Preguntas similares

1. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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• AEl recurso de alzada procede contra actos de trámite si determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, si no ponen fin a la vía administrativa.
• BEl recurso de alzada solo procede contra actos que pongan fin a la vía administrativa.
• CEl órgano que resuelve el recurso de alzada es el mismo que emitió el acto.
• DEl recurso de alzada sólo podrá interponerse ante el órgano competente para resolverlo.

2. Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las normas administrativas:

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• APueden ser declaradas nulas de oficio, en cualquier momento, por las Administraciones Públicas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, si incurren en los supuestos previstos en el artículo 47.2.
• BPara ser declaradas nulas, se debe declarar por parte de las Administraciones públicas su lesividad para el interés público, en el plazo de cuatro años, si incurren en los supuestos previstos en el art. 62.2 de dicha ley, a fin de proceder a su impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo
• CLas Administraciones Públicas podrán declarar de oficio la nulidad, en cualquier momento, de las disposiciones administrativas, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si existiese, cuando se dé alguna de las circunstancias especificadas en el artículo 47.2.
• DNunca pueden ser declaradas nulas de oficio por las Administraciones públicas, al tratarse de la institución de la revisión de oficio, sólo aplicable a los actos o resoluciones administrativas

3. Señale la opción que es INCORRECTA. Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se considerarán como Administraciones Públicas:

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• AEl sector público institucional.
• BLas entidades públicas que están asociadas a las Administraciones Públicas.
• CLas Entidades que integran la Administración Local.
• DLas entidades de derecho público dependientes de las Administraciones Públicas.

4. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativa al Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

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• ANo es posible la convalidación de ningún acto que sea nulo.
• BLa convalidación se produce por la subsanación del vicio del que adolezca el acto.
• CLa convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado por incompetencia no determinante de nulidad.
• DSolo se pueden convalidar los actos anulables que sean desfavorables para los interesados.

5. Considerando lo establecido en el artículo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la respuesta que es CORRECTA:

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• AQue el interesado pueda nombrar técnicos para que le asistan es una advertencia que se deberá consignar en la notificación de la práctica de la prueba.
• BLa administración comunicará con carácter previo al inicio de la instrucción el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.
• CLa Administración será la responsable de asumir todos los gastos que suponga la realización de las pruebas.
• DCuando se realicen pruebas que implique gastos que no debe soportar la Administración, el pago de los mismos se efectuará una vez haya resolución firme, sin que quepa anticipo de los mismos.

6. Según lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la opción correcta respecto a las notificaciones.

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• AEn los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal.
• BCuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se deberá intentar por otro medio.
• CLas notificaciones deberán ser necesariamente efectuadas mediante medios electrónicos.
• DEn los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación no será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración si se ha señalado otro medio al efecto por parte del interesado.

7. Según lo establecido en el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el principio de inderogabilidad singular implica que:

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• ALas resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
• BLas resoluciones administrativas de carácter particular no podrán infringir lo que está establecido en una disposición de carácter general, aunque estas provengan de un órgano de igual o superior jerarquía al que emitió la disposición general.
• CCualquier materia, por insignificante que sea, una vez regulada por ley, solo puede ser modificada por otra ley y no puede ser ya regulada por vía reglamentaria, aunque no exista una concreta reserva material por parte de la Constitución.
• DLa Administración, en sus resoluciones de carácter particular, puede hacer todo aquello que la ley no le prohíbe.

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre el Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la publicación de un acto debe:

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• ADeberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
• BDeberá contener un índice y una somera indicación del contenido del acto.
• CDeberá indicar si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.
• DDeberá incluir una referencia justificada a los objetivos de la misma y presentar un resumen conciso de su contenido.

9. Según el artículo 1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto al Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el propósito de esta Ley?

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• AEstablecer los requisitos de validez y notificación de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común aplicable a todas las Administraciones Públicas, que incluye el procedente del régimen sancionador y el recurso de responsabilidad de las Administraciones Públicas, además de los principios que deben guiar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
• BRegular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
• CRegular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas, así como los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.
• DEstablecer los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común aplicable a todas las Administraciones Públicas, que incluye el procedente del régimen sancionador y el recurso de responsabilidad de las Administraciones Públicas, además de los principios que deben guiar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria.