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1. Sobre la obligación de resolver los procedimientos administrativos por parte de las Administraciones Públicas, recogida en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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• AEn los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la Administración no está obligada a dictar resolución expresa.
• BCuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo de resolución, este será de seis meses.
• CEn todo caso, la Administración informará a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo.
• DLa Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, sin ninguna excepción.

2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, la ampliación del plazo máximo para resolver:

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• ASe llevará a cabo cuando así lo disponga un normal con rango de ley.
• BTiene carácter excepcional, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles.
• CContra el acto cabe recurso de alzada ante el superior jerárquico.
• DExcepcionalmente se podrá conceder un plazo superior al establecido para la tramitación del procedimiento.

3. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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• ALos informes que se soliciten serán vinculantes.
• BCon carácter general, no se podrán seguir las actuaciones hasta la emisión del informe solicitado.
• CLos informes emitidos fuera de plazo podrán no ser tenidos en cuenta al adoptar la correspondiente solicitud.
• DLos informes que se soliciten serán evacuados con carácter general en el plazo de 15 días.

4. Según dispone el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar:

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• ATiene carácter excepcional.
• BSolo necesita motivación en los procedimientos iniciados de oficio.
• CNo podrá ser superior a la mitad del plazo establecido en el procedimiento.
• DSe podrá recurrir ante el órgano competente.

5. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativa al Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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• ASe exceptúa de la obligación de resolver en los casos de prescripción
• BLa Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación
• CSe exime de la obligación de resolver en los supuestos de renuncia del derecho.
• DSe exceptúa de la obligación de resolver en los casos de caducidad del procedimiento