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La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto:

Respuestas
  • ARegular y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su cumplimiento.
  • BEstablecer y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
  • CAmpliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
  • DNinguna es correcta.
Oposición
Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias
Bloque
Organización del Estado, Unión Europea y Función Pública
Tema
Tema 24. La Gobernanza Pública y el Gobierno Abierto. Concepto y principios inspiradores del Gobierno Abierto: Colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de Gobierno Abierto en España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Ley
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno

Preguntas similares

1. De acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se entiende por información pública:
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  • ALos contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
  • BLos contenidos o documentos, en formato electrónico, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones u otras complementarias.
  • CLos contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones u otras complementarias.
  • DLos contenidos o documentos, ya sea formato electrónico o a papel, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
2. Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información:
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  • APuede ser limitado por el órgano administrativo titular de la información previa autorización del Consejo General de Transparencia y Buen Gobierno.
  • BNo puede ser limitado.
  • CPuede ser limitada cuando la información suponga un perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
  • DNo es necesario motivar la aplicación de los límites.
3. De acuerdo con el artículo 8 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué información debe ser objeto de publicación?
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  • ASubvenciones y ayudas públicas concedidas.
  • BÚnicamente contratos tramitados mediante procedimiento abierto o restringido.
  • CSituaciones administrativas de los empleados públicos.
  • DLa relación de bienes muebles e inmuebles con su localización concreta.
4. NO es un principio general según el artículo 26 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:
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  • AGuardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.
  • BRespetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.
  • CMantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.
  • DAsumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.
5. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:
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  • ATranscurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
  • BEl incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción muy grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
  • CSerán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.
  • DLa resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
6. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, estará compuesto por los siguientes órganos:
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  • ALa Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que lo será también de su Comisión
  • BLa Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y un representante del Tribunal de Cuentas
  • CEl Presidente, un Diputado y un Senador
  • DUn Diputado, un Senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representantes de la Agencia Española de Protección de Datos, un representante de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

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