunal de Cuentas.
Un representante del Defensor del Pueblo.
Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
La Organización Nacional de Consumidores y Usuarios.
El Instituto de la Mujer u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas.
El Defensor del Pueblo.
La Comisión Interministerial de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Podrán solicitar al Gobierno la apertura de negociaciones.
Podrán autorizar la firma ad referéndum del tratado.
Podrán negociar un tratado internacional que afecte a materias propias de su competencia.
Podrán solicitar a una organización internacional la firma de un tratado internacional.
Los usos jurídicos meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.
Los principios generales del derecho se aplicarán directamente en defecto de ley, siempre que no sean contrarios a la moral o al orden público y que resulten probados.
Los principios generales del derecho tienen carácter informador del ordenamiento jurídico.
Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango igual o superior.
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, en todo caso.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva, entre otros, a los actos cuando se dicten en sustitución de actos nulos.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva, entre otros, a los actos cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto aunque esta lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
El Presidente del Gobierno.
El Consejo de Ministros.
Los Ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones.
Los Secretarios de Estado.
Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario.
Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado.
Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado.
El 10% del precio del contrato, IVA excluido.
El 10% del precio del contrato, IVA incluido.
El 50% del precio del contrato, IVA excluido.
El 20% del precio del contrato, IVA incluido.
En el plazo máximo de 15 días desde la apertura de proposiciones.
En el plazo máximo de 10 días a contar desde el siguiente a la apertura de proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario sea el precio.
En el plazo máximo de dos meses desde la apertura de proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios.
En un plazo máximo de 20 días, a contar desde el siguiente a la apertura de proposiciones.
El impuesto de valor añadido.
Las eventuales prórrogas.
El presupuesto base.
Todos los impuestos aplicables al mismo.
Cuatro años.
Dos años.
Cinco años.
Diez años.
Cuatro años.
Tres años.
Dos años.
Un año.
La entrega ha de estar sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad o la adopción de un comportamiento singular, siempre que estos hayan sido ya realizados, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.
No tienen carácter de subvención las prestaciones contributivas del Sistema de la Seguridad Social, pero sí las no contributivas.
Están excluidas del ámbito de aplicación de la Ley los premios que se otorguen a solicitud del beneficiario.
No tienen carácter de subvención las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.
La declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
La formulación de la descripción de la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos a expropiar.
El acuerdo de necesidad de ocupación.
La fijación del justo precio.
Bienes patrimoniales.
Bienes comunales.
Bienes de dominio público.
Bienes tutelados.
A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
A los nueve meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
A los dieciocho meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
Con referencia al día en que quedó definitivamente determinado el alcance de las secuelas.
Con referencia al día en que se produce el alta médica.
Con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo.
Con referencia al día de completa sanación de la lesión.
Siempre con todos los interesados.
Un representante, que deberán designar los interesados en todo caso.
En primer lugar, con el interesado que figure en primer término y, si el órgano administrativo lo considera oportuno o conveniente, puede notificar a otros interesados cuando le conste el domicilio de los mismos.
Con el representante o interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto, con el que figure en primer término.
La petición de un órgano administrativo para iniciar un procedimiento, por haber tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del mismo, vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento.
El órgano competente deberá eximir en todo caso del pago de la multa o de la sanción no pecuniaria al denunciante cuando existan otros infractores y siempre que se repare el perjuicio causado.
Para eximir o reducir el importe de la multa o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario que le correspondería al denunciante será necesario que éste cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.
Los procedimientos de naturaleza sancionadora se podrán iniciar de oficio o a instancia de los interesados.
No superior a sesenta días ni inferior a treinta.
No superior a treinta días ni inferior a diez.
No superior a treinta días ni inferior a quince.
No superior a treinta días ni inferior a veinte.
Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.
Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos.
Seis meses, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
Doce meses, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
Tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
Dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
Excedencia forzosa.
Suspensión provisional de funciones.
Permanecerán en la situación de servicio activo.
Expectativa de destino.
Ocupa plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
Ejecuta programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años.
Realiza funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado.
Realiza funciones expresamente calificadas como de asesoramiento especial.
Servicio activo.
Servicios especiales.
Servicio en otras Administraciones Públicas.
Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
El cuidado de hijos, tanto cuando lo sean por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo hasta que el hijo cumpla doce años.
El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad por razones de discapacidad.
El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad por razones de edad.
El destino previo del cónyuge, sea éste funcionario o no.
Responderá a un porcentaje determinado de acuerdo con el número de empleados públicos de la unidad administrativa.
Habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial.
Tendrá carácter forzoso de acuerdo con los criterios que se establezcan para su desarrollo.
Como regla general, podrá suponer como máximo hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral en términos semanales.
El periodo vacacional no se interrumpe, seguirá disfrutando sus vacaciones hasta que finalicen según su solicitud, y posteriormente entrará en situación de incapacidad temporal.
El periodo vacacional se podrá disfrutar, aunque haya terminado el año natural a que correspondan, siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Se interrumpe el periodo vacacional y el tiempo que le reste sólo lo podrá disfrutar dentro del año natural a que correspondan.
Se interrumpe el periodo vacacional pudiéndose disfrutar, aunque haya terminado el año natural a que correspondan, siempre que no hayan transcurrido más de veinticuatro meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Las treinta horas semanales.
Las veinticinco horas semanales.
Las veinte horas semanales.
Las quince horas semanales.
El Ministro de la Presidencia, respecto al incumplimiento de las normas de incompatibilidades.
El Ministro del Departamento donde esté destinado el funcionario, para el traslado con cambio de domicilio.
El Consejo de Ministros, respecto a la suspensión de funciones.
El Subsecretario, respeto al apercibimiento
El complemento de destino.
El complemento específico.
El complemento de productividad.
Los trienios.
Al Comité de empresa.
A los Delegados de Personal.
A la Junta de Personal.
A los Delegados de Prevención.
Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
Los criterios generales de acción social.
Los planes de previsión social complementaria.
La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
Cuatro años improrrogables.
Cuatro años, pudiendo ser reelegidos.
Cinco años improrrogables.
Cinco años pudiendo ser reelegidos.
El personal laboral que presta servicios en el exterior.
El personal de alta dirección contemplado en el artículo 2.1.a) del TREBEP y demás normas legales de aplicación.
El profesorado de religión contemplado en el Convenio entre la Santa Sede y el Estado Español, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a las que en un futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas.
El personal laboral que presta servicios en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
En las enajenaciones de inmovilizado, una vez efectuado el reconocimiento del derecho.
En los reembolsos de préstamos, una vez efectuado el reconocimiento del derecho.
En los ingresos legalmente afectados a la realización de actuaciones determinadas, cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos.
En las aportaciones del Estado a los organismos autónomos o a las entidades con presupuesto limitativo, para financiar conjuntamente gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines u objetivos asignados a los mismos, cuando se hayan efectuado los correspondientes ingresos.
El Estado asumirá y responderá de los compromisos de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y de los entes vinculados o dependientes de estos.
Las Comunidades Autónomas no asumirán ni responderán de los compromisos de las Corporaciones Locales ni de los entes vinculados o dependientes de estas, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos.
El Estado asumirá y responderá de los compromisos de las Corporaciones Locales y de los entes vinculados o dependientes de estos.
Las Comunidades Autónomas asumirán y responderán de los compromisos de las Corporaciones Locales y de los entes vinculados o dependientes de estos.
Las de tesorería.
Las de refinanciación de la deuda.
Las que sirvan para garantizar la viabilidad financiera de inversiones cofinanciadas por organismos o instituciones internacionales.
Cualquier otro gasto, excluidos los gastos de personal.
Las realizadas durante el ejercicio corriente.
Los gastos de capital.
Las inversiones reales.
Los gastos financieros.
En el presupuesto del Estado, los destinados a arrendamientos de edificios y otras construcciones al nivel que corresponda de acuerdo con su concreta clasificación económica.
En el presupuesto del Estado, a nivel de concepto, excepto los gastos de personal, que se especificarán a nivel de capítulo.
En el presupuesto de los organismos autónomos, a nivel de capítulo, excepto las inversiones reales, que se especificarán a nivel de artículo.
En el presupuesto de las agencias estatales, a nivel de artículo.
Con ingresos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior con carácter excepcional.
Con ingresos patrimoniales realizados a lo largo del ejercicio anterior.
Con carácter general con ingresos efectuados en el segundo semestre del ejercicio anterior y en el ejercicio corriente.
Únicamente con ingresos efectuados en el ejercicio corriente
Auditoría operativa.
Auditoría de regularidad contable.
Auditoría de control financiero.
Auditoría de cumplimiento.
Evaluar que la actividad y los procedimientos objeto de control se realiza de acuerdo con los principios de buena gestión financiera y, en especial, los previstos en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Verificar el cumplimiento de los objetivos asignados a los centros gestores del gasto en los Presupuestos Generales del Estado.
Suministrar información para la determinación de los costes de los servicios públicos.
Verificar el cumplimiento de la normativa que resulte de aplicación a la gestión objeto del control.
Las subvenciones con asignación nominativa.
Los contratos que se aprueban por urgencia.
Los convenios que no requieren autorización previa del Ministerio de Hacienda.
Las cuotas voluntarias a organismos internacionales.
Todas las entidades del sector público estatal deberán formular sus cuentas anuales, de acuerdo con los principios contables que les sean de aplicación, en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio económico.
Las cuentas anuales de las entidades que deben aplicar los principios contables públicos comprenderán: el balance, la cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.
La cuenta del resultado económico-patrimonial recogerá el resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo.
La Cuenta General del Estado se formará mediante la consolidación de las cuentas anuales de las entidades que integran el sector público estatal.
Es el supremo órgano consultivo del Gobierno en materia de gestión económica del Estado y del sector público.
Ejercerá sus funciones de conformidad con las instrucciones dictadas al efecto por las Cortes Generales, de quien depende.
Fiscalizará la actividad económico-financiera de los partidos políticos inscritos en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.
Enjuiciará los hechos constitutivos de delito o falta que afecten a la gestión económica del Estado y del sector público.
Mediante documento ADOK que se acompañará a la cuenta justificativa.
Mediante documento AD que se acompañará a la cuenta justificativa.
Mediante documento A que se acompañará a la cuenta justificativa.
Mediante documento OK que se acompañará a la cuenta justificativa.
El ocho por ciento de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes de bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
El diez por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
El tres por ciento de los créditos del capítulo destinado a gastos corrientes de bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
El siete por ciento del total de créditos del capítulo destinado a gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto vigente en cada momento.
El compromiso del gasto.
La aprobación del gasto.
El reconocimiento de la obligación.
La justificación de la aplicación de los fondos.
Al presupuesto del ejercicio en que se realicen los pagos.
Al presupuesto del ejercicio siguiente al que se realicen los pagos.
Al presupuesto del ejercicio en el que se constituye el anticipo.
No tienen reflejo en el presupuesto, únicamente en la contabilidad.
El embargo de bienes y derechos.
La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.
La emisión de certificados tributarios.
El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.
129.00
120.01
120.00
129.02
La ejecución centralizada: la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) dirigirá la ejecución de los proyectos que se apliquen en las distintas Administraciones Públicas.
La visión global centralizada: la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) determinará las necesidades de digitalización de las distintas Administraciones Públicas.
La responsabilidad centralizada: la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) asumirá el control, supervisión y seguimiento del despliegue del Plan.
La orientación centralizada: la Secretaría General de Administración Digital (SGAD) diseñará los proyectos teniendo en cuenta su sostenibilidad técnica y económica.
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