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El artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando las normas de un procedimiento no determinen un plazo máximo, este será de:

Respuestas
  • AMedio año.
  • BDos meses.
  • CUn mes.
  • DTres meses.
Oposición
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias
Bloque
Derecho administrativo
Tema
Tema 4. El procedimiento administrativo: concepto, naturaleza y caracterización. Procedimiento Administrativo común y su alcance. Iniciación, ordenación, instrucción y finalización. La obligación de resolver. El silencio administrativo
Ley
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

Preguntas similares

1. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las normas reguladoras de los procedimientos administrativos NO fijen el plazo máximo para resolver, este será de:
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  • ADos meses.
  • BUn mes.
  • CTres meses.
  • DSeis meses.
2. Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento:
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  • ANo podrá exceder de tres meses.
  • BNo podrá execer de dos meses.
  • CSerá fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
  • DNo podrá ser el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados los actos administrativos que:
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  • ASe dicten en el ejercicio de potestades discrecionales.
  • BAdmitan pruebas propuestas por los interesados.
  • CAcuerden la continuación por la Administración de procedimientos iniciados de oficio.
  • DRecojan propuestas de resolución, en el caso de procedimientos que reconozcan derechos subjetivos o intereses legítimos de los particulares.

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