OEP 2018
Fecha del examen 2019-04-06
La iniciativa de reforma se ejerce en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87 de la Constitución Española.
Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes.
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116 de la Constitución Española.
Veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
Un mes desde la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
Dos meses desde la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
Tres meses desde la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
12 horas.
24 horas.
48 horas.
72 horas.
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
El Defensor del Pueblo.
Los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
Los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
Los miembros del Gobierno.
Mensualmente.
Cada tres meses.
Cada seis meses.
Anualmente.
El Presidente del Tribunal Supremo, 5 Presidentes de Sala y 5 Magistrados del Tribunal Supremo.
El Presidente del Tribunal Supremo, 1 Presidente de Sala y 5 Magistrados del Tribunal Supremo.
El Presidente del Tribunal Supremo, 5 Presidentes de Sala y 10 Magistrados del Tribunal Supremo.
El Presidente del Tribunal Supremo, 4 Presidentes de Sala y 10 Magistrados del Tribunal Supremo.
Deberá ser propuesta al menos por un tercio de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
No podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación.
Para considerarse aprobada deberá obtenerse la mayoría simple del Parlamento.
Si no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios podrían presentar otra durante el mismo período de sesiones.
En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.
En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.
En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano
En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes: servicios educativos de enseñanza primaria y secundaria y servicios sanitarios de atención primaria.
Dirigir y coordinar las Secretarías Generales y las Direcciones Generales de un Ministerio.
Nombrar y separar a las autoridades y funcionarios dentro de un Ministerio.
Imponer la sanción de separación del servicio por faltas muy graves.
Ostentar la representación ordinaria de un Ministerio y dirigir los servicios comunes en el mismo.
Las entidades públicas empresariales.
Los organismos autónomos.
Las autoridades administrativas independientes.
Los consorcios.
Las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias exclusivas atribuidas al Estado siempre que respeten la jerarquía normativa superior de la norma estatal sobre la autonómica.
Las competencias sobre las materias que se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía tendrán carácter subsidiario y no podrán contravenir la normativa estatal de orden superior.
Las competencias sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderán a las Entidades Locales.
Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos.
5 años.
10 años.
3 años.
15 años.
Únicamente en los que así lo acuerde el pleno de su Ayuntamiento.
En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
Únicamente en los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
La Junta de Gobierno Local existirá en todos los municipios.
Por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
Siempre por mayoría cualificada.
Por mayoría simple, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
Siempre por mayoría simple.
Cuando suponga un perjuicio para la ciudadanía.
Cuando suponga un perjuicio para la reputación de las Administraciones Públicas.
Cuando suponga un perjuicio para la sanidad.
Cuando suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la política económica y monetaria, entre otros.
Con oficinas de atención presencial, puntos de acceso electrónico y servicios de atención telefónica.
Con oficinas de atención presencial y puntos de acceso electrónico.
Con oficinas de atención presencial o telefónica y puntos de acceso electrónico.
Con oficinas de atención presencial o puntos de acceso electrónico.
Deben publicarse en el BOE.
Se crean mediante orden del Ministro correspondiente o resolución del titular del organismo público.
Cada Secretaría de Estado deberá contar con subsedes o sedes electrónicas derivadas de la principal del Ministerio que deberán, igualmente, ser publicadas en el BOE.
La condición de sede electrónica debe de constar de forma visible e inequívoca para el ciudadano.
Se castigarán como infracciones administrativas las coacciones leves contra las mujeres.
Se incrementa la sanción penal en los casos de lesiones sólo contra quien sea o haya sido su esposa, no siendo aplicable este incremento si se hubiera producido separación matrimonial.
Se castigarán como infracciones administrativas las amenazas leves de cualquier clase contra las mujeres.
Se incrementa la sanción penal en los supuestos de lesiones contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.
Ser español.
Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Disponer del consentimiento de las personas responsables o de los cuidadores.
La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.
La situación propia de las personas con plena capacidad de obrar, en los términos previstos en el Real Decreto de 24 de julio de 1889, del Código Civil.
Una situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Un año.
Seis meses.
Tres años.
No hay límite máximo.
Inalienables.
Inembargables.
Irrenunciables.
Impersonales.
La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga.
La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
El abandono del servicio.
El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
Se apruebe la modificación por mayoría simple en el Congreso y en el Senado.
Se apruebe la modificación por mayoría absoluta en el Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Se apruebe la modificación por mayoría simple en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado.
Se apruebe la modificación a través de un Real Decreto-Ley.
Las actividades profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del puesto público.
La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento u Organismo en que preste sus servicios el personal afectado.
La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.
El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradores de monopolios o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas.
No, pues sería derogado al oponerse a la propia Constitución.
Sí, previa autorización del Consejo de Ministros.
Sí, previa revisión de la Constitución.
Sí, previa autorización del Tribunal Constitucional.
El reglamento tendrá un alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado, forma y medios en que debe conseguirse.
La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.
Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.
La Administración podrá convalidarlos, subsanando los vicios de los que adolezcan.
La nulidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.
Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
El órgano que declare la nulidad dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
Deberán entregarse en el domicilio del interesado, en todo caso.
Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
La legislación vigente no permite la práctica de notificaciones en papel en ningún caso.
Se practicarán mediante comparecencia del interesado en la sede de la Administración u Organismo actuante, en todo caso.
Cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
Cuando dichas solicitudes se basen en alguna de las causas de nulidad.
Cuando se hubieran estimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
Debe recabar el Dictamen en todo caso.
Mediante la mera notificación de dicha obligación a los afectados.
Reglamentariamente.
Mediante Resolución del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Mediante Orden Ministerial.
Deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles comunicada.
Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.
Los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado.
Para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del mismo, lo que también deberá serles comunicado.
Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son naturales.
El registro electrónico de cada Administración u Organismo se regirá, a efectos del cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la localidad de residencia del interesado.
Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
Está reconocido expresamente en la Constitución en su artículo 105.
Se realiza inmediatamente después de redactar la propuesta de resolución.
El plazo será no inferior a quince días, ni superior a veinte.
Es un trámite necesario, del que no se puede prescindir en ningún supuesto
Cuando sean objeto de recurso administrativo.
Si, una vez iniciado el procedimiento, éste se paraliza por causa imputable al interesado.
Si no se inicia el procedimiento en los quince días siguientes a su adopción o cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.
Cuando puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes.
Sin que se haya concedido al interesado el trámite de alegaciones.
Sin el preceptivo trámite de información previa.
Sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico.
En ningún caso.
Las disposiciones de carácter general.
La inactividad de la Administración.
Las actuaciones de la Administración en las que se prescinde totalmente del procedimiento.
Los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes.
El recurso potestativo de reposición.
El recurso de alzada.
El recurso de alzada o el ordinario, a elección del recurrente.
El recurso ordinario.
No se podrá imponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Una vez interpuesto el recurso de reposición ya no se puede interponer recurso contencioso-administrativo.
Tres meses desde que se interpuso el recurso de reposición.
Seis meses desde que se interpuso el recurso de reposición.
Legislación civil, incluyendo la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.
Hacienda General y Deuda del Estado.
Legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por una única Comunidad Autónoma.
Legislación no básica sobre protección del medio ambiente.
Es un tributo de naturaleza real.
Es un tributo cuyo rendimiento está cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas.
Es un tributo de naturaleza personal.
Es un tributo de carácter indirecto.
Presidente de la Agencia.
Director General de la Agencia.
Director del Departamento de Gestión Tributaria.
No existe en la actualidad tal Servicio, ya que fue suprimido por la Orden HAP/1431/2015, de 16 de julio.
La aplicación de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas.
La aplicación efectiva del sistema tributario estatal y del aduanero y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de las Comunidades Europeas cuya gestión se le encomiende por Ley o por Convenio.
La aplicación de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas y de los tributos locales.
La aplicación del sistema tributario estatal, excepto el aduanero, cuya aplicación es competencia de las autoridades comunitarias.
Se considerarán prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario.
Son impuestos.
No existen tales prestaciones.
Son tasas o contribuciones especiales.
El plazo de renuncia a la aplicación del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español en el Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
La determinación de los responsables subsidiarios de una deuda tributaria.
El establecimiento, supresión o prórroga de una bonificación.
El establecimiento o modificación del recargo del período ejecutivo.
Son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o no se presten o realicen por el sector privado.
Son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
Son los tributos exigidos sin contraprestación cuyo hecho imponible está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad económica del contribuyente.
Son tributos de carácter público no tributarios que se exigen por prestación de un servicio gestionado de forma directa mediante personificación privada o mediante gestión indirecta
Que queden subsidiariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.
Que queden solidariamente obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.
Que el Consejo para la Defensa del Contribuyente determinará cuál de ellos quedará obligado al cumplimiento de todas las prestaciones.
Que las leyes no podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del previsto en el artículo 35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
La revocación de la representación supondrá la nulidad de todas las actuaciones practicadas con ese representante.
Una vez conferida la representación voluntaria, no es posible revocar los poderes ya otorgados.
La revocación de la representación supondrá la nulidad de las actuaciones practicadas con el representante antes de que se haya acreditado esta circunstancia al órgano actuante.
La revocación de la representación no supondrá la nulidad de las actuaciones practicadas con el representante antes de que se haya acreditado esta circunstancia al órgano actuante.
Seis meses desde la presentación de la consulta.
Tres meses desde la presentación de la consulta.
Seis meses desde la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos a los que afecte la consulta.
Tres meses desde la finalización del plazo establecido para el ejercicio de los derechos a los que afecte la consulta.
Deben incluir necesariamente la firma manuscrita y sello estampado del funcionario actuante.
Deben incluir la impresión de un código seguro de verificación generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración pública, órgano u organismo emisor.
No es posible generar una copia en soporte papel de un documento administrativo emitido por medios electrónicos.
Una copia en soporte papel de un documento administrativo emitido por medios electrónicos no tiene nunca la consideración de copia auténtica.
Deberán expedirse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación.
Deberán expedirse antes de finalizar el mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación.
Deberán expedirse antes del día 20 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación.
Deberán expedirse antes de finalizar el mes en que se haya producido el devengo del Impuesto correspondiente a la citada operación.
Letra W.
Letra B.
Letra N.
Letra S.
Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 5 de marzo o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes de marzo o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
La fecha que conste en el acuerdo de inicio.
La fecha de notificación del acuerdo de inicio.
La fecha del primer intento de notificación del acuerdo de inicio.
La fecha del segundo intento de notificación del acuerdo de inicio.
Desde el 5 de enero hasta el día 5 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Desde el 5 de enero hasta el día 20 del mes de enero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Desde el 5 de enero hasta el día 20 del mes de marzo o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Desde el 5 de enero hasta el día 20 del mes de febrero o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
La pérdida del derecho a liquidar de la Administración.
La pérdida del derecho al cobro de la Administración.
La caducidad del procedimiento.
La prescripción de la obligación tributaria.
Durante el plazo de prescripción de la obligación tributaria.
En el plazo de 15 días desde la finalización del plazo de presentación de la declaración.
En el periodo reglamentario de declaración.
Hasta 30 días después de la presentación de la declaración.
En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, julio y octubre.
En los primeros 20 días hábiles de los meses de abril, julio y octubre.
En los primeros 20 días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre.
En los primeros 20 días hábiles de los meses de abril, octubre y diciembre.
Declarando el importe de 90.000 euros.
Declarando el importe de 100.000 euros.
Realizando una declaración complementaria del año X-1 incluyendo los 90.000 euros.
Realizando una declaración sustitutiva del año X-1 incluyendo los 90.000 euros.
Comprobación limitada.
Comprobación de valores.
Verificación de datos.
Rectificación de autoliquidación.
Cuando la declaración o autoliquidación del obligado tributario adolezca de defectos formales o incurra en errores aritméticos.
Cuando los datos declarados no coincidan con los contenidos en otras declaraciones presentadas por el mismo obligado o con los que obren en poder de la Administración tributaria.
Cuando se aprecie una aplicación indebida de la normativa que resulte patente de la propia declaración o autoliquidación presentada o de los justificantes aportados con la misma.
Cuando se requiera la aclaración o justificación de algún dato relativo a la declaración o autoliquidación presentada, en el caso de que se refiera al desarrollo de actividades económicas.
El obligado tributario deberá formular su solicitud en el plazo de 15 días a partir de su primera comparecencia en las oficinas de la Administración tributaria.
El obligado tributario deberá formular su solicitud en el plazo de 10 días desde la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial.
El obligado tributario deberá formular su solicitud en el plazo de 15 días desde la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial.
El obligado tributario podrá formular su solicitud en cualquier momento anterior a la apertura del trámite de audiencia.
12 meses, prorrogables hasta 24 meses.
27 meses.
18 meses.
6 meses.
Que el importe de la cuota sea inferior a 120.000 euros.
Que en la conducta del obligado tributario de la que resulta la regularización no se aprecien, por parte de la inspección, indicios de infracción tributaria.
Que lo autorice el órgano competente para liquidar, previa o simultáneamente a la suscripción del acta con acuerdo.
Que la Cifra Anual de Negocios del obligado tributario sea igual o inferior al importe requerido para auditar sus cuentas.
5 días hábiles.
10 días hábiles.
15 días hábiles.
5 días naturales.
Deberá efectuarse, en todo caso, en presencia de representante del obligado tributario.
Deberá efectuarse en presencia del obligado tributario, salvo causa debidamente justificada.
No requiere, en ningún caso, que sea efectuada en presencia del obligado tributario.
Requiere, en todo caso, autorización judicial expresa.
Sí, recurso de reposición.
No puede interponer ningún tipo de recurso, por considerarse un acto de mero trámite.
Sí, reclamación económico-administrativa.
Sí, recurso contencioso-administrativo, puesto que no es un acto susceptible de recurso en vía administrativa.
El caso planteado no es posible, ya que las solicitudes de compensación presentadas en periodo ejecutivo de ingreso se tendrán siempre por no presentadas y se archivarán sin más trámite.
Se iniciará el plazo de ingreso regulado en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Deberá iniciarse el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, de no haberse iniciado con anterioridad.
Transcurrido un mes desde la notificación de la resolución denegatoria, se iniciará el procedimiento de apremio en los términos previstos en el artículo 167.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Se tramitará, en primer lugar, la solicitud que el obligado haya presentado como principal.
Se archivarán ambas solicitudes por resultar incompatibles entre sí.
Se procederá, en todo caso, al archivo de la solicitud de suspensión y a la tramitación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
Se procederá, en todo caso, al archivo de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y a la tramitación de la solicitud de suspensión.
La deuda tributaria se extinguirá al día siguiente de la declaración del crédito como incobrable.
La deuda tributaria se extinguirá al día siguiente de su baja en cuentas.
La deuda tributaria se extinguirá al día siguiente de la notificación al obligado de la declaración del crédito como incobrable.
La deuda tributaria se extinguirá si, vencido el plazo de prescripción, no se hubiera rehabilitado.
Las deudas de naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles que el Estado tenga con los entes territoriales, organismos autónomos, Seguridad Social y demás entidades de derecho público.
Las deudas de naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles que los entes territoriales, organismos autónomos, Seguridad Social y demás entidades de derecho público tengan con la Hacienda pública estatal.
Las deudas de naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles que los retenedores tengan con el Estado.
Las deudas de naturaleza pública vencidas, líquidas y exigibles que los obligados a repercutir tengan con los obligados a soportar la repercusión.
Desde el 15 al 30 de enero de 2019.
Desde el 11 de abril hasta el 20 de abril de 2019.
Desde el 11 de abril hasta el 5 de mayo de 2019.
Desde el 11 de abril hasta el 20 de mayo de 2019.
La prestación del servicio de colaboración no será retribuida.
El 0,5% de las cantidades que ingresen en el Tesoro Público.
El 5% de las cantidades que ingresen en el Tesoro Público.
La que se determine en el Acuerdo de Autorización.
El procedimiento de apremio se suspenderá de forma automática por los órganos de recaudación, sin necesidad de aportar garantía alguna.
El procedimiento de apremio sólo se suspenderá si las deudas pendientes de pago se garantizan en los términos previstos en el artículo 82 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Se suspenderá el procedimiento de apremio en lo que se refiere a los bienes y derechos controvertidos, una vez que se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan.
Proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se consignará en depósito a resultas de la resolución de la tercería.
1 mes.
3 meses.
6 meses.
1 año.
En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el día siguiente al del vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario y la fecha del vencimiento del plazo concedido.
En caso de concesión del aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre la fecha de concesión del aplazamiento y la fecha del vencimiento del plazo concedido.
Si el aplazamiento ha sido solicitado en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses incluirá el recargo del periodo ejecutivo.
Los intereses devengados se liquidarán e ingresarán con posterioridad al vencimiento del último plazo.
No, el derecho a las prestaciones del partícipe en un plan de pensiones es inembargable porque el embargo no podría ejecutarse a corto plazo.
Sí, pero el embargo no se ejecutará hasta que se cause el derecho a la prestación o se haga efectivo el derecho por concurrir los supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración previstos en el texto refundido de la Ley de planes y fondos de pensiones.
Sí, pero únicamente si el deudor tiene más de 60 años.
Sí, pudiendo ejecutarse el embargo inmediatamente.
En un plazo de un día.
En un plazo de tres días.
En un plazo de cinco días.
En un plazo de quince días.
Podrá ser declarado responsable solidario de la deuda en los términos establecidos en el artículo 42.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le corresponda.
Podrá ser declarado responsable subsidiario de la deuda en los términos establecidos en el artículo 43.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que le corresponda.
Podrá ser declarado sustituto del obligado tributario.
Podrá ser declarado responsable subsidiario de la deuda en los términos establecidos en el artículo 43.1.c) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que resultará incompatible con la exigencia de cualquier tipo de responsabilidad civil o penal.
Saldo en una libreta de ahorros, importe recibido mensualmente por el deudor como consecuencia del arrendamiento de un inmueble, acciones cotizadas en bolsa, establecimiento mercantil.
Saldo en una libreta de ahorros, acciones cotizadas en bolsa, importe recibido mensualmente por el deudor como consecuencia del arrendamiento de un inmueble, establecimiento mercantil.
Importe recibido mensualmente por el deudor como consecuencia del arrendamiento de un inmueble, saldo en una libreta de ahorros, acciones cotizadas en bolsa, establecimiento mercantil.
Establecimiento mercantil, saldo en una libreta de ahorros, acciones cotizadas en bolsa, importe recibido mensualmente por el deudor como consecuencia del arrendamiento de un inmueble.
Veinte días naturales desde su apertura.
Veinte días hábiles desde su apertura.
Un mes desde su apertura.
Tres meses desde su apertura.
No podrán exigirse a los obligados al pago.
Se distribuirán entre ellos a partes iguales.
Se distribuirán entre ellos proporcionalmente a sus respectivas deudas.
Se exigirán íntegramente al obligado al pago más solvente.
Si, se transmitirá a sus sucesores.
No se transmitirá a sus sucesores, salvo que se hubiera dictado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
No se transmitirá a sus sucesores, salvo que se hubiera notificado el acuerdo de derivación de responsabilidad antes del fallecimiento.
En ningún caso se transmitirá a sus sucesores.
Cuando el alcance de la responsabilidad incluya las sanciones será necesario que se haya iniciado previamente el procedimiento sancionador.
El trámite de audiencia al responsable se realizará con anterioridad a la formalización del acta al deudor principal.
El responsable dispondrá de un plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para formular las alegaciones y aportar la documentación que estime oportunas.
El acuerdo de declaración de responsabilidad corresponderá al órgano competente para dictar la liquidación y habrá de dictarse con anterioridad al acuerdo de liquidación al deudor principal o, en su caso, de imposición de sanción al sujeto infractor.
Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias no resultan compatibles con la exigencia del interés de demora ni de los recargos del período ejecutivo.
Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora, pero no de los recargos del período ejecutivo.
Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia de los recargos del período ejecutivo, pero no del interés de demora.
Las sanciones derivadas de la comisión de infracciones tributarias resultan compatibles con la exigencia del interés de demora y de los recargos del período ejecutivo.
Siempre se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Se tramitará de forma separada a los de aplicación de los tributos regulados en el título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo renuncia del obligado tributario, en cuyo caso se tramitará conjuntamente.
Siempre se tramitará de forma conjunta con los de aplicación de los tributos regulados en el título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Se tramitará de forma conjunta con los de aplicación de los tributos regulados en el título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo que el obligado tributario manifieste de manera expresa su voluntad de que se tramiten de forma separada.
Cuando el perjuicio económico sea superior al 10 por ciento e inferior o igual al 25 por ciento, el incremento será de 5 puntos porcentuales.
Cuando el perjuicio económico sea superior al 25 por ciento e inferior o igual al 50 por ciento, el incremento será de 10 puntos porcentuales.
Cuando el perjuicio económico sea superior al 50 por ciento e inferior o igual al 75 por ciento, el incremento será de 15 puntos porcentuales.
Cuando el perjuicio económico sea superior al 75 por ciento, el incremento será de 25 puntos porcentuales.
Será leve y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 25 por ciento.
Será grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 50 por ciento.
Será grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 75 por ciento.
Será muy grave y la sanción consistirá en multa pecuniaria proporcional del 75 por ciento.
Un mes.
Dos meses.
Tres meses.
Cuatro meses.
Siempre paralizará las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada.
Paralizará las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada, salvo que el Juez hubiere acordado su continuación.
No paralizará las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada, salvo que el Juez hubiere acordado la suspensión de las actuaciones de ejecución.
Nunca paralizará las actuaciones administrativas dirigidas al cobro de la deuda tributaria liquidada.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado.
El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos indebidos se iniciará siempre a instancia del interesado.
En la devolución de ingresos indebidos nunca se liquidarán intereses de demora.
Las resoluciones que se dicten en este procedimiento no serán susceptibles de recurso.
1.000 euros o 50.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones.
6.000 euros o 72.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones.
10.000 euros o 100.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones.
15.000 euros o 150.000 euros si se trata de reclamaciones contra bases o valoraciones.
Rendimiento del capital mobiliario.
Rendimiento del trabajo.
Rendimiento de actividades económicas.
Rendimiento del capital inmobiliario.
Saldos de dudoso crobo.
Tributos y recargos no estatales.
Gastos de reparación y conservación del inmueble.
Amortización del inmueble.
Las cesiones de bienes en virtud de contratos de venta con pacto de reserva de dominio o condición suspensiva.
El suministro de un producto informático normalizado efectuado en cualquier soporte material.
Las cesiones del uso o disfrute de bienes.
Las transmisiones de bienes en virtud de una norma o de una resolución administrativa o jurisdiccional, incluida la expropiación forzosa.
No tiene obligación de declarar por obtener unos rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 22.000 euros.
Sí tiene obligación de declarar por haber obtenido rendimientos del capital mobiliario sujetos a retención por importe de 1.500 euros.
No tiene obligación de declarar por obtener unos rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 22.000 euros y los rendimientos del capital mobiliario procedentes de cuentas bancarias estar sujetos a retención.
Sí tiene obligación de declarar por tener una imputación de renta inmobiliaria superior a 1.000 euros.
Los servicios veterinarios.
Las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria.
Los servicios de alimentación y alojamiento prestados a personas distintas de los destinatarios de los servicios de hospitalización y asistencia sanitaria y de sus acompañantes.
Venta de medicamentos para consumo humano en una farmacia.
1.062,50 euros.
1.150,00 euros.
1.112,50 euros.
1.012,50 euros.
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