La Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece en su artículo 1 que los Juzgados y Tribunales de este orden tendrán competencia sobre las pretensiones que se formulen respecto a la actuación de:

Respuestas: ALa Administración Pública, bajo el marco del Derecho Administrativo, y con las normas de rango inferior a la Ley.
BLa Administración Pública, sujeta al derecho Administrativo, y con las disposiciones de categoría inferior a la Ley
CLa Administración Central, sujeta al derecho Administrativo, y con las disposiciones de categoría inferior a Ley
DLa Administración Central, sujeta al derecho Administrativo, y con las disposiciones de rango de Ley
Oposición: Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
Bloque: Derecho administrativo
Tema: Tema 13. La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión. Órganos y competencias. El recurso contencioso-administrativo: Las partes, capacidad, legitimación y postulación. Actos impugnables. Procedimiento ordinario y abreviado. Las medidas cautelares
Ley: Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa

Preguntas similares

1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo, de acuerdo con el artículo 1 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con:: ALa protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
BLa actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la propia Ley 29/1998 así como en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.
CLas disposiciones generales de rango inferior o igual a la Ley y los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.
DLos actos y disposiciones de las Corporaciones de derecho privado, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

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