OEP 2017
Fecha del examen 2018-05-18
Se regula en el art. 21 CE
Las asociaciones constituidas al amparo del derecho de asociación deberán inscribirse en un registro a los efectos de su constitución formal.
Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial o administrativa correcta.
En caso de desempleo.
En caso de enfermedad.
En caso de necesidad económica.
En caso de crisis económica.
Quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por mayoría simple del Senado.
Quien obtuviese una votación favorable de las 2/3 partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.
Quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.
Quien obtuviese una votación favorable de mayoría absoluta de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.
Ley
Real Decreto
Convenio
Orden ministerial
Suspenderá,en todo caso, la vigencia y la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de ley.
Suspenderá la vigencia y la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de ley, excepto en el caso de que el Gobierno impugne ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.
No suspenderá,en ningún caso, la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de ley.
No suspenderá la vigencia ni la aplicación de la Ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de ley, excepto en el caso de que el Gobierno impugne ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.
El Presidente del Tribunal Constitucional.
El Presidente del Consejo de Estado.
El Presidente del Congreso de los Diputados.
El Presidente de las Cortes Generales.
La Sala de la Penal de la Audiencia Nacional será la competente para conocer de las causas contra Diputados y Senadores.
El voto de Senadores y Diputados es personal, delegable y será emitido de forma electrónica mediante firma digital.
Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
Durante su mandato, los Diputados y senadores no podrán ser procesados sin la previa autorización conjunta de ambas cámaras.
Se considerarán exclusivas del Estado, en todo caso.
Se considerarán exclusivas de la Comunidades Autónomas, en todo caso.
Se considerarán competencias concurrentes del Estado con las Comunidades Autónomas.
Pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos.
La moción de censura por mayoría simple, propuesta por al menos una décima parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
La moción de censura, propuesta al menos por la mayoría absoluta de los diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
La moción de censura por mayoría absoluta, propuesta por al menos una décima parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
La cuestión de confianza por mayoría simple, propuesta por al menos una décima parte de los diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno
El Presidente del Gobierno.
El Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados y el Senado.
El Rey.
Desde el 1 de Octubre, o el día siguiente hábil, hasta el 31 de Julio de cada año natural.
Desde el 1 de Septiembre, o el día siguiente hábil, hasta el 31 de Julio de cada año natural.
Desde el 2 de Enero, o el día siguiente hábil, hasta el 22 de Diciembre de cada año natural.
El año judicial, período ordinario de actividad de los Tribunales, comprende 365 días al año, sin perjuicio del mes de Julio que es inhábil, y de las guardias establecidas
Será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 20 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
Será necesario ser Magistrado o fiscal, Profesor de Universidad, funcionario público o Abogado, todos ellos juristas de reconocida competencia con más 25 años de ejercicio profesional.
Será necesario ser miembro de la carrera judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, o bien ser un jurista de reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión.
funcionario público o Abogado, todos ellos juristas de reconocida competencia con más 20 años de ejercicio profesional.
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
Al Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Al Ministerio de la Presidencia.
A la Presidencia del Gobierno.
No, al tratarse de servicios comunes dependientes de cada Subsecretaría.
No, por tratarse de servicios materiales.
Sí, mediante Real Decreto que establezca su coordinación directa por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública o por un organismo autónomo vinculado o dependiente del mismo.
Sí, sería posible, pero únicamente para la gestión financiera.
Subsecretario.
Subdirector General
Secretario General.
Director General.
Informar, con carácter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los Subdelegados de Gobierno en las provincias de su ámbito territorial.
Proponer la suspensión de los actos dictados por los órganos de la Delegación del Gobierno cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el art. 117.2 de la Ley de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Proponer ante el Consejo de Ministros las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administración General Estado como en otras Administraciones Públicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia.
Informar las medidas de optimización de recursos humanos y materiales en su ámbito territorial, especialmente las que afecten a más de un Departamento.
El plazo para interponer el recurso será de 15 días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.
El Director del Centro Nacional de Inteligencia está legitimado para interponer el recurso de amparo.
El conocimiento del recurso de amparo corresponde a la Salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones.
La interposición del recurso de amparo suspende automáticamente los efectos del acto o sentencia impugnados.
El Tribunal Constitucional.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia que corresponda.
Una sala especial establecida al efecto en el Tribunal Supremo.
10. 000 habitantes
25. 000 habitantes
30. 000 habitantes
5. 000 habitantes
Se regulará por Ley Orgánica y requerirá audiencia de la Diputación Provincial afectada, dictamen del Consejo de Estado y el informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.
Se regulará por Ley Orgánica sobre régimen local y requerirá audiencia de los municipios interesados, dictamen del Consejo de Estado y el informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.
Se regulará por la legislación autonómica sobre régimen local y requerirá audiencia de la Diputación Provincial afectada y el informe favorable de la Administración General del Estado.
Se regulará por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local y requerirá audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico y el informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.
Subsecretario.
Director General.
Subdirector General.
El nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo.
En todos los tratados o convenios internacionales sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado.
Anteproyectos de leyes orgánicas de transferencias o delegación de competencias estatales a las Comunidades Autónomas.
Conflictos de atribuciones entre los distintos departamentos ministeriales.
Proyectos de Decretos legislativos.
El Parlamento de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión.
El Parlamento de cualquier Estado miembro o el Parlamento Europeo.
El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Consejo Europeo o la Comisión.
El Gobierno de cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo o la Comisión.
Las cooperaciones reforzadas, una vez acordadas, estarán abiertas durante el plazo de 10 años a todos los Estados miembros de la Unión
Las cooperaciones reforzadas se adoptarán por el Consejo, en el marco de las competencias exclusivas de la Unión, cuando éste haya llegado a la conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto.
Todos los miembros del Consejo podrán participar en la deliberación y votación de los asuntos de la cooperación reforzada.
Los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada no se considerarán acervo comunitario que deban aceptar los Estados candidatos a la adhesión de la Unión.
La Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados.
La Unión actúa dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados Miembros en los Tratados para lograr los objetivos que éstos determinen. toda competencia no atribuida a la Unión en los Tratados corresponde a los Estados miembros.
En los ámbitos que no sean de competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que pueden alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
El contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de la Unión.
No serán públicas, a excepción de las reuniones del Consejo de Asuntos Generales.
Serán públicas, a excepción de las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores y del de Asuntos Económicos y Financieros.
Serán públicas cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo.
No serán públicas.
Semestral
Anual
Bianual
Trianual
Desde 1951
Desde 1979
Desde 1986
Desde 1992
Mantener la estabilidad de precios.
Fiscalizar las cuentas de la Unión.
Conocer de las cuestiones prejudiciales.
Contribuir al desarrollo equilibrado y estable del mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios recursos.
Fondo de Contingencia Territorial.
Fondo de Asistencia Financiera.
Fondo de Asociación.
Fondo de Solidaridad.
Sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, sin que, en ningún caso, los Estados miembros puedan hacerlo en tales ámbitos de competencia exclusiva de la Unión.
Sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, sólo los podrán adoptar en la medida que la Unión no los haya adoptado
Sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.
La Unión podrá legislar y adoptar actos actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito, si bien los actos de la Unión deberán respetar la legislación nacional de los Estados miembros.
Los indicadores de eficacia.
Los indicadores de eficiencia.
Los indicadores de efectividad.
Los indicadores de excelencia.
@firma
FACE
GEISER
SIA
3, 1% del PIB
2,5% del PIB
2,4% del PIB
2,2% del PIB
Principio de quien contamina paga.
Principio de cautela y acción preventiva.
Principio de utilización prudente de los recursos disponibles.
Principio de corrección de los atentados al medio ambiente.
Grado I. Dependencia Leve.
Grado II. Dependencia Moderada.
Grado III. Dependencia Severa.
Grado I. Dependencia Moderada.
Españoles no residentes en España.
Deportistas de alto nivel.
Personal en prácticas.
Estudiantes.
Las Administraciones educativas de cada Comunidad Autónoma.
La Conferencia Sectorial de Educación.
El Gobierno.
El Consejo Escolar del Estado.
Democracia, colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas.
Buen gobierno, participación, transparencia y colaboración.
Democracia, participación, colaboración y buen gobierno.
Colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación.
Las relaciones interiores.
La seguridad jurídica.
La política comercial agrícola.
Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
Que la solicitud de información no esté debidamente autorizada.
Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
Cualquier solicitud que se dirija a un órgano incompetente por razón de la materia o del territorio.
Las relativas a información para cuya divulgación no sea necesaria una acción previa de reelaboración.
Está sujeta al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus competencias y sus cuentas están sometidas al control presupuestario del Banco de España.
Está sujeta al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus competencias y su presupuesto se somete al control externo de la Intervención General del Estado.
Está sujeta al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus competencias, y por el Derecho Privado en su régimen patrimonial y de contratación.
Está sujeta al Derecho Administrativo tanto en el ejercicio de sus competencias como en su régimen patrimonial y de contratación.
Quince días naturales a partir de la fecha de nacimiento.
Quince días laborales a partir de la fecha de nacimiento.
Tres semanas a partir de la fecha de nacimiento.
Cuatro semanas a partir de la fecha de nacimiento.
El Observatorio Estatal sobre la Discapacidad.
El Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia.
La Comisión para la atención de la Dependencia y la Discapacidad.
El Consejo Nacional de la Discapacidad.
Usabilidad, interoperabilidad y reutilización.
Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
Seguridad, accesibilidad e interoperabilidad.
Usabilidad, interoperabilidad y accesibilidad.
Humanidades y Ciencias Sociales y Educación Deportiva.
Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales y Artes.
Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud.
Humanidades, Ciencias y Ciencias de la Salud
Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación en las mismas condiciones que los españoles, pero no el de reunión.
Los extranjeros no tienen derecho de reunión y asociación.
Todos los extranjeros tienen el derecho de reunión en las mismas condiciones que los españoles, pero no el de asociación.
Los extranjeros tienen el derecho de reunión y el de asociación en las mismas condiciones que los españoles.
Sólo se aplicará a las empresas privadas cuando su actividad principal consista en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos personales.
Sólo resulta obligatoria en las Administraciones Públicas.
Resulta obligatoria en empresas y Administraciones públicas de más de 250 trabajadores o empleados públicos, en su caso.
Deberá comunicarse a la Agencia Española de Protección de datos, como autoridad de control, por parte del responsable o del encargado del tratamiento.
La costumbre.
Los actos administrativos.
La Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Los principios generales del Derecho
Las proposiciones de ley del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa de un Diputado con la firma de otros quince miembros de la Cámara, o de un Grupo Parlamentario con la sólo firma de su portavoz.
Las proposiciones de ley del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa de un Diputado con la firma de otros catorce miembros de la Cámara, o de un Grupo Parlamentario con la sólo firma de su portavoz.
Las proposiciones de ley del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa de dos Diputados con la firma de otros catorce miembros de la Cámara, o de un Grupo Parlamentario con la sólo firma de su portavoz.
Las proposiciones de ley del Congreso podrán ser adoptadas a iniciativa de catorce miembros de la Cámara, o de un Grupo Parlamentario con la sólo firma de su portavoz.
De un plazo de 3 meses a partir de la recepción del texto, si bien ese plazo se reducirá a 20 días hábiles en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
De un plazo de 2 meses a partir de la recepción del texto, si bien ese plazo se reducirá a 20 días hábiles en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
De un plazo de 3 meses a partir de la recepción del texto, si bien ese plazo se reducirá a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
De un plazo de 2 meses a partir de la recepción del texto, si bien ese plazo se reducirá a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
Cuando se dicten en supuestos de nulidad absoluta.
Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
Cuando produzcan efectos desfavorables para el interesado.
Cuando produzcan efectos favorables al interesado, aunque los supuestos de hecho necesarios no existieran ya en la fecha a la que se retrotraen los efectos del acto.
El plazo de inicio de la ejecución de un contrato objeto de tramitación urgente no podrán exceder de 1 mes, contado desde la formalización.
El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones de un contrato objeto de tramitación de emergencia no podrá exceder de un mes, contados desde la formalización.
El plazo de inicio de la ejecución de un contrato objeto de tramitación urgente no podrá ser superior a 2 meses, contados desde la formalización.
Los expedientes calificados de emergencia gozarán de preferencia para su despacho por los diferentes órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de 5 días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.
Los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 5 millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a 100.000 euros.
Los contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a 500.000 euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a 150.000 euros.
Las concesiones de obras o servicios cuyo valor estimado supere los 3 millones de euros.
Los encargos cuando su importe, atendida su duración total más las prórrogas , sea igual o inferior a lo establecido para los contratos de servicios.
Podrán ser adjudicatarias de todocontrato independientemente de su objeto social
Solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de su objeto social
Solo podrán ser adjudicatarias de contratos de obras.
Nunca podrán ser adjudicatarias de contratos sujetos a regulación armonizada.
El órgano de contratación, previo informe del servicio jurídico correspondiente.
El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a propuesta del Ministerio de Hacienda, y previo dictamen del Consejo de Estado.
El Ministro de Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
El órgano de contratación, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
50.000 euros.
40.000 euros.
55. 000 euros.
45.000 euros.
4 años, incluidas las prórrogas.
5 años, incluidas las prórrogas.
6 años, incluidas las prórrogas.
5 años y 2 más de posibles prórrogas.
Tiene carácter potestativo y gratuito para los recurrentes.
Es preceptivo para poder interponer recurso contencioso-administrativo.
Exige que el interesado esté asistido por abogado.
Exige que el interesado confiera su representación a un Procurador y sea asistido por abogado.
Se exigirá la constitución de una garantía definitiva del 1% del importe de adjudicación del contrato.
Se exigirá la constitución de una garantía definitiva del 2% del precio del contrato.
Se exigirá a los licitadores el requisito de la clasificación.
Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
Al tiempo de iniciarse el procedimiento de expropiación.
En el momento de extenderse el acto de ocupación.
En el momento de la constitución del Jurado Provincial de Expropiación
Al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio.
Al rey, al ser bienes afectados al uso y servicio del Rey y la Familia Real.
A cada uno Reales Patronatos recogido en el art. 5 de esta Ley.
Al Ministro de Hacienda.
Al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria.
Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma mancomunada.
La responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención
La responsabilidad recaerá sobre las Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio o según criterios de competencia.
3 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, estimada la reclamación del particular.
6 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, estimada la reclamación del particular.
3 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, desestimada la reclamación del particular.
6 meses desde que se inició el procedimiento, entendiéndose, a falta de resolución expresa, desestimada la reclamación del particular.
6 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio.
6 meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro electrónico en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
3 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos iniciados de oficio.
3 meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquier registro electrónico en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
Organismo autónomos, Entidades Públicas Empresariales, sociedades mercantiles estatales, autoridades administrativas independientes y consorcios.
Organismo autónomos y Entidades Públicas Empresariales.
Organismo autónomos, Entidades Públicas Empresariales y sociedades mercantiles estatales.
Organismo autónomos, Entidades Públicas Empresariales, sociedades mercantiles estatales y autoridades administrativas independientes.
Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, salvo acuerdo motivado del órgano competente para resolver.
Se iniciarán siempre a instancia de parte y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, salvo acuerdo motivado del órgano competente para resolver.
Se iniciarán de oficio o a instancia de parte y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos.
Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los organismos reguladores o de supervisión o agencias estatales cuyo enjuiciamiento corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
Cuando la sentencia recurrida declare anulable una disposición de carácter general, salvo que en esta, con toda evidencia, carezca de trascendencia suficiente.
Cuando dicha resolución se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea.
Cuando resuelva recursos contra actos o disposiciones de los Ayuntamientos.
Auto
Sentencia
Resolución motivada
Diligencia
Los servicios especiales.
La excedencia forzosa.
La excedencia voluntaria por interés particular.
La excedencia por razón de víctima del terrorismo.
A través de la Oferta de Empleo Público.
A través de las Relaciones de Puestos de Trabajo.
A través de la aprobación de procesos de redistribución de efectivos.
A través de los Planes de ordenación de recursos humanos.
Las gratificaciones extraordinarias.
El complemento de productividad.
El complemento de destino.
El complemento específico.
Colaboración con carácter no permanente ni habitual en institutos, escuelas o unidades de formación y perfeccionamiento del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Participación en tribunales de oposiciones y concursos encargados de la selección de personal o de pruebas cuya superación sea necesaria para ejercicio de profesiones o para la realización de actividades.
Concurrencia a las reuniones de órganos colegiados de la Administración y de los organismos públicos y de consejos de administración de empresas con capital o control público.
Impartición con carácter permanente y habitual de cursos de capacitación, especialización o ampliación de estudios convocados por las Administraciones Públicas.
Los Delegados sindicales.
Las Mesas de Negociación.
Las Juntas de Personal y los Comités de Empresa.
Los Delegados de Personal y Juntas de Personal.
Acuerdos.
Pactos.
Convenios.
Conciertos.
Hasta 100 funcionarios: 20 horas.
De 101 a 250 funcionarios: 30 horas.
De 501 a 750 funcionarios: 35 horas.
De 751 en adelante: 50 horas.
El Régimen de clases pasivas del Estado y el régimen del mutualismo administrativo.
El Régimen de clases pasivas del Estado y el régimen de asistencia sanitaria.
El Régimen de pensiones del Estado y el régimen de prestaciones sanitarias.
El Régimen de pensiones públicas y el régimen del mutualismo administrativo.
Diez días hábiles.
Siete días naturales.
Diez días naturales.
Siete días hábiles.
Al Pleno del Ayuntamiento.
Al Alcalde del Ayuntamiento.
A la Comunidad Autónoma.
Al Pleno de la Diputación Provincial.
De una pausa por un período de 30 minutos que se computará como trabajo efectivo y que no podrá afectar a la prestación de los servicios.
De una pausa por un período máximo de 20 minutos que tendrá la consideración de trabajo efectivo, sin que pueda afectar a las necesidades del servicio derivadas de la organización del trabajo fijada por la correspondiente Unidad de destino.
De una pausa por un período de 20 minutos que tendrá la consideración de tiempo recuperable, el cual deberá realizarse antes de la financiación de la semana laboral correspondiente.
De una pausa por un período de 30 minutos que no computará como trabajo efectivo ni podrá afectar a la prestación de los servicios.
No podrá tener una duración inferior a un año.
No podrá exceder de tres años.
No podrá exceder de seis años.
No tendrá límite máximo de duración.
Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural.
Sólo el Estado, en los supuestos tasados en la citada ley.
Excepcionalmente el Estado y las Comunidades Autónomas, en los supuestos tasados en la citada ley.
Excepcionalmente el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en los supuestos tasados en la citada ley.
Capítulo 8 del estado de ingresos.
Capítulo 8 del estado de gastos.
Capítulo 9 del estado de ingresos.
Capítulo 9 del estado de gastos.
A nivel de concepto.
Al nivel que corresponda conforme a su concreta clasificación económica.
A nivel de artículo.
A nivel de capítulo.
Con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria o con baja en otros créditos de la misma naturaleza.
Con cargo a la parte del remanente de tesorería al fin del ejercicio anterior que no haya sido aplicada en el presupuesto.
Deuda Pública o con cargo al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria.
Deuda Pública o con baja en otros créditos de la misma naturaleza.
Generaciones de crédito.
Incorporaciones de crédito.
Suplementos de crédito.
Transferencias de crédito.
Grupo 2: Activo no corriente.
Grupo 3: Existencias.
Grupo 7: Ventas e ingresos por naturaleza.
Grupo 1: Financiación básica.
El ejercicio del control financiero permanente.
La auditoría de cuentas.
Un muestreo aleatorio simple.
Un control financiero posterior y auditoría de cuentas.
Los Departamentos correspondientes de la Sección de Enjuiciamiento.
Los Departamentos correspondientes de la Sección de Fiscalización y, de forma paralela, de la sección de Enjuiciamiento.
El Pleno, que emitirá la Declaración definitiva.
Los Departamentos correspondientes de la Sección de Fiscalización.
Documento D de Presupuesto corriente y en su caso D de ejercicios posteriores.
Documento D de Presupuesto corriente, pero NUNCA documento D de ejercicios posteriores.
Documento RC de Presupuesto corriente y en su caso RC de ejercicios posteriores.
Documento RC de Presupuesto corriente pero NUNCA documento RC de ejercicios posteriores.
Las indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero.
Los arrendamientos de mobiliario y enseres.
Los intereses de depósito y fianzas.
Las adquisiciones de libro y publicaciones adquiridos para formar parte de publicaciones.
El Ministro del Departamento de Adscripción, previo informe de la Intervención Delegada.
El Presidente o Director del organismo autónomo, previo informe de la Intervención Delegada.
El Ministro de Hacienda y Función Pública.
La Intervención General de la Administración del Estado.
Tasas, contribuciones especiales, impuestos y precios públicos.
Tasas, impuestos y precios públicos.
Contribuciones especiales, impuestos y precios públicos.
Tasas, contribuciones especiales e impuestos.
A las lesiones permanentes no incapacitantes.
A la incapacidad permanente parcial.
A la incapacidad permanente total.
A la incapacidad permanente absoluta.
Subconcepto 162.00 "Formación y perfeccionamiento del personal"
Subconcepto 226.06 "Reuniones, conferencias y cursos"
Artículo 23 "Indemnizaciones por razón del servicio"
Concepto 151 "Gratificaciones"
El Ministerio de Hacienda.
Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
El Gobierno.
La Intervención General de la Administración del Estado.
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